Resumen: La Sala estima el recurso de casación interpuesto contra sentencia de TSJ que confirmó la resolución administrativa denegatoria de la solicitud de un Guardia Civil de abono de retribuciones complementarias por desempeño, con carácter interino, de puesto de Jefe de Área. La Sala parte de su consolidada doctrina casacional por la que se reconoce el derecho de los funcionarios públicos a percibir las retribuciones complementarias superiores correspondientes al complemento específico del puesto que efectivamente hayan desempeñado de forma continuada, y la considera aplicable al personal de la Guardia Civil que haya ejercido el mando interino de un Área de un Puesto Principal, debiendo abonarle, en consecuencia, el componente singular del complemento específico correspondiente a ese puesto durante el tiempo que lo ejerció. El referido puesto fue asumido por el recurrente durante más de nueve meses por ser el guardia civil de mayor empleo del área en cuestión, al haber quedado vacante por ascenso y destino a otra unidad de su titular. Añade la sentencia que la asunción interina del mando no fue puntual, sino un ejercicio continuado de las funciones esenciales de ese puesto; razón por la cual debió percibir durante ese tiempo ese complemento retributivo.
Resumen: La Sala desestima el recurso de médico estatutario con relación laboral que pretende concurrir a la convocatoria de puesto de Dirección de Área de Gestión Sanitaria a la que solo podía presentarse personal estatutario fijo y ello a la luz de los avatares del hospital en el que trabajaba, que pasó de privado a público y en cuya transformación de mantuvo la naturaleza laboral de los empleados, así como de la autonomía de la Comunidad Autónoma y del Estatuto Marco que ampararían la reserva al personal estatutario sin afectar al principio de igualdad.
Resumen: La Sala estima el recurso de casación interpuesto frente a sentencia de la Audiencia Nacional, desestimatoria de recurso contencioso-administrativo interpuesto frente a resoluciones denegatorias de protección internacional a nacionales de Ucrania, dictada con anterioridad a la fecha en la que se inicia la invasión rusa de Ucrania, y al Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se amplía la protección temporal otorgada en virtud de la Decisión de Ejecución (UE) 2022/382 del Consejo, a personas afectadas por el conflicto de Ucrania que puedan encontrar refugio en España- en la situación de los extranjeros solicitantes de asilo y protección subsidiaria, reiterando previos pronunciamientos de la Sala, reconociendo que los extranjeros que pertenezcan a este grupo de personas, pueden acogerse de forma automática, sin necesidad de justificar un riesgo real de sufrir daños en su país de origen en el caso de ser devuelto, a los beneficios de dicho régimen de protección temporal, y singularmente al principio del Derecho Internacional Humanitario de no devolución.
Resumen: Para poder acordar la medida de expulsión de territorio nacional, como consecuencia de la situación irregular de un ciudadano extranjero, se exige la concurrencia de una circunstancia agravante que justifique su proporcionalidad, teniendo tal consideración la falta de exhibición acreditativa de la identidad del ciudadano extranjero, lo cual además determina la imposibilidad de conocer las circunstancias, el momento y el lugar de entrada en territorio nacional, pero no la tiene la mera existencia de antecedentes penales sin que la Administración justifique las circunstancias y el resultado de los mismos.
Resumen: La Sala desestima el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia que confirma la devolución del recurrente sin que sea preciso iniciar expediente de expulsión cuando pretende la entrada ilegal en el territorio. Que hubiera sido rescatado en la mar y en aguas internacionales por Salvamento Marítimo no es óbice para deducir su intención de entrar en España. Una vez que consta que el recurrente, a bordo de una patera, pretendía acceder a la costa más cercana de donde se encontraba, que era la española, siendo recogidos por una embarcación de Salvamento Marítimo, procede la devolución a su país de origen pues fácilmente se puede presumir que la intención del recurrente era la de penetrar en el territorio nacional. No cabe concluir que una persona que en condiciones de extrema pobreza se embarca en una patera para simplemente transitar por el mar o ir a un país lejano sin acopio de víveres ni bebidas, ni otros aparatos de navegación.
Resumen: Extranjería. Permiso de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales por arraigo laboral. Interpretación del artículo 124.1 del Real Decreto 557/2011. La Sala da respuesta a la cuestión planteada en el auto de admisión del recurso de casación fijando como doctrina jurisprudencial que el periodo mínimo de 2 años de permanencia continuada en España, a que se refiere el artículo 124.1 del Real Decreto 557/2011, debe ser inmediatamente anterior a la solicitud de la autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales de arraigo laboral.
