Resumen: Considera la Sala que la Audiencia Nacional ha realizado una correcta ponderación de los intereses en juego aplicando los parámetros establecidos por la jurisprudencia: así, en primer lugar, se subraya que la información no trata sobre la vida privada del afectado sino sobre su vida profesional, refiriéndose la información controvertida a la investigación penal por supuestas actividades de espionaje. La información no afecta a la intimidad personal o familiar, presentando un claro interés público y sirve para modular el art. 18.4 CE. Las directrices del Grupo de Trabajo contemplado en el art. 29 de la Directiva 95/46 (ahora Comité Europeo de Protección de Datos) se han tenido en cuenta como la guía de implementación del caso Costeja que es: sin valor vinculante, pero sí orientativo. Descarta, asimismo, la Sala la vulneración del derecho a la presunción de inocencia pues, partiendo de la doctrina constitucional de que no cabe extraer consecuencias negativas del archivo de las actuaciones penales, la Sala de instancia ha realizado una ponderación de los intereses en juego correcta: la sola manifestación sobre los eventuales efectos que pueden dimanar del archivo de las actuaciones penales sobre la exactitud de la información publicada no es relevante, pues se trata de un aspecto puramente accesorio a la argumentación principal que conduce a la denegación de la solicitud de cancelación y no implica derivación nociva ni adversa para el afectado.
Resumen: Considera esta sentencia que no se vulnera el derecho a la asistencia de intérprete cuando renuncia al intérprete esté firmada también por el Letrado, adema sdel interesado, sin queja ni reserva.
Resumen: La Sala estima el recurso de casación y, consecuentemente, el recurso contencioso-administrativo. Tras la STC 8/2017 de 19 de enero, tomando en cuenta la nueva redacción del art. 294.1 LOPJ en la que desaparece la mención por inexistencia del hecho imputado o por esta misma causa haya sido dictado auto de sobreseimiento libre, en todos los supuestos de absolución por cualquier causa o de sobreseimiento libre, el perjudicado tiene derecho a la indemnización. Esta corrección en sede de constitucionalidad del precepto, unido al hecho de que, por pura lógica, haber sufrido una prisión preventiva con ulterior absolución del delito imputado comporta un daño que ha de ser indemnizado, en la generalidad de los supuestos debe accederse a la pretensión indemnizatoria. Ahora bien, ello no significa que la prisión provisional, cuando el proceso penal concluya con un pronunciamiento de absolución (o sobreseimiento libre), de lugar a indemnización por los perjuicios irrogados de modo automático y en todos los casos, sino que habrá de atemperarse a las circunstancias de cada supuesto y sin que tenga efecto retroactivo. En el presente caso, los elementos a tomar en consideración para fijar la indemnización, quedan reducidos, en el presente caso a los siguientes conceptos: pérdida del trabajo y daños morales, en atención a la naturaleza del delito por el que fue absuelto (abuso sexual a menor de edad).
Resumen: Reconoce la Sección Primera la ausencia de pronunciamientos sobre la posible incidencia de la doctrina del fraude de ley y del abuso de derecho en relación con solicitudes de protección internacional formuladas en un Centro de Internamiento para Extranjeros que son denegadas (y/o desestimada la petición de reexamen) de forma extemporánea En esta línea, considera que tiene interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia la cuestión consistente en determinar si la petición de reexamen a la que se refiere, entre otros, el artículo 21.4 y 5 de la Ley reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, constituye o no un recurso, a efectos de determinar si le resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 9.2. c) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. Asimismo, es necesario aclarar si habiéndose superado los plazos establecidos en el artículo 21.2 y 4 de la Ley reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria al denegarse una solicitud de protección internacional presentada en un puesto fronterizo y/o desestimarse la petición de reexamen, cabe excluir la aplicación de lo dispuesto en el artículo 21.5 de la misma ley por apreciarse fraude de ley o abuso del derecho; en caso afirmativo, si dicha apreciación corresponde realizarla a la Administración en el momento de dictar la referida resolución, y si, en el caso de no haberla realizado en dicho momento, puede introducirse y de qué forma en el proceso de revisión judicial.
Resumen: La sentencia se remite a pronunciamientos anteriores sobre la misma cuestión en los que se declara que la elección del procedimiento preferente para ordenar la expulsión de los extranjeros no afecta a las garantías de los particulares en el ejercicio de los derechos de defensa, por cuanto, dado el carácter objetivo y reglado de los tres supuestos legales que -conforme al art. 63 LOEX- permiten acudir al procedimiento preferente para la expulsión de los extranjeros que pudieran encontrarse incursos en situación irregular, cabe deducir los términos en que se sitúa la controversia en cada caso en función de las circunstancias concurrentes, para determinar si, primero, ha lugar a la tramitación del indicado procedimiento y para apreciar, después, si resulta o no procedente acordar la medida de la expulsión. Ante la efectiva concurrencia de alguno de tales supuestos, la existencia de una insuficiente motivación en el acuerdo de iniciación del procedimiento carece de trascendencia (virtualidad) invalidante, cual es el supuesto aquí examinado, donde no se ha desvirtuado el riesgo de incomparecencia del interesado, uno de los supuestos que avala acudir a dicho procedimiento preferente.
