Resumen: El error de hecho en la valoración de la prueba no puede invocarse en la impugnación de un auto de sobreseimiento definitivo en el que no existe un auténtico relato de hechos probados a cuya modificación ha de tender aquel motivo. Procede confirmar el sobreseimiento definitivo acordado respecto del delito de simulación de delito atribuido a la guardia civil procesada, ya que no concurren dos de los elementos del tipo, como son la denuncia ante la autoridad competente y que la misma motive una actuación procesal de la jurisdicción militar. Así: la guardia civil se limitó a comparecer ante sus mandos para relatar el posible acoso sexual que había sufrido del hoy recurrente, lo que dio lugar a la apertura de un expediente disciplinario que terminó en sanción; recurrida esta en vía jurisdiccional, se acordó deducir testimonio a la jurisdicción penal militar más de tres años después, por lo que no se aprecia relación de causalidad entre aquella conducta y la actuación de la jurisdicción militar. Sin embargo, procede anular el sobreseimiento de los delitos de falso testimonio de que venían imputados otros dos guardias civiles, ya que, aunque falta el elemento de verdad declarada por una resolución judicial, existen elementos que permiten entender que, de forma consciente y voluntaria, faltaron a la verdad, lo que resulta punible en los casos en que no hay enjuiciamiento -sobreseimiento-, pues de otro modo se reconocería el derecho de los testigos a mentir ante la autoridad judicial
Resumen: La suspensión del plazo de caducidad del expediente para recabar el preceptivo informe del Consejo Superior de la Guardia Civil impide la realización, mientras tanto, de actos de instrucción, por lo que los practicados en dicho tiempo con tal carácter han de carecer de efectos. Sin embargo, el acuerdo adoptado por el instructor de que se le remitiera determinado documento para unirlo al expediente y notificarlo a la parte no tuvo virtualidad alguna en el procedimiento, ya que el documento no fue tenido en cuenta en la resolución final adoptada, por lo que no se alzó tácitamente la suspensión del plazo ni caducó el expediente. La sentencia de instancia no incurrre en incongruencia omisiva, pues da respuesta a la queja del recurrente relativa a la nulidad del procedimiento. No concurren la falta de motivación y la vulneración de la presunción de inocencia denunciados, pues la sentencia de instancia explica pormenorizadamente la prueba de cargo en que se apoya para fijar el relato de hechos probados. La conducta se subsume adecuadamente en el tipo apreciado, pues el recurrente, guardia civil perteneciente al grupo cinológico de la comandancia de su destino como guía de perros, trabajaba como adiestrador canino y director de un centro de adiestramiento privado, actividad relacionada con la desempeñada en la Guardia Civil y claramente incompatible con ella. También impartía cursos de adiestramiento canino, actividad cuyo reconocimiento de compatibilidad le había sido denegado.
Resumen: No concurre irregularidad en el registro del despacho consistorial dada la menor o nula incidencia en el derecho a la intimidad personal o familiar porque el registro tiene que practicarse en un edificio público. El criterio de diferenciación entre el delito de falsedad en documento oficial y los de certificación falsa de radica en que en los últimos, la información mendaz documentada solo cumple la función de adverar o acreditar hechos sin otras finalidades. Por el contrario, en el delito de falsedad en documento oficial, la alteración se muestra de especial gravedad.Existe una especial gravedad, puesto que sin la certificación del recurrente sobre la antigüedad de la construcción y la inexistencia de expediente, la edificación no hubiera obtenido la calificación de obra nueva.La acción del recurrente, consejero de Urbanismo, consistió en haber autorizado el cambio de titularidad de una licencia de obras que se había concedido para la edificación en una finca perteneciente a su pareja , además de conceder una licencia de segregación, todo con conocimiento de que el suelo era no urbanizable y no autorizable.Comportamientos estos que son ajenos a una función de recomendación o advertencia técnico pública, integrándose en una esfera estrictamente decisional y, por ello, esencialmente diferente de la acción típica configurada en la redacción inicial del artículo 439 del Código Penal de 1995. No confluye un periodo desmedido, pero el excesivo tiempo justifica la atenuante simple.
