Resumen: El demandante, que presta servicios para el Ayuntamiento demandado como conductor, adscrito al servicio de recogida de residuos sólidos urbanos reclama las diferencias derivadas de la aplicación del convenio colectivo del sector de limpieza pública viaria, riegos, recogida, tratamiento y eliminación de residuos, limpieza y conservación de alcantarillado de la provincia de Granada. La sentencia de suplicación ha estimado la demanda. La sala IV desestima el recurso de casación unificadora interpuesto por el Ayuntamiento al no concurrir el requisito de la contradicción entre sentencias. En efecto, indica la sentencia comentada que son dispares tanto las pretensiones ejercitadas ?reclamación de cantidad e impugnación de despido- como las cuestiones debatidas pues en la recurrida sólo se debate si el actor tiene derecho a percibir el salario del convenio sectorial por realizar funciones englobadas en el ámbito funcional del mismo, mientras que en la referencial, además de que el actor prestaba servicios en una empresa contratista del Ayuntamiento, se pretende la aplicación del mecanismo subrogatorio contemplado en el convenio sectorial, excluyendo la sala que éste sea aplicable al Ayuntamiento.
Resumen: La sentencia de la AN recurrida declara que la no entrega de la información relativa a todos los trabajadores de la empresa en todos los centros de trabajo a los delegados de la sección sindical estatal de CCOO en Bankinter supone una vulneración del derecho de libertad sindical. Consta que CCOO es el sindicato más representativo a nivel estatal y el único implantado en la empresa Bankinter, contado con sección sindical estatal reconocida por la empresa. En 2015 Bankinter no reconoció la condición de delegado sindical de ámbito estatal a quien había sido elegido, con base en que prestaba servicios en un centro de trabajo donde no existía representación unitaria. La sala IV, con reiteración de su doctrina, y a la luz de lo recogido en los art. 64 y 10.3 de la LOLS y 60 del convenio de empresa, concluye que los delegados sindicales tienen derecho a recibir la misma información que se debe facilitar a los miembros del comité de empresa, aunque no formen parte de este comité. Sin que tal decisión suponga una vulneración de las normas sobre derecho a la intimidad y protección de datos, dado que los delegados sindicales están obligados a guardar sigilo profesional en aquellas materias en las que legalmente proceda. En consecuencia, se desestima el recurso de casación ordinaria planteado por la demandada.
Resumen: Considera el recurrente que la sentencia ignora una pacífica doctrina jurisprudencial que viene entendiendo que la acreditación de la violencia de género a la que se refiere el Art. 220.1 de la LGGS ha de hacerse de una manera flexible, admitiéndose por ejemplo los certificados del Servicio de Salud. En aquella doctrina, la esposa noticia la situación que el matrimonio atravesaba desde años atrás (desentendido por completo el esposo del sostenimiento de la economía familiar, atrincherado en su propia vida o habitación, etc.). En fin, la sentencia condenatoria al fallecido por amenazas al hijo y la cercanía de ésta con la prestación de testimonio contrario a los intereses de aquél reforzaba además la idea sobre el trato violento que la mujer había venido padeciendo. En el supuesto presnte, es cierto que se acredita la existencia de actos de violencia concretados en vejaciones, amenazas y lesiones, pero tales manifestaciones se refieren a hechos ocurridos varios años después de la separación matrimonial, acordada de mutuo acuerdo entre las partes el día 30 de noviembre de 2006 mediando pensión compensatoria, bien que de escasa cuantía, pero no existe noticia alguna de que la actora haya podido sufrir amenazas, insultos o trato violento a lo largo de los 30 años que estuvo vigente la relación marital, habiendo nacido en el ínterin dos hijos de aquella relación conyugal, en la actualidad mayores de edad y, por tanto, no concurre el elemento cronológico que se exige en la norma.
