• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE LUIS REQUERO IBAÑEZ
  • Nº Recurso: 7821/2019
  • Fecha: 14/07/2020
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Auto de Admisión. Se aprecia interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia en dilucidar si son aplicables los principios y garantías propios del procedimiento administrativo sancionador a la revocación de una licencia de autotaxi, y, en segundo lugar, si es posible obtener como prueba de cargo los datos de los obligados tributarios cedidos por la Administración tributaria para la tramitación de un procedimiento sancionador y su eventual integración en el ilícito del tipo infractor.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SEGUNDO MENENDEZ PEREZ
  • Nº Recurso: 7745/2018
  • Fecha: 14/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se desestima, por pérdida de objeto, el recurso de casación interpuesto conforme a reiterada jurisprudencia que declara que la anulación de una disposición de carácter general por sentencia firme hace desaparecer el objeto de los procesos ulteriores promovidos contra la misma, porque priva a la controversia procesal suscitada de cualquier interés o utilidad real. Además, el respeto a los principios de seguridad jurídica e igualdad (artículos 9.3 y 14 CE) conduce a evitar el riesgo de que un nuevo fallo venga a contradecir una sentencia anterior ya firme, dictada sobre el mismo objeto y con la misma causa de pedir, y ello teniendo en cuenta la existencia de sendas SSTS de 18/10/2018 y 17/01/2020 confirmatorias de otras de la Sala d instancia que declaran la nulidad del Plan objeto de impugnación.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: RAFAEL TOLEDANO CANTERO
  • Nº Recurso: 1187/2018
  • Fecha: 14/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Posibilidad de adopción por la autoridad administrativa que ostenta la competencia de dirección de la policía local (Alcalde) de la medida cautelar de suspensión de funciones hasta la finalización del procedimiento penal por resolución definitiva. Ausencia de necesidad de que se haya impuesto por la jurisdicción penal medida cautelar que impida la prestación de servicios. Imposición de la limitación establecida en la legislación específica del régimen general de funcionarios a los efectos económicos.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE LUIS REQUERO IBAÑEZ
  • Nº Recurso: 5881/2018
  • Fecha: 14/07/2020
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Se admite a trámite el recurso de casación preparado por la Comunidad Autónoma contra sentencia que anuló proceso selectivo. La cuestión en la que se entiende que existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia es la atinente a si el Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, Ley 55/2003, permite y legitima circunscribir la valoración de la formación continuada, en un proceso selectivo como el concernido en este recurso (para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plaza de la categoría de médicos especialistas en medicina familiar y comunitaria del Servicio de Salud de Castilla y León) únicamente a la formación continuada recibida en los 10 últimos años.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE LUIS REQUERO IBAÑEZ
  • Nº Recurso: 8040/2019
  • Fecha: 14/07/2020
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Auto de Admisión. Las cuestiones en las que se entiende que existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia son las siguientes: Si son aplicables los principios y garantías propios del procedimiento administrativo sancionador a la revocación de una licencia de autotaxi, y, segundo, si es posible obtener como prueba de cargo los datos de los obligados tributarios cedidos por la Administración tributaria para la tramitación de un procedimiento sancionador y su eventual integración en el ilícito del tipo infractor.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANGEL AGUALLO AVILÉS
  • Nº Recurso: 3912/2018
  • Fecha: 14/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Siendo una cuestión probatoria la capital en la sentencia, parece que lo aconsejable habría sido inadmitir el recurso, pues el debate sobre la interpretación del artículo 25 TRLHL es superfluo para decidir el recurso de casación, toda vez que, ya sea exigible una memoria económico-financiera completa, ya baste con un estudio razonado de costes (...), el resultado es que aquí se trata de un elemento indiferente para resolver, pues ni uno ni otro constan, ni lo que debe resolverse aquí es si un trámite del procedimiento de elaboración de la ordenanza se ha observado.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE LUIS REQUERO IBAÑEZ
  • Nº Recurso: 7797/2019
  • Fecha: 14/07/2020
