Resumen: El actor presta servicios para el Cabildo de Gran Canaria cuyo Convenio Colectivo prevé un incremento de los salarios conforme al IPC. Las Leyes de Presupuestos Generales del Estado para los años 2002 a 2009 establecieron que las retribuciones del personal al servicio del sector público no podían experimentar un incremento global superior al 2 por 100 con respecto a las del año anterior; para el año 2010 limitó el incremento a un 0,3 por ciento y para los años 2011 a 2015 establecieron que no podían experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre del año anterior. El actor reclama la diferencia salarial correspondiente a las subidas salariales desde 2001 y subsidiariamente de 2001 a 2010. Se cuestiona si la limitación y posterior prohibición de incremento de las retribuciones del personal al servicio del sector público establecida en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado para los años 2002 a 2015 impide la aplicación de los incrementos salariales previstos en el Convenio Colectivo del personal del Cabildo de Gran Canaria. Reiterada doctrina jurisprudencial sostiene que los convenios colectivos han de someterse al derecho necesario establecido por la ley, de rango superior en la jerarquía normativa. Las LPGE pueden imponer límites máximos al incremento de las retribuciones del personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas en virtud del principio de primacía de la ley en aquellos extremos que tienen carácter inderogable.
Resumen: La cuestión que se plantea consiste en decidir si al beneficiario de la Renta Activa de Reinserción (RAI), que no acude a renovar la demanda de empleo en la fecha indicada, se le ha de sancionar con exclusión del Programa de Renta Activa, en aplicación del RD 1369/2006, o con pérdida de la prestación durante un mes, en aplicación del artículo 24.3 de la LISOS, normativa aplicable en virtud de la remisión efectuada por el artículo 232 de la LGSS. La Sala IV, con remisión a sentencias previas, sostiene que dado que el recurrente no acudió a renovar la demanda de empleo el día que figuraba en su documento de renovación, ni acreditó la concurrencia de una causa que justificara su incomparecencia, resulta de aplicación la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, en virtud de lo dispuesto en el artículo 232 de la LGSS -actual artículo 302 de la LGSS 2015. Por ello, el actor ha incurrido en una infracción leve, a tenor de lo establecido en el artículo 24.3 de la LISOS, siendo la sanción que le corresponde, a tenor del artículo 47.1ª) de dicha norma la pérdida de la pensión o la prestación durante un mes. Todo ello, por aplicación del principio de jerarquía normativa, conforme al cual en caso de discordancia entre lo establecido en la ley y en un reglamento, prima la aplicación de la primera.
Resumen: La sentencia de la AN estimó la pretensión subsidiaria de la demanda de conflicto colectivo planteada por el sindicato UGT, declarando que el cómputo de la diferencia 8 horas anuales entre la jornada recogida en el calendario y la jornada máxima anual, en supuestos de baja por IT, maternidad o riesgo ha de establecerse en proporción al periodo en que el trabajador permaneció en activo. Recurre en casación la empresa y el sindicato actor. Tras rechaza la sala IV la causa de inadmisibilidad invocada por CGT, se desestima el recurso empresarial por entender que la interpretación de la norma paccionada -arts. 31 y 32 del convenio de la empresa Veralia Spain SA- debe realizarse teniendo en cuenta la interpretación previa del art. 32 citado realizada por la comisión mixta del convenio en acta de 20/11/2008, en relación al personal de nueva incorporación durante el año; situación que es posible equiparar a la de los trabajadores en situación de baja por IT, maternidad o riesgo. En el acta mencionada se aplica el criterio de proporcionalidad; criterio que es extensible al supuesto enjuiciado, como correctamente decide la sentencia impugnada. Se desestima también el recurso del sindicato actor, en el que se insiste en la pretensión principal relativa a la consideración de los periodos de inactividad por IT, maternidad y riesgo como tiempo de trabajo efectivo, pues la misma no tiene apoyo en decisión alguna de la comisión mixta.
