• Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Murcia
  • Ponente: MARIA ESPERANZA SANCHEZ DE LA VEGA
  • Nº Recurso: 124/2020
  • Fecha: 11/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se desestima el recurso de apelación interpuesto confirmando el auto de la instancia por el que se acordó el archivo de los autos, al no atender , el recurrente,el requerimiento formulado para que compareciera personalmente en el Juzgado a los fines de manifestar expresamente su voluntad de interponer el recurso o ejercitar la acción pretendida, ratificando así la demanda presentada por el Letrado designado por el SOJ. Se invoca por el recurrente la vulneración de la tutela judicial efectiva del art. 24 de la CE alegando que el requerimiento de subsanación que le fue realizado,era improcedente al constar aportada la designación del turno de oficio y ser la misma suficiente. Se alude por el Tribunal al art. 22 de la LO 4/2000 destacando que al solicitarse la justicia gratuita,al inicio del expediente administrativo,no se tiene constancia de que,una vez finalizado el mismo el extranjero tenga voluntad de recurrir en vía judicial siendo por ello necesario,el otorgamiento de la correspondiente representación procesal,bien,mediante poder notarial,bien apud acta y si bien,ante los órganos unipersonales la representación la puede ostentar el abogado es en todo caso necesario,el otorgamiento expreso de la misma. Que por ello se comparte con el auto de la instancia que resulta insuficiente la solicitud de justicia gratuita para que el letrado designado ostente la representación necesaria para recurrir y,la falta de otorgamiento expreso de autorización conlleva el archivo.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Murcia
  • Ponente: GEMA QUINTANILLA NAVARRO
  • Nº Recurso: 81/2020
  • Fecha: 11/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se estima el recurso de apelación interpuesto por el abogado del estado, revocando la sentencia estimatoria de la instancia y confirmando,así la Resolución impugnada por la que se acordó la extinción de la autorización de residencia de la que era titular el recurrente. Se estima el recurso en la instancia atendiendo a los defectos en la notificación practicada. Se examina por la Sala,con carácter previo, los defectos en la notificación invocados atendiendo al régimen legal actualmente vigente y se revoca la conclusión de la instancia considerando que,del examen del expediente administrativo se constata que la notificación se practicó en el domicilio que constaba como del interesado,donde se llevaron a cabo los dos intentos de notificación conforme a la normativa aplicable. En cuanto al fondo, se confirma la extinción acordada,rechazando los defectos formales invocados y todo ello, al no haber sido desvirtuados por el recurrente, los motivos que han dado lugar a dicha extinción y en concreto, el hecho de que la plena efectividad de la autorización de residencia quedó condicionada a la formalización del contrato de trabajo en los tres meses posteriores a la entrada en España del extranjero quedando frente a ello, plenamente acreditado que la formalización de dicho contrato ser realizó una vez excedido el plazo concedido, destacando igualmente, que el contrato se suscribió a media jornada,cuando el compromiso era el de celebrar el contrato a jornada completa.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JORGE RODRIGUEZ-ZAPATA PEREZ
  • Nº Recurso: 423/2018
  • Fecha: 11/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Recurso contra nombramiento de promoción a la categoría de Magistrado del Tribunal Supremo. Desestimación. El nombramiento no se decide por antigüedad en el escalafón o en el escalafón de especialistas, sino en el grado de excelencia en el estricto ejercicio de la función jurisdiccional, y el acuerdo recurrido pone de relieve los méritos reveladores de la excelencia en el ejercicio de la función jurisdiccional del codemandado. La motivación del acuerdo recurrido satisface de forma adecuada todas las exigencias que dimanan de la jurisprudencia tanto en el criterio de excelencia en el ejercicio estricto de las funciones jurisdiccionales como en los aspectos complementarios. La expresión "mayoría simple" para el nombramiento significa que llega a tenerla, sin más, la decisión que obtiene más votos a favor que en contra.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: EDUARDO CALVO ROJAS
  • Nº Recurso: 218/2018
  • Fecha: 11/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se descartan las alegaciones respecto de la infracción de los presupuestos habilitantes del Decreto Ley ex art. 86.1 CE, pues tal vicio afectaría sólo al RDL y no a la Ley 18/2014.La Orden impugnada no es una disposición de carácter general, por lo que se rechazan como motivos invalidantes la ausencia de una serie de trámites e informes preceptivos, exigibles cuando de la elaboración y aprobación de una disposición general se trate. Se constata,también, la motivación suficiente de la orden. El sistema implantado por la Ley 18/2014 y desarrollado por la Orden impugnada es susceptible de alcanzar los objetivos de eficiencia energética establecidos por la Directiva 2012/27/UE, disponiendo los Estados miembros un amplio margen para determinar los medios adecuados para alcanzar aquellos. El sistema español es compatible con el Derecho Europeo, siempre que se cumplan los requisitos exigidos en la Directiva. Se descarta también la vulneración del principio de libre competencia (por la selección de sujetos obligados). Se excluye la existencia de ayudas de Estado pues si la selección de sujetos está justificada, no hay situación fáctica y jurídica comparable entre las empresas obligadas a contribuir y las que no. La contribución financiera al FNEE de los sujetos obligados no tiene naturaleza tributaria, y no se infringe el principio de reserva de ley, pues es una norma de rango legal -la Ley 18/2014- la que define y delimita los elementos configuradores de la obligación de ahorro.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: PABLO MARIA LUCAS MURILLO DE LA CUEVA
