Resumen: Admisión. Licitud del tratamiento de datos personales con fines de mercadotecnia, a pesar de no haber otorgado el interesado su consentimiento. Las primeras dos cuestiones que se plantean se inadmiten, al igual que en el ATS de 5-12-2019 (rec. casación 3753/2019). Y ello, por cuanto no se ha combatido la razón de decidir de la sentencia. En lo que respecta a la infracción relativa a la no apreciación de la infracción continuada, la parte no combate el razonamiento contenido en el F. J. 5º, referido a las infracciones individualizadas y la naturaleza del bien protegido. En relación a la infracción concerniente al uso indebido por la Adm. de las actuaciones previas, no se intenta combatir el razonamiento del F. J. 6º, relativo a la pertinencia de las mismas y la inexistencia de prueba alguna en su uso desviado. Finalmente, se admite el recurso respecto a la 3ª de las infracciones denunciadas. La cuestión planteada en el recurso que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en determinar si, conforme al artículo 6.1.f) del Reglamento (UE) 2016/679, interpretado a la luz de los considerandos 47 in fine y 70 del mismo Reglamento, puede considerarse lícito el tratamiento de datos personales con fines de mercadotecnia directa cuando, a pesar de no haber otorgado el interesado su consentimiento, concurriere un interés legítimo en el responsable del tratamiento.
Resumen: Admisión a trámite del recurso de casación. La cuestión planteada en el recurso que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en determinar si, conforme al artículo 6.1.f) del Reglamento (UE) 2016/679, interpretado a la luz de los Considerandos 47 in fine y 70 del mismo Reglamento, puede considerarse lícito el tratamiento de datos personales con fines de mercadotecnia directa cuando, a pesar de no haber otorgado el interesado su consentimiento, concurriere un interés legítimo en el responsable del tratamiento.
Resumen: Adquisición nacionalidad española por residencia. Requisitos. Suficiente grado de integración social. Idioma castellano. Conceptos jurídicos indeterminados, única solución justa. La Sala recoge doctrina y jurisprudencia sobre el citado requisito. En el caso concreto, se recoge que en el acta de la audiencia consta que el recurrente no habla y entiende el castellano. Continúa la Sala afirmando que difícilmente puede conseguirse una integración si no se conoce el medio de expresión utilizado -el idioma común de obligatorio conocimiento- por los miembros de la sociedad respecto de la cual se manifiesta la voluntad de ser nacional. Por la edad del solicitante y viviendo en España desde el año 2000, es difícilmente justificable su carencia idiomática.
Resumen: Declara el Tribunal que el principio de igualdad veda la posibilidad de un trato desigual, ante la Ley o en aplicación de la Ley, sin fundamento objetivo y razonable, a personas que se encuentran en igual situación. Dicho esto, la funcionaria recurrente en modo alguno prueba que recibiese el complemento de forma individual, pactada y reconocida con carácter permanente, y no sujeto a evaluación trimestral, como tampoco que otras compañeras en idéntica situación lo percibieran. Como no siendo una cuantía fija y periódica, esta sometido su reconocimiento a la previa valoración de su productividad.
Resumen: En el presente caso, la recurrente impugna la resolución que desestima su solicitud de protección internacional. El hecho en el que sustenta su solicitud es la de que su familia no aceptaba la relación que mantenía con un joven porque era ahijado de su madre, por lo que ésta consideraba qué eran como hermanos. En la sentencia, tras exponer la normativa aplicable y los criterios jurisprudenciales que la interpretan, analiza el relato ofrecido por la actora, y por extensión a otros miembros del grupo familiar, confirma la resolución impugnada, declarando que lo único que alega la demandante es que se ha prescindido de una valoración real y objetiva de su relato y que existen motivos suficientes para la concesión del estatuto de refugiado. La situación de la mujer en Georgia, no es tal, como para considerar que la pareja que quería contraer matrimonio en contra del parecer de sus familias pueda ser objeto de persecución en los términos previstos en el artículo 6 de la Ley 12/2009. El informe de Human Rights Watch que ahora cita la demandante en su escrito fue tenido en cuenta por el Ministerio del Interior a la hora de resolver esta solicitud. En la resolución recurrida consta que fue consultado el 7 de febrero de 2017. Se remite a los criterios expuestos en otras sentencias en relación con la situación de la mujer en Georgia, y concluye que no existe la mínima actividad probatoria para acreditar el relato ofrecido. Por ello, desestima el recurso.
Resumen: Protección internacional. Derecho de asilo y protección subsidiaria. Marruecos. La Sala recoge doctrina y jurisprudencia sobre el reconocimiento de la condición de refugiado. Relato de discriminación en Argelia, por el origen marroquí del solicitante. Relato vago e impreciso, excesivamente genérico e impersonal. Se confirma la denegación de la protección internacional, considerando que tampoco procede la permanencia en España por razones humanitarias, por la enfermedad que se alega.
