Resumen: La cuestión planteada en el recurso que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en determinar la procedencia -o no- de facilitar el código fuente de la aplicación informática utilizada para el sorteo de tribunales asociado a procesos selectivos para acceder a la función pública en la Comunidad de Madrid.
Resumen: La cuestión planteada en el recurso que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en determinar si el artículo 20.1 de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, así como el artículo 13 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, excluye la aplicación las previsiones de la Ley de Transparencia a los efectos previstos en el apartado 2 de su disposición adicional primera en relación con la revelación de la identificación de los denunciantes.
Resumen: La Sala, con cita de precedente jurisprudencial contenido en el RC 7368/2021, estima el recurso porque la sentencia impugnada declaró la situación de abuso en la contratación de forma automática, sin hacer absolutamente ningún examen de las circunstancias del asunto y sin explicar las razones por las que el criterio jurisprudencial sentado por la sentencia de 26 de septiembre de 2018 (rec. 1395/2017) resultaría aplicable en este caso. La Sala aprecia que todos los indicios, las actuaciones efectuadas por la Administración, tales como llamamientos diversos para distintas plazas o convocatoria de proceso selectivo, conducen más bien a la solución contraria. Considera que la mera referencia a los años de prestación de servicios como funcionario interino no resulta bastante para inferir de modo automático la situación de abuso que declara la sentencia impugnada. Según señala, esa declaración debe inferirse de una serie de circunstancias concretas y específicas que, por lo que hace al caso, exigía examinar el sistema de lista de interinos aplicable, según la expresada Orden ECD/697/2017, de 24 de julio, analizar el tipo de sucesión de los diversos nombramientos, y valorar si la prestación de servicios se hizo en uno o en varios centros. Además, debía justificarse el tipo de vacante que se estaba cubriendo, si las funciones docentes fueron o no idénticas, y, en fin, si se produjo la presentación a los procesos selectivos convocados al respecto.
Resumen: Al igual que se ha acordado en otros pronunciamientos de la Sala Tercera, se anula una sentencia del TSJ de Madrid y se declara que es contrario a Derecho que, en supuestos como el de autos, se emplee la nota de corte fijada en el proceso selectivo del que fue indebidamente excluido el recurrente. En la medida en que la prueba psicotécnica a realizar con la promoción en curso ha de presentar la misma o parecida dificultad y características, tiempo de respuesta y tipos de problemas que la de la promoción de origen, la solución procedente es que a todos los aspirantes, ya concurran en virtud de sentencia o ya lo hagan por primera vez, se les aplique la nota de corte fijada para la convocatoria en que tiene lugar dicha prueba. Entiende la Sala que no debe haber diferencias en el nivel de dificultad de los test ni en su valoración, de forma que quienes superen esta fase del proceso selectivo lo continuarán con los integrantes de la nueva promoción sin que haya sesgos o diferencias en el tratamiento.
Resumen: Se estima el recurso de apelación interpuesto, revocando la sentencia desestimatoria apelada y acordando, en su lugar, anular las resoluciones impugnadas y reconocer el derecho del recurrente a que le sea concedida la autorización de estancia por estudios solicitada. Se sustenta el archivo del expediente en sede administrativa, en que la actora no cumplimentó el requerimiento efectuado para aportar al expediente, en el plazo de diez días, los documentos preceptivos no aportados con la solicitud inicial. Dicha decisión es confirmada en la instancia al considerar, debidamente acreditado, que la notificación del requerimiento se realizó, a la letrada de la recurrente, a través de la Dirección Electrónica Habilitada Única y considerando, de la prueba practicada, que no consta la incidencia denunciada por la recurrente sobre la imposibilidad de acceder a dicha notificación. Se estima el recurso de apelación por la Sala considerando que, la sentencia apelada no ha valorado las alegaciones de la actora acerca que no tuvo conocimiento en vía administrativa del requerimiento de subsanación, ni de los documentos que le fueron requeridos. Es más, prosigue la Sala señalando que parte de los documentos para cuya aportación fue requerida, certificado de empadronamiento o contrato de alquiler, nada tienen que ver con la autorización solicitada. Y por ello,no siendo conforme a derecho el requerimiento emitido, tampoco lo es la decisión de archivo por desistimiento.
