Resumen: El recurrente alega que debería de aplicarse la doctrina sobre la expulsión de residentes con autorizacion de larga duración pero no tiene esa condición. Se le expulsa por haber cometido un delito con pena privativa de libertad superior a un año, donde no ha de valorarse arraigo. Por ello la Sala confirma la expulsión.
Resumen: La Sala estima el recurso de casación interpuesto frente a sentencia confirmatoria en apelación de sentencia desestimatoria de recurso contencioso-administrativo interpuesto frente a resolución denegatoria de autorización de residencia temporal de familiar de ciudadano de la Unión Europea. La Sala reitera que tras anularse por sentencia firme una resolución de expulsión, fundada en la comisión de delitos graves, por la concurrencia de circunstancias de arraigo familiar del recurrente con entidad suficiente para ello, no se puede, en un proceso inmediatamente posterior, denegar la autorización de residencia temporal solicitada por el extranjero, obviando esas mismas circunstancias de arraigo familiar que sirvieron para neutralizar la expulsión, con base exclusivamente en la gravedad de aquella condena penal. Para poder contradecir el resultado alcanzado en la sentencia precedente deberían haberse ponderado elementos nuevos no tenidos en cuenta por ésta y que condujeran razonablemente a un resultado diferente en la valoración del arraigo familiar del recurrente.
Resumen: La Sala estima el recurso de casación interpuesto por la Abogacía del Estado frente a sentencia confirmatoria en apelación de sentencia estimatoria de recurso contencioso-administrativo interpuesto frente a resolución denegatoria de autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales de arraigo temporal. La Sala reitera que aún hallándose amparado un solicitante de asilo por el derecho a permanecer en el país de solicitud de la protección internacional mientras se revisa la resolución denegatoria de dicha protección, tal situación preventiva no puede servir para que dicho solicitante adquiera la residencia por arraigo laboral.
Resumen: Circunstancia agravante de falta de identificación, que conlleva la falta de conocimiento del sitio por donde accedió a nuestro país. Para la Sala es suficiente para proceder a la expulsión, ratificando los tres años de prohibicción de entrada.
Resumen: La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en determinar si el artículo 6.1.e) del Reglamento de Protección de Datos y la Disposición adicional 23ª de la Ley Orgánica 2/2006, habilitan al responsable del tratamiento de los datos personales de un centro educativo para encargar a una empresa el diseño de una aplicación informática para comunicarse con las familias, sin necesidad de recabar la autorización de los padres de los alumnos, así como la incidencia que sobre ello pueda tener el hecho de que con anterioridad se hubiese autorización la utilización del correo electrónico para la comunicación entre el centro docente y las familias.
Resumen: Se anula una sentencia del TSJ de Andalucía que había revocado la nulidad -acordada por un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo- de la convocatoria de plazas de la Oferta de Empleo Público (OEP) para el año 2016 del Ayuntamiento de Sevilla en las categorías de Ingeniero Técnico industrial y Delineante. La cuestión central era la interpretación del artículo 70 del Estatuto Básico del Empleado Público, que establece un plazo máximo de tres años para la ejecución de las OEP. El Tribunal Supremo concluye que este plazo comprende no sólo la publicación de la convocatoria, sino también el completo desarrollo del proceso selectivo, salvo que concurran razones excepcionales, garantizando así la celeridad y eficacia en la cobertura de puestos públicos. No obstante, se declara que el recurrente ha perdido legitimación sobrevenida, durante la sustanciación del recurso de casación, al haber sido nombrado funcionario de carrera en un proceso derivado de la Ley 20/2021 de estabilización del empleo temporal.
Resumen: La Sala reseña que se aporta en el expediente un informe de la policía nacional en el que se recoge que le constan 6 detenciones por delitos de hurto, robo con fuerza en las cosas, usurpación y 7 filiaciones distintas, por lo que se emite un informe policial desfavorable. Además de ello no consta en el expediente administrativo el certificado del Registro Central de Penados en España y no consta tampoco que hubiera permanecido en España durante los dos años anteriores a la solicitud, constando solamente el certificado de Colombia con el contenido "actualmente no es requerido por autoridad judicial alguna", conllevando lo expuesto el incumplimiento de los requisitos para la concesión de la autorización de la residencia temporal por circunstancias excepcionales por arraigo familiar.
Resumen: La cuestión planteada en el recurso que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en determinar si el apartado 15 del artículo 17 del Real Decreto-ley 5/2021, por el que se crea el Fondo de recapitalización de empresas afectadas por el COVID-19, configura un régimen específico de acceso a la información u otorga a dicha información un carácter reservado que suponga su aplicación preferente sobre las previsiones de la Ley de Transparencia, a los efectos previstos en el apartado 2 de su disposición adicional primera.
Resumen: Se estima el recurso de apelación interpuesto por la Administración del estado revocando, parcialmente, la sentencia estimatoria de la instancia únicamente, en lo relativo, a la reposición de actuaciones acordada con el fin de que la administración demandada, teniendo en cuenta la documentación aportada por la actora en sede administrativa decida, con libertad de criterio, verificar si se cumplen o no los requisitos exigidos reglamentariamente para autorizar la estancia inicial de Doña Zulima durante el curso 2023-2024 para la enseñanza de "primeros auxilios". La sentencia apelada, estimó parcialmente el recurso interpuesto por la recurrente,nacional de Argentina, frente a la denegación de la autorización de estancia por estudios, investigación, formación, intercambio de alumnos, prácticas no laborales, o servicios de voluntariado prorrogada formulada", denegación que se basó en el incumplimiento de los requisitos del art. 40 del Reglamento de extranjería, al existir un certificado de falta de aprovechamiento del curso de estética. Se declara en la instancia que si bien la pretensión principal no puede prosperar al haber debido la actora solicitar un nuevo permiso, y no la prórroga del anterior, condena a la demandada a revisar su situación en función de la enseñanza para la que se matriculó decidiendo, si cumple o no los requisitos para dicho permiso. Se estima la apelación, confirmando la resolución impugnada y sin que,dado el suplico de la demanda, sea posible la condena a la administración demandada.
Resumen: Se estima el recurso de apelación interpuesto revocando la sentencia de la instancia, desestimatoria del recurso interpuesto y reconociendo, en su lugar, el derecho del recurrente a obtener la autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena inicial, solicitada. La resolución administrativa impugnada deniega la autorización solicitada por el recurrente, de nacionalidad guineana, al haber sido requerido para subsanar la siguiente documentación aportada junto con su solicitud: certificado literal de nacimiento actualizado, legalizado y traducido; documentos de capacitación laboral; contrato con código de cotización correcto; justificación de pedidos y obras; e impuesto de sociedades 2022. Tras varios requerimientos (23/12/2023 y 20/03/2024), el recurrente aportó certificados y traducciones, pero la Subdelegación consideró inválida la traducción por no estar realizada por intérprete jurado del MAE y detectó discordancia en el nombre del padre y a pesar de que en la subsanación realizada el 29/03/2024 coincidían datos, persistió la objeción formal. La sentencia apelada avala los argumentos denegatorios incorporados a la resolución administrativa y rechaza el error en la prueba y la vulneración del art. 24 CE. Se revoca la sentencia apelada, estimando el recurso interpuesto al declarar la Sala que el recurrente subsanó, en sede administrativa, los defectos de los que fue requerido aportando traducción realizada por interprete jurado.
