Resumen: Liquidación del impuesto sobre Grandes Establecimientos Comerciales de Cataluña. Tanto el Tribunal Constitucional, en su sentencia nº 96/2013, como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en las sentencias del TJUE de 26 de abril, cuestiones prejudiciales acumuladas C-236/16 y C-237/16, han respaldado la conformidad a la constitución y a las libertades comunitarias.
Resumen: La ley autonómica no contradice los principios constitucionales de igualdad, capacidad económica y libertad de empresa. Doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea: el establecimiento de un tributo que grava, por razones medioambientales y urbanísticas, los establecimientos comerciales de más de una determinada superficie no contraviene el Derecho de la Unión Europea, concretamente la libertad de establecimiento. No constituye una ayuda de Estado el hecho de prever supuestos de no sujeción (para establecimientos con una superficie útil de exposición y venta al público inferior a 2.500 metros cuadrados) por cuanto, a tenor de la jurisprudencia del TJUE, la fijación de aquellos umbrales entra dentro del margen de apreciación del legislador nacional. Desestimación del recurso de casación.
Resumen: Valoración del informe obrante en el expediente administrativo.
Resumen: El sistema implantado por la Ley 18/2014 y aplicado por la Orden impugnada es susceptible de alcanzar los objetivos establecidos por la Directiva 2012/27/UE y la normativa española ha explicitado los criterios objetivos y no discriminatorios que le han llevado a sujetar a la obligación de eficiencia energética, por un lado, a los comercializadores de gas y electricidad y no a los distribuidores de estos productos y, por otro, a los mayoristas de productos petrolíferos y de gases licuados y no a los minoristas de este sector. El sistema de aportaciones al FNEE elegido por el legislador español no se encuentra falto de justificación y no se aprecia la vulneración del principio de proporcionalidad, pues la normativa de la UE concedía un amplio margen de flexibilidad a los Estados miembros para la elección del sistema que permitiese la consecución del objetivo de ahorro energético propuesto. El control de legalidad queda cumplido con la verificación de la aptitud del sistema nacional para cumplir con los objetivos establecidos por la Directiva y con los requisitos contemplados por la misma a los que se refiere la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia. Se descarta la naturaleza tributaria de la contribución financiera al FNEE -por lo que no cabe analizarla desde la perspectiva del art. 31 CE, si bien debe respetarse la reserva de ley del art. 133 CE-, así como la vulneración de la libertad de empresa y de la libre competencia.
Resumen: El IGEC catalán es conforme a la Constitución española y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
Resumen: Orden ETU/258/2017, de 24 de marzo, por la que se establecen las obligaciones de aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética en el año 2017. Desestimación del recurso. La Orden no es una disposición general sino un acto administrativo, por lo que no se aplican los trámites e informes de las disposiciones generales; y aunque el Gobierno puede recabar un informe de la CNMC cuando lo estime conveniente, su ausencia carece de efectos invalidantes cuando su petición, como es el caso, sea facultativa y no preceptiva. El sistema implantado por la Ley 18/2014 y desarrollado por la Orden impugnada es susceptible de alcanzar los objetivos establecidos por la Directiva 2012/27/UE, y la Administración ha explicitado los criterios objetivos y no discriminatorios que le han llevado a sujetar a la obligación de eficiencia energética sólo a parte de los sujetos de los sistemas de gas y electricidad. La contribución financiera al FNEE de los sujetos obligados no tiene naturaleza tributaria. No se infringe el principio de reserva de Ley, pues es una norma de rango legal -la Ley 18/2014- la que define y delimita los elementos configuradores de la obligación de ahorro energético cuestionada.
