Resumen: La cuestión que revsite interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar cuál es el régimen jurídico aplicable a las solicitudes de protección internacional presentadas fuera del territorio nacional al amparo del artículo 38 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, y si resulta aplicable a las mismas, y en ese caso cómo, lo dispuesto en el referido precepto, pese a no haber sido objeto de desarrollo reglamentario, precisando a qué país viene referida la locución "corra peligro su integridad física" -si va referida al país de origen de los solicitantes de protección internacional, o, por el contrario, al país en que se presenta la solicitud-, y cuál es la consecuencia jurídica de la falta de respuesta a la solicitud presentada a su amparo.
Resumen: Admisión. La cuestión en la que existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar si la extinción de las autorizaciones de residencia de familiares de ciudadanos de la Unión Europea por desaparición de las condiciones que justificaron su concesión ha de ser decretada inicialmente por los Jefes de las Oficinas de Extranjeros o por los Delegados o Subdelegados del Gobierno.
Resumen: La STJUE que resuelve la cuestión prejudicial comunitaria planteada considera que los artículos 7 y 20 de la directiva 2012/27/UE deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional que establece como modo principal de ejecución de las obligaciones de eficiencia energética un sistema de contribución anual a un Fondo Nacional de Eficiencia Energética, siemore que se garantice la obtención de los ahorros de energía del art 7 y que se cumplan los requisitos del art 7.10 y 11. Se rechaza el 1º argumento impugnatorio, toda vez que la orden no es una disposición general. Por ello que, deben rechazarse como motivos invalidantes la ausencia de una serie de trámites e informes preceptivos, exigibles cuando de la elaboración de una disposición general se trate. El sistema implantado por la orden no puede ser considerado incompatible con la Directiva, ya que la previsión de un objetivo real de ahorro, permiten considerar que, desde una perspectiva global y a priori, el sistema es idóneo para cumplir con el objetivo de ahorro energético. En este sentido, el informe del IDAE ofrece información de la que permite entender que la gestión del fondo y la ejecución de las líneas de actuación son susceptibles de cumplir con los requisitos. La determinación de los sujetos obligados no es discriminatorias, se basa en criterios objetivos de política económica, que, son más o menos acertados, pero, legales. Se descarta la vulneración del principio de libre competencia.
Resumen: Denegación de solicitud de protección internacional. Admisión a trámite del recurso de casación. La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar la extensión de la remisión efectuada en el artículo 25.2 (solicitud de protección internacional presentada en un Centro de Internamiento para Extranjeros) al artículo 21 (solicitud de protección internacional presentada en un puesto fronterizo), ambos de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, Reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, a efectos de concretar cuáles son las consecuencias jurídicas de la superación del plazo fijado en el artículo 21, especialmente del fijado para denegar la solicitud de protección internacional por concurrir alguno de los supuestos en él establecidos, cuando se trate de una solicitud de protección internacional presentada en un CIE.
Resumen: Se confirma una sentencia del TSJ de Cantabria y se siguen los razonamientos contenidos en la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de fecha de 15 de octubre de 2019 (recurso de casación nº 1899/2017), relativa al cálculo de los trienios devengados por personal estatutario fijo por los servicios prestados en régimen de promoción interna temporal en un puesto de categoría superior. Al igual que entonces se concluye que dichos trienios se devengan a partir del momento en el que se adquiere esa categoría. En cuanto a los efectos pro futuro de ese cálculo, la doctrina contenida en la sentencia permite considerar que procede retribuir esos trienios en la cuantía correspondiente a la categoría superior. Se añade que esta conclusión se encuadra en la lógica de poner fin a las diferencias de trato que carecen de una justificación objetiva razonable. Y se termina señalando en la sentencia que si la Administración acude de manera estructural a estas soluciones organizativas de carácter temporal debe asumir las consecuencias correspondientes y no hacerlas recaer sobre el personal que le sirve.
Resumen: Estimado incidente de nulidad de actuaciones y Admisión del Recurso de casación. La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar cómo debe operar el principio de vinculación a las hojas de aprecio en relación con la indemnización de la facultad de participar en actuaciones de nueva urbanización. Examinadas las actuaciones del recurso de casación 8145/18, se constata que, ante un escrito de preparación de recurso de casación similar al obrante en el presente recurso y referido a una cuestión de sustancial identidad, se dictó auto de admisión a trámite el 4 de marzo de 2019 del recurso de casación 7023/18, por lo que, a instancia de la recurrente, se declara la nulidad de la providencia de 3 de julio 2019 y la admisión a trámite del recurso de casación n° 8145/2018, preparado por la recurrente contra la sentencia nº 4110/18, de 15 de octubre- de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, de conformidad con el artículo 240.2 en relación con el artículo 238.3 de la LOPJ.
Resumen: El IGEC catalán es conforme a la Constitución española y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
Resumen: La ley autonómica no contradice los principios constitucionales de igualdad, capacidad económica y libertad de empresa. Doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea: el establecimiento de un tributo que grava, por razones medioambientales y urbanísticas, los establecimientos comerciales de más de una determinada superficie no contraviene el Derecho de la Unión Europea, concretamente la libertad de establecimiento. No constituye una ayuda de Estado el hecho de prever supuestos de no sujeción (para establecimientos con una superficie útil de exposición y venta al público inferior a 2.500 metros cuadrados) por cuanto, a tenor de la jurisprudencia del TJUE, la fijación de aquellos umbrales entra dentro del margen de apreciación del legislador nacional. Desestimación del recurso de casación.
Resumen: Orden ETU/258/2017, de 24 de marzo, por la que se establecen las obligaciones de aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética en el año 2017. Desestimación del recurso. El sistema implantado por la Ley 18/2014 y desarrollado por la Orden impugnada es susceptible de alcanzar los objetivos establecidos por la Directiva 2012/27/UE. Con independencia de la urgencia que motivó la implantación del sistema, las previsiones referidas a las aportaciones del ejercicio ahora enjuiciado, estaban previstas en normas de rango de ley, dictadas varios meses antes, por lo que no pueden calificarse de sorpresivas o contrarias al principio de seguridad jurídica. No se advierte vulneración del principio de retroactividad por el hecho de que la norma diseñe un sistema en el que las aportaciones se calculan tomando en consideración las cifras de ventas de energía correspondientes a ejercicios anteriores. La contribución financiera al FNEE de los sujetos obligados no tiene naturaleza tributaria. No se infringe el principio de reserva de ley, pues es una norma de rango legal -la Ley 18/2014- la que define y delimita los elementos configuradores de la obligación de ahorro energético cuestionada. Sobre la inexistencia de extraordinaria y urgente necesidad, dicho hipotético vicio afectaría en exclusiva al Real Decreto-ley 8/2014, no así una vez aprobada la Ley 18/2014. El sistema de aportaciones al FNEE elegido no carece de justificación ni vulnera el principio de proporcionalidad.
Resumen: El IGEC catalán es conforme a la Constitución española y al Tratado de Funcionamietno de la Unión Europea.