Resumen: Child Groming: el delito del art. 183 bis (actual art. 183 ter) exigía que la víctima fuera menor de 13 años, dato que debía ser abarcado por el dolo, al menos eventual, del sujeto activo. Al ser perjudicial no es aplicable retroactivamente el art. 183 ter CP que ha elevado la edad. El delito requiere que sean los medios tecnológicos las vías de contacto inicial con el menor. Se desestima el recurso del Ministerio Fiscal en tanto que en los hechos probados está ausente la vertiente subjetiva de esa infracción. No quedó acreditado que el acusado conociese que la víctima no hubiera alcanzado los trece años. Se analiza la protesta de la defensa por la denegación de una prueba; en concreto un informe sobre el alcoholismo que supuestamente padecía el acusado y fechado varios años después de los hechos. Se articula el motivo por la vía del art. 850.1 LECrim y se desestima.
Resumen: Esta Sala no estima que la ausencia del imputado sea invalidante de la prueba de cargo cuando estando presente su letrado, tiene éste oportunidad de intervenir en la práctica de la diligencia. El reconocimiento fotográfico efectuado en sede policial, si bien no constituye prueba de cargo, es una diligencia que facilita la investigación en tanto que permite orientar ésta hacia una determinada persona. Pero, al propio tiempo, esta Sala ha establecido que cuando el testigo señala inequívocamente a una persona durante el plenario, su fuerza probatoria radica en la credibilidad o fiabilidad del testimonio de quien realiza la identificación. El dolo de matar, cuando existen datos sugestivos de que pudiera haber concurrido y el autor del hecho lo niega, debe obtenerse por inducción a partir de aquéllos. Para ello, cabe tener en consideración dos hechos objetivos como hechos básicos en la prueba de indicios: de un lado, la clase de arma utilizada y, de otro, el lugar de cuerpo elegido para el mencionado golpe, que ha de ser una zona vital, como la cabeza o el tronco, donde se albergan órganos cuya lesión puede determinar la pérdida de la vida humana. Cuando la fuerza o intimidación se desarrollan antes de la consumación del delito y tienen por objeto vencer la resistencia personal que impide al culpable la disponibilidad del bien codiciado, estamos ante un delito de robo, ya afloren las violencias antes o durante la aprehensión material de las cosas.
Resumen: Delito de asesinato. El TS desestima el recurso interpuesto contra la sentencia dictada pro el Tribunal de apelación. A tal efecto, recuerda la función del Tribunal de Casación al afirmar que el control que corresponde al Tribunal Supremo, cuando se alega vulneración de la presunción de inocencia, se concreta, en realidad, en verificar si la respuesta que ha dado el Tribunal de apelación ha sido racional y ha respetado la doctrina del Tribunal Constitucional y de esta Sala Segunda sobre el alcance de la revisión, sobre la motivación y sobre la validez de las pruebas. En definitiva, se concreta en cuatro puntos: a) si el Tribunal Superior de Justicia, al examinar la sentencia del Tribunal del Jurado, se ha mantenido dentro de los límites de revisión que le corresponden; b) si ha aplicado correctamente la doctrina de esta Sala y del Tribunal Constitucional sobre la necesidad de motivar la valoración de la prueba, tanto al resolver sobre la queja de falta de motivación, en su caso, como al fundamentar sus propias decisiones; c) si ha respetado la doctrina de esta Sala y del Tribunal Constitucional acerca de las garantías y reglas relativas a la obtención y práctica de las pruebas, con objeto de determinar su validez como elementos de cargo; d) si el Tribunal de la apelación ha resuelto las alegaciones del recurrente sobre la existencia de prueba de forma racional, es decir, con sujeción a las reglas de la lógica, a las máximas de experiencia y a los conocimientos científicos.
