Resumen: Se cuestiona si la delegada sindical tiene derecho al crédito horario que venía disfrutando y la empresa le ha denegado,. Se cuestiona si concurre o no una mejora las previsiones del Convenio en relación con lo dispuesto en el art 10 de la LOLS. La trabajadora denunciaba la vulneración del derecho de libertad sindical y la nulidad radical de la decisión empresarial de privarla del crédito horario en su condición de delegada sindical. La empresa recurrente afirma la imposibilidad de nombrar un delegado sindical al no cumplirse los requisitos del art. 10 LOLS que el convenio de aplicación no mejora, sin que tampoco sea posible la supresión total del número de plantilla, así como la circunstancia de no haberse acreditado el 20% de afiliación o representación sindical en el seno de la empresa. Se recuerda la jurisprudencia sobre la posibilidad de nombramiento de un delegado sindical mejorando por vía de convenio la regulación contenida en la LOLS. En el caso enjuiciado El art. 56 del convenio dispone que los delegados sindicales que no tengan la condición de miembro del comité de empresa o delegado de personal, ostentarán los mismos derechos que correspondan a los que detenten dicha condición. La interpretación hecha por la sentencia recurrida se ajusta a la interpretación de los convenios colectivos perfilada por la Sala Cuarta. Por lo que dado que el empleador había suprimido el derecho de la delegada sindical incurrió en la vulneración de su derecho a la libertad sindical.
Resumen: La Sala IV casa y anula la sentencia recurrida, dictada en procedimiento de conflicto colectivo, para declarar que respecto del permiso por matrimonio del art. 36 B del Convenio del sector de Grandes Almacenes 2017-2020 deberá también iniciar su cómputo en el primer día laborable del trabajador afectado, computándose su duración por días naturales, manteniendo el resto de los pronunciamientos respecto al resto de las licencias retribuidas . Argumenta, con apoyo en el art 37.3 ET que los permisos a los que la ley no fija otra regla distinta de cómputo habrán de disfrutarse a partir del momento en que, en efecto, el trabajador haya de dejar de acudir al trabajo (día laborable) y no desde una fecha en que no tenía tal obligación. Si la celebración del matrimonio se lleva a cabo en un día festivo o no laborable, el día inicial del permiso por matrimonio será el siguiente laborable a aquélla. Cuestión distinta es que el convenio establezca mejoras o ampliaciones en el catálogo legal de permisos. Por otra parte, y en cuanto a cómo se despliega en el tiempo la duración de los permisos, sostiene al igual que la recurrida, que el número de días fijado para cada uno de los permisos se refiere sólo a días laborables –si bien lo ciñe a los que expresamente indica en el fallo-, rechazando la pretensión de la parte demandada que se limite a los días naturales
Resumen: Se plantea si resulta acreedor a la pensión de gran invalidez el trabajador vendedor de cupones en la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE) que padecía una ceguera casi completa con anterioridad a la afiliación al Sistema de SS y que posteriormente pide la gran invalidez sin que haya habido agravación de su estado. La Sala IV reitera doctrina, lo que lleva a rechazar el reconocimiento de gran invalidez. Argumenta que el peticionario presentaba con anterioridad al ingreso en el mundo laboral una situación clínica que reunía los requisitos de la gran invalidez antes de su afiliación en la SS, por lo que tal circunstancia no debe ser tenida en cuenta a efectos de la configuración de la nueva situación protegida que se produce como consecuencia exclusiva de la pérdida de la capacidad de trabajo que hasta entonces tenía el trabajador.
Resumen: La Sala IV, en Pleno, ha declarado que la relación existente entre un repartidor, rider, y la empresa Glovo tiene naturaleza laboral. El Tribunal rechaza elevar cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por no existir dudas razonables en relación con la aplicación del Derecho de la Unión. En cuanto a la calificación de la relación, tras una profusa e interesante labor argumental, sostiene que no concurren las condiciones exigidas por el art. 11.2 de la LETA para tener la condición de TRADE y si, por el contrario, las notas definitorias del contrato de trabajo, examinando en particular las de dependencia y ajenidad. El Tribunal Supremo sostiene que Glovo no es una mera intermediaria en la contratación de servicios entre comercios y repartidores. La empresa presta servicios de recadería y mensajería fijando las condiciones esenciales para la prestación del servicio. Y es titular de los activos esenciales para la realización de la actividad. Para ello se sirve de repartidores que no disponen de una organización empresarial propia y autónoma, los cuales prestan su servicio insertados en la organización de trabajo del empleador, estando sujetos a las directrices organizativas fijadas por la empresa. La forma de prestación del servicio, como su precio y forma de pago se establecen por Glovo, que ha establecido instrucciones que le permiten controlar el proceso productivo. El 2º motivo- incongruencia de la sentencia- se desestima por falta de contradicción.
