• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Militar
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FERNANDO PIGNATELLI MECA
  • Nº Recurso: 17/2020
  • Fecha: 29/09/2020
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: En su escrito de preparación, la parte recurrente considera que el interés casacional que el caso presenta se concreta en que la sentencia de instancia ha infringido: el derecho fundamental a la presunción de inocencia consagrado en el art. 24.2 CE; el principio de tipicidad de la norma; el principio in dubio pro reo; el principio de proporcionalidad. La sala coincide con la parte recurrente en cuanto a la existencia de interés casacional objetivo -art. 90.4 LJCA, reformada por la LO 7/2015-, en los términos en que se plantea y con los necesarios ajustes normativos y jurisprudenciales, sin perjuicio de que la sentencia que llegara a dictar la sala pudiera extenderse a otras cuestiones que exigiera el debate finalmente trabado en el recurso.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Militar
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FERNANDO MARIN CASTAN
  • Nº Recurso: 27/2020
  • Fecha: 29/09/2020
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: En su escrito de preparación, la parte recurrente considera que el interés casacional que el caso presenta se concreta en los siguientes extremos relativos a la sentencia impugnada: vulneración del art. 25.1 CE -principio de legalidad, en su vertiente de tipicidad- y jurisprudencia que lo desarrolla, por interpretación errónea del tipo disciplinario a la vista del contenido del procedimiento núm. 43 de Estado Mayor sobre nombramiento y cumplimentacion del servicio en SIGO; vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia -art. 24 CE- y jurisprudencia que lo desarrolla, en particular, el principio in dubio pro reo; error en la valoración de la prueba y valor probatorio del parte disciplinario. La sala coincide con la parte recurrente en cuanto a la existencia de interés casacional objetivo -art. 90.4 LJCA, reformada por la LO 7/2015-, en los términos en que se plantea y con los necesarios ajustes normativos y jurisprudenciales, sin perjuicio de que la sentencia que llegara a dictar la sala pudiera extenderse a otras cuestiones que exigiera el debate finalmente trabado en el recurso.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Militar
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FERNANDO MARIN CASTAN
  • Nº Recurso: 2/2020
  • Fecha: 24/09/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: No resultó afectado el derecho a la presunción de inocencia, ya que depusieron 4 testigos que habían mantenido contacto directo con el condenado en el momento de ocurrir los hechos y que relataron ante el tribunal los evidentes síntomas de embriaguez que presentaba, hasta el punto de que tuvo que ser relevado del servicio de guardia de seguridad que tenía asignado, lo que fue corroborado por el resultado de pruebas de alcoholemia. La falta de coincidencia entre el número del alcoholímetro que se incorporó a la causa y el del aparato empleado en las pruebas realizadas no provoca la nulidad de pleno derecho de la prueba, sino que solo afecta a su grado de fiabilidad, por lo que el tribunal sentenciador le atribuyó mero valor corroborador. El principio in dubio pro reo no entra en juego, ya que el tribunal sentenciador no tuvo duda sobre el carácter incriminatorio de las pruebas practicadas. El invocado error de hecho en la apreciación de la prueba incurre en diversas causas de inadmisión, ya que ninguno de los errores denunciados se deduce de los documentos citados. El análisis de la casación por infracción de ley exige respetar el relato de hechos probados, que se subsume adecuadamente en el tipo apreciado. El servicio de guardia de control de accesos constituye una guardia de seguridad y tiene la consideración de servicio de armas, al incorporar cometidos de vigilancia y control mediante cámaras del perímetro de seguridad de la instalación militar.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANDRES MARTINEZ ARRIETA
  • Nº Recurso: 4111/2018
  • Fecha: 18/09/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El control de racionalidad de la inferencia no implica la sustitución del criterio valorativo del Tribunal sentenciador por el del Tribunal casacional y el juicio de inferencia del Tribunal "a quo" sólo puede ser impugnado si fuese contrario a las reglas de la lógica o a las máximas de la experiencia. La prueba indiciaria puede ser prueba de cargo cuando: 1) el hecho base esté plenamente probado; 2) los hechos constitutivos del delito deben deducirse precisamente de estos hechos bases completamente probados; 3) se pueda controlar la razonabilidad de la inferencia; 4) que tal inferencia esté exteriorizada en la resolución. Desde la perspectiva constitucional la diferencia entre presunción de inocencia y la regla "in dubio pro reo" resulta necesaria en la medida que la presunción de inocencia ha sido configurada por el art. 24.2 como garantía procesal del imputado y derecho fundamental del ciudadano protegido por la vía de amparo, lo que no ocurre con la regla " in dubio pro reo", condición o exigencia "subjetiva" del convencimiento del órgano judicial en la valoración de la prueba inculpatoria.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CARMEN LAMELA DIAZ