Resumen: El marco de aplicación del deber de autoprotección debe ceñirse a aquellos casos en que consta una omisión patentemente negligente de las más mínimas normas de cuidado o que supongan actuaciones claramente aventuradas y contrarias a la más mínima norma de diligencia.El hecho de que no se hayan adoptado cautelas especiales -pedir avales o celebrar reuniones con todos los demás agentes constructivos- en absoluto equivale a que se haya llevado a cabo una contratación irreflexiva o absurdamente confiada, pues, las obras existían y era viable su realización. Existen supuestos en que se consideraron falsificación punible documentos recibidos por fax, no hallándonos ante documentos públicos, oficiales o mercantiles en los que pudiera ser relevante la individualidad física exacta del ejemplar resultante de la manipulación.Es de aplicación el concurso de normas entre los delitos de estafa y falsedad en documento privado, ya que debe tenerse en cuenta que en la configuración del delito de falsedad en documento privado, no solamente es necesaria una alteración mendaz de uno de los elementos del documento, sino que además es necesario que se produzca un perjuicio -o el ánimo de causarlo- en un tercero, perjuicio que precisamente coincide con el de la estafa por cuyo motivo es necesario aplicar el concurso de normas.Es coautora la acusada. Es autora de la falsificación del recibo, realizada para propiciar la obtención efectiva del lucro que da sentido a toda la actuación delictiva.
Resumen: El dolo de lesionar en el delito de lesiones del art. 149 va referido a la acción, pues el autor conoce o se representa que, como consecuencia de la acción que voluntariamente desarrolla, se va o puede producir unas lesiones. En este caso el resultado es evidente y queda acreditado con el resultado final y la acción es agresiva y directa al ojo con la llevanza de anillos en los dedos. La idoneidad es absoluta en la producción del resultado. No se trató de un mero puñetazo, sino de un golpe directo al ojo con los anillos en los dedos. No es suficiente con que el delito se haya producido en meras circunstancias de tiempo o espacio coincidentes con los propios de la actividad laboral, sino que, además, se requiere que la conducta objeto de sanción guarde alguna relación con el cometido concreto de la actividad laboral. En este caso, hay una absoluta desconexión en la agresión de un empleado a otro y la causación de un resultado dañoso, por cuanto en la redacción del hecho probado no existe un vínculo entre empresa y empleados por el hecho de que uno agreda a otro en el mismo centro empresarial, y aunque lo haga en horario comercial, por cuanto no puede llevar a maximizarse la responsabilidad objetiva o por riesgo, llevando a la empresa a responder por "todo lo que ocurra en su seno" civilmente, por cuanto la agresión queda desconectada de las funciones encargadas al agresor. Debe excluirse a la empresa de la condena como responsable civil subsidiaria del artículo 120.4 del CP.
Resumen: El derecho al secreto de las comunicaciones es independiente del contenido de la comunicación, debiendo respetarse aunque lo comunicado no se integre en el ámbito de la privacidad. En nuestro ordenamiento la principal garantía para la validez constitucional de una intervención telefónica es, por disposición constitucional expresa, la exclusividad jurisdiccional de su autorización, lo que acentúa el papel del Juez Instructor como Juez de garantías. Para la validez constitucional de la medida de intervención telefónica es necesario que concurran los siguientes elementos: a) resolución judicial, b) suficientemente motivada, c) dictada por Juez competente, d) en el ámbito de un procedimiento jurisdiccional, e) con una finalidad específica que justifique su excepcionalidad, temporalidad y proporcionalidad, y f) judicialmente controlada en su desarrollo y práctica.