Resumen: Estima el recurso de casación interpuesto y la Sala, dando respuesta a las cuestiones planteadas en este recurso de casación que presentan interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, declara, en interpretación del artículo 50 de la Ley del Notariado de 28 de mayo de 1862, que: Un profesor titular o catedrático de Derecho civil debe considerarse como profesional que acredita conocimientos necesarios en la materia, a efectos de ser incluido en la lista de peritos conforme al art. 50 de la Ley del Notariado, en particular como contador-partidor dativo; sin que sea necesario que esté colegiado en un colegio profesional o sea obstáculo que desempeñe su actividad por cuenta ajena, pues no solo ostenta un título oficial -licenciado o graduado Derecho-, sino que acredita conocimientos necesarios en la materia no solo como derivados de tal título, sino por desempeñar su actividad docente o lectiva e investigadora en el ámbito jurídico-privado. Por lo que, teniendo en cuenta el principio de idoneidad, así como el principio de igualdad recogido en el art. 14 CE, que impide un trato desigual irrazonable o indebidamente fundado, nada impide que sea incluido en la lista de peritos conforme al art. 50 LN, en particular como contador-partidor.
Resumen: El proceso de asignación de mandos y destinos de especial responsabilidad en la Armada se basa en un sistema de baremación recogido en la Guía de Asignación de Mandos y Destinos de Especial Responsabilidad del Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada (AJEMA). La cuestión de interés casacional es si los "documentos derivados de la aplicación de la Guía" deben formar parte del expediente administrativo o no, por ser una información auxiliar. Y si los interesados en el proceso de libre designación tienen derecho al acceso a los documentos que se elaboran en aplicación de la Guía, por formar parte de un expediente administrativo (artículo 53.1.a) de la Ley 39/2015). La Sala considera que la potestad del AJEMA para la atribución de ciertos mandos y destinos de libre designación es discrecional, pero está sujeta a una disciplina jurídica. Son distintos de los destinos de estricta confianza personal. La potestad incide en el derecho a la carrera profesional, que es la progresión según criterios de mérito y capacidad contrastados. La idoneidad profesional de los aspirantes se aprecia con una valoración subjetiva y no, exclusivamente, en baremos o criterios objetivos. Con la Guía la decisión se somete a un proceso previo, objetivable, con la legítima confianza de seguimiento de tal iter. Por ello, la Sala concluye que los documentos derivados de la aplicación de la referida Guía tienen el carácter de documentos que deben formar parte del expediente administrativo.
Resumen: La Sala desestima el recurso de casación de la Junta de Andalucía que se basó exclusivamente en la falta de jurisdicción del orden contencioso-administrativo, sin impugnar la decisión sobre el fondo del asunto, sobre la delimitación del ámbito competencial de las jurisdicciones contencioso-administrativa y social en materia de acoso laboral. Tras analizar su jurisprudencia, la Sala concluye que la jurisdicción contencioso-administrativa debe resolver los recursos contra los actos administrativos adoptados en procedimientos cuyo objeto sea investigar o depurar la responsabilidad disciplinaria por conductas presuntas de acoso laboral cuando hayan sido cometidas por personal funcionario, todo ello con independencia de quien sea el presunto sujeto pasivo del acoso. Por el contrario, el orden jurisdiccional social es el competente para conocer la impugnación de resoluciones que establezcan medidas de prevención del acoso laboral que no sean disposiciones generales, o de actuaciones de las Administraciones públicas que infrinjan esas medidas preventivas, o cuando se pretenda la exigencia de responsabilidad derivada de los daños sufridos como consecuencia del incumplimiento de esas medidas. Por ello, desestima el recurso pues, en el presente caso, lo sustancial de la resolución administrativa recurrida en instancia es que ponía fin al procedimiento de investigación seguido por su conducta, apuntando indicios de acoso laboral y de una posible responsabilidad disciplinaria.
Resumen: La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia determinar si los hijos de nacidos en el Sáhara Occidental durante la etapa en que este se hallaba bajo autoridad española pueden acogerse a la autorización de residencia temporal por razones de arraigo familiar prevista actualmente en el artículo 124.3.c) del Reglamento de la Ley de extranjería.
