Resumen: A efectos de la renovación de las autorizaciones de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena, la percepción por el extranjero de una prestación económica asistencial de carácter público como renta de ingresos o inclusión social o análoga, puede considerarse como prestación destinada a lograr su inserción social o laboral. La interpretación de las normas examinadas conduce a la estimación de este recurso, en cuanto el recurrente percibía durante la vigencia de la autorización la Renta de Garantía de Ingresos a que se refiere la Ley autonómica 18/2008 de 23 de diciembre de Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social, que según el art. 3 reconoce un doble derecho: el derecho a acceder a medios económicos suficientes para hacer frente a las necesidades básicas de la vida, y el derecho a disfrutar de apoyos personalizados orientados a la inclusión social y laboral, señalando en el art. 6 que las prestaciones económicas integradas en el Sistema Vasco de Garantía de Ingresos e Inclusión Social se clasifican en: prestaciones económicas de derecho y ayudas económicas subvencionales, incluyéndose entre las primeras la renta de garantía de ingresos, que podrá adoptar dos modalidades: renta básica para la inclusión y protección social y la renta complementaria de ingresos de trabajo.
Resumen: El TS, tras exponer la naturaleza y presupuestos de la responsabilidad del Estado legislador y su jurisprudencia, recuerda que en la regulación actual de la institución se contemplan dos supuestos, uno general y otro especial: el primero -más difuso- concurre cuando se trata de actos legislativos no expropiatorios que comporten una lesión antijurídica y se establezca en la propia norma legal; el segundo, cuando se trata de una ley declarada inconstitucional. En el presente caso, la Ley 42/98, que no adolece de inconstitucionalidad, utiliza ya un mecanismo de compensación de derechos en el sentido de conceder disfrute temporal de derechos que se ven afectados por la nueva normativa, por lo que el establecimiento de ese régimen transitorio no puede operar como título de imputación, porque el mero hecho de promulgar una Ley no puede generar dicha responsabilidad, ni es apreciable que se hubieran producidos daños particulares a la recurrente diferentes de todos los ciudadanos que se encontrasen en esa misma situación general que el legislador reguló. Es más, el daño solo puede ser imputado a la recurrente, que al adaptar los contratos de aprovechamiento por turnos a las previsiones de la Ley y el límite temporal en ella previsto. El plazo de prescripción en este caso se inicia desde la firmeza de las sentencias de los Tribunales ordinarios que declararon la incorrecta novación de los contratos de aprovechamiento en cuestión.
Resumen: Declara el TS, con apoyo en pronunciamientos anteriores, que la legislación sobre extranjería regula un doble sistema de extinción de las autorizaciones de residencia temporal, mutuamente excluyentes: por el transcurso del plazo para el que se hayan expedido (sin necesidad de declaración administrativa, art. 162.1 RD 557/2011) y por las causas del art. 162.2 (que exige resolución del órgano competente para su concesión). El problema se plantea en aquellos supuestos, como ocurre en el presente caso, en los que la constatación de la concurrencia de alguna de las causas del art. 162.2, se produce una vez extinguida la autorización por la vía del art. 162.1. Pues bien, la solución que procede ya ha sido declarada en la STS de 15/01/2020 (rec. 6078/18) cuando señala que la facultad de la Administración para declarar extinguidas las autorizaciones temporales de residencia o de residencia y trabajo contemplada en el artículo 162.2 debe ser ejercitada, inexcusablemente, antes de que dicha autorización haya concluido su plazo inicial de vigencia. Por ello, en el supuesto aquí examinado no podía denegarse la renovación cuando el interesado tenía reconocida con anterioridad el derecho a la Renta de Garantía de Ingresos, que permitía la renovación al amparo de lo dispuesto en el art. 71.2.d) del citado RD 557/2011.
Resumen: La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia es determinar si, en aplicación de los artículos 9.3 y 12.1 de la Directiva 2003/109/CE y 57.2 y 5 de la LOEX, procede la expulsión automática de extranjeros -residentes de larga duración- condenados por delitos dolosos sancionados con penas superiores a un año (salvo que los antecedentes estén cancelados), o, por el contrario, les es de aplicación lo dispuesto en el apartado 12 de la Directiva 2003/109/CE del Consejo, debiendo precisarse, en este caso, cuándo cabe entender que el residente de larga duración representa una amenaza real y suficientemente grave para el orden público o la seguridad pública y, a este respecto, cuándo es el momento en que debe realizarse esa valoración de las circunstancias personales del extranjero -en este caso residente de larga duración en España- considerando además, como es el caso, que la condena penal ha sido impuesta por un órgano jurisdiccional de otro país la Unión Europea -Bélgica-.
Resumen: La controversia tiene origen en la solicitud de un particular, dirigida al Ministerio de Fomento, a fin de que, al amparo de la Ley de Transparencia se le dé acceso a las actas y acuerdos de los consejos de administración de la Autoridad Portuaria mencionada de los años 2015 a 2018; solicitud que fue desestimada por concurrir circunstancias limitativas y no apreciarse un interés superior que justificase dicho acceso. Parece conveniente un nuevo pronunciamiento de este Tribunal a fin de aclarar si el derecho de acceso a la información pública permite acceder al contenido tanto de las actas de reuniones como de los acuerdos adoptados por órganos colegiados o si, por el contrario, las actas de reuniones y deliberaciones quedan excluidas de dicho acceso en aplicación del límite previsto en el artículo 14.1.k) Ley de Transparencia. Resulta asimismo oportuno determinar si la confidencialidad y el secreto requerido en procesos de toma de decisiones a que alude el mencionado precepto requiere de una ponderación que atienda a diversas circunstancias que puedan modular su aplicación como, por ejemplo, que tales procesos de toma de decisiones o deliberaciones hayan finalizado.