Resumen: A falta de prueba directa de cargo, también la prueba indiciaria puede sustentar un pronunciamiento condenatorio si: a) el hecho base está totalmente probado; b) el hecho constitutivo del delito debe deducirse de estos hechos base; c) el órgano judicial ha de expone los indicios y el razonamiento; d) este razonamiento ha de apoyarse en las reglas del criterio humano o de la experiencia común. El ámbito de control constitucional por el recurso de amparo es respetuoso con el ámbito reservado a la jurisdicción ordinaria en orden a la fijación de los hechos, sólo considera insuficiente la conclusión probatoria a la que hayan llegado los órganos judiciales desde las exigencias del derecho a la presunción de inocencia si, a la vista de la motivación judicial de la valoración del conjunto de la prueba, cabe apreciar de un modo indubitado, desde una perspectiva objetiva y externa, que la versión judicial de los hechos es más improbable que probable. Los límites de nuestro control no permiten desmenuzar o dilucidar cada elemento probatorio, sino que debe realizarse un examen general y contextualizado de la valoración probatoria para puntualizar en cada caso si ese derecho fue o no respetado. En el terreno de la concreción última del quantum penológico no es exigible una expresión imposible de unas reglas que justifiquen de forma apodíctica y con exactitud matemática la extensión elegida.
Resumen: La nueva catalogación jurídico-penal de los delitos contra la libertad sexual que se diseña en el Código Penal de 1995, ha producido cierta confusión, " el error procede de la confusión de identificar la agresión sexual con el antiguo delito de violación, es decir con la concurrencia de penetración, y no como sucede en el modelo de tipificación actual, con la concurrencia de violencia o intimidación. Por ello es procedente recalcar, para evitar la reiteración de estos errores, que en el modelo actual de tipificación penal de los delitos contra la libertad sexual, la diferencia entre los tipos de abuso sexual y los más graves de agresión sexual, no consiste en la concurrencia de acceso carnal, sino en la utilización de violencia o intimidación". En cualquier caso, el delito de agresión sexual requiere violencia o intimidación, pero en modo alguno que se ocasionen lesiones a la víctima. Respecto a la utilización de la violencia para cualificar el robo, el Acuerdo de Pleno no Jurisdiccional de esta Sala, de 24 de abril de 2018, establece "Cuando aprovechando la comisión de un ilícito penal en el que se haya empleado violencia, y en la misma relación de inmediatez y unidad espacio temporal se realiza un apoderamiento de cosas muebles ajenas se entenderá que se comete un delito de robo del art. 237 CP cuando se haya perpetrado con inmediatez al acto violento y sin ruptura temporal y la violencia empleada facilite el acto del apoderamiento".
Resumen: El TS, después de recordar su doctrina, estima el recurso y considera que en el caso, es incuestionable que se comete el delito de quebrantamiento de condena como medio necesario para amenazar verbalmente a su víctima. Que podría el acusado haberla llamado telefónicamente, cierto, pero en el caso, no se produjo así. Dicho de otra manera, no es posible amenazar verbalmente a su ex pareja sin acercarse a ella, y siendo ello así, la necesidad del medio (el delito cometido de quebrantamiento) se torna en evidente. El intérprete penal no puede operar al margen de la realidad de los hechos. Y, asimismo, afirma la existencia del concurso medial entre los dos primeros delitos (allanamiento de morada y lesiones agravadas) que fue rectamente aplicado por el Tribunal de instancia y confirmado por el Tribunal de revisión. A tal efecto, afirma que no es posible la contemplación abstracta de la cuestión, lo que haría imposible la estimación del fenómeno jurídico, sino en concreto, eso es, se ha de analizar si de la especifica situación fáctica del delito medio resulta imprescindible para posibilitar o asegurar la comisión de otro.
Resumen: Las declaraciones introducidas en el plenario por la vía del artículo 714 LECrim son declaraciones respecto de las cuales el Tribunal sentenciador no ha gozado de inmediación, por lo que es aconsejable que cuenten con alguna corroboración procedente de circunstancias periféricas u otros medios probatorios.Cuando se alega vulneración de la presunción de inocencia, la comprobación que corresponde al Tribunal Supremo se concreta en verificar si la respuesta que ha dado el Tribunal de apelación ha sido racional y ha respetado la doctrina del Tribunal Constitucional y de la Segunda sobre el alcance de la revisión, sobre la motivación y sobre la validez de las pruebas. Se ha avalado el valor probatorio de las declaraciones prestadas en fase de instrucción, cuando se producen retractaciones, siempre que se incorporen al plenario y sean sometidas a contradicción. Ha admitido esta Sala el valor probatorio de afirmaciones que no han sido ratificadas a presencia judicial, supeditado a que se trate de manifestaciones prestadas de manera espontánea, libre y directa, de un lado; y de otro a que sean introducidas en el debate contradictorio que supone el juicio oral a través de la declaración de las agentes que directamente las percibieron.