Resumen: En la sentencia anotada se decide si a la hora de valorar las lesiones a efectos de una eventual incapacidad permanente total hay que tener en cuenta la profesión de policía en su configuración normal o en el ámbito de la segunda actividad. En el caso concreto de la sentencia se trata de un ertzaina que presta sus servicios como preparador físico de la Brigada Móvil el desarrollo de dicha actividad de preparación física, haciendo deporte durante su actividad laboral, sufrió un accidente de trabajo. La sentencia del TSJ confirma la de instancia que había estimado la demanda presentada por la Mutua colaboradora, dejando sin efecto el reconocimiento por el INSS de la pensión por incapacidad permanente total (cualificada) derivada de accidente de trabajo. La Sala 4ª desestima el recurso declarando que, en cuanto al ámbito funcional a tener en cuenta para establecer la incidencia de las lesiones en reducción de la capacidad de trabajo, sigue la doctrina ya unificada estableciendo que hay que tener en cuenta a efectos de la calificación de la incapacidad permanente todas las funciones que integran objetivamente la profesión y, por ello, a la hora de determinar la merma de rendimiento que pudiera aquejar al solicitante ha de hacerse en atención al conjunto de actividades que integran la "profesión habitual".
Resumen: La sentencia desestima el recurso de casación interpuesto por la entidad por considerar que el sistema retribución variable por objetivos que excluye el permiso por paternidad, provoca discriminación por razón de sexo, al desincentivar el reparto equilibrado de cargas familiares. La sentencia razona que, a salvo las 6 semanas inmediatamente posteriores al parto (en cuya finalidad prevalece, claramente, la salud de la madre biológica) el resto del tiempo de descanso por maternidad tiene, en parte la misma finalidad que el permiso de paternidad, que es el cuidado y atención del hijo; pero además tiene la finalidad específica de fomentar un reparto más equitativo de las responsabilidades familiares entre hombres y mujeres. La medida impugnada implica un claro desincentivo para el disfrute del permiso de paternidad, y eso perpetúa la posición de la mujer como única responsable de las tareas domésticas y del cuidado y atención de los hijos, lo cual es una clara discriminación por razón de sexo ya que el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres comprende, claramente, la consecución de un reparto equilibrado de las responsabilidades familiares en el cuidado de los hijos. Además, se declara adecuado el procedimiento de conflictos colectivos, y se descarta la incongruencia extra petita y omisiva alegadas por la entidad recurrente.
Resumen: La Sala IV no entra a conocer del fondo del 1er motivo por falta de contradicción entre las sentencias comparadas, en el que se cuestiona si debe reconocerse a los trabajadores de sociedades mercantiles públicas, contratados en fraude de ley, la condición de fijos de plantilla o la de indefinidos no fijos. Respecto al 2º motivo - carácter retroactivo de las previsiones de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, dado que las relaciones de los demandantes eran anteriores a la entrada en vigor de dicha norma -, se aprecia la identidad, y con remisión a doctrina previa concluye que AENA está encuadrada en el sector público estatal, por lo que le eran aplicables los principios contenidos en los arts. 52, 53, 55 y 59 del EBEP, de conformidad con lo dispuesto en su DA 1ª, sin necesidad de aplicar lo dispuesto en los arts. 2 y 84 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, sobre Régimen Jurídico del Sector Público, porque no estaba vigente por razones temporales. AENA no es una Administración pública, ni una entidad de derecho público. Pero el contrato de trabajo indefinido no fijo no se aplica exclusivamente a las Administraciones públicas ni a las entidades de derecho público, sino que también opera en las entidades del sector público en las que el acceso se rige por los principios de igualdad, mérito y capacidad, de conformidad con lo dispuesto en la DA 1ª en relación con el art. 55.1 del EBEP, cual es el caso. Estos principios se aplican a entidades que no están mencionadas en el art. 2 del EBEP