Resumen: La Sala estima el recurso. La respuesta a la cuestión een el auto de admisión, consistente en la imposibilidad de aportación de la documentación expresada (certificado de nacimiento legalizado y certificado de antecedentes penales, del país de origen), no puede implicar, necesariamente, el rechazo de la solicitud de concesión de nacionalidad por razón de residencia, por cuanto habrán de ponderarse, en conjunto, todas las circunstancias que concurran en el solicitante de la nacionalidad, puestas de manifiesto por el mismo, o aportadas de oficio por la Administración, con la finalidad de poder justificar "buena conducta cívica y suficiente grado de integración en la sociedad española". Dado que la solicitante había acreditado su buena conducta cívica por este último medio y dado, asimismo, que el Consulado de Marruecos no expedía el certificado por razones ajenas a la diligencia de la solicitante, la ponderación de las circunstancias hecha por el tribunal a quo debe reputarse correcta: la buena conducta cívica debía tenerse por acreditada aun en ausencia del certificado de antecedentes penales del país de origen.
Resumen: Recuerda la Sala que la orden impugnada lo ha sido en ejecución de previas SSTS. La modificación del coste del combustible no puede ampararse en el régimen de revisión de los parámetros retributivos establecido normativamente pues la fijación del coste del combustible del año 2014 en la orden impugnada, junto al resto de los valores y parámetros relativos a los costes de explotación de ese ejercicio, así como también la reducción hasta su práctica eliminación de otros ingresos de explotación (calor útil), son consecuencia de la anulación de los valores y parámetros determinados por la Orden IET/1045/2014 y el consiguiente mandato a la Administración para que los sustituyera por una nueva regulación que debía fijar unos parámetros y valores ajustados a la realidad y a los estándares del sector. La Sala considera razonable la utilización, en este caso excepcional, de los datos históricos o ya conocidos del precio del combustible, pues el hecho de dictarse la orden impugnada en ejecución de una STS que así lo dispuso, en sustitución de una orden anterior contraria a derecho, pudo la nueva disposición general utilizar el dato real del precio del combustible, como "mejor valor disponible", en lugar de los datos necesariamente más inciertos e inexactos basados en estimaciones de futuro, a los que necesariamente debe acudirse cuando se efectúa una regulación "ex ante". Desestima la pretendida infracción del principio de igualdad porque el trato diferente está justificado.
Resumen: No ha lugar al recurso contencioso administrativo deducido contra Acuerdos del Consejo de Ministros, de 15 de febrero y 15 de marzo de 2019, que acordaron la exhumación y posterior inhumación de los restos mortales de Francisco Franco Bahamonde. Reconocida por la Sala la legitimación activa, desestima el recurso con remisión literal a sentencias anteriores, dado que se impugnaban los mismos actos administrativos que ahora se recurren y los motivos de impugnación eran sustancialmente iguales a los que ahora se invocan, para desestimar el recurso contencioso-administrativo, pues no advierte la Sala, a tenor de los fundamentos invocados en el escrito de demanda y sobre los que se sustenta la pretensión de nulidad esgrimida, razones que puedan alterar ni la conclusión, ni los fundamentos, de las citadas Sentencias que le sirven de precedente, por ser los actos administrativos impugnados, atendidos los motivos alegados, conformes con el ordenamiento jurídico, al no haber infracción de la legalidad urbanística ni de sanidad mortuoria, sin necesidad de plantear cuestión de inconstitucionalidad.
Resumen: Reglamento 2/2018 para el cumplimiento de la Ley 15/2003, de 26 de mayo, reguladora del régimen retributivo de las Carreras Judicial y Fiscal, en lo relativo a las retribuciones variables. Desestimación. No existe duda que se cumple el principio de reserva orgánica. La Ley 15/2003 no hace más que profundizar en el contenido esencial modelado por el legislador orgánico, siendo el reglamento desarrollo de la previsión legal. Un componente retributivo como el que nos ocupa posee un evidente componente de productividad, que debe combinarse con el de calidad. No se considera que el Reglamento atienda sólo a criterios productivistas. No basta con descalificar el método seguido, sino justificar y acreditar que el método utilizado da lugar a lesiones constitucionales. No se aprecia arbitrariedad. La jornada laboral fijada no es arbitraria ni discriminatoria. La carga de trabajo la impone el art. 9 de la Ley 15/2003, cuya constitucionalidad no ha sido cuestionada. Respecto de los informes que hace de menos la recurrente, no hay ningún precepto que exija esos informes para elaborar la disposición aquí impugnada. La información requerida para la cumplimentación de las declaraciones a efectos de la retribución variable son diferentes de los que se facilitan a efectos de la estadística judicial, y la previsión contenida en el art. 4.1 entra dentro de lo que es la discrecionalidad técnica del CGPJ.
Resumen: Archivo de las actuaciones previas informativas en materia de protección de datos, por hechos relativos al decanato de los juzgados de Vinaròs. Desestimación. El dato del domicilio de la recurrente proviene de un fichero judicial, al incorporarse los datos de las denuncias que había formulado ante la Guardia Civil por supuestos actos delictivos cometidos contra su persona, y la entrega del dato domiciliar al Ministerio Fiscal se hace en el marco de una actuación de naturaleza jurisdiccional, por lo que la entrega del dato domiciliar al Ministerio Fiscal es perfectamente regular, pues el artículo 11.2.d) de la Ley Orgánica de Protección de Datos 11/1999 exime expresamente del consentimiento del afectado para la comunicación de un dato personal a un tercero "cuando la comunicación tenga por destinatario al Defensor del Pueblo, el Ministerio Fiscal o los Jueces o Tribunales o el Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas".