Resumen: Admisión a trámite del recurso de casación. La cuestión planteada en el recurso que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en determinar los criterios aplicables para discernir si entra en juego el derecho de una confesión religiosa a la conservación de los datos personales de quien abandonó la confesión, por ser necesaria para sus fines religiosos, ante una solicitud inicial de supresión total de los mismos, y a qué concretos datos personales alcanzaría este derecho de conservación.
Resumen: La Ley 19/2013, por lo que respecta al acceso a la información pública, se constituye como la normativa básica trasversal que regula esta materia y crea un marco jurídico que complementa al resto de las normas. Sus previsiones tan solo quedan desplazadas, actuando en este caso como supletorias, cuando otra norma legal haya dispuesto un régimen jurídico propio y especifico de acceso a la información en un ámbito determinado (disp. adic 1ª apart 2º L 19/2013). La Agencia tributaria denegó la información solicitada por entender que los órganos de representación de los empleados públicos tienen un régimen propio de acceso a la información contenido en el Estatuto Básico del Empleado Público (art 40.1). Pero el desplazamiento de las previsiones contenidas en la Ley 19/2013 exige un régimen propio en relación con los sujetos legitimados y/o el contenido y límites de la información que puede proporcionarse y el precepto del EBEP no contiene un régimen específico. El art. 40.1 del Real Decreto legislativo 5/2015 de 30 de octubre (61) , por el que se regula el Estatuto Básico del Empleado Público, no contiene un régimen específico y alternativo que desplace el régimen general de acceso a la información contenido en la Ley 19/2013, ni limita o condiciona el acceso a la información que las Juntas de Personal pueden tener en relación con aquellas materias relativas los empleados que representan y la información que les atañe.
Resumen: Se descartan las alegaciones respecto de la infracción de los presupuestos habilitantes del Decreto Ley ex art. 86.1 CE, pues tal vicio afectaría sólo al RDL y no a la Ley 18/2014.La Orden impugnada no es una disposición de carácter general, por lo que se rechazan como motivos invalidantes la ausencia de una serie de trámites e informes preceptivos, exigibles cuando de la elaboración y aprobación de una disposición general se trate. Se constata,también, la motivación suficiente de la orden. El sistema implantado por la Ley 18/2014 y desarrollado por la Orden impugnada es susceptible de alcanzar los objetivos de eficiencia energética establecidos por la Directiva 2012/27/UE, disponiendo los Estados miembros un amplio margen para determinar los medios adecuados para alcanzar aquellos. El sistema español es compatible con el Derecho Europeo, siempre que se cumplan los requisitos exigidos en la Directiva. Se descarta también la vulneración del principio de libre competencia (por la selección de sujetos obligados). Se excluye la existencia de ayudas de Estado pues si la selección de sujetos está justificada, no hay situación fáctica y jurídica comparable entre las empresas obligadas a contribuir y las que no. La contribución financiera al FNEE de los sujetos obligados no tiene naturaleza tributaria, y no se infringe el principio de reserva de ley, pues es una norma de rango legal -la Ley 18/2014- la que define y delimita los elementos configuradores de la obligación de ahorro.
Resumen: Recurso contra nombramiento de promoción a la categoría de Magistrado del Tribunal Supremo. Desestimación. El nombramiento no se decide por antigüedad en el escalafón o en el escalafón de especialistas, sino en el grado de excelencia en el estricto ejercicio de la función jurisdiccional, y el acuerdo recurrido pone de relieve los méritos reveladores de la excelencia en el ejercicio de la función jurisdiccional del codemandado. La motivación del acuerdo recurrido satisface de forma adecuada todas las exigencias que dimanan de la jurisprudencia tanto en el criterio de excelencia en el ejercicio estricto de las funciones jurisdiccionales como en los aspectos complementarios. La expresión "mayoría simple" para el nombramiento significa que llega a tenerla, sin más, la decisión que obtiene más votos a favor que en contra.
Resumen: Ordenanza reguladora de Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento de Lasarte-Oria (Guipúzcoa). Legalidad del requisito relativo a la utilización obligatoria del euskera en las actividades para menores de 16 años establecida por el artículo 10.1.1 de la Ordenanza. La Abogacía del Estado impugna el precepto al estimar que vulnera el régimen de cooficialidad lingüística y el derecho a la igualdad establecidos constitucionalmente, el principio de no discriminación establecido en la normativa general estatal en materia de subvenciones y el régimen competencial de las Entidades Locales, visto que la actividad de fomento del euskera corresponde a la Administración Autonómica y no la Local. Se estima el recurso. Desde la perspectiva de los destinatarios de la actividad, los menores de 16 años que desconozcan el euskera recibirán un trato discriminatorio y desigual respecto de los que sí conozcan esta lengua, existiendo igualmente vulneración constitucional, toda vez que no existe obligación de conocer lenguas cooficiales distintas del castellano. La medida de fomento resulta excluyente y no inclusiva. Voto particular discrepante: El fomento del conocimiento del euskera pretendido en la norma controvertida no atenta a la cooficialidad lingüística establecida constitucionalmente, y es coherente con la posición de menor uso de dicha lengua.
