Resumen: Las previsiones contenidas en la Ley 19/2013, de Transparencia y Buen Gobierno, por lo que respecta al régimen jurídico previsto para al acceso a la información pública, sus límites y el procedimiento que ha de seguirse, tan solo quedan desplazadas, actuando en este caso como supletoria, cuando otra norma legal haya dispuesto un régimen jurídico propio y especifico de acceso a la información en un ámbito determinado, tal y como establece la DA primera apartado segundo de la Ley de Transparencia. Ello exige que otra norma de rango legal incluya un régimen propio y específico que permita entender que nos encontramos ante una regulación alternativa por las especialidades que existen en un ámbito o materia determinada, creando una regulación autónoma respecto de los sujetos legitimados y/o el contenido y límites de la información que puede proporcionarse. El art. 40.1 del RD legislativo 5/2015 de 30 de octubre (EBEP) no contiene un régimen específico y alternativo que desplace el régimen general de acceso a la información contenido en la Ley 19/2013, ni limita o condiciona el acceso a la información que las Juntas de Personal pueden tener en relación con aquellas materias relativas los empleados que representan y la información que les atañe. El art. 19.3 de la Ley de Transparencia no resulta de aplicación cuando por parte de la Junta de Personal se solicita de la Administración el acceso al Catálogo de puestos de trabajo desempeñados no siendo preciso el trámite de audiencia.
Resumen: IVA.- Cuantificación de los ingresos sometidos a tributación. Actividad sumergida: ingresos no declarados a efectos del IVA. Pruebas obtenidas en un registro domiciliario da una tercera persona y declaradas nulas por la jurisdicción penal por vulneración de derechos fundamentales.- ¿Admisibilidad de tales pruebas para la liquidación de una deuda tributaria considerada como no ingresada y para la imposición de sanciones tributarias? Asunto relacionado con RCA/2190/2020.
Resumen: Remisión íntegra a la sentencia 1581/2019, de 13 de noviembre, dictada en el recurso de casación núm. 3023/201. Se produce una distorsión fiscal favoreciendo a las ICCs residentes, que tributarán al 1%, respecto de las no residentes que lo harán al 15% ó 18%, según CDI, lo que constituye un trato fiscal diferente por razón del lugar de residencia; lo que conculca al art. 63 TFUE al constituir una restricción a la libre circulación de capitales, pues el tratamiento fiscal de las IICs residentes y no residentes acredita la existencia de un trato fiscal diferente por razón del lugar de residencia, con restricción a la libre circulación de capitales. Estamos ante una infracción originaria que existe por el hecho mismo de que en el IRNR la retención no sea propiamente tal, sino una forma sui generis de gestión tributaria, en tanto que lo denominado como retención no es un pago a cuenta pendiente de un ajuste posterior, sino el pago final de la cuota, sin posibilidad alguna de reembolso de lo excesivo, precisamente porque la ley no concibe en su diseño legal la posibilidad de exceso.
Resumen: Impuesto sobre Sociedades. Interpretación y límites del artículo 119.3 LGT cuando la regularización administrativa provoca un cambio en el régimen sustantivo de tributación aplicable al sujeto pasivo y dicho régimen contempla unos criterios de imputación temporal de rentas radicalmente diferentes a los del régimen de tributación aplicado por el obligado tributario. Aplicación imperativa del artículo 19.4 TRLIS, sin posibilidad de opción.
Resumen: El Impuesto sobre Actividades que Inciden en el Medio Ambiente de la Comunidad Valenciana, creado por el artículo 154 de la Ley autonómica 10/2012, de 21 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y de Organización de la Generalidad Valenciana, respeta los límites que establecen los apartados 2 y 3 del artículo 6 LOFCA; no afecta a las competencias atribuidas al Estado en la Constitución; no infringe los principios constitucionales que rigen la imposición; y no vulnera el artículo 3 de la Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad.
Resumen: La Sala se remite a la sentencia de 13 de noviembre de 2019, dictada en el recurso de casación RCA/3023/2018, que reconoció el derecho de un fondo de inversión norteamericano a la devolución del exceso de las retenciones practicadas sobre dividendos de fuente española por considerarlas contrarias al principio de libre circulación de capitales, ya que, existiendo mecanismo para el intercambio de información entre España y los Estados Unidos, en caso de duda correspondía a las autoridades españolas recabar la información necesaria de las autoridades estadounidenses sobre la necesaria similitud del fondo norteamericano con los fondos residentes para conceder la devolución instada. Por tanto, al no haber actuado la Administración de dicho modo -se limitó a iniciar el procedimiento de comprobación y justificar la retención del 15% en base a la ley y al Convenio de doble imposición-, prospera la pretensión actora y se declara su derecho a la devolución de lo indebidamente retenido con sus intereses.
Resumen: El Impuesto sobre Actividades que Inciden en el Medio Ambiente de la Comunidad Valenciana, creado por el artículo 154 de la Ley autonómica 10/2012, de 21 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y de Organización de la Generalidad Valenciana, respeta los límites que establecen los apartados 2 y 3 del artículo 6 LOFCA; no afecta a las competencias atribuidas al Estado en la Constitución; no infringe los principios constitucionales que rigen la imposición; y no vulnera el artículo 3 de la Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad.
Resumen: El importe del IVA soportado no deducible satisfecho en la adquisición de bienes de inversión amortizables forma parte del precio de adquisición de tales bienes y, por tanto, de la base de la amortización sobre la que se aplicará el coeficiente que corresponda para calcular las dotaciones del ejercicio fiscalmente deducibles en concepto de amortizaciones, de cara a la determinación del rendimiento neto en estimación directa normal de la actividad profesional de un contribuyente por el IRPF.
Resumen: Se desestima el recurso de casación interpuesto por el Abogado del Estado contra una sentencia del TSJ de La Rioja que reconoció al recurrente la reclamación relativa al complemento específico singular asociado a la especialidad de seguridad ciudadana. Al igual que en otras ocasiones anteriores, el TS mantiene que se han de satisfacer las retribuciones complementarias correspondientes al puesto realmente desempeñado, distinto del de adscripción, ya que lo prohibido por los artículos de las Leyes de Presupuestos Generales del Estado invocados es que la realización ocasional de tareas concretas de puestos de trabajo distintos del de adscripción de derecho a percibir los complementos de este último. En detalle, el recurso de casación no prospera por cuanto que el Abogado del Estado no ha combatido la razón de decidir de la sentencia. Y es que la Sala de instancia parte de la identidad que aprecia entre los servicios prestados en el caso de los precedentes que aplica y el caso examinado.
Resumen: Identidad de cometidos existente entre el solicitante del complemento específico correspondiente a la seguridad ciudadana y los asignados a las unidades que tienen reconocido este componente singular. Procedencia de reconocimiento a empleados públicos de las retribuciones complementarias al puesto efectivamente desempeñado. No se trata de saber si el desempeño de funciones genéricas de seguridad ciudadana habilita para percibir el componente singular del complemento específico discutido a quienes no estén destinados en las Unidades a las que se refiere la Orden General n.º 16, de 18 de octubre de 2002, sino de si el desempeño de funciones reputadas idénticas por la Sala de instancia a las propias de esas Unidades habilita para esa percepción. Y, no discutida eficazmente esa identidad material, la conclusión, en coherencia con la jurisprudencia, ha de ser afirmativ
