• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: PABLO MARIA LUCAS MURILLO DE LA CUEVA
  • Nº Recurso: 4873/2017
  • Fecha: 20/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Función Pública. Personal laboral fijo que presta servicios en los centros e instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León. Proceso de integración como personal estatutario. Se suscita la cuestión de sí el personal que preste servicios para los entes de gestión (como las fundaciones) de los sistemas públicos de salud puesde ser considerado como personal de "centros, instituciones o servicios de salud" a efectos de poder participar en los procedimientos de integración directa en la condición de personal estatutario, toda vez haber resultado excluido de los mismos por la orden de convocatoria, la que fuera anulada por la sentencia impugnada. Se confirma la sentencia de instancia. No es posible afirmar que la normativa de aplicación excluya al personal que preste servicios para los entes de gestión (como las fundaciones) de los sistemas públicos de salud, a los efectos de participar en los procesos de integración directa en la condicion de personal estatutario, pues realmente prestan servicios en Centros Sanitarios de la Administración.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: PABLO MARIA LUCAS MURILLO DE LA CUEVA
  • Nº Recurso: 4793/2017
  • Fecha: 20/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Función Pública. Personal laboral fijo que presta servicios en los centros e instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León. Proceso de integración como personal estatutario. Se suscita la cuestión de sí el personal que preste servicios para los entes de gestión (como las fundaciones) de los sistemas públicos de salud puesde ser considerado como personal de "centros, instituciones o servicios de salud" a efectos de poder participar en los procedimientos de integración directa en la condición de personal estatutario, toda vez haber resultado excluido de los mismos por la orden de convocatoria, la que fuera anulada por la sentencia impugnada. Se confirma la sentencia de instancia. No es posible afirmar que la normativa de aplicación excluya al personal que preste servicios para los entes de gestión (como las fundaciones) de los sistemas públicos de salud, a los efectos de participar en los procesos de integración directa en la condicion de personal estatutario, pues realmente prestan servicios en Centros Sanitarios de la Administración.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: PABLO MARIA LUCAS MURILLO DE LA CUEVA
  • Nº Recurso: 6004/2017
  • Fecha: 20/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Ha lugar al recurso de casación interpuesto contra sentencia que, en segunda instancia, confirmó el proceso selectivo extraordinario de consolidación de empleo temporal de personal funcionario para el acceso a la categoría de Inspector Técnico de Calidad y Consumo, Grupo A, Subgrupo A2. Admitido en su día el recurso de casación, porque la cuestión que tenía interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia era si cabe entender, a los efectos de valorar como mérito la experiencia profesional desarrollada, que no existe equivalencia o igualdad de categorías, pese a tener funciones comunes, por el hecho de exigirse para acceder a las mismas una titulación específica integrada en diferentes subgrupos de titulación. El TS responde, con remisión a un precedente en la Sala, que la existencia o inexistencia de equivalencia o igualdad funcional entre las categorías viene determinada por el juicio al que se llegue sobre el contenido material de las que se confrontan efectivamente desempeñado por quien pretende la valoración del mérito, sin que sea obstáculo la titulación siempre que se posea la exigida por la convocatoria para desempeñar la plaza de que se trate. Aplicando esta doctrina, anula la sentencia recurrida en casación, y, en consecuencia, se valida la sentencia del juzgado por la que estimando en parte la demanda, ordenó la retroacción de las actuaciones para que por el tribunal calificador se le valoraran los méritos por experiencia profesional
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANGEL AGUALLO AVILÉS
  • Nº Recurso: 5680/2018
  • Fecha: 19/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Interpretación los artículos 4, 65 y 77 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. Un municipio no estaba obligado a considerar nula la Ponencia de Valores en los términos declarados -para otros contribuyentes- por el TSJ de Valencia habida cuenta que el órgano judicial competente para enjuiciar aquella Ponencia (Audiencia Nacional) la ha declarado -por sentencia firme- ajustada a Derecho.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE DIAZ DELGADO
  • Nº Recurso: 3876/2017
  • Fecha: 19/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: a) Determinar si el impuesto sobre el daño medioambiental causado por determinados usos y aprovechamientos del agua embalsada de la Comunidad Autónoma de Galicia, creado por la Ley autonómica 15/2008, de 19 de diciembre tiene o no naturaleza extrafiscal. b) Desentrañar si el citado impuesto vulnera los principios de generalidad e igualdad, al tener como destinatarios únicamente a quienes realicen cualquiera de las actividades señaladas en el artículo 6 de la mencionada ley. c) Dilucidar si infringe el principio de reserva de ley en materia tributaria la determinación de la cuota tributaria sobre la base de definir el concepto de "salto bruto del aprovechamiento" mediante la aplicación del concepto establecido en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico. d) Esclarecer la adecuación del impuesto gallego objeto de recurso al principio "quien contamina paga" del artículo 191.2 TFUE y con la normativa delimitadora de la política medioambiental de la Unión Europea.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANGEL AGUALLO AVILÉS
  • Nº Recurso: 6565/2018
