Resumen: Se desestima el recurso de apelación interpuesto confirmando la sentencia de la instancia y, con ello, la inadmisión a trámite de la solicitud de autorización de residencia de larga duración presentada por el recurrente, basada en el art. 148.3.d) del RD 557/2011, y en la que se alegaba su condición de español de origen, al haber nacido en el Sáhara Occidental en 1975 cuando el territorio se hallaba bajo administración española, y haber perdido posteriormente la nacionalidad. La resolución administrativa impugnada inadmitió a trámite dicha solicitud por considerarla manifiestamente carente de fundamento, al entender que el interesado nunca fue español de origen, sino que no reunía los requisitos para adquirir la nacionalidad, conforme a la disposición adicional cuarta de la LO 4/2000. La sentencia apelada desestima el recurso confirmando esta decisión, y apoyándose, para ello, en la consolidada jurisprudencia del Tribunal Supremo y de diversos Tribunales Superiores de Justicia, que niega la consideración del Sáhara Occidental como territorio nacional a efectos de la nacionalidad española de origen. Se confirma la sentencia por la Sala confirmando que los nacidos en el Sáhara, de padres no españoles, durante la etapa colonial no son españoles de origen, salvo ejercicio expreso del derecho de opción de la nacionalidad española previsto en el RD 2258/1976, lo que no concurre en el caso. Y sin que exista vulneración del art. 24 CE sino aplicación de la legalidad española.
Resumen: La Sala desestima recurso contencioso-administrativo interpuesto contra acuerdo del Consejo de Ministros que desestima su solicitud de indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado legislador, formulada con fundamento en la STJUE de 27 de enero de 2022 (asunto C-788/19), que declara contraria al Derecho de la Unión Europea la regulación normativa establecida respecto a la obligación de los residentes fiscales en España de declarar sus bienes o derechos situados en el extranjero (Modelo 720) y el régimen sancionador en caso de incumplimiento de dicha obligación. La Sala, tomando en consideración la regulación positiva de la responsabilidad patrimonial del Estado Legislador en relación con la infracción del Derecho de la Unión Europea y los pronunciamientos del TJUE que han cuestionado alguno de sus preceptos, considera que no cabe apreciar la concurrencia de una infracción suficientemente caracterizada del Derecho de la Unión, al no existir al momento de su regulación normativa, una doctrina mínimamente consolidada de la UE, existir margen de apreciación para el Estado español a la hora de configurar su propia regulación nacional, actuar el Estado español de forma diligente y no haber infringido deber alguno de transposición de una Directiva, por lo que falta uno de los requisitos básicos para poder acoger la pretensión de responsabilidad patrimonial del Estado legislador.
Resumen: En relacion al llamamiento de funcionarios de interinos de las listas correspondientes, entiende esta sentencia que la no realización de peticiones por parte de las personas convocadas, supondrá la suspensión de posteriores llamamientos hasta el momento en el que al resto de integrantes de la lista se les haya convocado. Ello supone pasar al fianlde la lista de llamamientos.
Resumen: Concluye esta sentencia que no ha lugar a la responsabilidad patrimonial por el hecho de que se haya realizado una contratación de un empleado público en régimen de fraude de ley. Constatada esa utilización abusiva, no es posible en nuestro ordenamiento jurídico, ni por aplicación de la cláusula 5ª del Acuerdo Marco incorporado a la Directiva 1999/70 , la conversión de la relación de servicios temporal en una de carácter fijo o asimilado, sino que la consecuencia jurídica será el derecho a la subsistencia de la relación de empleo, con los correspondientes derechos profesionales y económicos, hasta que la Administración cumpla debidamente lo dispuesto por el artículo 10.1 del Estatuto Básico del Empleado Público y el derecho a reclamar la responsabilidad patrimonial de la Administración con arreglo a las normas generales de ésta.
Resumen: Considera esta sentncia que el concurso de traslados de un funcionario desde un puesto en la Admninisracion General a otro de la Sindicatura de Cuestas debe hacerse conforme las bases de la convocatoria del concurso, tanto en relacion al tiempo de exigencia de permanencia en elpuesto de trabajo de procedencia como el momento en que debe computarse el plazo para ppoder concursar.
Resumen: Considera esta sentencia que la Administracion demandad no ha valorado correctamente losmeritos aportados por la aspirante ahora recurrente en el proceso selectivo litigioso.En este sentido entiende que los procedimientos selectivos de auxiliar administrativo del Ente Servicios Tributarios, de auxiliar administrativo del Hospital Monte Naranco y auxiliar administrativo del SESPA cumplen los requisitos de tener ejercicios de la fase de oposición para el acceso, como personal fijo, al cuerpo, escala o categoría convocada de la Administración del Principado de Asturias o de sus Organismos Públicos.
De modo que los ejercicios superados en tales procedimientos selectivos deben computarse como méritos en los términos establecidos por la Convocatoria.
Resumen: Tras la valoracion de la prueba practicada y obrante en autos la sentencia llega a la conclusión de que concurrem elementos suficentes para entender que los padecimientos del recurrente son acrededores de la declarcion de incapacidad producida en acto de servicio, que recoge la acción protectora del Régimen Especial de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas.
Resumen: La Sala desestima el recurso interpuesto con el acuerdo de 19 de marzo de 2025 del Pleno del Consejo General del Poder Judicial desestimatorio de recurso de alzada n.º 569/2024, interpuesto contra el de 21 de octubre de 2024, del Tribunal calificador del proceso selectivo convocado por acuerdo de 8 de febrero de 2023, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, para la provisión de plazas entre juristas de reconocida competencia con más de diez años años de ejercicio profesional para el acceso a la Carrera Judicial por la categoría de magistrado/a en materias propias de los órganos del orden contencioso-administrativo. Se discute la calificación del dictamen realizado por el recurrente dentro del proceso selectivo, así como la motivación contenida en el acta que elaboró el tribunal, sin que la Sala acoja las pretensiones formuladas por el recurrete.
Resumen: Se deniega esta autorización porque ni en el momento de producirse la condena, ni en el momento en que se acordó la progresión al tercer grado, el apelante era titular de una autorización de residencia o estancia por estudios en vigor, ni tampoco acreditaba hallarse incluido en el momento de producirse la condena, en alguno de los supuestos para obtener la autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales. No alega poder obtener autorización de arraigo.
Resumen: La sentencia estima el recurso interpuesto por el Principado de Asturias contra anterior sentencia del Tribunal superior de Justicia de Asturias que anuló diversos preceptos del Decreto 60/2022, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo de Bachillerato en el Principado de Asturias , en lo que se refiere al horario lectivo de Bachillerato en cuanto incluye la asignatura de Religión y, en particular, de Religión Católica sin equipararla con las demás asignaturas. Se reitera la doctrina establecida en las sentencias de 10 y 18 de julio de 2023, estimando el recurso de casación interpuesto y desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Arzobispado de Oviedo contra el Decreto 60/2022 y señalando que esa norma autonómica es conforme a lo dispuesto, de manera obligatoria para todo el territorio nacional, por la disposición adicional 1ª del Real Decreto 243/2022 y que esta regulación no vulnera el Acuerdo con la Santa Sede sobre Enseñanza y Asuntos Culturales.