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: La Sala Tercera del Tribunal Supremo declara que la cuestión que reviste interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia es la determinación de la incidencia que la posesión de la doble nacionalidad española-venezolana produce sobre la obtención del certificado de emigrante retornado, al objeto de percibir el subsidio por desempleo previsto en el artículo 274.1 c) del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. Y ello, tanto por no existir jurisprudencia que resuelva la cuestión suscitada, como por cuanto se trata de una situación susceptible de extrapolarse a otros supuestos de doble nacionalidad en los que, en definitiva, se podrían plantear las mismas cuestiones.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: OCTAVIO JUAN HERRERO PINA
  • Nº Recurso: 1964/2019
  • Fecha: 13/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: A efectos de la renovación de las autorizaciones de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena, la percepción por el extranjero de una prestación económica asistencial de carácter público como renta de ingresos o inclusión social o análoga, puede considerarse como prestación destinada a lograr su inserción social o laboral. La interpretación de las normas examinadas conduce a la estimación de este recurso, en cuanto el recurrente percibía durante la vigencia de la autorización la Renta de Garantía de Ingresos a que se refiere la Ley autonómica 18/2008 de 23 de diciembre de Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social, que según el art. 3 reconoce un doble derecho: el derecho a acceder a medios económicos suficientes para hacer frente a las necesidades básicas de la vida, y el derecho a disfrutar de apoyos personalizados orientados a la inclusión social y laboral, señalando en el art. 6 que las prestaciones económicas integradas en el Sistema Vasco de Garantía de Ingresos e Inclusión Social se clasifican en: prestaciones económicas de derecho y ayudas económicas subvencionales, incluyéndose entre las primeras la renta de garantía de ingresos, que podrá adoptar dos modalidades: renta básica para la inclusión y protección social y la renta complementaria de ingresos de trabajo.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: WENCESLAO FRANCISCO OLEA GODOY
  • Nº Recurso: 121/2019
  • Fecha: 13/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El TS, tras exponer la naturaleza y presupuestos de la responsabilidad del Estado legislador y su jurisprudencia, recuerda que en la regulación actual de la institución se contemplan dos supuestos, uno general y otro especial: el primero -más difuso- concurre cuando se trata de actos legislativos no expropiatorios que comporten una lesión antijurídica y se establezca en la propia norma legal; el segundo, cuando se trata de una ley declarada inconstitucional. En el presente caso, la Ley 42/98, que no adolece de inconstitucionalidad, utiliza ya un mecanismo de compensación de derechos en el sentido de conceder disfrute temporal de derechos que se ven afectados por la nueva normativa, por lo que el establecimiento de ese régimen transitorio no puede operar como título de imputación, porque el mero hecho de promulgar una Ley no puede generar dicha responsabilidad, ni es apreciable que se hubieran producidos daños particulares a la recurrente diferentes de todos los ciudadanos que se encontrasen en esa misma situación general que el legislador reguló. Es más, el daño solo puede ser imputado a la recurrente, que al adaptar los contratos de aprovechamiento por turnos a las previsiones de la Ley y el límite temporal en ella previsto. El plazo de prescripción en este caso se inicia desde la firmeza de las sentencias de los Tribunales ordinarios que declararon la incorrecta novación de los contratos de aprovechamiento en cuestión.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: OCTAVIO JUAN HERRERO PINA
  • Nº Recurso: 2506/2019
  • Fecha: 13/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Declara el TS, con apoyo en pronunciamientos anteriores, que la legislación sobre extranjería regula un doble sistema de extinción de las autorizaciones de residencia temporal, mutuamente excluyentes: por el transcurso del plazo para el que se hayan expedido (sin necesidad de declaración administrativa, art. 162.1 RD 557/2011) y por las causas del art. 162.2 (que exige resolución del órgano competente para su concesión). El problema se plantea en aquellos supuestos, como ocurre en el presente caso, en los que la constatación de la concurrencia de alguna de las causas del art. 162.2, se produce una vez extinguida la autorización por la vía del art. 162.1. Pues bien, la solución que procede ya ha sido declarada en la STS de 15/01/2020 (rec. 6078/18) cuando señala que la facultad de la Administración para declarar extinguidas las autorizaciones temporales de residencia o de residencia y trabajo contemplada en el artículo 162.2 debe ser ejercitada, inexcusablemente, antes de que dicha autorización haya concluido su plazo inicial de vigencia. Por ello, en el supuesto aquí examinado no podía denegarse la renovación cuando el interesado tenía reconocida con anterioridad el derecho a la Renta de Garantía de Ingresos, que permitía la renovación al amparo de lo dispuesto en el art. 71.2.d) del citado RD 557/2011.

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