Resumen: Liquidación del impuesto sobre Grandes Establecimientos Comerciales de Cataluña. Doctrina de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 26 de abril de 2018 (asunto C-233/16): el establecimiento de un tributo que grava;por razones medioambientales y urbanísticas- los establecimientos comerciales de más de una determinada superficie no contraviene el Derecho de la Unión Europea, concretamente la libertad de establecimiento. No constituye una ayuda de Estado el hecho de prever supuestos de no sujeción (para establecimientos con una superficie útil de exposición y venta al público inferior a 2.500 metros cuadrados o para otros establecimientos comerciales individuales dedicados a la jardinería y a la venta de vehículos, materiales para la construcción, maquinaria y suministros industriales) por cuanto, a tenor de la jurisprudencia del TJUE, la fijación de aquellos umbrales entra dentro del margen de apreciación del legislador nacional. La justificación ofrecida por la Generalidad de Cataluña ha de reputarse suficiente y no ha sido enervada por la recurrente, que no es término de comparación con los establecimientos no sujetos.
Resumen: Impuesto sobre Grandes Establecimientos Comerciales: no es contrario al Derecho Comunitario ni a la Constitución.
Resumen: Reitera el TS que no cabe la posibilidad de ejercitar una acción de responsabilidad patrimonial del Estado legislador cuando quien haya resultado afectado por la aplicación de la ley inconstitucional o contraria al derecho comunitario haya consentido el acto administrativo dejándolo firme, porque esta situación afecta necesariamente al requisito de la antijuridicidad, definido por la inexistencia del deber jurídico del perjudicado de soportar los daños, requisito que no puede entenderse acreditado dado que la falta de impugnación del acto administrativo determina la ficción de que el mismo ha sido consentido por el interesado y éste viene obligado a soportar las consecuencias de sus propios actos. En consecuencia, la recurrente hubiera debido recurrir las liquidaciones tributarias, pues la ulterior declaración de nulidad de una disposición legal por infringir el derecho comunitario no lleva aparejada necesariamente la invalidez de las liquidaciones firmes practicadas. Solo cuando se hubiera recurrido la resolución administrativa y obtenido sentencia firme desestimatoria, hubiera podido tener viabilidad la demanda de responsabilidad patrimonial, planteada, eso sí, antes de transcurrido un año desde la publicación en el DOUE de la sentencia del TJUE favorable a la tesis impugnatoria. La responsabilidad patrimonial no es una institución alternativa a la vía de recurso contra el acto.
Resumen: La Sala desestima el recurso contra el Real Decreto que dispuso el cese del Vicepresidente y Consejeros de la Generalitat de Cataluña y de todo el personal eventual adscrito a dichos cargos, en aplicación de las medidas autorizadas por el Senado respecto de dicha Comunidad autónoma en aplicación del artículo 155 de la Constitución. La Sala rechaza la inadmisión del recurso propugnada de contrario y sostiene que es el juez ordinario predeterminado por la Ley, ya que el RD recurrido no es un acto de la Administración de la Generalidad sustituida por el Gobierno, sino de éste en aplicación del artículo 155 de la CE. Además, considera que existe un claro título habilitante del cese de la recurrente (personal eventual), que se encuentra en la autorización conferida al Gobierno por el Senado, precisando que no se trata de una actividad llevada a cabo en sustitución del Presidente, Vicepresidente y Consejeros, sino ante la consecuencia inmediata y automática del cese de estos últimos, de conformidad con la Ley catalana en consonancia con lo establecido en el EBEP. Se trata de un cese ope legis, que responde a una causa legal expresa e inequívoca, por lo que no hay infracción de la legalidad, de la seguridad jurídica ni arbitrariedad. Descarta también que se esté ante una sanción, así como la infracción del 23.2 de la CE y que el cese obedeciera a motivos ideológicos, pues la destitución la desencadenó el cese del Gobierno de la Generalitat del que la recurrente era personal eventual
Resumen: Solicitud de devolución del exceso de las retenciones sobre dividendos de fuente española, formalizada por un fondo de inversión residente en EEUU en declaración-liquidación modelo 215 por considerar contrarias al Derecho de la Unión Europea las retenciones del 15% practicadas, conforme al CDI España/EEUU, al constituir una restricción prohibida a la libre circulación de capitales, ya que los fondos de inversión residentes en España tributan al 1% en el Impuesto sobre Sociedades. La parte recurrente tiene el legítimo derecho de solicitar la devolución de la retención indebidamente realizada, pues existiendo mecanismo para el intercambio de información entre España y EEUU en los términos vistos, en caso de duda correspondía a las autoridades españolas recabar la información necesaria a las autoridades de EEUU para poder comprobar dicha equivalencia. Por tanto, al no haber actuado la Administración de dicho modo -se limitó a iniciar procedimiento de comprobación, y justificar la retención del 15% en base a la Ley IRNR y CDI-, debe prosperar la pretensión actora y en su consecuencia declarar su derecho a la devolución de lo indebidamente retenido y sus intereses.
