Resumen: la cuestión que reviste interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia es la determinación de si el acceso a las ayudas formativas dirigidas a la capacitación para el desarrollo de las funciones relacionadas con la negociación colectiva y el diálogo social constituye o no una materia reservada a los sindicatos más representativos y/o representativos.
Resumen: Función pública. El artículo 26. Uno D), párrafo segundo, de la Ley 17/2012 (60) -y los artículos de las Leyes de Presupuestos Generales del Estado posteriores que lo han reproducido- no impiden que los funcionarios que desempeñen la totalidad o las tareas esenciales de un puesto de trabajo distinto de aquél para el que fueron nombrados perciban las diferencias retributivas entre los complementos de destino y específico del puesto efectivamente desempeñado y los del suyo. Desestimación del recurso de casación interpuesto por la Administración General del Estado.
Resumen: La sentencia del juzgado reconoce el derecho de una extranjera de que le sea expedida una autorización temporal de residencia en España por razones de arraigo social del artículo 124.2 del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000. Apela la Administración señalando que en este caso no se ha acreditado una verdadera inserción de la recurrente en el municipio donde se encuentra empadronada, atendiendo a los criterios reiteradamente mantenidos por la Sala, señalando además que el mantenimiento por cortos espacios temporales de muchas de las contrataciones efectuadas por la empresa oferente del contrato, permite dudar que exista un real compromiso de intención de mantener a la apelada por un tiempo igual o superior a un año. La Sala considera, que lo que se está cuestionando en autos no es la facultad discrecional para valorar el informe sino que la estimación del recurso de apelación debería partir de la falta total de veracidad de su contenido y es lo cierto que no hay razones en el recurso de apelación que lleven a tal conclusión, con independencia de las facultades que la Administración, para demostrar, en su día, si se falta a la veracidad, lo que no se ha desvirtuado en este juicio.
Resumen: Orden ETU/257/2018, de 16 de marzo, por la que se establecen las obligaciones de aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética en el año 2018. Desestimación del recurso. El sistema implantado por la Ley 18/2014 y desarrollado por la Orden impugnada es susceptible de alcanzar los objetivos establecidos por la Directiva 2012/27. En cuanto a la determinación de los sujetos obligados, el legislador ha tenido en cuenta determinados criterios de política económica que, sean o no acertados, son objetivos y no discriminatorios. Si la elección de sujetos obligados es conforme a la Directiva, no puede prosperar la alegación de la infracción de la libre competencia. No estamos ante una medida tributaria, lo que hace difícilmente aplicable la jurisprudencia del TJUE recaída en materia de exenciones tributarias. La prestación patrimonial de carácter público en que consiste la aportación al FNEE no tiene naturaleza tributaria, y no se infringe el principio de reserva de ley, pues es una norma de rango legal -la Ley 18/2014- la que define y delimita los elementos configuradores de la obligación de ahorro energético cuestionada. El control de legalidad y de motivación queda cumplido con la verificación de la aptitud del sistema nacional para cumplir con los objetivos establecidos por la Directiva y con los requisitos contemplados por la misma.
Resumen: La Sala se remite a las sentencias de 27 de marzo de 2019 (RCA/5405/2017) y 28 de marzo de 2019 (RCA/5822/2017), relativas a los intereses derivados del derecho a la devolución, para resolver el presente recurso de casación. Y así, recuerda que se está ante una infracción del Derecho de la Unión Europea originaria, que existe por el hecho mismo de que en el Impuesto sobre la Renta de No Residentes la retención no sea propiamente tal, sino una forma sui generis de gestión tributaria, en tanto que lo que se denomina "retención" no es un pago a cuenta pendiente de un ajuste posterior, sino el pago final de la cuota, sin posibilidad alguna de reembolso de lo excesivo, precisamente porque la ley no concibe en su diseño legal la posibilidad de exceso. De todo lo cual se desprende que la respuesta interpretativa sobre las cuestiones identificadas en el auto de admisión, teniendo en cuenta que se hace en referencia a la legislación aplicable por razones temporales al caso de autos, es que el sometimiento, mediante los mecanismos indirectos contemplados, a distinto tipo de gravamen a las instituciones de inversión colectiva residentes y no residentes suponía un tratamiento fiscal discriminatorio no justificado restrictivo de la libre circulación de capitales. Y la consecuencia ineludible de esa interpretación es la estimación del recurso de casación y el acogimiento de la pretensión articulada en la instancia por la parte demandante.
