Resumen: La actora fue declarada afecta a una incapacidad permanente absoluta para todo trabajo, derivada de enfermedad común, por Resolución del INSS de 1-2-2016. La sentencia recurrida en casación unificadora del TSJ de Castilla y León, Valladolid, estimó la demanda de entidades gestoras y revocó la sentencia de instancia que declaró que la incapacidad permanente absoluta para todo trabajo derivaba de accidente no laboral (no de enfermedad común). La actora sufrió con ocasión de parto desgarro obstétrico de IV grado. Sección traumática de tabique rectovaginal y sección de pared vaginal. Colitis ulcerosa extensa. La Sala IV, tras apreciar la existencia de contradicción por identidad en los hechos y pretensiones (determinación de la contingencia en partos con complicaciones y secuelas) centra el núcleo del debate en si lo ocurrido durante el parto fue o no una acción «externa» y tras destacar la especificidad del embarazo y el parto como procesos naturales no patológicos, concluye que lo ocurrido en el parto de la recurrente en casación para la unificación de doctrina no fue un deterioro desarrollado de forma paulatina, sino que se asemeja más a la acción súbita y violenta inherente al concepto de accidente, por lo que estimado el recurso declara la producción de accidente no laboral. El análisis se ve reforzado por una interpretación con perspectiva de género, ya que lo ocurrido a la recurrente en el parto solo le pudo suceder por su condición de mujer.
Resumen: La sentencia del TSJ de Madrid estima la demanda formulada por actora y declara la nulidad del despido. La actora prestaba servicios para la empresa desde 2011 con categoría de oficial 1º administrativo y funciones de gerente de proyectos. Fue dada de baja por incapacidad temporal el 2-06-2014 con diagnóstico de fiebre y otros trastornos fisiológicos de origen desconocido, hasta el 20-11-2015, en que se le dio el alta médica. Los días 24 y 25-11-2015 no acudió al trabajo por razones de salud. Tomó vacaciones del 27-11 al 14-12-2015. El 15-12-2015 fue despedida mediante carta que contenía unos hechos que nunca se probaron y ni siquiera se intentó su prueba. El 26-02-2016 se le reconoció una discapacidad del 48% con efectos de 10-06-2015. Se cuestiona en casación unificadora la calificación como nulo o improcedente del despido. Se trata de decidir si el despido ha sido discriminatorio o no. Se aporta como sentencia de contraste la STC 26-05-2008 (R. 3912/2005). La Sala IV, a pesar de aplicar criterios de flexibilidad en la apreciación de la concurrencia de contradicción al tratarse de una sentencia del TC entiende que no se dan las circunstancias suficientes para que pueda entenderse cumplido el requisito de la contradicción, en la medida que, en las sentencias comparadas, concurren varios elementos, como el reconocimiento de la incapacidad o la existencia de causa en el despido, que impiden la contradicción, lo que conlleva la desestimación del recurso.
Resumen: La Sala IV confirma la sentencia del TSJ que desestimó la demanda presentada por los integrantes de la Comisión Negociadora y declara el despido colectivo ajustado a derecho. La Sala rechaza las modificaciones fácticas propuestas. La parte recurrente denuncia una infracción de carácter procesal, referida a la nulidad de la sentencia por inadmisión de prueba testifical de los componentes de la Comisión representativa de los trabajadores creada ad hoc, para la tramitación del despido colectivo; la Sala IV declara que la prueba de interrogatorio de las partes solo puede ser propuesta por las otras partes del proceso de forma que los demandantes no pueden proponer como prueba su propio interrogatorio. Respecto a la existencia de grupo de empresas, inalterado el relato fáctico, declara que no concurre. Con relación al motivo de infracción de norma para declarar la nulidad del despido colectivo por no haber obtenido autorización del Juez del Concurso, la Sala declara que no procede al estar archivado el proceso concursal por insuficiencia de masa. También se desestima el motivo destinado a la declaración de nulidad del despido colectivo por no aportar la documentación necesaria al entender que la representación de los trabajadores tuvo a su disposición la documentación necesaria para negociar. Respecto del último motivo declara que la falta de puesta a disposición de la indemnización a los trabajadores afectados por el despido no afecta a la calificación del despido colectivo.
