Resumen: La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar, en cuanto al requisito que establece el artículo 71.2.c) del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, relativo a que el solicitante de la renovación de las autorizaciones de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena "haya tenido un periodo de actividad laboral de al menos tres meses por año", si para el cómputo de dicho período ha de tenerse como fecha límite la de expiración de la autorización cuya renovación se pretende o si puede tenerse en cuenta también el tiempo comprendido hasta la fecha de la solicitud de dicha renovación.
Resumen: La STJUE que resuelve la cuestión prejudicial comunitaria planteada considera que los artículos 7 y 20 de la directiva 2012/27/UE deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional que establece como modo principal de ejecución de las obligaciones de eficiencia energética un sistema de contribución anual a un Fondo Nacional de Eficiencia Energética, siemore que se garantice la obtención de los ahorros de energía del art 7 y que se cumplan los requisitos del art 7.10 y 11. El sistema implantado por la orden no puede ser considerado incompatible con la Directiva, ya que la previsión de un objetivo real de ahorro, permiten considerar que, desde una perspectiva global y a priori, el sistema es idóneo para cumplir con el objetivo de ahorro energético. En este sentido, el informe del IDAE ofrece información de la que permite entender que la gestión del fondo y la ejecución de las líneas de actuación son susceptibles de cumplir con los requisitos. La determinación de los sujetos obligados no es discriminatorias, se basa en criterios objetivos de política económica, que, son más o menos acertados, pero, legales. La Orden impugnada encuentra respaldo expreso y directo en el artículo 70.1 de la Ley 18/2014 y no adolece de falta de justificación, ya que incorpora en el anexo II las ventas de 2013 que han servido para obtener la correspondiente cuota (contiene una explicación metodológica). Se descarta la vulneración del principio de seguridad jurídica.
Resumen: La cuestión sobre la que se entiende existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar: si incide, y en ese caso cómo, en la expulsión -ex art. 57.2 LOEX- de un extranjero residente de larga duración, la existencia de un hijo menor de edad español a su cargo. La Sección de Admisión identifica como normas que, en principio, serán objeto de interpretación, sin perjuicio de que la sentencia haya de extenderse a otras si así lo exigiere el debate finalmente trabado en el recurso: los artículos 39 de la Constitución Española y 11.2 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, ambos puestos en relación con el artículo 57.2 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y de su integración social (LOEX).
Resumen: El sistema implantado por la Ley 18/2014 y aplicado por la Orden impugnada es susceptible de alcanzar los objetivos establecidos por la Directiva 2012/27/UE y la normativa española ha explicitado los criterios objetivos y no discriminatorios que le han llevado a sujetar a la obligación de eficiencia energética, por un lado, a los comercializadores de gas y electricidad y no a los distribuidores de estos productos y, por otro, a los mayoristas de productos petrolíferos y de gases licuados y no a los minoristas de este sector. El sistema de aportaciones al FNEE elegido por el legislador español no se encuentra falto de justificación y no se aprecia la vulneración del principio de proporcionalidad, pues la normativa de la UE concedía un amplio margen de flexibilidad a los Estados miembros para la elección del sistema que permitiese la consecución del objetivo de ahorro energético propuesto. El control de legalidad queda cumplido con la verificación de la aptitud del sistema nacional para cumplir con los objetivos establecidos por la Directiva y con los requisitos contemplados por la misma a los que se refiere la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia. Se descarta la naturaleza tributaria de la contribución financiera al FNEE -por lo que no cabe analizarla desde la perspectiva del art. 31 CE, si bien debe respetarse la reserva de ley del art. 133 CE-, así como la vulneración de la libertad de empresa y de la libre competencia.
Resumen: El sistema implantado por la Ley 18/2014 y aplicado por la Orden impugnada es susceptible de alcanzar los objetivos establecidos por la Directiva 2012/27/UE y la normativa española ha explicitado los criterios objetivos y no discriminatorios que le han llevado a sujetar a la obligación de eficiencia energética, por un lado, a los comercializadores de gas y electricidad y no a los distribuidores de estos productos y, por otro, a los mayoristas de productos petrolíferos y de gases licuados y no a los minoristas de este sector. El sistema de aportaciones al FNEE elegido por el legislador español no se encuentra falto de justificación y no se aprecia la vulneración del principio de proporcionalidad, pues la normativa de la UE concedía un amplio margen de flexibilidad a los Estados miembros para la elección del sistema que permitiese la consecución del objetivo de ahorro energético propuesto. El control de legalidad queda cumplido con la verificación de la aptitud del sistema nacional para cumplir con los objetivos establecidos por la Directiva y con los requisitos contemplados por la misma a los que se refiere la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia. Se descarta la naturaleza tributaria de la contribución financiera al FNEE -por lo que no cabe analizarla desde la perspectiva del art. 31 CE, si bien debe respetarse la reserva de ley del art. 133 CE-, así como la vulneración de la libertad de empresa y de la libre competencia.