Resumen: Impuesto sobre Grandes Establecimientos Comerciales. Cataluña. Conformidad con el Derecho de la Unión Europea: libertad de establecimiento y ayudas de Estado. Sentencia del TJUE de 26 de abril de 2018 (C-233/2016 y C-237/2016).
Resumen: El TS desestima el recurso de casación interpuesto por la ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE PROFESORES DE RELIGIÓN EN CENTROS ESTATALES contra una sentencia del TSJ de Castilla y León que había desestimado su recurso c-a frente al decreto autonómico que estableció el currículo y el desarrollo de la educación primaria en dicha CCAA, asignando 7,5 horas lectivas semanales a la asignatura de religión, sin que de esa regulación se deduzca contrariar el Acuerdo entre el Estado Español con la Santa Sede sobre Enseñanza y Asuntos Culturales de 3 de enero de 1979 cuando exige que la enseñanza de la religión católica se debe impartir "en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales". El TS consolida su jurisprudencia al respecto: i) las "condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales" a que se refiere el artículo II del Acuerdo con la Santa Sede y al que se remite la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 2/2006 se satisfacen dando a la religión el mismo trato que a las asignaturas específicas y no requiere una carga horaria determinada sino la necesaria para su enseñanza adecuada, sin que la citada disposición adicional imponga otros requisitos; (ii) la Ley Orgánica 2/2006 faculta a las Administraciones educativas a fijar, en más o en menos, la carga horaria de la religión y su alternativa, siempre que se respete la condición anterior. La recurrente no ha probado la imposibilidad de desarrollar en el tiempo establecido la enseñanza de religión.
Resumen: Conformidad con el Derecho de la Unión Europea: libertad de establecimiento y ayudas de Estado. Sentencia del TJUE de 26 de abril de 2018 (C-233/2016 y C-237/2016).
Resumen: Impuesto sobre Grandes Establecimientos Comerciales. Cataluña. La ley autonómica no contradice los principios constitucionales de igualdad, capacidad económica y libertad de empresa. Doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea: el establecimiento de un tributo que grava, por razones medioambientales y urbanísticas, los establecimientos comerciales de más de una determinada superficie no contraviene el Derecho de la Unión Europea, concretamente la libertad de establecimiento. No constituye una ayuda de Estado el hecho de prever supuestos de no sujeción (para establecimientos con una superficie útil de exposición y venta al público inferior a 2.500 metros cuadrados) por cuanto, a tenor de la jurisprudencia del TJUE, la fijación de aquellos umbrales entra dentro del margen de apreciación del legislador nacional. Desestimación del recurso de casación.
Resumen: Admisión. La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar si el plazo de caducidad en los expedientes de expulsión del territorio es el de seis meses establecido en el artículo 225.1 del Reglamento de Extranjería, o el de tres meses fijado en el artículo 21.3 de la Ley 39/2015. Se entiende concurrente el supuesto de interés casacional previsto en el artículo 88.2.a) LJCA, al haberse identificado y ofrecido en el escrito de preparación del recurso sentencias demostrativas de criterios contradictorios con la aquí impugnada en las que se considera que no es aplicable el plazo de caducidad previsto en el artículo 225.1 del Reglamento de Extranjería.