Resumen: Sentencia en apelación; por la parte apelante se vuelve a insistir en la necesidad de que se proceda a excluir de la convocatoria la plaza ocupada por la recurrente, en cuanto por su condición de personal interino de larga duración ya se ostentaría la condición de funcionaria.
La sentencia dictada entiende que es incontestable que en nuestro derecho funcionarial la adquisición de la condición de funcionario de carrera se efectúa de forma sucesiva tras la superación de las pruebas selectivas, el nombramiento por la autoridad competente, el juramento o promesa posterior y la ulterior toma de posesión.
La parte apelante considera que se deben interpretar los efectos que pueden desprenderse de la efectividad de la cláusula 5 del Acuerdo Marco sobre el Trabajo de Duración Determinada, de 18 de marzo de 1999, que figura en el anexo de la Directiva 1999/70, debiendo estarse a la interpretación que al respecto se efectúa en la jurisprudencia del TJUE, en la sentencia de 19 de marzo de 2020 de la que se concluye que aun cuando la situación de interinidad permanente, ordinariamente mediante la existencia de sucesivas prórrogas de nombramientos, puede constituir un abuso en la contratación y ello se ha de paliar mediante las fórmulas previstas en nuestro ordenamiento jurídico, no obstante de ello no deriva en ningún caso la conversión automática de la relación funcionarial de carácter interino en otra de funcionario de carrera.
No puede entenderse que el mero desempeño de puestos de trabajo con el carácter de interinidad convierta al funcionario que ha desempeñado tales servicios en funcionario de carácter fijo asimilable al funcionario de carrera.
Resumen: Se estima el recurso de apelación interpuesto revocando la sentencia desestimatoria de la instancia y reconociendo, en su lugar, el derecho del recurrente a obtener la tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión Europea solicitada. Se deniega la solicitud en sede administrativa aduciendo que el recurrente no acredita la cancelación de la inscripción en el Registro de Uniones de Hecho de Castilla y León de la pareja formada por el interesado y la ciudadana comunitaria. Respecto a la conducta personal del interesado consta informe policial desfavorable observándose que constan nuevas diligencias por delito contra la salud pública. Se desestima el recurso en la instancia habida cuenta que el recurrente se encuentra encartado en varios delitos contra la salud pública, así como en uno de riña tumultuaria, de fecha muy reciente; además se decretó su expulsión del territorio nacional sin que conste arraigo alguna salvo la relación con la ciudadana comunitaria que aduce y, en relación con la cual no consta que ayude a la economía familiar. Se estima por la Sala el recurso de apelación interpuesto. Se declara irrelevante la acreditación de la cancelación de la inscripción como pareja de hecho al constar que habían contraído matrimonio. Se centra la controversia en los antecedentes penales y policiales del recurrente de los que se concluye que, a pesar de los antecedentes del recurrente, por la naturaleza de los delitos cometidos su conducta no representa una amenaza actual,real y grave para la sociedad.
Resumen: La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en determinar la naturaleza y efectos del tratamiento diferenciado que debe darse a las personas en situación específica de vulnerabilidad solicitantes de protección internacional prevista en el artículo 46 de la Ley 12/2009, desde la perspectiva tanto procedimental como sustantiva, en su caso; cuándo es preciso dicho tratamiento, y su trascendencia en relación con la posibilidad de obtención de una autorización de estancia por razones humanitarias prevista en el artículo 37 de la Ley 12/2009.
Resumen: La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en determinar la incidencia de la Orden PCM/170/2022, de 9 de marzo -por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 8 de marzo de 2022, por el que se amplía la protección temporal otorgada en virtud de la Decisión de Ejecución (UE) 2022/382 del Consejo de 4 de marzo de 2022 a personas afectadas por el conflicto de Ucrania que puedan encontrar refugio en España- en la situación del extranjero solicitante de asilo y protección subsidiaria.