  • Nº Recurso: 271/2019
  • Fecha: 10/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se examina en la Sala Tercera el acuerdo de la Junta Electoral Central (JEC) de 13 de junio de 2019 sobre la denegación de la remisión del acta de proclamación de electos al Parlamento Europeo y la comunicación del Vicepresidente de la JEC al Parlamento Europeo de los diputados que han acatado la Constitución. El Alto Tribunal, una vez descartada la abstención de los magistrados que forman la Sección al no concurrir los requisitos legales establecidos, explica los hechos relevantes que llevaron a la JEC a no tener por efectuado el acatamiento a la Constitución y lo infundado de las quejas sobre la prueba practicada. Sostiene que el cometido de la JEC no es efectuar el escrutinio, sino el recuento, limitándose a a sumar los resultados, determinar el número de escaños correspondiente a cada candidatura y proclamar a los electos. El acatamiento a la Constitución es un acto personalísimo que sirve de condición para acceder a un cargo representativo. En las elecciones al Parlamento Europeo, a falta de norma específica en el Derecho de la Unión, no es esa institución la que constata el cumplimiento de ese requisito, sino una autoridad española, que en este caso es la Junta Electoral Central, que es el órgano que preside la Administración Electoral española, cuya actuación resulta conforme a la Constitución y a la Ley electoral. Finalmente, se descarta el planteamiento de cuestión prejudicial, pues los recurrentes han sido reconocidos finalmente europarlamentarios.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: PABLO MARIA LUCAS MURILLO DE LA CUEVA
  • Nº Recurso: 278/2019
  • Fecha: 10/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Constitucionalidad del requisito de acatar la Constitución. Inexistencia de preceptos y de jurisprudencia europeos que lo consideren incompatible con el Derecho de la Unión. Los actos recurridos, no entrañan ninguna persecución política y el principio de confianza legítima, presente en nuestro ordenamiento jurídico, por lo que no es necesario ir más allá de él para invocarlo, no ha sufrido ninguna merma. Del reconocimiento que hizo esta Sala en el auto de 5 de mayo de 2019 de su derecho fundamental de sufragio pasivo y recogieron las sentencias de los Juzgados de lo Contencioso Administrativo invocadas por ellos, no deriva más que el derecho a ser candidatos y a recibir el mismo trato previsto por la Ley Orgánica para quienes concurren a las elecciones en tal condición. De ningún modo implica la facultad de ser eximido de cumplir los requisitos impuestos a todos los candidatos por igual. También se declara la improcedencia de plantear cuestión prejudicial sobre si es o no compatible con el Derecho de la Unión Europea una regulación como la del artículo 224.2 de nuestra Ley Orgánica, ya que fuere cual fuere el pronunciamiento al que llegare el Tribunal de Justicia si la planteásemos, ninguna relevancia tendría para las pretensiones sustantivas de los recurrentes ya que es notorio que han sido reconocidos como miembros del Parlamento Europeo y que como tales están ejerciendo sus cargos.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE ANTONIO MONTERO FERNANDEZ
  • Nº Recurso: 4870/2017
  • Fecha: 10/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Determinar, en caso de llamamiento hereditario a título de plena propiedad, si la tributación por el Impuesto sobre Sucesiones ha de realizarse conforme al título sucesorio, por lo que no resultan de aplicación las reglas especiales de tributación por usufructo y nuda propiedad que puedan derivarse de las particiones y adjudicaciones realizadas entre los herederos o, por el contrario las referidas reglas especiales han de tenerse en cuenta aunque el usufructo y la nuda propiedad tengan su origen en los actos particulares de adjudicación de herencia. Parafraseando la cuestión con interés casacional planteada, debe señalarse que la tributación se ha realizado conforme al título sucesorio, auto de 25 de marzo de 2009 , y se han aplicado las normas sobre la tributación del derecho de usufructo. Siendo todo ello así, decae el planteamiento que realiza la parte recurrente, puesto que a la vista de los hechos y del pronunciamiento de la sentencia, en modo alguno han sido los herederos en la escritura de aceptación y partición de la herencia los que han determinado el modo de realizar la tributación, sin que se haya infringido el art. 27.1 de la LISD. Sin que proceda, a la vista de los términos en los que se formula la cuestión con interés casacional objetivo fijar los criterios interpretativos propuestos, puesto que los presupuestos que le sirven de soporte no son correctos.