Resumen: Orden IET/258/2017, de 24 de marzo, por la que se establecen las obligaciones de aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética en el año 2017. Desestimación del recurso. El sistema implantado por la Ley 18/2014 y aplicado por la Orden impugnada es susceptible de alcanzar los objetivos establecidos por la Directiva 2012/27/UE, y la normativa española ha explicitado los criterios objetivos y no discriminatorios que le han llevado a sujetar a la obligación de eficiencia energética, por un lado, a los comercializadores de gas y electricidad y no a los distribuidores de estos productos y, por otro, a los mayoristas de productos petrolíferos y de gases licuados y no a los minoristas de este sector. El sistema de aportaciones al FNEE elegido por el legislador español no cabe considerarlo falto de justificación, y no se aprecia que se vulnere el principio de proporcionalidad, pues la normativa de la Unión Europea concedía un amplio margen de flexibilidad a los Estados miembros para la elección del sistema que permitiese la consecución del objetivo de ahorro energético propuesto. No se advierte vulneración del principio de irretroactividad por el hecho de que la norma diseñe un sistema en el que las aportaciones se calculan tomando en consideración las cifras de ventas de energía correspondientes a ejercicios anteriores.
Resumen: Es una norma con rango legal, (la Ley 18/2014), la que delimita los elementos configuradores de la obligación de ahorro energético cuestionada. La determinación de los sujetos obligados a la aportación no es discriminatoria, la Ley 18/2014, justifica la selección de los sujetos obligados en criterios de política económica que, sean o no acertados, son objetivos y no discriminatorios. No se advierte la vulneración del principio de igualdad. Además, determinadas opciones de carácter técnico o de política económica, pueden resultar acertadas o no, pero ello no es óbice a la legalidad. De otro lado, se rechaza que el RDley 18/2014 y ley 18/2014 vulneren el principio de interdicción de arbitrariedad, por cuanto se motiva cuales son los objetivos de ahorro y los sujetos obligados conforme a la directiva 2012/27/UE. Respecto a la pretendida vulneración del principio de capacidad económica, no estamos ante una prestación de naturaleza tributaria, al que le sea invocable el art 31 CE (capacidad económica). La determinación de la contribución con relación a las ventas es un criterio objetivo que toma en consideración el volumen de la actividad comercial desarrollada por la empresa al margen de los costes en los que incurra, criterio que no es discriminatorio. Se descarta el planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad. Finalmente, partiendo de la STJUE que resolvió la cuestión prejudicial comunitaria planteada, el sistema español es compatible con la directiva 2012/27/UE.
Resumen: El Fondo Nacional de Eficiencia Energética se crea con la finalidad de financiar medidas necesarias de eficiencia energética. La orden impugnada establece las obligaciones de aportación al fondo en el año 2017. Se rechaza el primero de los motivos referente a la impugnación de la Orden, basada en el argumento de que se trata de una disposición general que ha sido aprobada con vulneración manifiesta del procedimiento legalmente establecido, ya que se trata de un acto administrativo de aplicación con destinatario múltiple. En lo que se refiere a la justificación del sistema de aportaciones al FNEE, elegido por el legislador español, esta Sala considera que no cabe considerar que carezca de justificación ni que vulnere el principio de proporcionalidad. Y ello por cuanto, la normativa Europea concede un amplio margen de flexibilidad a los Estados miembros para la elección del sistema y la opción elegida y su inmediata implantación obedece a la necesidad de optar por un mecanismo que posibilitase el cumplimiento de los objetivos de ahorro. Tampoco adolece de falta de motivación, en el Anexo II se recoge las ventas de 2015 que han servido para obtener la cuota (información suficientemente justificada). Partiendo de la STJUE que resuelve la cuestión prejudicial comunitaria planteada, el sistema español es compatible con la directiva 2012/27/UE, pues, desde una perspectiva global cabe reputarlo idóneo para cumplir con los objetivos de ahorro. No existe discriminación.
Resumen: Se reconoce una indemnización en concepto de responsabilidad patrimonial formulada por los daños y perjuicios derivados de la aplicación del Impuesto sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos creado por la Ley 24/2001, y ello a la vista de que el debate trabado en el recurso no difiere en nada que sea jurídicamente relevante del que tuvo lugar en otros anteriores. La indemnización se integra por la suma de todas las cantidades abonadas durante la vigencia del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de determinados Hidrocarburos contrario al Derecho de la Unión Europea. A ello no obsta que en vía administrativa no se cuantificara por la recurrente y la Administración el concreto importe de la cantidad reclamada en el recurso; cantidad que es el resultado de la suma de las cantidades abonadas por la recurrente durante la vigencia del IVMDH acreditadas en las facturas aportadas al expediente administrativo.