Resumen: Determinar, en caso de llamamiento hereditario a título de plena propiedad, si la tributación por el Impuesto sobre Sucesiones ha de realizarse conforme al título sucesorio, por lo que no resultan de aplicación las reglas especiales de tributación por usufructo y nuda propiedad que puedan derivarse de las particiones y adjudicaciones realizadas entre los herederos o, por el contrario las referidas reglas especiales han de tenerse en cuenta aunque el usufructo y la nuda propiedad tengan su origen en los actos particulares de adjudicación de herencia. Parafraseando la cuestión con interés casacional planteada, debe señalarse que la tributación se ha realizado conforme al título sucesorio, auto de 25 de marzo de 2009 , y se han aplicado las normas sobre la tributación del derecho de usufructo. Siendo todo ello así, decae el planteamiento que realiza la parte recurrente, puesto que a la vista de los hechos y del pronunciamiento de la sentencia, en modo alguno han sido los herederos en la escritura de aceptación y partición de la herencia los que han determinado el modo de realizar la tributación, sin que se haya infringido el art. 27.1 de la LISD. Sin que proceda, a la vista de los términos en los que se formula la cuestión con interés casacional objetivo fijar los criterios interpretativos propuestos, puesto que los presupuestos que le sirven de soporte no son correctos.
Resumen: La Sala considera acertada la decisión de la sentencia recurrida de anular la cláusula del contrato referida a imponer al licitador una determinada forma jurídica societaria (transformación de sociedad cooperativa en sociedad anónima) puesto que dicha transformación no es necesaria para la ejecución del contrato. También es acertada la anulación de la cláusula que establece como único medio para acreditar la solvencia técnica la experiencia en contratos similares con similar objeto, pues la experiencia puede ser valorada como criterio preferente en la adjudicación, pero no como medio de acreditación de la solvencia técnica o profesional. En ambos casos se vulnera los principios de libertad de empresa y establecimiento y de libertad de acceso a las licitaciones en igualdad de trato entre candidatos. En cambio, se estima el recurso en el extremo referido a la cláusula que exige acreditar la solvencia económica mediante la presentación de las cuentas anuales de los tres ejercicios anteriores y la declaración del volumen global medio de los negocios, por cuanto se considera proporcionada en la medida en que no excluye participar en el procedimiento de licitación a ninguno de los licitadores, pues es en el momento de la adjudicación donde debe valorarse a la vista de los datos resultantes de la misma.
Resumen: Detención con motivo de una reyerta en la que aparecen drogas, y de la que se acusa al recurrente, que posteriormente es absuelto, siendo así que la la sentencia recurrida basa la inexistencia del requisito de convivencia cívica en ese único hecho aun "sub judice" al tiempo de dictarse la sentencia impugnada. No cabe entender que la sentencia absolutoria de un juzgado de lo penal, después de pronunciada la sentencia recurrida en revisión, conlleva que "se recobraren documentos decisivos" conforme al tenor del art. 102 LJCA, por cuanto que es preciso que tales documentos "recobrados" sean anteriores a la sentencia que se recure en revisión. El recurrente podría haber intentado la nulidad de la sentencia y, en su caso, el recurso de amparo, pero no se da el requisito previsto del artículo 102.1.a) LJCA.
Resumen: Constitucionalidad del requisito de acatar la Constitución. Inexistencia de preceptos y de jurisprudencia europeos que lo consideren incompatible con el Derecho de la Unión. Los actos recurridos, no entrañan ninguna persecución política y el principio de confianza legítima, presente en nuestro ordenamiento jurídico, por lo que no es necesario ir más allá de él para invocarlo, no ha sufrido ninguna merma. Del reconocimiento que hizo esta Sala en el auto de 5 de mayo de 2019 de su derecho fundamental de sufragio pasivo y recogieron las sentencias de los Juzgados de lo Contencioso Administrativo invocadas por ellos, no deriva más que el derecho a ser candidatos y a recibir el mismo trato previsto por la Ley Orgánica para quienes concurren a las elecciones en tal condición. De ningún modo implica la facultad de ser eximido de cumplir los requisitos impuestos a todos los candidatos por igual. También se declara la improcedencia de plantear cuestión prejudicial sobre si es o no compatible con el Derecho de la Unión Europea una regulación como la del artículo 224.2 de nuestra Ley Orgánica, ya que fuere cual fuere el pronunciamiento al que llegare el Tribunal de Justicia si la planteásemos, ninguna relevancia tendría para las pretensiones sustantivas de los recurrentes ya que es notorio que han sido reconocidos como miembros del Parlamento Europeo y que como tales están ejerciendo sus cargos.
Resumen: No ha lugar al recurso de casación interpuesto por la Comunidad Autónoma contra sentencia que, en grado de apelación, confirmó la anulación del cese de la demandante en la instancia en el puesto de trabajo denominado Jefa de Servicio de Industria y Energía, por falta de motivación de la resolución de cese de la funcionaria, que accedió al referido puesto de trabajo de libre designación a ocupar por funcionario. La cuestión de interés casacional ya ha sido resuelta por la Sala, y llevada al caso, la sentencia recurrida ha aplicado correctamente la doctrina jurisprudencial de esta Sala, y fundamenta su decisión en la vulneración del deber de motivación, con indefensión para actora, puesto que el deber de motivación no se agota exclusivamente en lo previsto en la competencia del órgano para adoptar el cese, sino que dicha motivación, debe alcanzar a expresar la razón de por qué las razones de oportunidad, basadas en la confianza e idoneidad apreciada para el puesto y que llevaron a su elección, ya no concurren, o si concurren, qué otra circunstancia objetiva determina la pertinencia del cese. Así, dado que las aducidas en este caso por el órgano que acordó el cese son discordantes con la realidad, como ha apreciado la sentencia recurrida, se constata la absoluta falta de motivación de la decisión recurrida.