Resumen: El motivo de casación por error facti no puede invocarse en los recursos contra autos de sobreseimiento porque a lo largo de la instrucción de la causa no se practican pruebas sino que se incorporan elementos sobre los que las partes podrán sostener sus pretensiones en el juicio oral, en el que, propiamente se practican las pruebas. En consecuencia, de los autos de sobreseimiento no forma parte ninguna especie de relación fáctica probatoria que pueda cuestionarse por errónea, por lo que su impugnación solo cabe aduciendo la infracción de ley penal sustantiva a que se refiere el art. 849.1 LECRIM. Pero es más, el recurrente no designa los concretos particulares de los documentos acreditativos del pretendido error, documentos que, además, no tienen esta consideración a efectos casacionales -grabaciones de audio que constituyen meros elementos personales documentados que, además, carecen de contenido literosuficiente para evidenciar el error denunciado-. El derecho esencial a la tutela judicial efectiva no se ve perturbado por una resolución que cancele anticipadamente el proceso si está motivada mediante una fundamentación jurídica que interprete de forma lógica y admisible el derecho aplicable. Así ocurre con el auto recurrido, que encuentra su fundamento en la inexistencia de indicios racionales sobre la propia existencia del hecho que dio lugar a la formación de la causa, por lo que carece de sentido mantener abierto el proceso en exclusivo perjuicio del investigado.
Resumen: Hay actividades llevadas a cabo por grupos organizados en que la investigación alcanzará a detectar solo a uno de ellos. Uno de los objetivos de la investigación será justamente identificar otras persona implicadas (lo que puede lograrse o no); y/o confirmar que en efecto los indicios de que se está ante una estructura organizada se confirman. Pero obviamente cuando se investiga por contarse con datos indicativos de esa realidad, que necesitados de confirmación, pueden utilizarse los métodos previstos en las leyes para esas pesquisas que, por resultar más dificultosas, requieren medios especiales (entre ellos, el uso de agentes encubiertos). Lo exigible es que exista base indiciaria valorada en un juicio ex ante de esa realidad. Es indiferente que luego se confirme o no. La organización y el grupo criminal tienen en común la unión o agrupación de más de dos personas y la finalidad de cometer delitos concertadamente. Pero mientras que la organización criminal requiere, además, la estabilidad o constitución por tiempo indefinido, y que se repartan las tareas o funciones de manera concertada y coordinada (necesariamente ambos requisitos conjuntamente: estabilidad y reparto de tareas), el grupo criminal puede apreciarse cuando no concurra ninguno de estos dos requisitos, o cuando concurra uno solo.
Resumen: Los motivos invocados en el recurso, con clara desviación del objeto de la casación, constituyen mera repetición de las pretensiones articuladas en la instancia. El acuerdo de la autoridad sancionadora de devolver el expediente al instructor para que formule otra propuesta de resolución con diferente calificación no vulnera el derecho de defensa -si no se alteran los hechos imputados y se da traslado al expedientado para alegaciones- ni constituye juicio anticipado de culpabilidad que comprometa la imparcialidad y objetividad de aquella. No concurre la incongruencia omisiva denunciada, pues cuando la autoridad disciplinaria aprecia que las expresiones emitidas fueron constitutivas de grave desconsideración con el superior es porque estima que sobrepasaron los límites de la libertad de expresión, amén de que la sentencia recurrida dio concreta respuesta a la pretensión al afirmar que no vulnera el derecho a la libertad de expresión que se exija a un militar que para dirigirse a sus superiores exponga en forma respetuosa las objeciones que legítimamente pueda hacer a sus órdenes o requerimientos. La conducta del recurrente -que puso en cuestión por escrito la oportunidad y utilidad de los servicios ordenados por su superior, anunciándole abiertamente que no se acomodaría a lo ordenado- está adecuadamente subsumida en el tipo apreciado, que no solo acoge los malos modos, sino la inobservancia de la consideración debida al superior, con manifiesto desconocimiento de la disciplina
Resumen: El llamado recurso de revisión es un proceso extraordinario, excepcional, con el que se pretende encontrar el necesario equilibrio entre la seguridad jurídica que reclama el respeto a la cosa juzgada y la exigencia de la justicia en que sean anuladas aquellas Sentencias condenatorias de quienes resulte posteriormente acreditado que fueron indebidamente condenados. Así de la lectura de los hechos probados de la sentencia cuya anulación se reclama y los de la sentencia de fecha 8 de julio de 2008 permite comprobar que efectivamente el acusado fue condenado por delito de quebrantamiento de condena en dos ocasiones por dos Tribunales diferentes, por hechos sustancialmente idénticos que no deberían haber dado lugar a dos sentencias diferentes, produciéndose así una vulneración del principio non bis in idem.