Resumen: La cuestión a resolver en la sentencia anotada, recaída en casación ordinaria, es la de determinar si los trabajadores de la empresa demandada han ganado como condición más beneficiosa (CMB), el derecho a percibir íntegramente las pagas extraordinarias de julio, septiembre y navidad, en los supuestos en los que hayan tenido suspendido el contrato de trabajo por maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia de un menor de nueve meses, percibiendo las oportunas prestaciones de seguridad social. La SAN estimó en su integridad la demanda de conflicto colectivo y condenó a la empresa a pagar las cantidades correspondientes a las pagas extraordinarias de julio y septiembre de 2018. Dicho parecer es compartido por el TS que, tras recordar su consolidada doctrina sobre la CMB, declara que la actuación empresarial, ahora cuestionada, trae su origen en el momento de iniciarse la actividad empresarial en España en la década de 1970. Y se extiende progresivamente a las nuevas prestaciones de SS en esta materia, a medida que se incorporan a nuestro OJ. Abunda en esta solución, el hecho de que la empresa no hubiere rectificado definitivamente esa actuación tras la publicación del denominado "Modelo de homogeneización de nómina", que justamente versaba sobre el complemento de la prestación de maternidad hasta el 100 % del salario real, como hasta esa fecha venía haciendo con las prestaciones de IT. Tampoco supone una discriminación por trato desigual.
Resumen: Se recurre en casación unificadora la sentencia del TSJ que, con revocación de la de instancia, desestima la demanda en reclamación de IPA para toda profesión. Ante la Sala IV son dos las cuestiones debatidas: en primer lugar, suscita la vinculación del TSJ a los hechos declarados probados de la sentencia de instancia, que no fueron combatidos ni revisados en sede de suplicación; motivo respecto del cual se aprecia la inexistencia de contradicción. En segundo término, plantea la vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva por indefensión al incurrir la sentencia recurrida en error patente e incongruencia omisiva o ex silentio, al no haberse pronunciado sobre la pretensión subsidiaria. Y el TS acoge en este concreto extremo el recurso pues pese a pedirse por el demandante subsidiariamente la declaración de IPT, la resolución dictada en suplicación no entró a analizarla ni la enjuició, con la quiebra aparejada del deber de decidir sobre «todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate». En consecuencia, se anula la sentencia recurrida, a fin de que dicte nueva sentencia en la que resuelva sobre el grado de IPT subsidiariamente pretendido.
Resumen: La sentencia analizada confirma la de instancia desestimatoria de la demanda de tutela de derechos fundamentales formulada por el sindicato actor frente a la empresa demandada y al sindicato también demandado. Funda la parte actora la vulneración de derechos fundamentales en el hecho de que su delegada sindical no fue convocada a las reuniones de la comisión negociadora del 2º convenio de empresa. La sala IV rechaza en primer lugar la modificación de los hechos probados instada por el sindicato actor y recurrente. Tras recordar la doctrina jurisprudencial sobre los requisitos y límites para la modificación del relato fáctico en el recurso de casación común, considera que no se puede admitir la revisión fáctica pretendida por la recurrente, al no identificarse los documentos de los que se desprende el error en la valoración de la prueba y por fundarse la misma en prueba testifical que resulta inhábil a tales efectos. En cuanto al fondo de la cuestión planteada, la sala IV se remite a lo recogido en el art. 182.1 de la LRJS, que otorga la carga de la prueba de los indicios de vulneración de derechos fundamentales a la parte actora. En el caso de autos los indicios son inconsistentes y la demandada acredita que su actuación fue proporcionada, justificada, ajustada a derecho y desconectada de cualquier móvil discriminatorio o vulnerador del derecho fundamental. En efecto, consta que la delegada sindical fue citada a las reuniones por la misma vía que el resto de los sindicatos.
Resumen: La demanda impugnaba un despido colectivo. Se desestima la denuncia de incongruencia omisiva porque la sentencia ha dado respuesta a la cuestión planteada con sustento en la prueba que desglosa y en cuanto a la exclusión del sindicato demandante de la comisión de seguimiento, la cuestión no resultó configurada en esos concretos términos en la demanda inicial. En cuanto a la denuncia de error en la apreciación de la prueba, tras desestimar las revisiones fácticas propuestas, se aborda la denuncia de infracción del art. 12 del Convenio Colectivo de Banca, y del 51 ET. La sala se remite a lo ya manifestado en la sentencia del Pleno en la que se analizó el precepto convencional y su alcance, enseñando que constituye propiamente una consulta en los términos establecidos en el art. 4 de la Directiva 2002/14/CE, traspuesta a nuestro ordenamiento jurídico por el art. 64.6 ET, y una manifestación concerniente a la negociación colectiva. Se concluye que tras las reuniones se redujo muy significativamente el número de trabajadores y se colige la negociación de buena fe, con análoga referencia al informe de la Inspección de Trabajo sobre el cumplimiento de las previsiones legales y la correlativa inexistencia de una conducta fraudulenta o de engaño en dicha negociación. En cuanto a los criterios de selección, las afirmaciones de la recurrente no gozan de soporte probatorio, y es extemporánea la denuncia final, por infracción de los arts. 14, 28.1 y 37.1 de la Const.
