Resumen: El TS estima parcialmente el recurso. No concurre alevosía en el delito de asesinato. Este se comete de forma subsiguiente a un delito de agresión sexual, por ello, el TS examina la circunstancia del artículo 139.1.4º CP y afirma que el legislador ha querido que el delito de asesinato cometido con vocación de impunidad, cuando es subsiguiente a un delito contra la libertad sexual, sea castigado con la máxima pena prevista en el Código Penal. Ha asociado la pena de prisión permanente revisable a la mayor reprochabilidad que representa la convergencia de un ataque prácticamente simultáneo a bienes jurídicos del máximo rango axiológico, la libertad sexual y la vida. De todos aquellos asesinatos cualificados por haber servido como instrumento para facilitar u ocultar un delito precedente, el legislador ha estimado que si el delito inicial es un delito contra la libertad sexual, la respuesta penal sea la más severa. La Sala es consciente de que sólo una interpretación restrictiva de ese juego de preceptos tan mal combinados, puede ofrecer respuestas ajustadas a la gravedad del hecho y que no desborden la medida de la culpabilidad. Es previsible, por tanto, que la exacerbación punitiva que ha querido el legislador sea contemplada conforme a criterios restrictivos que descarten el riesgo de afectación del principio de proporcionalidad.
Resumen: Se aprecia acoso del artículo 173.1, párrafo 2º CP en concurso real con prevaricación en la incoación de expediente disciplinario a una Interventora municipal que denunció acoso sexual. A consecuencia de esa denuncia el Alcalde, considerando que su presencia en el Ayuntamiento no era oportuna, formula querella criminal por injurias graves y le abre expediente disciplinario por la comisión de un delito doloso (el denunciado previamente) a pesar de que el hecho se declaró falta y finalmente se dictó sentencia absolutoria. Sabiendo que el hecho no era delito, acordó la suspensión de empleo y sueldo y continuó con el expediente a pesar de que la medida cautelar fue anulada por violación de derechos fundamentales. Además, comunicó públicamente el requerimiento para que se fuera del Ayuntamiento, la expulsó de la sede también de forma pública y, cuando se reintegró, le quitó el móvil, las llaves del Ayuntamiento, la firma electrónica. También la cambió de despacho y contrató a un economista para que hiciera las funciones de intervención, iniciando también una campaña de desprestigio en la prensa. Se desestima una pretensión de recusación extemporánea, que no fue planteada en la instancia conforme a lo que previene la LOPJ y se analiza los requisitos del delito de acoso laboral. Se entiende que entre el delito de prevaricación y el de acoso hay una relación de concurso real.
Resumen: No existió extermporaneidad en la aportación del documento conforme al cual el recurrente autorizaba la toma de muestras biológicas. Además, la prueba preconstituida se practicó con todas las garantías, pese a lo denunciado por el recurrente. No obstante, la declaración de la menor no fue la única prueba valorada por el Tribunal para dictar una sentencia condenatoria.
Resumen: El recurso de casación frente a pronunciamientos absolutorios. La revocación de sentencias absolutorias. El recurso de casación por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva. La prueba de cargo suficiente: el peso probatorio otorgado al testimonio de la víctima. La prueba pericial psicológica de credibilidad del testimonio.Incluso tratándose de supuestos en los que esa pericia psicológica ha llegado a practicarse, conviene no perder de vista que el fin de la prueba pericial no es otro que el de ilustrar al órgano judicial para que éste pueda conocer o apreciar algunas aspectos del hecho enjuiciado que exijan o hagan convenientes conocimientos científicos o artísticos (art. 456 LECrim). Apreciar significa precisamente ponderar el valor de los cosas. Se tendería a subvertir la naturaleza procesal de la prueba pericial, atribuyendo a ésta un alcance prácticamente definitivo. La prueba testifical. Testimonios de referencia.