Resumen: La sentencia confirma la de la Audiencia Nacional que estimó la demanda de tutela de derechos fundamentales declarando la nulidad de los apartados a) y b) del punto 2.5 del Reglamento del Plan de Ahorro de Futbolistas de 20-12-2016, en la parte que describe los requisitos para ser considerado Asegurado en Activo. Consta que se firmó en 2015 un acuerdo ante la AN conforme al cual un 0,5% de los ingresos obtenidos por la comercialización de derechos audiovisuales revierte a favor de los futbolistas que sigan en activo, pasando los fondos de la LNFP a la AFE y siendo beneficiarios los futbolistas en activo o suspenso que estén afiliados y se encuentren al corriente de pago de cuotas. En la demanda de tutela se cuestionaba que no cabía seguir exigiendo afiliación a la AFE para acceder a los beneficios. Argumenta la sentencia. 1) Que tiene legitimidad el sindicato ON aunque no estuviera creado en el momento del acuerdo conciliatorio ni acredite pertenencia de sus afiliados a categorías profesionales de fútbol, puesto que es un sindicato de ámbito estatal que representa a futbolistas profesionales, existiendo un vínculo con el objeto del pleito. Añade que se vulnera la libertad sindical al suponer una presión indirecta para la afiliación a AFE.
Resumen: La Sala estima el recurso de suplicación, revoca la sentencia recurrida, y declara el derecho del demandante a ser incluido en el Programa de Complemento de incapacidad permanente total, establecido en el Convenio Colectivo de la empresa, condenando a ésta a dicha inclusión y a cumplir con lo dispuesto en el Convenio, a tenor de la declaración administrativa del trabajador en situación de IPT con derecho a prestación, porque, probado que los servicios médicos de la empresa aprobaron la inclusión del solicitante en el programa; que en 2008 y en 2014 ya había sido admitido este trabajador en el programa -aunque este último año hubiera sido luego excluido por incumplir el requisito de presentar a la empresa copia de la solicitud de prestación-; y finalmente probada además la existencia de denuncias ante la Inspección de Trabajo y de demandas judiciales referidas en el Hecho Noveno de la sentencia, la empresa debería haber justificado en este caso las razones objetivas por las que denegaba al trabajador la inclusión en el Programa que por dos veces anteriores había admitido. Al no haberlo hecho incurre en la arbitrariedad o denegación injustificada que se denuncia.
Resumen: La sentencia de instancia recurrida declara el derecho del personal laboral de la Agencia Madrileña de Atención Social al disfrute como permiso retribuido y no recuperable de 6 días correspondientes al año 2017, subsumiéndose estos días en el cómputo de la jornada anual con la consideración de tiempo de trabajo efectivo. La sala IV, en la sentencia comentada, indica las sentencias previas que se han pronunciado a favor y en contra de la recuperación del permiso por asuntos particulares. Y, partiendo de que en el cálculo de la jornada laboral para el año 2017 no se han descontado los seis días por asuntos particulares, pero no considerados como días de trabajo efectivo. Efectuados los cálculos y teniendo en cuenta, descontando de los 365 días del año, las 140 jornadas correspondientes al descanso semanal, festivos y vacaciones anuales ?pero no los días de asuntos particulares-, obtendríamos un total de 225 jornadas de trabajo que, a 7,5 horas diarias de prestación de servicios, supone un total de 1.695 horas anuales, excediendo de la jornada de 1.650 horas anuales colectivamente pactada. En consecuencia, los seis días de permiso por asuntos particulares no son recuperables. Se desestima el recurso de la Comunidad de Madrid
Resumen: La Sala IV confirma la sentencia que desestima la demanda formulada por un sindicato, al considerar ajustadas a derecho las medidas tomadas por la empleadora, consistentes en suprimir los complementos personales que excedieran de las retribuciones del convenio colectivo, medida razonable que se había tramitado por la vía del art. 41-4 del ET, sin que fuese de aceptar la alegación relativa a que se debió seguir la vía del artículo 82-3 del ET porque con esta excepción, suscitada por primera vez en el acto del juicio, se planteaba una cuestión nueva que suponía una modificación sustancial de la demanda que dejaba indefensa a la contraparte. La Sala IV ratifica dicha modificación sustancial de la demanda porque la alegación de que las modificaciones afectan a condiciones del convenio colectivo y que se debió seguir vía del art. 82-3 del ET supone alterar los términos del debate previo, tanto durante el periodo de consultas, ex art 41-4 ET como el planteado en la demanda porque nunca se suscitó si las medidas a adoptar, la minoración y supresión de complementos retributivos, afectaban a retribuciones convencionales o no, sin que se cuestionara tampoco el procedimiento a seguir. Además, la sentencia recurrida dice que no afecta a condiciones convenio, sino a mejoras del mismo. En cuanto a la procedencia de las medidas existen defectos formales en formulación de ese motivo del recurso por falta de cita y fundamentación de la infracción.