Resumen: La sentencia anotada declara que la jurisdicción social no es competente para conocer de la acción del trabajador en reclamación de subvención pública ("vale del carbón") de la que es beneficiaria la empresa. Se trata subvenciones directas en favor de las empresas del sector del carbón y a cargo de los presupuestos generales del Estado, que están sujetas, por lo tanto, a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, por lo que ni son prestaciones de seguridad social - por más que se hable de ayudas a la prejubilación -, ni son los trabajadores los beneficiarios de las mismas, porque el título jurídico en el que se sustenta la demanda no nace del contrato de trabajo o de un acuerdo colectivo, ni de ningún otro instrumento regulador de la relación laboral entre el trabajador y la empresa, de modo que la mera y simple formalidad de incluir en la demanda a la empleadora no puede alterar la competencia jurisdiccional, que corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa.
Resumen: La Sala IV reitera doctrina, en la que se establece que la mera superación del plazo de tres años, previsto en el artículo 70.1 EBEP, no comporta la conversión del contrato de interinidad por vacante, en el caso suscrito con la Junta de Andalucía, en uno de carácter indefinido no fijo. El precepto impone obligaciones a las administraciones públicas, pero no establece que la superación del plazo de tres años suponga la novación de los contratos de interinidad por vacante, ni tampoco que este tipo de contratos tenga una duración máxima de tres años, plazo que viene referido sólo a la ejecución de la oferta de empleo público. Dicho plazo no puede entenderse como una garantía inamovible, pues, por un lado, la conducta de la empleadora puede abocar a que antes de que transcurra el mismo se haya desnaturalizado el carácter temporal del contrato de interinidad (supuestos de fraude o abuso). Por otro lado, el referido plazo de tres años no puede operar de modo automático para destipificar la interinidad por vacante. Además, la doctrina del Tribunal de la Unión es ya sólida respecto de la necesidad de que se examinen en cada caso las circunstancias concurrentes en cada caso para determinar si se está ante una práctica abusiva, criterio al que la Sala IV se ha atenido en todo momento.
Resumen: La Sala IV confirma la estimación de la demanda declarando la nulidad de la cláusula adicional 15ª que figura en los contratos de trabajo concertados por la empresa a raíz de la sentencia del TSJ, Granada, de 30/11/2016, autos de conflicto colectivo 20/16 y en la que se concluye que la relación laboral iniciada con dichos contratos es indefinida. En esta sentencia se declaró el derecho de los trabajadores afectados por el conflicto, a que se les contratara como indefinidos o como fijos discontinuos, según se fueran creando vacantes indefinidas o fijas discontinuas. A partir del 1/01/17 la empresa introdujo una cláusula en los contratos de trabajo del colectivo afectado, en la cual se afirma que, en cumplimiento de la sentencia antes dicha, les contrata como indefinidos no fijos o indefinidos no fijos discontinuos. Se estima que aquella sentencia de conflicto colectivo, ex art 222.4 LEC, despliega los efectos positivos de la cosa juzgada, toda vez que ha quedado probado que el colectivo afectado por el conflicto, que son los trabajadores, a quienes se está obligando a suscribir la cláusula controvertida, son los trabajadores que, a 27/02/2014, reunían los requisitos, previstos en la DA 3ª del convenio, en los términos pactados en el acuerdo de la Comisión de Vigilancia e Interpretación del convenio de 13/02/2015. Por tanto, las cláusulas controvertidas, en las que se les contrató como indefinidos no fijos, se apartaron de lo resuelto en sentencia firme de conflicto colectivo.