Resumen: La intervención de ordenadores o del contenido completo de un smartphone, como dispositivos de almacenamiento masivo de información y ordenada con anterioridad a la LO 13/2015 no es nula por falta de disposición legal habilitante que le sirva de soporte; existía jurisprudencia que integraba una posibilidad legal de registro insuficientemente regulada. Agresión sexual con intimidación: Son numerosos los supuestos en los que el amedrentamiento, incluso preordenado a la consecución de un fin concreto y específico, puede proyectarse de modo consciente, y de manera paralelamente compresible para el destinatario, sin necesidad de lenguajes verbales o gestuales manifiestos e incontestables. El contexto, y la forma en que se encadena con la actuación humana, son elementos que -considerando las convenciones humanas y la realidad social en el que se desarrollan- pueden interactuar de una forma tan inseparable y sugerente, que ningún observador ecuánime dudaría sobre su significado o sentido. Participar en la aportación de la violencia o de la intimidación para favorecer que otro consume la penetración, puede ser un acto de autoría material, no de cooperación necesaria, de suerte que no se trataría de un supuesto de participación en el hecho de otro y la aplicación de la cualificación prevista en el artículo 180.1.2.ª CP no supondría el quebranto del principio del non bis in ídem. Imposibilidad de construir la continuidad delictiva cuando los sujetos activos se van turnando.
Resumen: Delito de pertenencia a organización criminal, amenazas graves y tenencia ilícita de armas. Recurso de casación por vulneración del derecho a la presunción de inocencia. Ámbito de control, a través del recurso de casación, de la prueba practicada en la instancia. Recurso de casación por error en la valoración de la prueba, al amparo del artículo 849.2 LECrim. Requisitos de prosperabilidad. Predeterminación del fallo: la referencia a los antecedentes policiales en el relato de hechos probados de la resolución no predetermina el fallo ni supone el empleo de conceptos jurídicos.
Resumen: El derecho a interrogar o hacer interrogar a los testigos de la acusación, como manifestación del principio de contradicción, se satisface dando al acusado una ocasión adecuada y suficiente para discutir un testimonio en su contra e interrogar a su autor en el momento en que declare o en un momento posterior del proceso. La Jurisprudencia contempla que una vez zanjada definitivamente la responsabilidad de unos acusados, y puesto que ya no podría aportarle perjuicio penal un testimonio veraz y distinto del prestado con ocasión de su enjuiciamiento, su declaración ha de ser prestada en condición de testigo, si bien su testimonio debe ser valorado judicialmente en términos racionales y buscar las oportunas corroboraciones que presten una especial consistencia a su versión. El derecho a la obtención de la tutela judicial efectiva en el concreto aspecto de la motivación de la sentencia exige una explicitación suficiente de la concreta pena que se vaya a imponer a la persona concernida. La sentencia impugnada no individualiza la pena impuesta en los términos que exige el artículo 120 CE, 66 y 72 CP cuando el Tribunal sólo alude a la gravedad del hecho y a la proporcionalidad, sin explicar, de forma racional, el concreto ejercicio de la penalidad impuesta. Las dilaciones indebidas son una suerte de prohibición de retrasos en la tramitación que han de evaluarse con el análisis pormenorizado de la causa, mientras que el plazo razonable es un derecho más amplio.
Resumen: La casación en procedimientos competencia de los Juzgados de lo penal permite exclusivamente comprobar que la norma penal sustantiva ha sido correctamente interpretada y aplicada. Para el resto de infracciones posibles el debate queda cerrado con la resolución de la Audiencia Provincial.Esta casación no está reclamada por el derecho a la tutela judicial efectiva, aunque también lo sirva; sino por el principio de seguridad jurídica. No busca tanto dar una solución al caso concreto, como proyectar hacia el futuro una interpretación de la ley penal en un punto controvertido.Lo que se plantea en rigor un problema de subsunción jurídica sino de valoración probatoria, aunque atinente a un elemento interno, como es decidir si el recurrente tenía conocimiento de los requerimientos recibidos y las advertencias que contenían. La sentencia de instancia, ratificada en ese punto por el Tribunal de apelación, lo declara así probado. Pues bien, ahí quedan finiquitadas las posibilidades de cuestionar en el ámbito de la jurisdicción ordinaria (otra cosa es el recurso de amparo) cuestiones probatorias. Las inferencias no son más que una forma de prueba indirecta de hechos internos. Son hechos anímicos, pero "hechos" aunque con una peculiaridad: han de acreditarse a través de elementos externos, deducirse de éstos. Esa deducción es prueba indirecta: de unos hechos externos se infieren otros internos. Tal problemática es ajena a la subsunción jurídica.