  • Nº Recurso: 10747/2019
  • Fecha: 16/09/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Cuando se alega infracción de este derecho a la presunción de inocencia, la función consiste en verificar que, efectivamente, el Tribunal a quo contó con suficiente prueba de signo acusatorio sobre la comisión del hecho y la participación en él del acusado, para dictar un fallo de condena, cerciorándose también de que esa prueba fue obtenida sin violar derechos o libertades fundamentales y sus correctas condiciones de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción. El principio in dubio pro reo no es un principio absoluto, sino algo que debe impregnar la interpretación en el caso de duda razonable del juzgador. La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal operada por la Ley 41/2015 modificó sustancialmente el régimen impugnatorio de las sentencias de la jurisdicción penal, al generalizar la segunda instancia, bien ante la Audiencia Provincial o bien ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia, estableciendo un régimen de casación con un contenido distinto, según los supuestos. La jurisprudencia de esta Sala ha excluido la aplicación del subtipo atenuado de amenazas en supuestos en los que, entre otros elementos concurrentes, se ha desplegado la acción a partir de amenazas graves, tales como amenazas de muerte en lugares solitarios, amenazas reiteradas, amenazas con agresiones no lesivas, con acorralamiento o zarandeo de la víctima, entre otros supuestos.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: PABLO LLARENA CONDE
  • Nº Recurso: 45/2019
  • Fecha: 16/09/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El Tribunal de instancia ha obtenido el convencimiento de la realidad de los hechos a partir de la credibilidad subjetiva en la víctima, que no solo la aprecia a partir de la hábil capacidad perceptiva inherente a su edad de 14 y 15 años durante el periodo de tiempo que se enjuicia, sino que pondera también la singularidad psíquica de la denunciante que el recurso subraya, si bien lo hace destacando que el informe pericial, aun cuando admite el hábito de la denunciante al consumo de tóxicos, concluye que estos hábitos pueden favorecer la pérdida de datos o de algunos de los detalles acaecidos, pero en modo alguno implican que la versión de la denunciante sea irreal o fabulada. El convencimiento del Tribunal deriva de una valoración conjunta y razonable del material probatorio aportado. La prueba pericial es prueba personal y carece de la naturaleza documental que el recurso presupone.El artículo 74 del Código Penal exceptúa la posibilidad de pueda aplicarse el delito continuado a tipos penales que tutelen bienes jurídicos eminentemente personales, si bien reconoce que su aplicación sí será factible cuando se trate de infracciones contra la libertad e indemnidad sexuales que afecten al mismo sujeto pasivo, habiendo reflejado nuestra jurisprudencia la oportunidad de su aplicación en todos aquellos supuestos en los que, por el tiempo transcurrido no puedan individualizarse los comportamientos delictivos desplegados contra una misma víctima sometida a abusos por el mismo sujeto.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANA MARIA FERRER GARCIA
  • Nº Recurso: 10577/2019
  • Fecha: 28/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: En el caso se analiza una red vecinal de tráfico de drogas al menudeo (narcopisos). Pertenencia a grupo criminal. El grupo criminal requiere exclusivamente la unión de más de dos personas y la finalidad de cometer concertadamente delitos. Si bien la jurisprudencia ha distinguido entre participación plural de personas, encuadrable en el ámbito de la coautoría, y aquella otra configurada por varias personas coordinadas que integran un aliud y un plus frente a la mera codelincuencia, por hallarse integrada por más de dos personas y no haberse formado fortuitamente para la comisión inmediata de un solo delito. El conocimiento entre sus distintos miembros no es imprescindible, siembre que se trate de personas conscientemente integradas en la misma estructura plural, aun difusa, dotada de una cierta estabilidad. Quien participa en labores que sabe se desarrollan en distintos inmuebles, que son abastecidos de droga que se suministra y consume en los mismos, inevitablemente conoce que otras personas asumen cometidos en relación a la misma, lo que es suficiente para colmar el elemento subjetivo del tipo previsto en el artículo 570 ter. Que cada miembro no sepa exactamente quienes son los demás, ni su número exacto, siempre que rebase el de dos, no excluye el mismo. Toxicomanía no afecta a situaciones en las que se hace del tráfico de drogas un medio habitual de obtener fondos.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JULIAN ARTEMIO SANCHEZ MELGAR