Resumen: Las Audiencias Provinciales han dado distintas respuestas a la posibilidad de que el consentimiento de la víctima en el delito de quebrantamiento sea considerado como una atenuante analógica muy cualificada. La atenuante de análoga significación no alcanza al supuesto de que falten los requisitos básicos para ser estimada una concreta atenuante, porque ello equivaldría a crear atenuantes incompletas o a permitir la infracción de la norma. Pero tampoco puede exigirse una similitud y una correspondencia absoluta entre la atenuante analógica y la que sirve de tipo, pues ello supondría hacer inoperante el humanitario y plausible propósito de que habla la jurisprudencia de esta Sala y dejaría sin efecto la analogía. El delito previsto en el artículo 468.2 CP se trata de un delito contra la Administración de Justicia, cuyo bien jurídico protegido de forma primordial es la efectividad de determinadas resoluciones de la Autoridad Judicial en materia de ejecución de penas, medidas de seguridad y medidas cautelares, cuyo cumplimiento y subsistencia no puede quedar a merced de la víctima; aunque también persigue su protección. El consentimiento de la mujer no excluye la punibilidad y no cabe la aplicación de una atenuante analógica por este motivo.
Resumen: Recurso de la acusación particular impugnando la apreciación de la atenuante de dilaciones indebidas. Requisitos de la atenuante de dilaciones indebidas. Carácter indeterminado de sus pautas. Penas proporcionales a los hechos y establecidos dentro de la horquilla. Se solicita la apreciación del delito de lesiones con deformidad por las secuelas resultantes. Límites a la revocación en casación de una sentencia absolutoria o al agravamiento de una sentencia condenatoria. Doctrina jurisprudencial y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En el caso, inexistencia de hechos que justifiquen una consideración autónoma del delito. Concepto de grave enfermedad como presupuesto fáctico del delito de lesiones con deformidad. Inexistencia de un concepto jurisprudencial uniforme. Indefensión material: debe entrañar una disminución real y efectiva de las posibilidades defensivas. Quebrantamiento de forma por denegación de prueba: requisitos. Presunción de inocencia: alcance de estudio en casación. Declaración de la víctima: suficiencia como prueba de cargo. Delito de aborto: posibilidad de comisión mediante autoría mediata. Concurre: dominio del hecho de quienes ejercen amenaza o coacción psicológica sobre la embarazada para obtener un consentimiento viciado.
Resumen: Escuchas telefónicas. Requisitos para su validez. La base fundamental es la existencia de un conjunto de datos objetivos que justifican la adopción de una medida. Dilaciones indebidas: para su aplicación, es necesario que se trate de una dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento. En el presente caso, la causa fue declarada compleja en instrucción y contaba con una pluralidad de acusados e intervenciones. Inexistencia de paralizaciones o demoras injustificables. Derecho a un proceso con todas las garantías: falta de lectura de las grabaciones de las conversaciones, limitándose la acusación a "darlas por reproducidas". Valor de la fórmula retórica "por reproducida". Inexistencia de indefensión. Motivación de las diligencias de entrada y registro: existencia de una fundamentación bastante justificada en las diligencias practicadas anteriormente. Triple comprobación que se ha de realizar en casación, cuando se alega vulneración del derecho a la presunción de inocencia. Acreditación de la participación de los recurrentes a partir de numerosos indicios. Validez de la prueba indiciaria como prueba de cargo. Predeterminación: requisitos. Se precisa que se trate de expresiones neta y exclusivamente jurídicas.En el caso, se trata de afirmaciones pertenecientes al lenguaje común. Error en la apreciación de la prueba. Requisitos que han de concurrir. Falta de literosuficiencia. Claridad en los hechos probados: presupuestos. Incongruencia omisiva: no concurre