Resumen: Recurre AENA la sentencia del TSJ de Cataluña que declaró la condición de fijas de plantilla de las trabajadoras porque fueron contratados en fraude de ley y considera que AENA, SA es una sociedad mercantil pública, encuadrada en el sector público, no es una Administración Pública, sino una sociedad mercantil pública sometida a las normas de derecho privado, tanto en su organización como en su actividad, incluida la contratación. La Sala IV reconoce que no ha habido pronunciamientos uniformes de este Tribunal acerca de la controversia litigiosa, y tras un extenso análisis de la normativa aplicable, de la doctrina de la Sala IV y del TC, cita varias sentencias que afectan a Correos y Telégrafos SAE, Televisión Española SA o a Radio Nacional de España SA, Eusko Irratia SA y a la misma AENA. Razona que, partiendo de que AENA no es una Administración pública, ni una entidad de derecho público, y que con carácter general la condición de trabajador indefinido no fijo sí que es aplicable a las sociedades mercantiles estatales, y concluye que procede estimar el recurso y declarar que la relación laboral, que une a las partes, es indefinida no fija. Voto particular.
Resumen: El debate se centra en determinar si la condición de «trabajador indefinido no fijo» es aplicable a las sociedades mercantiles estatales. La Sala IV, en Pleno, reitera doctrina, en relación también con trabajadores de AENA, dando una respuesta positiva. Tras poner de relieve que no ha habido pronunciamientos uniformes, parte de que AENA no es una Administración pública, ni una entidad de derecho público. Pero el contrato de trabajo indefinido no fijo no se aplica exclusivamente a las Administraciones públicas ni a las entidades de derecho público, sino que también opera en las entidades del sector público en las que el acceso se rige por los principios de igualdad, mérito y capacidad, de conformidad con lo dispuesto en la DA 1ª en relación con el art. 55.1 del EBEP. Estos principios se aplican a entidades que no están mencionadas en el art. 2 del EBEP. El concepto jurídico «entidad del sector público estatal» incluye entidades privadas que, de conformidad con el art. 2 del EBEP, integran el sector público institucional. La relación laboral indefinida no fija tiene como finalidad salvaguardar los principios que deben observarse en el acceso al empleo público y debe cumplirse también en las entidades públicas cuya normativa prevé el acceso respetando los criterios indicados. Se trata de salvaguardar el derecho de los ciudadanos a poder acceder en condiciones de igualdad al empleo público en dichas entidades. Por todo ello, el demandante tiene la condición de indefinido no fijo.
Resumen: Se cuestiona si la condición del personal laboral que presta sus servicios en AENA es de indefinido no-fijo, o fijo de plantilla por fraude de ley en la contratación temporal. Centrado el núcleo debatido en si la condición laboral de personal indefinido-no fijo es aplicable al personal laboral de las sociedades estatales, como sí lo es en general en las Administraciones Públicas. En cuanto a la ubicación o encuadramiento de AENA dentro del sector público estatal, cabe mencionar el art. 2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, intitulado: «Sector público estatal». En cuanto a las condiciones de acceso al empleo en tales sociedades, el EBEP en su Disposición adicional primera, relativa al «Ámbito específico de aplicación», indica que al referirse a las «entidades del sector público estatal» no se limita a las «entidades de derecho público» mencionadas en el art. 2. Esta última dicción faculta la afirmación de que, también en el sector societario en que nos encontramos, opera la necesaria concurrencia de los principios de igualdad, mérito y capacidad para el acceso al empleo público tal y como dispone el art. 55 EBEP. Voto Particular, discrepante.
