Resumen: No concurrió incongruencia omisiva, ya que ni siquiera se expone qué pretensión mantenida en el escrito de conclusiones definitivas se dejó sin resolver, explícita o implícitamente. No resultó infringido el derecho a la presunción de inocencia, ya que el relato de hechos probados se construyó sobre pruebas personales -esencialmente, la declaración de la víctima, cuya versión obtuvo diversas corroboraciones externas-, regularmente practicadas conforme a la inmediación propia del tribunal de instancia, que las apreció de forma razonada, extrayendo de ellas conclusiones ajustadas a la lógica y a la experiencia. En su recurso de casación por infracción de ley penal sustantiva, el recurrente no respeta el relato de hechos probados, sino que lo discute, lo que desemboca en la desestimación del motivo. El inamovible relato de hechos probados se incardina plenamente en el tipo penal aplicado, así como en la apreciación de la continuidad delictiva, ya que se declara probada una pluralidad de acciones delictivas en las que, con infracción del mismo precepto penal, el recurrente se aprovechó de la víctima en ocasiones idénticas, existiendo entre ellas cierta conexidad temporal. No se infringió regla alguna de individualización de la pena, ya que, siendo continuado el delito, se impuso la menor de entre las legalmente posibles. La indemnización por daño moral es adecuada al temor y humillación infligidos a la víctima y a la pluralidad de acciones que conformaron la situación de acoso.
Resumen: En su escrito de preparación, la parte que recurre considera que la sentencia de instancia ha infringido: el derecho fundamental a la libertad de expresión del art. 20.1.a) CE, en conexión con el derecho de asociación del art. 22.1 CE; el art. 24.2 CE y el derecho fundamental a la presunción de inocencia, así como el derecho de defensa y a estar informado de la acusación; el art. 25.1 CE y el principio de legalidad, en su vertiente de tipicidad. La sala coincide con el recurrente en cuanto a la existencia de interés casacional objetivo (art. 90 Ley 29/1998, reformada por la LO 7/2015, de 21 de julio), en los términos en que se plantea y con los necesarios ajustes normativos y jurisprudenciales, sin perjuicio de que la sentencia que llegara a dictar la sala pudiera extenderse a otras cuestiones que exigiere el debate finalmente trabado en el recurso.
Resumen: La prueba practicada y referida por el Tribunal es suficiente para la condena para entender la expuesta como prueba de cargo. Al fin y al cabo hay una aprehensión de droga en cantidad relevante en poder del recurrente, lo que habilita la inferencia de la preordenación al tráfico por el quantum de la droga aprehendida, como especifica con claridad en la sentencia el Tribunal. No se ha producido la vulneración de los derechos fundamentales del recurrente, ya que el TSJ ha llevado a cabo su proceso de análisis del grado de motivación suficiente de la sentencia. Inexistencia de apreciación de la atenuante del art. 21.2 CP, ni como analógica, consta solo que era consumidor, pero no su afectación a su capacidad y voluntad al momento de perpetrar el delito, que es lo determinante a los efectos de la aplicación de la atenuante.
Resumen: El llamado recurso de revisión es un proceso extraordinario, excepcional, con el que se pretende encontrar el necesario equilibrio entre la seguridad jurídica que reclama el respeto a la cosa juzgada y la exigencia de la justicia en que sean anuladas aquellas Sentencias condenatorias de quienes resulte posteriormente acreditado que fueron indebidamente condenados. La enumeración de los motivos de revisión, por esa naturaleza extraordinaria, aparece taxativa y cerrada en el artículo 954 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal; así en el art. 954.1, c tras la modificación llevada a efecto por la Ley 41/2015, de 5 de octubre en vigor desde el 6/12/15, dice así: "cuando sobre el mismo hecho y encausado hayan recaído dos sentencias firmes". En el presente caso, la lectura de los hechos probados de ambas sentencias permite comprobar que efectivamente el acusado fue condenado por delitos de falsedad y estafa, en dos ocasiones por dos Tribunales diferentes, por hechos sustancialmente idénticos que no deberían haber dado lugar a dos sentencias diferentes, produciéndose así una vulneración del principio non bis in idem.
Resumen: Las pruebas periciales no son auténticos documentos, sino pruebas personales sujetas a la valoración conjunta de todo el material probatorio. Lo que habrá que valorar es si los informes periciales que se invocan han sido contrarrestados por otros medios probatorios que han llevado a la convicción del Tribunal de que el relato de hechos se evidencia y desprende de la prueba practicada, y que ésta queda debidamente explicada en contradicción a los documentos que como pericial refiere la parte recurrente. En orden a la motivación del Jurado no puede exigirse a los ciudadanos el mismo grado de razonamiento intelectual y técnico que a un juez profesional. En el presente caso, en el acta de votación del jurado en la contestación a la pregunta nº 2 el jurado se basa en el informe médico forense que de manera clara asevera que al momento de los hechos el acusado no presentaba enfermedad que alterara sus facultades intelectivas y volitivas. No cabe realizar alegaciones "per saltum", salvo infracciones constitucionales que puedan ocasionar materialmente indefensión. Y en segundo lugar cuando se trate de infracciones de preceptos penales sustantivos cuya subsanación beneficie al reo (por ejemplo la apreciación de una circunstancia atenuante) y que puedan ser apreciadas sin dificultad en el trámite casacional porque la concurrencia de todos los requisitos exigibles para la estimación de las mismas conste claramente en el propio relato fáctico.En dicho relato no consta dicha afectación.