Resumen: Da respuesta a la cuestión de interés casacional fijada en el auto de admisión consistente en determinar si es aplicable a las solicitudes de protección internacional presentadas en un CIE el plazo para dictar la resolución denegatoria establecido para cuando dicha solicitud se presente en frontera y, en su caso, los efectos de dictar la resolución denegatoria transcurrido dicho plazo. Para ello, reitera la doctrina ya establecida en las sentencias nº 1728/19, de 13 de diciembre (RC 6538/18); 1801/19, de 17 de diciembre (RC 2459/19); 61/20, de 23 de enero (RC 3348/19); 377/20, de 12 de marzo (RC 1840/19); 1037 y 1038/20, de 20 de julio (RRCC 4531 y 4629/19); y 1129/20, de 29 de julio (6594/19), remitiéndose a su fundamentación jurídica. La respuesta es que: "el reenvío que efectúa el art. 25.2 al art. 21, ambos de la Ley 12/2009, es integral al procedimiento, del que los plazos constituyen un elemento fundamental por los efectos que su inobservancia puede acarrear, efectos que, con carácter general, serán los señalados en el art. 19; esto es, que la persona extranjera no podrá ser objeto de retorno, devolución o expulsión hasta que se resuelva sobre su solicitud, salvo en aquellos supuestos en los que se acredite, de forma suficiente por la administración, que la formulación de la solicitud se ha realizado con la única y exclusiva finalidad de mantenerse en territorio español, enervando así los efectos de la ejecución de una orden firme de devolución o expulsión".
Resumen: Para la Sala, la regulación contenida en los artículos 65.1, letras b) y d), en relación con el artículo 66.1.g) y la disposición adicional primera de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, en la versión anterior a la reforma operada por la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011, en relación con el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, que sometía a tributación la circulación o utilización en España por una persona o entidad residente o establecida en nuestro país de una embarcación matriculada en otro Estado miembro de la Unión Europea, aun cuando fuera a destinarla a la actividad de alquiler, no es conforme con las libertades de circulación que presiden el Derecho de la Unión Europea y, en particular, el Reglamento (CEE) nº 3577/92 del Consejo de 7 de diciembre de 1992, que aplica el principio de libre prestación de servicios a los transportes marítimos dentro de los Estados miembros (cabotaje marítimo). Consecuencia directamente derivada de la anterior, que establece y constata una clara vulneración del derecho de la Unión Europea en el régimen de la exención en favor de embarcaciones según estuvieran o no matriculadas en España o en otros estados miembros de la Unión, para el caso debatido de dedicación al transporte de cabotaje, es que se casa la sentencia impugnada, quedando anulados los actos de liquidación, sanción y revisión examinados en la instancia.
Resumen: El auto no ratifica las medidas acordadas por la Administración sanitaria al no motivarse suficientemente sobre la procedencia de las mismas. El auto sostiene que resulta contradictoria la prohibición de reuniones en espacios públicos o privados de más de quince personas para el consumo de alcohol y otras actividades no organizadas mientras que se exceptúan los velatorios, las ceremonias nupciales, comuniones, bautizos u otros rituales asimilados o las celebraciones derivadas de estos, es decir, un ciudadano no puede celebrar una comida en su casa, pero sí puede celebrar una boda con más de quince invitados, sin que se explique la diferenciación entre los dos supuestos. La Resolución también limita a grupos de no más de quince personas, en vías y espacios públicos, las aglomeraciones o concentraciones que consistan en la permanencia de personas para mantener relaciones sociales mediante el consumo de bebidas alcohólicas o para desarrollar otras actividades no reguladas o autorizadas que impliquen una permanencia conjunta en el espacio público. La prohibición es una reiteración de lo dispuesto en la norma que prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas en las vías y zonas públicas, salvo en terrazas, veladores y espacios dedicados al ocio expresamente habilitados para ello, a lo que se añade que no se justifica la concreta limitación a un número de quince personas y que estas aglomeraciones sean las causantes del aumento de brotes de COVID-19.
Resumen: Revoca esta sentencia otra de la instancia que declaro conforme a derecho una orden de expulsión de un ciudadano extranjero que siendo titular de un permiso de residencia de larga duración, ha cometido varios delitos en España, considerando a que en estos supuesto la expulsión no puede ser automática, debiendo valorarse las circunstancias concurrentes, y motivando su concurrencia.
Resumen: Revoca esta sentencia otra de la instancia que declaro conforme a derecho una orden de expulsión de un ciudadano extranjero que siendo titular de un permiso de residencia de larga duración, ha cometido varios delitos en España, considerando a que en estos supuesto la expulsión no puede ser automática, debiendo valorarse las circunstancias concurrentes, y motivando su concurrencia.