Resumen: Los recurrentes concluyen que el delito de desórdenes públicos del artículo 557. 1 no exige que los hechos que tipifica (alteración de la paz y el orden público con violencia) impidan la celebración de una reunión; y el delito del artículo 514. 4º tampoco exige que la conducta de impedir una reunión se efectúe mediante los hechos tipificados en el artículo 557. 1 (no exige este precepto, por ejemplo, que se actúe en grupo, ni que se produzca una alteración de la paz y el orden público). El Ministerio Fiscal, por su parte presta un apoyo parcial al motivo, porque, aun entendiendo que a través de unos mismos hechos se lesionan bienes distintos en los tipos del 557. 1 y 514. 4, debe entenderse que los injustos típicos resultantes se hallan en concurso ideal, pero no real como propugna el recurrente.Los argumentos tanto de los recurrentes como del Fiscal son plenamente acogibles por las propias razones que lo sostienen, sin que las razones que justifican la absolución por este delito puedan prevalecer. Sin perjuicio de aplicar un solo tipo delictivo en su mitad superior (la que asigne pena más grave), el concurso ideal es evidente, en tanto en cuanto se puede impedir una reunión, sin cometer desórdenes públicos, o producirse una situación de desórdenes públicos sin que existan personas reunidas en el ejercicio de ese derecho fundamental.El motivo debe estimarse en los términos interesados por el Fiscal, lo que determinará una nueva individualización de la pena.
Resumen: Recuerda la jurisprudencia relativa a la referida circunstancia atenuante y afirma que se ha apreciado la atenuante con el carácter de muy cualificada en supuestos en los que se habían producido paralizaciones de notable consideración, por espacio de varios años.
Resumen: Se permitía la retirada de la sustancia para consumirla en el exterior y que no existían concretas medidas de control para anular y ni siquiera mitigar el riesgo de su difusión fuera, - y no necesariamente por precio-, pues no consideramos razonablemente suficientes al efecto, unas advertencias verbales o un genérico conocimiento, que en su particularidad no ha quedado acreditado; tampoco consta un registro concreto de retiradas al exterior, por quienes se retiraba y la cantidad retirada. En definitiva, el caso no se encuentra dentro del ámbito de la doctrina jurisprudencial del consumo compartido, que considera atípicos supuestos de consumo plural, en que un número de reducido y determinado de personas se agrupan para la adquisición y ulterior e inmediato consumo conjunto en un lugar cerrado, de la sustancia estupefaciente sufragada entre todos. Ni por el número de socios muy por encima de la centena, que excede la conceptuación de un grupo reducido de consumidores, la inexistencia de un consumo inmediato en muchos casos pudiendo sacarse la sustancia al exterior, ni porque, como luego diremos, se trata de un cultivo de cannabis y su distribución organizada, institucionalizada y con vocación de persistencia en el tiempo, abierta a nuevas incorporaciones. La Sala II ha aplicado la atenuante de dilaciones indebidas como muy cualificada en procesos por causas no complejas de duración entre ocho y doce años entre la incoación y la sentencia de instancia.
Resumen: Delito de estafa. Artículos 248.1 y 250.1.1º del Código Penal. El derecho de defensa. El principio acusatorio. Diferencias entre los delitos de estafa y apropiación indebida: su conceptuación como delitos heterogéneos. En la estafa el ataque patrimonial se lleva a cabo mediante un engaño con el consiguiente desplazamiento en el patrimonio. En el segundo el desplazamiento no tiene su origen en aquel el engaño motor, sino en el abuso a la confianza ya depositada en el sujeto activo, lo que conlleva que éste recibe el dinero o cosa apropiada de forma legítima, trasmutando dicha posesión legítima en disposición ilegítima, abusando de aquella confianza. Elementos del delito de apropiación indebida: jurisprudencia de la Sala
Resumen: Delito continuado de estafa procesal, en relación concursal de naturaleza ideal con un delito continuado de estafa, en concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento mercantil. Recurso de casación por vulneración del derecho a la presunción de inocencia: ámbito del control casacional del respeto a la presunción de inocencia. El delito de estafa procesal. Aplicalidad del articulo 250.1.7º del Código Penal. Concurso de delitos: concurso ideal y concurso medial de delitos (artículo 77 del Código Penal). Circunstancia atenuante de dilaciones indebidas.
Resumen: Delito de participación en organización terrorista. Artículo 577.2 del Código Penal. Análisis de los elementos del delito: captación, adoctrinamiento o adiestramiento. Recurso de casación por vulneración del derecho a la presunción de inocencia. Ámbito del control casacional del respeto a la presunción de inocencia en los procedimientos con doble instancia contemplados en el artículo 847.1.a de la LECrim. Derecho a la libertad ideológica, religiosa y de culto: límites a su restricción.