Resumen: La nueva catalogación jurídico-penal de los delitos contra la libertad sexual que se diseña en el Código Penal de 1995, ha producido cierta confusión, " el error procede de la confusión de identificar la agresión sexual con el antiguo delito de violación, es decir con la concurrencia de penetración, y no como sucede en el modelo de tipificación actual, con la concurrencia de violencia o intimidación. Por ello es procedente recalcar, para evitar la reiteración de estos errores, que en el modelo actual de tipificación penal de los delitos contra la libertad sexual, la diferencia entre los tipos de abuso sexual y los más graves de agresión sexual, no consiste en la concurrencia de acceso carnal, sino en la utilización de violencia o intimidación". En cualquier caso, el delito de agresión sexual requiere violencia o intimidación, pero en modo alguno que se ocasionen lesiones a la víctima. Respecto a la utilización de la violencia para cualificar el robo, el Acuerdo de Pleno no Jurisdiccional de esta Sala, de 24 de abril de 2018, establece "Cuando aprovechando la comisión de un ilícito penal en el que se haya empleado violencia, y en la misma relación de inmediatez y unidad espacio temporal se realiza un apoderamiento de cosas muebles ajenas se entenderá que se comete un delito de robo del art. 237 CP cuando se haya perpetrado con inmediatez al acto violento y sin ruptura temporal y la violencia empleada facilite el acto del apoderamiento".
Resumen: Esta Sala no estima que la ausencia del imputado sea invalidante de la prueba de cargo cuando estando presente su letrado, tiene éste oportunidad de intervenir en la práctica de la diligencia. El reconocimiento fotográfico efectuado en sede policial, si bien no constituye prueba de cargo, es una diligencia que facilita la investigación en tanto que permite orientar ésta hacia una determinada persona. Pero, al propio tiempo, esta Sala ha establecido que cuando el testigo señala inequívocamente a una persona durante el plenario, su fuerza probatoria radica en la credibilidad o fiabilidad del testimonio de quien realiza la identificación. El dolo de matar, cuando existen datos sugestivos de que pudiera haber concurrido y el autor del hecho lo niega, debe obtenerse por inducción a partir de aquéllos. Para ello, cabe tener en consideración dos hechos objetivos como hechos básicos en la prueba de indicios: de un lado, la clase de arma utilizada y, de otro, el lugar de cuerpo elegido para el mencionado golpe, que ha de ser una zona vital, como la cabeza o el tronco, donde se albergan órganos cuya lesión puede determinar la pérdida de la vida humana. Cuando la fuerza o intimidación se desarrollan antes de la consumación del delito y tienen por objeto vencer la resistencia personal que impide al culpable la disponibilidad del bien codiciado, estamos ante un delito de robo, ya afloren las violencias antes o durante la aprehensión material de las cosas.
Resumen: Aunque el artículo 468 del Código Penal no incluya el incumplimiento de las medidas impuestas a los menores en un proceso penal, esa indefinición no reviste la consecuencia de su atipicidad, en tanto es integrada por el aplicador jurídico sin suponer una interpretación extensiva contra reo, sino racional y lógica, acudiendo al bien jurídico protegido que es la administración de justicia, y en concreto, la eficacia de determinadas resoluciones judiciales garantizando su ejecución siempre que las mismas hayan sido acordadas en un proceso criminal y tengan una naturaleza penal.Se trata de un delito cometido por mayor de edad que quebranta una medida impuesta cuando era menor, pero en el contexto de una sentencia condenatoria.La regulación tiene una doble finalidad, sancionadora y educativa, siendo esta última la que debe primar en cuanto a la respuesta penal en el caso de los menores de edad, pero sin que por ello se pierda la finalidad sancionadora.No existe infracción del principio non bis in ídem cuando se trata de "fugados de un centro", ya que una cosa es la sanción interna y otra el delito que se haya cometido, ya que existe una relación de sujeción especial entre el preso o el menor interno y la administración penitenciaria o la entidad competente en materia de centros de menores. Aunque sea una medida, es una auténtica pena aunque impuesta por el juez de menores, y por ello el quebrantamiento lo es de una condena y se comete el delito del artículo 468 del Código Penal.
