Resumen: Impuesto sobre sucesiones. Posibilidad de reabrir un expediente iniciado mediante declaración. Declarada la caducidad del expediente, los actos del mismo, incluyendo la declaración, no interrumpen el plazo de prescripción, por lo que sólo puede reiniciarse el procedimiento si no ha transcurrido el plazo legalmente establecido. En el presente caso, se desestima el recurso de casación interpuesto por la Administración.
Resumen: En el supuesto litigioso no concurren los elementos esenciales determinantes de la situación de igualdad que constituye el presupuesto sustancial para la viabilidad de esta modalidad casacional, pues el objeto aquí cuestionado no se corresponde con el objeto de la sentencia de contraste que se invoca, que se refiere a un supuesto de denegación de nacionalidad española por residencia, que constituye un supuesto fáctico distinto, regulado por normas diferentes y cuyos pronunciamientos responden a los argumentos propios de dicha normativa en atención a las pretensiones efectuadas respecto de su aplicación al caso, siendo así que aquí la pretensión se suscita respecto de una solicitud de asilo y protección subsidiaria
Resumen: Precedentes de admisión: AATS de 31 de mayo y de 14 de junio de 2019 (RCA 1074/2019 y RCA 2134/2019). Las cuestiones planteadas en el recurso que presentan interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consisten en interpretar la normativa de protección de datos de carácter personal vigente a efectos de delimitar: (i) Qué debe considerarse como un tratamiento de datos de ámbito exclusivamente personal o doméstico a efectos de su exclusión del ámbito de protección que dispensa la LOPD con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2 LOPD -actual artículo 2.2.a) LO 3/2018 que remite al artículo 2.2 del Reglamento General (UE)-. (ii) En qué circunstancias (o con qué alcance) la voz de una persona puede considerarse como un dato de carácter personal, con arreglo al artículo 3 LOPD en relación con el artículo 5 RLOPD -actualmente artículo 4.1 del Reglamento General (UE)-. (iii) En qué términos debe llevarse a cabo la ponderación que prevé el artículo 7.f) de la Directiva 95/46/CE -actual artículo 6.1.f) del Reglamento General (UE)- entre el legítimo interés del responsable de los datos y la protección de datos de carácter personal de interesado. En el caso concreto se trata de determinar si la actividad que desarrolla la recurrente -a través de una aplicación de móvil que permite al usuario gastar bromas a terceros, así como grabar y difundir dicha broma- queda, o no, excluida del ámbito de aplicación de la LOPD.
Resumen: El sistema implantado por la Ley 18/2014 y aplicado por la Orden impugnada es susceptible de alcanzar los objetivos establecidos por la Directiva 2012/27/UE y la normativa española ha explicitado los criterios objetivos y no discriminatorios que le han llevado a sujetar a la obligación de eficiencia energética, por un lado, a los comercializadores de gas y electricidad y no a los distribuidores de estos productos y, por otro, a los mayoristas de productos petrolíferos y de gases licuados y no a los minoristas de este sector. El sistema de aportaciones al FNEE elegido por el legislador español no se encuentra falto de justificación y no se aprecia la vulneración del principio de proporcionalidad, pues la normativa de la UE concedía un amplio margen de flexibilidad a los Estados miembros para la elección del sistema que permitiese la consecución del objetivo de ahorro energético propuesto. El control de legalidad queda cumplido con la verificación de la aptitud del sistema nacional para cumplir con los objetivos establecidos por la Directiva y con los requisitos contemplados por la misma a los que se refiere la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia. Se descarta la naturaleza tributaria de la contribución financiera al FNEE -por lo que no cabe analizarla desde la perspectiva del art. 31 CE, si bien debe respetarse la reserva de ley del art. 133 CE-, así como la vulneración de la libertad de empresa, de la libre competencia y de la irretroactividad de las normas.
Resumen: No ha lugar al recurso contencioso-administrativo seguido por el procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales de la persona, interpuesto contra el cese del recurrente que prestaba servicios como trabajador eventual adscrito al Departamento de enseñanza, por RD 943/201, dictado en aplicación del art. 155 CE.. A pesar de las deficiencias de la demanda, el TS no acuerda la inadmisión del recurso contencioso-administrativo. El recurrente fue cesado en virtud del Real Decreto 943/2017, que no es un acto de la Administración de la Generalitat de Cataluña sustituida por el Gobierno, sino de éste en aplicación del artículo 155 CE. El TS no está vinculado por lo que digan los informes elaborados por la Administración, ya sea en el curso del expediente administrativo, ya sea al dar cumplimiento al artículo 116.2 LJ;no hay vía de hecho, es evidente el título habilitante para el cese automático, sin ser funcionario de carrera, ni interino, ni obtuvo su puesto en concurrencia competitiva. No es necesario procedimiento ni otra actuación que su aplicación inmediata, no susceptible de gradación ni de proporción ninguna. El TS no se advierte infracción de la legalidad, de la seguridad jurídica ni arbitrariedad; en el cese no hay ningún elemento ideológico si por tal se quiere aludir a algún tipo de persecución por las ideas, sino hechos concretos y previsiones constitucionales y legales, conocidos por el recurrente desde el primer momento.