  • Nº Recurso: 4161/2018
  • Fecha: 20/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La existencia de grupo criminal no exige la previa condena de todos y cada uno de los integrantes de la organización o grupo, bastando con que el hecho probado describa y afirme la concurrencia de un número de personas superior a dos en la perpetración de los delitos de que se trate. Para calificar los hechos en el subtipo agravado del art. 570 ter apartado 2, letra b), por disponer de armas o instrumentos peligrosos, tendría que haberse imputado la acusación por el delito de organización criminal en el apartado 2, letra b), con idéntico contenido, pero al haberse ejercitado la acusación por el apartado 3, y no por el 2, se ha vulnerado el principio acusatorio, en tanto que no han podido defenderse de tal subtipo agravado, que no estaba incluido en el acta de acusación, sino en la comisión de delitos contra la vida, integridad de las personas, libertad, indemnidad sexual o trata de seres humanos. El concepto de arma prohibida es de carácter normativo y su determinación corresponde al órgano de enjuiciamiento que no está supeditado a la calificación que al respecto pueda contener la pericial practicada sobre las armas en cuestión. Las armas cuya tenencia se prohíbe penalmente son las que sean materialmente armas (pues no todos los objetos prohibidos con ese nombre en la norma administrativa lo son), cuya tenencia se prohíba por una norma extrapenal, que posea una especial potencialidad lesiva, y que la tenencia se produzca en condiciones que la conviertan en peligrosa.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SUSANA POLO GARCIA
  • Nº Recurso: 2432/2018
  • Fecha: 17/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Por regla general la demolición deberá acordarse cuando conste patentemente que la construcción de la obra está completamente fuera de la ordenación y no sean legalizables o subsanables; o en aquellos supuestos en que haya existido una voluntad rebelde del sujeto activo del delito a las órdenes o requerimientos de la Administración; y, en todo caso, cuando al delito contra la ordenación del territorio se añada un delito de desobediencia a la autoridad administrativa o judicial. De este modo, en principio podría estimarse bastante y suficiente la comisión de un delito contra la ordenación del territorio unido a la persistencia o permanencia de la obra infractora para acordar la restauración del orden quebrantado, pudiendo admitirse como excepciones las mínimas extralimitaciones o leves excesos respecto a la autorización administrativa, y aquellas otras en que ya se hayan modificado los instrumentos de planeamiento haciendo ajustada a la norma la edificación o construcción, esto en atención al tiempo que puede haber transcurrido entre la comisión del delito y la emisión de la sentencia firme. El incumplimiento de las normas urbanísticas por parte de otros vecinos no agota el bien jurídico y la necesidad de su protección, como no exime al acusado de sus obligaciones y de su propia responsabilidad.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CARMEN LAMELA DIAZ
  • Nº Recurso: 4025/2018
  • Fecha: 15/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El bien jurídico protegido por el tipo contenido en el artículo 197.2 del Código Penal es la libertad o privacidad informática de los individuos proyectada sobre los datos personales. En este sentido, recuerda la sentencia que señalaban en la sentencia núm. 586/2016, de 4 de julio, que "el bien jurídico objeto de protección no es la intimidad, entendida en el sentido que proclama el artículo 18.1 de la Constitución Española, sino la autodeterminación informativa a que se refiere el artículo 18.4 del texto constitucional". El objeto de protección son los datos reservados de carácter personal o familiar. Distingue entre datos "sensibles" y los que no lo son, precisando que los primeros son por sí mismos capaces para producir el perjuicio típico, por lo que el acceso a los mismos, su apoderamiento o divulgación poniéndolos al descubierto comporta ya ese daño a su derecho a mantenerlos secretos u ocultos (intimidad) integrando el "perjuicio" exigido, mientras que en los datos "no sensibles", deben acreditarse. Los datos a los que el acusado accedió -inexistencia de bajas- no pueden considerarse objetivamente sensibles, como inherentes al ámbito de la intimidad más estricta. Se trata de datos de conocimiento público y de difícil ocultación. Cuestión distinta serían las causas médicas que justifican la baja, en caso de que ésta hubiera existido.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.