• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANGELES HUET DE SANDE
  • Nº Recurso: 3661/2019
  • Fecha: 23/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala desestima el recurso. Cuando con ocasión de la tramitación de un procedimiento de protección internacional en frontera al amparo del art. 21 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, se conozca por la Oficina de Asilo y Refugio la posible existencia de una situación de apatridia -como ha ocurrido en el caso de autos-, se está en el supuesto del art. 2.2 del RD 865/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de reconocimiento del estatuto de apátrida, de iniciación de oficio del procedimiento de reconocimiento de dicho estatuto regulado en el citado reglamento. La sentencia recurrida se ajusta a la interpretación expuesta. Y no existía obstáculo alguno al análisis por la sentencia de esta cuestión ya que la iniciación del procedimiento de reconocimiento del estatuto de apátrida, no sólo fue expresamente solicitada en la demanda, sino que fue abordada en vía administrativa en los informes emitidos por ACNUR a la petición inicial de protección internacional y a la de reexamen, en los que se recomendaba por dicho organismo la iniciación del procedimiento de reconocimiento de la condición de apátrida, y en la propia solicitud de reexamen presentada por el interesado en la que, de forma subsidiaria, también se contenía esta petición que fue, además, expresamente respondida, para rechazarla, en la resolución del reexamen.
  • Tipo Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JESUS NICOLAS GARCIA PAREDES
  • Nº Recurso: 1350/2019
  • Fecha: 22/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: En la sentencia, tras exponer la normativa aplicable y la jurisprudencia que la interpreta, analiza el relato ofrecido por la parte actora. Expone la jurisprudencia que analiza el fenómeno de las maras en El Salvador, que considera que dichas pandillas no pueden calificarse como agente perseguidor en el sentido exigido por la Convención de Ginebra de 1951, sino que se trata de una problemática de delincuencia común. En este sentido, declara que, las circunstancias invocadas por la recurrente no están previstas en las normas expuestas como causa para otorgar el asilo como motivo de persecución, de los previstos en el artículo 2, de la Directiva 2011/95/UE; además de que no existe, ni indiciariamente, prueba alguna sobre la presentación de denuncia alguna ante las autoridades competentes. Y, por otra parte, como se desprende de sus manifestaciones, los agentes perseguidores no son agentes de la autoridad o autoridades nacionales del país de origen, sino de los componente de bandas delictivas, que no están contempladas en el concepto de agente de persecución o causante de daños graves, conforme a lo establecido en el artículo 6 de la directiva 2011/95/UE. Añade que la intención de la parte era dirigirse a Italia, en donde tenía familia. Por ello, rechaza el asilo y la protección subsidiaria.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CESAR TOLOSA TRIBIÑO
  • Nº Recurso: 7846/2019
  • Fecha: 22/07/2020
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: La cuestión sobre la que se entiende existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar si, a efectos de la renovación de las autorizaciones de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena, la percepción por el extranjero de una prestación económica asistencial de carácter público como renta de ingresos o inclusión social o análoga, puede considerarse como prestación destinada a lograr su inserción social o laboral.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: RAFAEL FERNANDEZ VALVERDE
  • Nº Recurso: 5312/2019
  • Fecha: 22/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala desestima el recurso. La cuestión sobre si en la actuación ante órganos judiciales unipersonales la designación de letrado por el turno de oficio excluye la exigencia de otorgamiento de la representación mediante poder o comparecencia apud acta- fue resuelta ya por la sentencia de 30 de junio de 2011, dictada en el recurso de casación en interés de ley nº 76/2009, formulado por el Colegio de Abogados de Madrid en el que se solicitaba, precisamente, que se declarara como doctrina legal que la designación de oficio de Abogado conlleva la representación, pretensión que fue rechazada por la Sala. No habiéndose atribuido la representación al letrado firmante de la demanda, no consta la voluntad de interponer el recurso por parte del verdadero legitimado para su interposición. Y esta ausencia de voluntad no puede ser suplida por el Juzgado e impide, asimismo, que pueda activarse el mecanismo de designación colegial de procurador de oficio previsto en el art. 21 de la Ley 1/1996, de Asistencia Jurídica Gratuita, además de no ser imprescindible la intervención de procurador ante los Juzgados de lo Contencioso Administrativo ( art. 23.1 LJCA). la falta de acreditación por el letrado de oficio de la representación que afirmaba ostentar no puede considerarse el incumplimiento de una mera formalidad procesal, sino la ausencia de un verdadero presupuesto del proceso atinente a la postulación procesal que debe cumplirse en la forma prevista por las leyes procesales.