Resumen: Orden ETU/258/2017, de 24 de marzo, por la que se establecen las obligaciones de aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética en el año 2017. Desestimación del recurso. La Orden no es una disposición general sino un acto administrativo, por lo que no se aplican los trámites e informes de las disposiciones generales. El sistema implantado por la Ley 18/2014 y desarrollado por la Orden impugnada es susceptible de alcanzar los objetivos establecidos por la Directiva 2012/27. Sobre la imposición de la obligación de ahorro energético sólo a parte de los sujetos de los sistemas de gas y electricidad, el legislador ha tenido en cuenta determinados criterios de política económica que, sean o no acertados, son objetivos y no discriminatorios. La contribución financiera al FNEE de los sujetos obligados no tiene naturaleza tributaria. No se infringe el principio de reserva de ley, pues es una norma de rango legal -la Ley 18/2014- la que define y delimita los elementos configuradores de la obligación de ahorro energético cuestionada. No existe una regulación reglamentaria que permita objetivar la acreditación y cuantificación de los ahorros energéticos logrados por cada sujeto obligado, e imponer a la Administración esa suerte de compensación individualizada, socavaría la base misma del sistema instaurado.
Resumen: La Sala confirma el Auto dictado en la instancia por el que se autorizaba al Ayuntamiento la entrada en domicilio con la finalidad de proceder a la retirada de enseres, basuras y detritus. Parte de la premisa de que ahora apelantes tuvieron, a lo largo de la tramitación del expediente administrativo, la oportunidad de llevar a cabo las labores de limpieza y saneamiento requeridas por la Administración municipal, y es lo cierto que no lo hicieron. A ello añade que la entrada domiciliaria autorizada no tiene la finalidad de privar a los interesados y a su hijo, ni siquiera de forma temporal, de la ocupación de la vivienda, no resulta procedente supeditar la autorización solicitada al realojo pretendido por aquellos (FD 3º).
Resumen: Orden ETU/257/2018, de 16 de marzo, por la que se establecen las obligaciones de aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética en el año 2018. Desestimación del recurso. La Orden impugnada no es una disposición de carácter general, por lo que se rechazan como motivos invalidantes de la Orden impugnada la ausencia de una serie de trámites e informes preceptivos, exigibles cuando de la elaboración y aprobación de una disposición general se trate. El sistema implantado por la Ley 18/2014 y aplicado por la Orden impugnada es susceptible de alcanzar los objetivos establecidos por la Directiva 2012/27. En cuanto a los sujetos obligados, el legislador ha tenido en cuenta determinados criterios de política económica que, sean o no acertados, son objetivos y no discriminatorios. Si la elección de sujetos obligados es conforme a la Directiva aludir a la infracción de la libre competencia por la selección de sujetos hecha por el legislador español, cuando es la propia normativa de la UE la que permite tal selección, no puede prosperar. El Derecho español ha traspuesto correctamente la Directiva, por lo que en principio es difícil que pueda infringir las normas de la propia UE, en este caso sobre ayudas de Estado. La contribución financiera al FNEE de los sujetos obligados no tiene naturaleza tributaria. No se infringe el principio de reserva de ley. Los sujetos obligados tuvieron acceso a toda la información utilizada para el cálculo de los "Ajustes 2017".
Resumen: La orden no es una disposición general, por lo que debe rechazarse los motivos en torno a la ausencia de trámite preceptivos propio de aquellas. Según la STJUE que responde la cuestión prejudicial comunitaria, la orden no puede ser considerada incompatible con la directiva. Aunque la compatibilidad efectiva ha de verificarse mediante los programas y de los informes del IDAE se puede inferir que son susceptibles de cumplir los objetivos. No existe discriminación en cuanto a la elección de los obligados; se han tenido en cuenta criterios de política económica que, ya sean acertados o no, son objetivos. La contribución tiene el carácter de prestación patrimonial de naturaleza no tributaria. No se vulnera el principio de reserva legal. No puede prosperar la infracción del principio de libre competencia, pues la elección de los sujetos obligados se ha hecho conforme a la directiva. Además, los principios de igualdad o de libre competencia se desarrollan a partir de la existencia de un marco jurídico general regulador de cada actividad económica según ésta venga configurada por las Leyes y es razonable que tenga incidencia en la operativa. Tampoco es constitutivo de ayuda de Estado proscrita, ya que no hay prueba sobre sus efectos distorsionadores. No existe arbitrariedad en la elección de los obligados (operadores al por mayor de productos petrolíferos y de gases licuados del petróleo) y no es discriminatorio. Finalmente, el ajuste solicitado ya viene previsto en la orden.