  • Tipo Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ISABEL GARCIA GARCIA-BLANCO
  • Nº Recurso: 437/2018
  • Fecha: 10/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Adquisición nacionalidad española por residencia. Requisitos. Buena conducta cívica. La Sala recoge doctrina y jurisprudencia sobre dicho requisito. También se precisa que en el ámbito jurisdiccional, solo se examina el motivo de denegación. Consta que se ha dictado sentencia condenatoria del año 2010 por delito de violencia doméstica y de género, así como una detención antigua por tráfico de drogas, de lo que no consta su resultado final. Se considera que no ha quedado acreditado el cumplimiento del requisito señalado.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO JESUS FONSECA-HERRERO RAIMUNDO
  • Nº Recurso: 3798/2018
  • Fecha: 10/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Ordenanza reguladora de Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento de Lasarte-Oria (Guipúzcoa). Legalidad del requisito relativo a la utilización obligatoria del euskera en las actividades para menores de 16 años establecida por el artículo 10.1.1 de la Ordenanza. La Abogacía del Estado impugna el precepto al estimar que vulnera el régimen de cooficialidad lingüística y el derecho a la igualdad establecidos constitucionalmente, el principio de no discriminación establecido en la normativa general estatal en materia de subvenciones y el régimen competencial de las Entidades Locales, visto que la actividad de fomento del euskera corresponde a la Administración Autonómica y no la Local. Se estima el recurso. Desde la perspectiva de los destinatarios de la actividad, los menores de 16 años que desconozcan el euskera recibirán un trato discriminatorio y desigual respecto de los que sí conozcan esta lengua, existiendo igualmente vulneración constitucional, toda vez que no existe obligación de conocer lenguas cooficiales distintas del castellano. La medida de fomento resulta excluyente y no inclusiva. Voto particular discrepante: El fomento del conocimiento del euskera pretendido en la norma controvertida no atenta a la cooficialidad lingüística establecida constitucionalmente, y es coherente con la posición de menor uso de dicha lengua.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SEGUNDO MENENDEZ PEREZ
  • Nº Recurso: 2857/2016
  • Fecha: 10/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala considera acertada la decisión de la sentencia recurrida de anular la cláusula del contrato referida a imponer al licitador una determinada forma jurídica societaria (transformación de sociedad cooperativa en sociedad anónima) puesto que dicha transformación no es necesaria para la ejecución del contrato. También es acertada la anulación de la cláusula que establece como único medio para acreditar la solvencia técnica la experiencia en contratos similares con similar objeto, pues la experiencia puede ser valorada como criterio preferente en la adjudicación, pero no como medio de acreditación de la solvencia técnica o profesional. En ambos casos se vulnera los principios de libertad de empresa y establecimiento y de libertad de acceso a las licitaciones en igualdad de trato entre candidatos. En cambio, se estima el recurso en el extremo referido a la cláusula que exige acreditar la solvencia económica mediante la presentación de las cuentas anuales de los tres ejercicios anteriores y la declaración del volumen global medio de los negocios, por cuanto se considera proporcionada en la medida en que no excluye participar en el procedimiento de licitación a ninguno de los licitadores, pues es en el momento de la adjudicación donde debe valorarse a la vista de los datos resultantes de la misma.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.