  • Tipo Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA ALICIA SANCHEZ CORDERO
  • Nº Recurso: 1287/2019
  • Fecha: 22/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: En el presente caso, la parte actora invocó motivos religiosos para solicitar la protección internacional, alegando el temor a ser perseguido por motivos religiosos, por el fanatismo con que se vive la religión, y las amenazas de muerte de la familia de su pareja y madre de su hija, cristianos, por profesar una religión distinta, la musulmana, dándose los requisitos para la protección internacional. En la sentencia, tras exponer la normativa aplicable y su interpretación jurisprudencial, valora los hechos y documentación presentada y , partiendo de la situación en Senegal de la cuestión religiosa, declara que la resolución apuntan al respeto de la sociedad hacia esa libertad religiosa, sin que, por el contrario, quepan dudas sobre que las autoridades estatales puedan o quieran proporcionar protección efectiva contra la persecución. Además, el recurrente estuvo cuatro años viviendo en Marruecos desde que salió de Senegal, sin que durante ese tiempo la familia de su pareja se pudiera en contacto con él o lo localizara, lo que desdibuja el temor de persecución alegado. Tampoco existe un acto de persecución en el sentido del artículo 6 de la Ley de asilo, por dichos motivos religiosos. Añade que de la misma forma, no se dan los requisitos para la protección subsidiaria, en cuanto a los motivos fundados para creer que se enfrentaría a un riesgo real en caso de regresar a Senegal, de sufrir alguno de los daños graves definidos en el artículo 10 de la Ley de asilo.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Valencia
  • Ponente: ROSARIO VIDAL MAS
  • Nº Recurso: 915/2018
  • Fecha: 22/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se desestima el recurso de apelación interpuesto confirmando la sentencia desestimatoria de la instancia así como la Resolución impugnada por la que se deniega la solicitud de autorización de residencia por arraigo social conforme al art. 124 del Reglamento de extranjería y precepto por el que se exige la permanencia continuada en España durante tres años, carecer de antecedentes penales, contar con un contrato de trabajo firmado por un período no inferior a un año y presentar un informe de arraigo que acredita su integración social, requisitos todos ellos que según refiere el apelante éste cumple en su integridad. La sentencia de la instancia desestima el recurso tras señalar que, si bien ha quedado acreditada la permanencia continuada del recurrente en España durante un periodo de tres años igualmente ha quedado acreditado que el empleador cuenta con deudas tributaria y que, por ello, carece de recursos suficientes para sostener al empleado que pretende contratar, causa ésta última que ha motivado la denegación de la solicitud formulada. Se analiza dicho planteamiento por el Tribunal para concluir con la confirmación de la sentencia apelada, tras analizar los requisitos exigidos por el art. 124 del Reglamento de extranjería y señalar que en el presente recurso han quedado acreditados la existencia de motivos para concluir que la contratación era inadecuada, la falta de prueba del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de medios económicos del empleador.