Resumen: La Sala desestima el recurso de apelación contra la sentencia que desestimó el recurso contencioso interpuesto contra la sanción de expulsión por estancia irregular al constituir el extranjero una amenaza real, actual y suficientemente grave para el orden público o la seguridad pública. El recurrente posee un extenso historial delictivo, con múltiples condenas firmes por delitos de robo, hurto y violencia doméstica, tanto en España como en tribunales europeos, que evidencian una conducta reiterada y grave que atenta contra bienes jurídicos esenciales y que justifica la expulsión. Aun cuando cuenta con una hija menor de nacionalidad española no acredita suficientemente la convivencia ni la existencia de La Sala confirma que la falta de arraigo social y la continuidad delictiva constituyen una amenaza grave para un interés fundamental de la sociedad, conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y que la condición de padre de una menor española no excluye automáticamente la expulsión si no se demuestra la prevalencia de la vida familiar.
Resumen: La cuestión que presenta interés casacional objetivo consiste en determinar la posible incidencia de la pendencia de la impugnación administrativa de la denegación de la solicitud de asilo en relación con la posible obtención por parte del solicitante de una autorización de residencia temporal por razones de arraigo laboral. Véanse como precedentes jurisprudenciales las siguientes sentencias: STS n.º 103/2024, de 24 de enero (RCA 8727/2022), n.º 929/2025, de 7 de julio (RCA 5746/2023) y STS n.º 932/2025, de 7 de julio (RCA 5743/2023
Resumen: La Sala estima el recurso porque la sentencia impugnada declaró la situación de abuso en la contratación de forma automática, sin hacer absolutamente ningún examen de las circunstancias del asunto y sin explicar las razones por las que el criterio jurisprudencial sentado por la sentencia de 26 de septiembre de 2018 (rec. 1395/2017) resultaría aplicable en este caso. La Sala aprecia que todos los indicios, las actuaciones efectuadas por la Administración, tales como llamamientos diversos para distintas plazas o convocatoria de proceso selectivo, conducen más bien a la solución contraria. Considera que la mera referencia a los años de prestación de servicios como funcionario interino no resulta bastante para inferir de modo automático la situación de abuso que declara la sentencia impugnada. Según señala, esa declaración debe inferirse de una serie de circunstancias concretas y específicas que, por lo que hace al caso, exigía examinar el sistema de lista de interinos aplicable, según la expresada Orden ECD/697/2017, de 24 de julio, analizar el tipo de sucesión de los diversos nombramientos, y valorar si la prestación de servicios se hizo en uno o en varios centros. Además, debía justificarse el tipo de vacante que se estaba cubriendo, si las funciones docentes fueron o no idénticas, y, en fin, si se produjo la presentación a los procesos selectivos convocados al respecto.
Resumen: La sentencia reitera doctrina anterior señalando que los años de prestación de servicios como funcionario interino no resultan un elemento de juicio suficiente para inferir de modo automático que se haya producido la situación de utilización abusiva de nombramientos temporales, para inferir que se ha producido tal reiteración abusiva debe analizarse el conjunto de circunstancias concurrentes en el caso concreto de que se trate y, en particular, a la vista de si las necesidades cubiertas por dichos nombramientos fueron de carácter permanente o estructural o bien meramente de naturaleza accidental u ocasional.
Resumen: La cuestión que presenta interés casacional objetivo consisten en determinar qué condición se debe exigir a los técnicos que emiten informes en procedimientos de control urbanístico, en cuanto a su régimen jurídico, funcionarial o laboral, y su pertenencia a un determinado cuerpo o escala o basta una habilitación para el ejercicio de funciones diferentes y superiores a las del cuerpo o escala de pertenencia, todo ello en relación con la validez del acto administrativo adoptado con base en dichos informes.
Resumen: La resolución denegatoria impugnada se fundamenta en que la recurrente carecía del preceptivo visado para acceder al territorio nacional. En el recurso de apelación se aduce que la recurrente disponía de los documentos necesarios para entrar en España; que el motivo del viaje era hace turismo y asistir al concierto de Madonna, disponiendo de entrada para el concierto, reserva de alojamiento y billete de regreso; que es dentista en Estados Unidos y disponía de tarjeta bancaria y que todo fue un error de la agencia de viajes, ya que desconocía que tuviera que disponer de visado. La Sala indica que es haitiano, que llevaba más de un año preparando el viaje y que fue un error de la agencia de viajes, por lo que desestima el recurso.