Resumen: El TS desestima el recurso c-a interpuesto por el procedimiento de DDFF remitiéndose a un pronunciamiento anterior (STS, Sala 3ª; de 13/11/2019, Rec. 318/2018), concluyendo que (al margen de las grandes deficiencias del escrito de demanda): la competencia para enjuiciar los actos del Consejo de Ministros corresponde al TS; el cese de los titulares de los órganos de gobierno autonómicos se ha acordado por el Consejo de Ministros como órgano competente en virtud de la aplicación del artículo 155 CE; el cese subsiguiente del personal eventual de dichos cargos autonómicos no implica ni coacción administrativa ni ejecución forzosa ni vía de hecho alguna, sino que opera ope legis en estricto cumplimiento de las disposiciones que rigen el estatuto del personal eventual, y así se ha hecho en cumplimiento de la propia normativa autonómica; no se han infringido los principios de legalidad, ni de seguridad jurídica ni de arbitrariedad en el cese del personal eventual; no se infringe el derecho fundamental del artículo 23.2 CE a permanecer en las funciones públicas, puesto que se cesó al personal eventual sin obedecer a razones ideológicas alguna; tampoco se infringen los derechos de los artículos 24 y 25 CE toda vez que la interesada ha podido defender sus derechos en el presente recurso ante el TS y no ha sido objeto de ninguna sanción, sino de un cese por causa legal tasada, razón por la que tampoco ha sido privada indebidamente de su trabajo; y no ha habido discriminación alguna.
Resumen: Admisión. Infracción por inscripción indebida en fichero ASNEF. Impugnación por el deudor de determinadas cláusulas de un contrato de préstamo hipotecario. Concepto de deuda cierta vencida y exigible. La cuestión planteada en el recurso que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en determinar si el concepto de deuda cierta, vencida, exigible, que haya resultado impagada, comprende la cuantía total de la deuda reclamada por vía administrativa o judicial, o bien, a efectos de la posible inclusión en el registro ASNEF, pueden ser deducida aquella cantidad que no haya sido objeto de reclamación, en el presente caso el principal de la deuda y los intereses remuneratorios, por haber sido reclamadas sólo aquellas cantidades derivadas de cláusulas accesorias del contrato
Resumen: No ha lugar al recurso contencioso-administrativo interpuesto contra acto del Presidente del CGPJ que dispuso el cese del recurrente como Jefe de Prensa de la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a propuesta de la Directora de la Oficina de Comunicación del CGPJ y del Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. El TS ya se ha pronunciado sobre la naturaleza de personal eventual en el CGPJ, si bien la novedad de otra STS, dictada no respecto de personal eventual sino de cese de personal funcionario en puestos de libre designación, guardan semejanza con el personal eventual en lo que se refiere a la confianza personal que tiene la autoridad que designa en el funcionario designado, atendiendo a su valía y cualidades profesionales, mas personales como su actitud, motivación o identificación con los objetivos marcados para ese puesto. En el presente recurso las razones del cese del recurrente están explicitadas sin que, por el mismo, hubieren sido objetadas ni contradichas por medio de prueba alguno en orden al control jurisdiccional.
Resumen: Liquidación del impuesto sobre Grandes Establecimientos Comerciales de Cataluña. Doctrina de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 26 de abril de 2018 (asunto C-233/16): el establecimiento de un tributo que grava;por razones medioambientales y urbanísticas- los establecimientos comerciales de más de una determinada superficie no contraviene el Derecho de la Unión Europea, concretamente la libertad de establecimiento. No constituye una ayuda de Estado el hecho de prever supuestos de no sujeción (para establecimientos con una superficie útil de exposición y venta al público inferior a 2.500 metros cuadrados o para otros establecimientos comerciales individuales dedicados a la jardinería y a la venta de vehículos, materiales para la construcción, maquinaria y suministros industriales) por cuanto, a tenor de la jurisprudencia del TJUE, la fijación de aquellos umbrales entra dentro del margen de apreciación del legislador nacional. La justificación ofrecida por la Generalidad de Cataluña ha de reputarse suficiente y no ha sido enervada por la recurrente, que no es término de comparación con los establecimientos no sujetos.
Resumen: Impuesto sobre Grandes Establecimientos Comerciales: no es contrario al Derecho Comunitario ni a la Constitución.