Resumen: Función pública. El artículo 26. Uno D), párrafo segundo, de la Ley 17/2012 -y los artículos de las Leyes de Presupuestos Generales del Estado posteriores que lo han reproducido- debe interpretarse en el sentido de que no impide que los funcionarios que desempeñen la totalidad o las tareas esenciales de un puesto de trabajo distinto de aquél para el que fueron nombrados perciban las diferencias retributivas entre los complementos de destino y específico del puesto efectivamente desempeñado y los del suyo.
Resumen: Se rechaza el primer motivo, ya que, ha existido trámite de audiencia y se incorporaron las alegaciones presentadas al expediente, de forma que, no hay indefensión, sin que tampoco resulte exigible una respuesta pormenorizada a cada una de las alegaciones presentadas. En segundo lugar, el informe del IDEA, ex Anexo I de la orden, efectúa el reparto del ahorro entre los sujetos obligados, conforme al art 70 L 18/2014 y la equivalencia financiera. La orden impugnada no vulnera la exigencia de informe previo del IDAE del art 70.1 L 18/2014. Las aportaciones revisten la naturaleza de prestaciones pecuniarias impuestas coactivamente por el poder público. En este sentido, la reserva legal del art 31.3 CE admite la colaboración reglamentaria siempre que ésta "sea indispensable por motivos técnicos o para optimizar el cumplimiento de las finalidades propuestas por la Constitución o por la ley" y se produzca dicha colaboración en términos de subordinación, desarrollo y complementariedad. Tampoco concurre incumplimiento del requisito del art 7 de la Directiva 2012/27/UE, afectante a un sistema de control de las medidas de mejora de la eficiencia energética. En efecto, la sentencia del TJUE que resuelve la cuestión prejudicial planteada concluye con la compatibilidad del sistema español y la directiva mencionada. Además, existe control por la Intervención General del Estado y el Comité de Seguimiento y Control. No se vulnera el principio de igualdad en la elección de los obligados.
Resumen: Impuesto sobre la renta de no residentes. Dividendos percibidos en España por organismos de inversión colectiva no residentes, sin establecimiento permanente, como consecuencia de su inversión en acciones cotizadas españolas. Régimen anterior a la Ley 2/2010, de 1 de marzo, por la que se transponen determinadas Directivas en el ámbito de la imposición indirecta y se modifica la Ley del IRNR para adaptarla a la normativa comunitaria. El tratamiento fiscal dispensado a tales entidades, en relación con el otorgado a las residentes, es discriminatorio y contrario al Derecho de la Unión Europea (artículos 63, 64 y 65 del TFUE), lo que obliga a reconocer el derecho a la devolución de las cantidades retenidas en exceso a aquellos organismos. Remisión a la jurisprudencia de la Sala.
Resumen: Nos encontramos ante una infracción del Derecho de la Unión Europea originaria, que existe por el hecho mismo de que en el IRNR la retención no sea propiamente tal, sino una forma sui generis de gestión tributaria, en tanto que lo que se denomina "retención" no es un pago a cuenta pendiente de un ajuste posterior, sino el pago final de la cuota, sin posibilidad alguna de reembolso de lo excesivo, precisamente porque la ley no concibe en su diseño legal la posibilidad de exceso. De todo lo cual se desprende que la respuesta interpretativa sobre las cuestiones identificadas en el auto de admisión, teniendo en cuenta que se hace en referencia a la legislación aplicable por razones temporales al caso de autos, es que el sometimiento, mediante los mecanismos indirectos contemplados, a distinto tipo de gravamen a las IICs residentes y no residentes suponía un tratamiento fiscal discriminatorio no justificado restrictivo de la libre circulación de capitales. Y la consecuencia ineludible de esa interpretación es la estimación del recurso de casación y el acogimiento de la pretensión articulada en la instancia por la parte demandante
Resumen: la cuestión que reviste interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia es la determinación de si existe alguna peculiaridad en las condiciones laborales del personal universitario docente e investigador en lo que atañe al ejercicio del derecho fundamental de huelga durante la celebración de exámenes oficiales programados y el subsiguiente establecimiento de los servicios esenciales mínimos.