Resumen: La Sala IV confirma la sentencia recurrida que estima la demanda presentada por la Asociación de Empresas de Producción Independiente del País Vasco (Ibaia) y declara carente de eficacia general por no ser estatuario el acuerdo sobre materia concreta de la comunidad autónoma del País Vasco en el ámbito de la producción audiovisual, suscrito el 27/2/2018, dada la insuficiente representatividad de la asociación patronal firmante. En casación, se denuncia la incongruencia omisiva de la sentencia de instancia, que no prospera, al entender que la misma ha dado respuesta, negativa, a la pretensión, sin que se haya generado indefensión. Tampoco prospera la revisión de hechos instada por los tres recurrentes, por no cumplirse las exigencias establecidas en la LRJS ni en la doctrina de la Sala. Seguidamente y tras efectuar diversas precisiones sobre la finalidad y alcance de los recursos de casación, desestima los motivos de denuncia jurídica por ausencia de las infracciones jurisprudenciales o legales invocadas, por presuponer supuestos diversos al concurrente o referirse a temas intrascendentes para el fallo de la sentencia recurrida. En definitiva, el Acuerdo fue suscrito por asociación que no cumple con las exigencias de los arts 87.3.c y 88.2 ET y ha quedado acreditado que existe, tanto falta de legitimación para negociar de AVESAT, como una falta de proporción de la necesaria representatividad de AVESAT para constituir la mesa negociadora,
Resumen: El Conflicto colectivo postulaba que se declarara que los cuidadores de NEEs con destino en comedores gestionados por ANPAS y Ayuntamientos están exentos de realizar las labores de asistencia y ayuda en el comedor antes y después del servicio a los niños, y se deje sin efecto la Instrucción 8/2017 en la parte que contradiga la anterior declaración. La Sala de lo Social desestimó la demanda y la representación de CCOO se interpuso recurso de casación denunciando la infracción del Convenio Colectivo para el personal laboral del Ministerio de Educación y del Decreto 132/2013 de la Consellería de Cultura. La Sala Cuarta concluye que mientras no se definan las funciones de cada categoría serán de aplicación las que tenía recogidas cada colectivo en su convenio de procedencia. El que realice “servicios complementarios” no significa que los realice bajo las órdenes, instrucciones o supervisión de un profesor sino que estos servicios son complementarios de los que desarrollan los profesores. Cuando la norma ha querido establecer que las tareas se realicen bajo la dirección de un superior, así lo ha hecho constar expresamente por lo que, al no contemplar dicha previsión respecto al Auxiliar Técnico Educativo (Cuidador), es evidente que no está sometido a que un superior de forma presencial le de órdenes e instrucciones en el concreto ejercicio de estas tareas, sin perjuicio del genérico poder de dirección atribuido al empleador por el artículo 20 del ET.
Resumen: La Sala IV, reitera STS 13-03-2019 (Rec. 3970/2016), declarando que la indemnización de 20 días del art 53 ET ni ninguna otra es aplicable a validas extinciones de contratos de interinidad por sustitución. La STJUE de 14/12/2016 (de Diego Porras I) fue rectificada por las SSTJUE 5/6/2018, asuntos Montero Mateos y Grupo Norte Facility, y por la de 21/11/18, De Diego Porras II. En ellas se concluye que la cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada, no se opone a una normativa nacional según la cual la indemnización abonada a los trabajadores con contratos temporales es inferior a la concedida a los trabajadores con contrato de duración indefinida con motivo de la extinción de su contrato de trabajo por una causa objetiva. Partiendo de que nuestro ordenamiento no ha previsto ningún tipo de indemnización por finalización del contrato temporal de interinidad, se concluye que lo dispuesto en el art. 49.1.c) ET no resulta contrario a la normativa europea en materia de igualdad de trato entre trabajadores indefinidos y temporales. En nuestro ordenamiento, la finalización válida de los contratos temporales conlleva la indemnización que, en cada supuesto, esté prevista normativamente si así lo ha establecido el legislador; y, en modo alguno, puede anudarse a la válida extinción de este tipo de contratos la indemnización prevista por la ley para supuestos radicalmente distintos como son las causas objetivas contempladas en el artículo 52 ET.
Resumen: La Sala IV reitera doctrina, en la que se establece que la mera superación del plazo de tres años, previsto en el artículo 70.1 EBEP, no comporta la conversión del contrato de interinidad por vacante, en el caso suscrito con la Junta de Andalucía, en uno de carácter indefinido no fijo. El precepto impone obligaciones a las administraciones públicas, pero la superación del plazo no tiene por qué alterar la naturaleza de los vínculos laborales. Tampoco fija el precepto en tres años la duración máxima de la interinidad, sino que dicho plazo va referido a la "ejecución de la oferta pública de empleo". Este plazo no puede entenderse como una garantía inamovible, pues, por un lado, la conducta de la empleadora puede abocar a que antes de que transcurra el mismo se haya desnaturalizado el carácter temporal del contrato de interinidad (supuestos de fraude o abuso). Por otro lado, el referido plazo de tres años no puede operar de modo automático para destipificar la interinidad por vacante. Además, no se aprecia irregularidad alguna en el proceder de la administración dado que las convocatorias para cubrir las ofertas de empleo quedaron paralizadas por disposición legal debido a la crisis económica. Son las circunstancias específicas de cada supuesto las que han de provocar una u otra conclusión, siempre sobre las bases y parámetros que presiden la contratación temporal.