  • Fecha: 19/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Impuesto sobre Bienes Inmuebles.Dualidad gestión catastral-gestión tributaria y sus consecuencias cuando, como sucede en el caso, el contribuyente impugna, en tiempo y forma y ante las autoridades estatales competentes, la valoración asignada a los inmuebles de su propiedad. El principio de buena administración exige que, conocedor el ayuntamiento de la nulidad de los valores catastrales en los que amparó su liquidación de IBI, deba dejar sin efecto tal liquidación cuando le consta indubitadamente dicha nulidad.La Hacienda Local, por tanto, debe dejar sin efecto las liquidaciones correspondientes, a salvo su derecho, en los términos que legalmente procedan, a emitir nuevas liquidaciones conforme a los valores que, finalmente, sean declarados ajustados a Derecho. La segunda cuestión debe responderse señalando que no cabe que la declaración en sentencia firme de que una Ponencia carece de Estudio de Mercado, realizada a los solos efectos de analizar la concreta impugnación del valor catastral efectuada por un concreto contribuyente respecto del IBI que le fue girado, se sitúe por encima de un pronunciamiento judicial, también firme, pero realizado por el órgano judicial competente para analizar la legalidad de dicho acto y en el que se declara ajustada a Derecho esa Ponencia al no apreciar aquel vicio formal, señalando, además, que consta el Estudio de Detalle y que la Ponencia está motivada.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE DIAZ DELGADO
  • Nº Recurso: 3875/2017
  • Fecha: 19/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Rectificación censal concerniente al Censo telemático de aprovechamientos hidráulicos para usos industriales, respecto del Impuesto sobre el daño medioambiental causado por determinados usos y aprovechamientos del agua embalsada [en adelante «IDMAE»], en relación con el embalse de Guístolas, aprovechamiento Pontenovo.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE DIAZ DELGADO
  • Nº Recurso: 3672/2018
  • Fecha: 19/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Remisión íntegra a la STS 1163/2018, de 9 de julio (casación 6226/2017). Los artículos 107.1 y 107.2 a) del TRLHL, a tenor de la interpretación de la STC 59/2017 incurren sólo en una inconstitucionalidad y nulidad parcial. Son constitucionales y resultan plenamente aplicables en todos aquellos supuestos en los que el obligado tributario no ha logrado acreditar que la transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título no ha puesto de manifiesto un incremento de su valor. El artículo 110.4 TRLHL es inconstitucional y nulo en todo caso porque impide a los sujetos pasivos que puedan acreditar la existencia de una situación inexpresiva de capacidad económica. Corresponde al obligado tributario probar la inexistencia de incremento de valor del terreno onerosamente transmitido. Para acreditar que no ha existido la plusvalía gravada por el IIVTNU podrá el sujeto pasivo ofrecer cualquier principio de prueba, que al menos indiciariamente permita apreciarla, como es la diferencia entre el valor de adquisición y el de transmisión que se refleja en las correspondientes escrituras públicas; optar por una prueba pericial que confirme tales indicios; o, en fin, emplear cualquier otro medio probatorio ex artículo 106.1 LGT que ponga de manifiesto el decremento de valor del terreno transmitido y la consiguiente improcedencia de girar liquidación por el IIVTNU. Aportada dicha prueba por el obligado tributario, deberá ser la Administración la que pruebe en contra la plusvalía.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANGEL AGUALLO AVILÉS
  • Nº Recurso: 3896/2017
  • Fecha: 19/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Impuesto sobre el daño medioambiental causado por determinados usos y aprovechamientos del agua embalsada (IDMAE) de la Comunidad Autónoma de Galicia, creado por la Ley autonómica 15/2008, de 19 de diciembre. El acto recurrido en el proceso de instancia es de mera rectificación censal. No cabe utilizar abusivamente el proceso contencioso-administrativo para canalizar pretensiones de inconstitucionalidad o de disconformidad con el derecho de la Unión Europea, prescindiendo para ello de la impugnación concreta del acto de aplicación en que debería aparecer el juicio de relevancia. Sobre la noción legal de salto bruto de agua no hay infracción del principio de reserva de ley ni deslegalización en favor del reglamento.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: EDUARDO CALVO ROJAS
  • Nº Recurso: 206/2018
  • Fecha: 18/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La orden impugnada no es una disposición general sino un acto administrativo, por lo que no resultan exigibles los trámites e informes de las disposiciones generales. El sistema implantado por la Ley 18/2014 y aplicado por la Orden impugnada es susceptible de alcanzar los objetivos establecidos por la Directiva 2012/27/UE, y en este sentido se pronunció el TJUE declarando la compatibilidad de la contribución anual a un Fondo Nacional de Eficiencia Energética con el Derecho europeo, siempre que se cumplan determinadas condiciones. Sobre la imposición de la obligación de ahorro energético sólo a parte de los sujetos de los sistemas de gas y electricidad: la opción del legislador se basa en criterios objetivos que no pueden ser tachados de discriminatorios. Siendo la elección de sujetos obligados conforme a la Directiva, no puede prosperar la alegada infracción de los principios de libre competencia y la prohibición de ayudas de Estado, fundada en la infracción del Derecho europeo. La contribución financiera al FNEE de los sujetos obligados no tiene naturaleza tributaria. No se infringe el principio de reserva de ley, pues es una norma de rango legal -la Ley 18/2014- la que define y delimita los elementos configuradores de la prestación patrimonial obligación cuestionada. La Orden impugnada cuenta con motivación suficiente sin que se haya vulnerado el art. 9.3 CE.

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