Resumen: Se requiere para que concurra un supuesto de bis in ídem en el plano sustantivo que sea castigado un sujeto dos veces por unos mismos hechos. Y a la hora de interpretar la expresión "unos mismos hechos", se considera que se da este supuesto en los casos que concurra la identidad de sujeto, hecho y fundamento. En el delito del artículo 379.2 CP, en el que la conducta punible consiste en conducir el vehículo de motor bajo la influencia de, entre otras, bebidas alcohólicas, la embriaguez es inherente al citado delito, y con base en ello no resulta de aplicación la atenuación pretendida, de conformidad con lo dispuesto en el art. 67 del Código Penal. Dada la naturaleza y bien jurídico protegido en el delito del art. 383, nada impide que sea de aplicación la eximente incompleta o atenuante de embriaguez,
Resumen: El sujeto llevó a cabo dos acciones diferenciadas y distanciadas en el tiempo. La primera consistió en la toma de una fotografía de la denunciante, sin su consentimiento, donde se mostraba semidesnuda. Tal hecho constituía por sí mismo un delito contemplado en el apartado 1 del artículo 197 del Código Penal. La segunda constituye una agravación específica de la primera y tuvo lugar, ya con la entrada en vigor la reforma, cuando el acusado remitió la fotografía, conducta prevista en el párrafo 1º del apartado 4 del artículo 197 del Código Penal anterior a la reforma, párrafo que con idéntica redacción ha pasado a integrar el párrafo 1º del apartado 3 del citado precepto.Nos encontramos pues ante un hecho posterior copenado. Se trata de un hecho independiente que se integra en un nuevo tipo penal a través del cual el autor intenta aprovechar la posición alcanzada con la realización del tipo inicial. Además, el segundo precepto penal incluye por sí solo todo el desvalor que supone el primero, siendo suficiente para valorar completamente el hecho. El desvalor captado por la primera figura delictiva está incluido en el desvalor tenido en cuenta por la segunda. Nos hallamos ante un concurso de leyes a resolver por el principio de consunción (artículo 8.3ª del Código Penal), a favor del precepto que sanciona la segunda acción llevada a cabo por el acusado. Por ello, habiéndose cometido éste bajo la vigencia de la Ley Orgánica 1/2015, debe ser ésta la Ley aplicable.
Resumen: Es cierto que el delito de tráfico de drogas, en la medida en que es de mera actividad o de resultado cortado, en el que se castiga cualquier acto de favorecimiento, resulta difícil admitir formas de ejecución distintas a la consumación. Sin embargo, no faltan resoluciones que de modo excepcional han admitido la tentativa en este tipo de delito, así en los supuestos de actos de tráfico atribuidos al adquirente, si este no llegó a alcanzar la posesión inmediata o mediata o una cierta disponibilidad sobre la sustancia estupefaciente, entendiéndose el delito intentado cuando la compraventa de la droga se perfecciona pero no llega a ejecutarse. Tratándose de envío de droga por correo u otro sistema de transporte, es doctrina consolidada que si el acusado hubiera participado en la solicitud u operación de importación, o bien figurase como destinatario de la misma, debe considerársele autor de un delito consumado, por tener la posesión mediata de la droga remitida. En los envíos de droga el delito se consuma siempre que existe un pacto o convenio entre los implicados para llevar a efecto la operación. La apreciación de la tentativa requiere, con arreglo a la doctrina jurisprudencial, no haber participado en las operaciones previas al transporte ni llegar a tener la disponibilidad efectiva de la droga. Lo proporcionado y razonable es que cuanto mayor sea el número de actos ejecutados sea también mayor el peligro inherente al intento, criterio a tener en cuenta para modulara la pena.