Resumen: En el recurso de casación para la unificación de doctrina se plantean dos motivos de contradicción: lo que se entiende por modificación sustancial de condiciones de trabajo y, si procede imponer las costas en el recurso de suplicación, al ser un proceso en el que rigen las normas del conflicto colectivo. Respecto de la primera cuestión, aunque en ambas sentencias parece estar en discusión el mismo concepto o condición laboral a efectos de determinar la jornada -en atención al tiempo de bocadillo- lo cierto es que los planteamientos que sobre ello se realiza en uno y otro caso difieren sustancialmente ya que en la sentencia de contraste se parte de que la calificación de ese tiempo como de trabajo efectivo era una mera tolerancia empresarial, habiéndose negado expresamente que tuviera el carácter de condición más beneficiosa, incorporada a los derechos laborales. Nada de eso se ha cuestionado en la sentencia recurrida en la que se parte de una concretas jornadas realizadas en las que se incluía el tiempo de bocadillo por ser calificado como de trabajo efectivo, y lo que se cuestiona es solo si esa alteración es una modificación de las condiciones laborales que tenían los trabajadores. La Sala estima el segundo motivo y concluye que en los procesos de conflicto colectivo no rige la regla general del vencimiento en materia de costas, sino que, como refiere el art. 235.2 de la LRJS, en esta modalidad procedimental, cada parte se hace cargo de las causadas a su instancia. El hecho
Resumen: Se plantea en casación unificadora el debate sobre la cuantía de la prestación de viudedad derivada de enfermedad profesional ya reconocida en la vía administrativa, siendo la diferencia reclamada la que resultaría de aplicar un acuerdo colectivo distinto a aquel aplicado -el convenio nacional de derivados del cemento- y sobre el que se efectuaron las pertinentes cotizaciones y, por ende, se calculó la base reguladora de la prestación. La Sala IV no entra a conocer del fondo del asunto por falta de contradicción entre las sentencias comparadas y ello siguiendo criterio previo. El debate jurídico gira en torno a cuestiones distintas lo que quiebra la identidad sustancial. Así, en la sentencia de contraste la solución pasaba por analizar cuál era la actividad a la que se había destinado el trabajador para concretar así el ámbito de aplicación afectado y, en suma, discernir entre dos convenios colectivos distintos. Sin embargo, en la sentencia recurrida lo que se dilucida es si, a raíz del Acuerdo de 19 noviembre 2001, cabe entender que el cálculo de la indicada base reguladora está afectado por un sistema de cómputo distinto. Por ello la Sala de suplicación, hace un análisis del contenido y alcance de dicho Acuerdo para llegar a la conclusión de que en el mismo no se está instaurando un salario del que derivar después una base reguladora diferente, sino que exclusivamente se establece una mejora de seguridad social.
Resumen: La actora, que era beneficiaria de una pensión no contributiva por invalidez permanente desde el 1 de mayo de 2011 solicitó prestación de orfandad el 28 de septiembre de 2015. El INSS dictó resolución el 3/11/2015 por la que se le concede la prestación de orfandad, razonando que es incompatible con la pensión de invalidez no contributiva. La sentencia de instancia estimó la demanda y reconoció a la beneficiaria el derecho a percibir una pensión de orfandad. El TSJ revocó la sentencia desestimando la demanda. Se plantea en casación unificadora si una persona que tenía reconocida una pensión no contributiva de invalidez puede compatibilizar su percibo con una pensión de orfandad por incapacidad, cuando ambas prestaciones se han reconocido por las mismas lesiones. La Sala 4ª parte de la regla general de incompatibilidad de pensiones del régimen general, y en concreto, la incompatibilidad entre la pensión contirubutiva de invalidez y la de orfandad se encuentra regulada en el artículo 179.3 LGSS (actualmente artículo 225.2) y precisa que los huérfanos incapacitados para el trabajo con derecho a pensión de orfandad, cuando perciban otra pensión de la Seguridad Social en razón a la misma incapacidad, podrán optar entre una u otra. Esto es lo que sucede en el supuesto analizado, en el que una y otra pensión se generan por la misma situación de incapacidad para todo trabajo derivada de la misma patología invalidante; esto es, la sordomudez congénita que padece la recurrente.