  • Tipo Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FATIMA BLANCA DE LA CRUZ MERA
  • Nº Recurso: 1342/2019
  • Fecha: 22/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: En la sentencia, tras exponer, la normativa aplicable y su interpretación jurisprudencial, analiza el relato ofrecido por el recurrente y declara que, el motivo invocado no es de los que se contempla en la Convención de Ginebra de 1951, es decir, por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual, pues lo que aquí se relata se incardina en un supuesto de delincuencia común (amenazas de muerte y agresión por no poder pagar las cantidades reclamadas por la extorsión de la que era objeto), completamente ajena a la institución del asilo. Por otra parte, declara que los agentes perseguidores no son agentes de la autoridad, sino de una banda de delincuentes, que en el relato del actor en ningún momento se llega a identificar a las personas que afirma que le amenazaban, pues expuso que iban siempre encapuchadas, por lo que las alegaciones de la demanda relativas, en términos generales, a las posibles soluciones jurídicas a adoptar en relación con la actuación del crimen organizado en Centroamérica por parte de las denominadas "maras", en nada obstan a las precedentes consideraciones, al aparecer desconectadas de este concreto caso. Por ello, declara que no existe motivo para el asilo ni para la protección subsidiaria. Entiende que la solicitud de residencia por razones humanitarias, está sujeta al derecho de extranjería, no de la protección internacional.
  • Tipo Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JESUS NICOLAS GARCIA PAREDES
  • Nº Recurso: 469/2019
  • Fecha: 22/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: En el presente caso, la recurrente solicitó su inclusión en la evaluación y realización del curso de actualización para el ascenso a Cabo Mayor, que fue desestimada por el Almirante Jefe de Personal, al entender que la interesada no cumple con el requisito de perfeccionamiento del plazo de 7 años desde que adquirió la condición de permanente en el empleo de Cabo Primero. En la resolución se declara que la introducción de dicho requisito se encuadra en la potestad autoorganizativa de la Administración. En la sentencia se declara que la fijación de las plantillas a cubrir según las necesidades dentro del ámbito de las competencias del Departamento Ministerial es incuestionable que está amparada por dicha potestad, sin embargo, ahora, no se discute esa facultad de la Administración, sino la plasmación o materialización de esa política organizativa, y, en concreto, la introducción de criterios profesionales, como es el criterio objetivo del tiempo de permanencia de 7 años con la condición de militar para acceder a un curso de actualización para el ascenso a empleo superior, partiendo del número de vacantes y teniendo en cuenta el número de interesados. Por ello, al tratarse de la introducción de un requisito no exigido normativamente, se estima en parte el recurso, para que la interesada sea incluida en la evaluación próxima, sin poderse acceder al adelanto del resultado de la misma.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CESAR TOLOSA TRIBIÑO
  • Nº Recurso: 4041/2018
  • Fecha: 22/07/2020
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: La cuestión sobre la que se entiende existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar si el estatuto de residente de larga duración constituye una situación jurídica que necesita la expedición de título acreditativo expresado en la correspondiente autorización administrativa de residencia de larga duración o si, por el contrario, puede asimilarse a ella la situación fáctica de residencia análoga en territorio español no reconocida formalmente por la Administración.
  • Tipo Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE LUIS GIL IBAÑEZ
  • Nº Recurso: 1265/2019
  • Fecha: 22/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: En la sentencia, tras exponer la normativa aplicable y su interpretación jurisprudencial, analiza el cuestionario practicado por el Encargado del Registro Civil a la parte interesada, y aprecia que, efectivamente, la resolución impugnada relaciona la falta de justificación del suficiente grado de integración con el conocimiento del castellano, pues, según se ha hecho constar con anterioridad, se indica que "habla y entiende el castellano con gran dificultad ya que no comprende la mayoría de las preguntas que se le formulan", invocando expresamente el informe de la Encargada del Registro Civil en el sentido de que "que no concurren los requisitos mínimos de conocimiento de la lengua española", sin embargo, de lo practicado, se aprecia que el cuestionario se respondió. Por ello, en la sentencia se declara que, no se comprende que, pese a lo que se acaba de indicar, el auto de la Encargada sostenga que "no concurren los requisitos de conocimiento mínimo de la lengua española", pues tampoco se identifica el fundamento fáctico de esta apreciación. Por ello, ante dicha discordancia y de que, como se ha expresado más arriba, del "cuestionario-examen" de integración pudiera inferirse la insuficiente integración en la sociedad española, la Sala entiende procedente advertir la existencia de un defecto formal en el auto propuesta de la Encargada del Registro Civil. Por ello, ordena retrotraer las actuaciones con el fin de que se dicte otra resolución teniendo en cuenta lo declarado.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.