Resumen: La cuestión suscitada en la sentencia anotada se centra en determinar, por un lado, si existe variación sustancial de la demanda cuando, habiéndose reclamado en ella una indemnización por válida extinción del contrato de interinidad por vacante, en el acto del juicio se reclama que se declara que la relación laboral que unió a las partes era indefinida no fija. Por otro lado, se plantea si es adecuado el proceso ordinario para reclamar una indemnización por despido cuando la extinción del contrato de interinidad por vacante se ha producido. Y, si de ser válida la extinción de una relación calificada como indefinida no fija procede reconocer la indemnización de 20 días por año de servicio. La Sala de suplicación condenó a la CAM al pago de la indemnización de 20 días por año de servicio, previa calificación de la relación laboral indefinida no fija. Interpuesto recurso de casación unificadora, el TS no aprecia la existencia de contradicción en el 1º motivo --alteración sustancial de la demanda en el acto del juicio--; y respecto del 2º da lugar al recurso de su razón y declara la inadecuación del proceso ordinario para reclamar el reconocimiento de relación laboral indefinida no fija, cuando el contrato de interinidad está extinguido. Sentado lo anterior, declara innecesario entrar en el 3º motivo. En consecuencia, declara la nulidad de lo actuado para que se al procedimiento la tramitación correspondiente al proceso especial de despido.
Resumen: La Sala desestima el recurso y confirma la sentencia de instancia que desestimó el derecho del demandante a percibir pensión de viudedad por ser su cónyuge fallecida víctima de violencia de género y no haberse acreditado reconciliación matrimonial: no hay prueba de domicilio común de los cónyuges al fallecer la esposa ni durante el tiempo inmediatamente anterior a la defunción; por otro lado, la donación de un órgano vital, un riñón, no acredita por sí sola la existencia de reconciliación de los cónyuges.
Resumen: RCUD: Se trata de dilucidar si en una contrata de servicios, la aportación por parte de la contratista, únicamente, de mano de obra junto con algunos aspectos de la gestión y organización del trabajo resulta suficiente para excluir la existencia de cesión ilegal. La STSJ confirmó la SJS, que estimó en parte la demanda de los actores absolviendo a las empresas de cesión ilegal, pero condenándolas solidariamente al abono de cantidades reclamadas. La Sala IV remite a su doctrina sobre el art. 43 ET, en particular, a la STS 16-5- 2019 (R. 3861/16), entendiendo que en el caso, a pesar de la existencia real de la empresa contratista, esta solo aportó mano de obra para la realización del servicio y la verdadera gestión y dirección empresarial se llevaba a cabo por la contratante, desde el momento en que era ésta la que realmente y en sus propias instalaciones organizaba el servicio, realidad que se configura por la presencia de diversos indicios; siendo de especial relevancia la comprobación de que los medios imprescindibles para llevar a cabo las funciones convenidas eran propiedad de la contratante, que los alquilaba a la contratista, y que facturaba por su utilización. Implica todo ello que, en realidad, la contrata de servicios entre las empresas se limitó a una mera puesta a disposición de los trabajadores de la empresa contratista a la empresa comitente, lo que integra el supuesto de cesión ilegal previsto por el artículo 43 ET. Estima el recurso y con él, la demanda.