Resumen: El recurso de casación se formula contra la sentencia dictada por el Tribunal de apelacion, no pudiéndose introducir cuestiones nuevas que no pudieran ser examinadas por éste. La doctrina de la Sala, en general, ha entendido que los trastornos de la personalidad no calificados de graves o asociados a otras patologías relevantes no dan lugar a una exención completa o incompleta de la responsabilidad, sino en todo caso a una atenuación simple y solo en aquellos casos en los que se haya podido establecer la relación entre el trastorno y el hecho cometido. La jurisprudencia ha sido en general reacia a reconocer eficacia atenuatoria a los trastornos de la personalidad o psicopatías, con mayor razón cuando no han sido calificados de graves. En la actualidad tienen encaje en el artículo 20.1 CP pues se trata sin duda de anomalías o alteraciones psíquicas, por lo que es necesario atender a sus características y a las peculiaridades del hecho imputado para precisar sus concretos efectos. Por lo general, sin embargo, los trastornos de personalidad se valoran penalmente como atenuantes analógicas. Sólo en supuestos especialmente graves, generalmente asociados a otras patologías, han sido valorados como eximentes incompletas.
Resumen: Se analiza la suficiencia de la prueba para respetar el derecho a la presunción de inocencia en cuanto a la concurrencia del engaño en la estafa y en relación con el asesinato: si quedó acreditado el carácter sorpresivo del ataque, pues la única herida con signos de vitalidad era la de la cabeza, y si las apreciadas en las manos son heridas de defensa, demostraría como sostiene la defensa, que se defendió; que también considera la defensa que no está probado que cometiera el asesinato para ocultar otro delito, ya que afirma que vendió el vehículo con el consentimiento de su pareja.
Resumen: En el objeto del veredicto deben incluirse narración de hechos determinantes del grado de ejecución, participación y modificación de la responsabilidad, y el hecho que pretendía introducir la defensa, aisladamente considerado, era irrelevante para determinar la imputabilidad o, como señala la sentencia de apelación, no venía anudada con una concreta consecuencia jurídica, ni en forma de atenuante ni de ningún otro modo. Es patente que la proposición fáctica relativa al estado mental no incluida en el objeto del veredicto no era necesaria y en todo caso, visto el contenido del informe pericial realizado y el desarrollo del juicio, era en todo caso superflua porque la cuestión fáctica que se pretendía introducir fue valorada y tomada en consideración por los peritos y por el Jurado. Es compatible la alevosía con una discusión previa, cuando uno de los contendientes no puede esperar racionalmente una actitud exasperada de la otra parte que vaya más allá de la confrontación verbal y se deslice hacia una agresión desproporcionada que coja de sorpresa al acometido. En relación con las cuantías de las indemnizaciones fijadas en concepto de responsabilidad civil se viene declarando que corresponde su fijación al Tribunal de instancia de manera que, por lo general, es cuestión no revisable en casación, ya que no cabe apreciar en su determinación infracción de ley al no establecer el Código Penal criterios legales para establecer su cuantía.
Resumen: No resultó vulnerado el derecho de defensa, ya que el instructor motivó de forma adecuada y suficiente la denegación de la prueba propuesta, sin que el demandante haya concretado de qué manera tal decisión le provocó una indefensión material real y efectiva. La autoridad sancionadora apreció de forma razonable la prueba de que dispuso sobre los hechos imputados al demandante, por lo que no resultó vulnerado el derecho a la presunción de inocencia. El relato de hechos probados -conforme al cual, el demandante consultó reiteradamente la base de datos de gestión de recursos humanos de la Guardia Civil en relación con determinados miembros de la misma, sin que tales consultas guardasen relación con el desempeño de sus funciones- integra los elementos del tipo apreciado, ya que, conociendo la prohibición de acceso a la misma, realizó búsquedas de datos sin causa justificativa para ello, aprovechando, de manera excesiva e indebida, la facultad de acceso que tenía. Se trata de una infracción de mera actividad que no precisa la producción de ningún resultado dañoso para perfeccionarse. Ante la falta de prueba del error de prohibición indirecto invocado, solo cabe concluir que no concurre, pues la antijuridicidad del acceso a la base de datos para fines distintos de los demandados por las funciones no podía ser desconocida por un suboficial de la Guardia Civil con sobrada antigüedad y experiencia profesional.
Resumen: El tribunal de instancia llevó a cabo una ponderación razonable de la prueba, basada, en esencia, en el parte disciplinario emitido por el sujeto pasivo de los hechos -que cumple todos los requisitos exigidos jurisprudencialmente para desvirtuar la presunción de inocencia-, debidamente ratificado, cuyos elementos nucleares fueron corroborados por diversas testificales y, sin embargo, no destruidos por versión fáctica alternativa alguna, ya que el recurrente se limitó a acogerse a su derecho a no declarar y a negar los hechos en sus diferentes escritos. Concurren los elementos de la falta muy grave apreciada: una negativa injustificada por parte del recurrente a someterse a la prueba de alcoholemia que había sido legítimamente ordenada por su superior a la vista de las circunstancias concurrentes, orden emitida con la finalidad de constatar la capacidad psicofísica del recurrente para prestar el servicio que tenía encomendado. También concurre la grave desconsideración con el superior, ya que la constatada falta de respeto hacia el mismo de forma persistente durante dos días consecutivos, además de suponer una infracción de las reglas de comportamiento legalmente establecidas en el ámbito militar y de los principios de disciplina, jerarquía y unidad propias del cuerpo de la Guardia Civil, alcanza la gravedad propia del tipo. Por último, el desentendimiento de las obligaciones que el servicio encomendado conllevaba se incardina en el subtipo de la desatención apreciado.