Resumen: Se reproduce el pronunciamiento del TS sobre la misma cuestión contenido en la sentencia de 4 de diciembre de 2018 -RCA 5819/2017- en el sentido de que la interpretación que procede sobre la cuestión que presenta interés casacional objetivo -si la expulsión del territorio español es la sanción preferente a imponer a los extranjeros que hayan incurrido en las conductas tipificadas como graves en el apartado a) del artículo 53. 1º de la L.O. 4/2000, o si, por el contrario, la sanción principal para dichas conductas es la multa, siempre que no concurran circunstancias agravantes adicionales que justifiquen la sustitución de la multa por la expulsión del territorio nacional- ha de ser, a la vista del ordenamiento jurídico aplicable constituido por la LO 4/2000 y la Directiva 2008/115/CE -según la interpretación efectuada por el TJUE en sentencia de 23 de abril de 2015, asunto C-38/2011-, que lo procedente es decretar la expulsión del extranjero cuando concurra un supuesto de estancia irregular, salvo que concurra alguno de los supuestos de excepción previstos en los apartados 2 a 5 del artículo 6 de la Directiva 2008/115/CE o, en su caso, de los supuestos del art. 5 que propicien la aplicación del principio de no devolución. Y sin que ninguna objeción pueda oponerse respecto del principio de legalidad y tipicidad en materia sancionadora, en cuanto la conducta imputada al recurrente estaba definida perfectamente de manera previa en la normativa aplicable.
Resumen: La Sala desestima la casación contra sentencia de TSJ que estimó el recurso interpuesto por un funcionario del Cuerpo de Nacional de Policía y reconoció su derecho a percibir las diferencias percibidas por complemento de destino, complemento específico (general y singular) y complemento de productividad correspondientes al puesto de trabajo para el que fue nombrado y las asignadas por esos mismos conceptos al puesto de "personal técnico", que era el que efectivamente desempeñaba. La Sala, siguiendo lo ya dicho en sentencias anteriores, desestima el recurso y confirma la decisión de instancia, ya que, según sostiene, la interpretación del artículo 26. Uno D), párrafo segundo, de la Ley 17/2012 --y los artículos de las Leyes de Presupuestos Generales del Estado posteriores que lo han reproducido y relaciona el auto de admisión-- en el sentido de que no impide que los funcionarios que desempeñen la totalidad o las tareas esenciales de un puesto de trabajo distinto de aquél para el que fueron nombrados perciban las diferencias retributivas entre los complementos de destino y específico del puesto efectivamente desempeñado y los del suyo. Señala que mientras que ningún reproche parece suscitar que un ejercicio puntual de funciones de otro puesto no comporte el derecho a percibir las retribuciones complementarias de este último, tal como dicen esos artículos, solución diferente ha de darse cuando del ejercicio continuado de las funciones esenciales de ese ulterior puesto se trata.
Resumen: Orden ETU/258/2017, de 24 de marzo, por la que se establecen las obligaciones de aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética en el año 2017. Desestimación del recurso. La Orden impugnada no carece de justificación ni vulnera el principio de proporcionalidad. El sistema implantado por la Ley 18/2014 y desarrollado por la Orden impugnada es susceptible de alcanzar los objetivos establecidos por la Directiva 2012/27/UE. El legislador, al designar los sujetos obligados, ha tenido en cuenta determinados criterios de política económica que, sean o no acertados, son objetivos y no discriminatorios, no vulnerándose el principio de igualdad. No se vulnera el principio de libre competencia y la prohibición de ayudas del Estado. La Directiva 2012/27 confiere un amplio margen de apreciación a los Estados para configurar el sistema de ahorro energético más idóneo. La aportación al FNEE no tiene naturaleza tributaria, sin que se infrinja el principio de reserva de Ley, pues el establecimiento de las contribuciones financiaras se efectúa en una norma que formalmente tiene el rango de ley, la Ley 18/2014, que establece directa y explícitamente los elementos configuradores de la prestación patrimonial, sin perjuicio de la colaboración reglamentaria indispensable para la fijación de aspectos complementarios y de desarrollo.
Resumen: El sistema implantado por la Ley 18/2014 y aplicado por la Orden impugnada es susceptible de alcanzar los objetivos establecidos por la Directiva 2012/27/UE y la normativa española ha explicitado los criterios objetivos y no discriminatorios que le han llevado a sujetar a la obligación de eficiencia energética, por un lado, a los comercializadores de gas y electricidad y no a los distribuidores de estos productos y, por otro, a los mayoristas de productos petrolíferos y de gases licuados y no a los minoristas de este sector. El sistema de aportaciones al FNEE elegido por el legislador español no se encuentra falto de justificación y no se aprecia la vulneración del principio de proporcionalidad, pues la normativa de la UE concedía un amplio margen de flexibilidad a los Estados miembros para la elección del sistema que permitiese la consecución del objetivo de ahorro energético propuesto. El control de legalidad queda cumplido con la verificación de la aptitud del sistema nacional para cumplir con los objetivos establecidos por la Directiva y con los requisitos contemplados por la misma a los que se refiere la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia. Se descarta la naturaleza tributaria de la contribución financiera al FNEE -por lo que no cabe analizarla desde la perspectiva del art. 31 CE, si bien debe respetarse la reserva de ley del art. 133 CE-, así como la vulneración de la libertad de empresa, de la libre competencia y de la irretroactividad de la norma.
Resumen: Admisión. La cuestión sobre la que se entiende existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar si, conforme al régimen jurídico que resulta de aplicación, la sola existencia de algún antecedente penal determina sin más la denegación de la solicitud de autorización de larga duración o si, por el contrario, procede considerar la gravedad o el tipo de delito contra el orden público o la seguridad pública, o el peligro que representa la persona en cuestión, teniendo también debidamente presente la duración de la residencia y la existencia de vínculos con el país de residencia; y si incide, y en ese caso cómo, en la respuesta a la anterior cuestión el hecho de que el solicitante tenga un hijo menor de edad de nacionalidad española.