Resumen: La Sala estima el recurso de casación y fija como doctrina jurisprudencial que para la renovación de la autorización de residencia y trabajo, ni la constancia de un informe gubernativo desfavorable, ni la incoación de unas diligencias penales, eximen de la necesidad de valorar el resto de circunstancias concurrentes, entre ellas las personales del interesado, que permitan determinar si la renovación supone un riesgo para la seguridad y el orden público.
Resumen: El nombramiento como funcionario interino confiere al nombrado unos derechos de los que no puede ser privado sino por las causas legalmente establecidas y no por causas no previstas al efecto.
En el caso enjuiciado se trata de interinidad por curso completo salvo que el titular se reincorporara de su excedencia, siendo lógico el nombramiento para curso completo puesto que el titular de la asignatura cuyo lugar ocupaba temporalmente la funcionaria interina, impartía docencia durante el curso escolar completo.
Lasn circunstancias relativas a la carga lectiva de la signatura ya existían cuando efectuó el nombramiento de la demandante y la asignatura se impartía por dos profesores, por lo que no puede hablarse de que cesaran las causas que motivaron su nombramiento, que se hizo para un curso completo. La Administración con posterioridad al nombramiento no puede cesar a la funcionaria interina alegando una cambio o desaparición de las circunstancias que motivaron el nombramiento de la misma, puesto que las circunstancias eran idénticas en octubre, en noviembre y en el inicio del curso en septiembre de 2023. Y afectaban tanto al Profesor titular en excedencia como a la funcionaria interina que ocupaba su lugar.
La Sala estima el recurso reconociendo los derechos económicos y administrativos de la demandante hasta la fecha en que finalizaba su nombramiento.
Resumen: Admitido el recurso contencioso-administrativo, la Sala considera que procede la desestimación de la solicitud de indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado legislador planteada con fundamento en la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 27 de enero de 2022, (asunto C-788/19) sobre la obligación de los residentes fiscales en España de declarar sus bienes o derechos situados en el extranjero y el régimen sancionador en caso de incumplimiento de dicha obligación, habida cuenta la no concurrencia del requisito de infracción suficientemente caracterizada del Derecho de la Unión.
Resumen: No se ha producido indefensión por que no conste la presencia de Letrado.
En cuanto al fondo, resulta que no hay discusión sobre la situación política y social de Colombia, pero la crisis política, social, humanitaria y económica, como refiere la resolución recurrida, no es suficiente para la concesión de protección internacional, sino que deben cumplirse los requisitos para su concesión que se enumeran en la sentencia. No se ha justificado que las autoridades colombianas no puedan o no quieran otorgar protección efectiva al solicitante de asilo frente a las amenazas que refiere. De hecho, el solicitante de asilo ni siquiera parece haber buscado el auxilio de las autoridades de su país, ya que no menciona haber denunciado las amenazas recibidas.
Tampoco concurren los requisitos para la protección subsidiaria.
Resumen: El ahora recurrente basa su petición de asilo en que manifiesta haber sido víctima de coacciones con amenazas graves de muerte hacia él por parte de un grupo criminal por ello abandonó el país pues allí teme por su vida y su integridad física. Que en Colombia existen asesinatos, amenazas, extorsiones, que son impunes ante la pasividad de las autoridades.
La Sala entiende que la valoración de las circunstancias concurrentes nos lleva a estimar que no pueden considerarse acreditados los elementos necesarios para el reconocimiento del asilo solicitado, pues las amenazas que se relatan no encuentran cabida en el artículo 3 de la Ley 12/2009.
Tambien se deniega la protección subsidiaria puesto que nada indica que en el concreto supuesto de autos exista el riesgo de sufrir la condena a pena de muerte o el riesgo de su ejecución material (apartado a) del citado artículo 10 de la Ley de asilo).
