Resumen: Habiéndose resuelto por la Administración la caducidad del procedimiento sobre solicitud de protección internacional, acordándose el archivo del expediente, se suscita como cuestión que presenta interés casacional objetivo determinar cuándo puede presumirse -según el art. 27 de la Ley de Asilo (LAPS)- que ha existido desistimiento de la solicitud por el interesado y cuál ha de ser la actuación exigible de la Administración (posición activa) al respecto. Pues bien, el TS responde a dicha cuestión declarando que para la viabilidad de cualquiera de los supuestos de presunción de desistimiento de la solicitud de protección internacional, prevista en el citado artículo 27 de la LAPS, que permitiría la declaración de caducidad del expediente tramitado a tal fin, se requiere de una previa citación o convocatoria concreta del solicitante, o de su representante, de la que debe quedar constancia en el expediente, y sin que ello pueda deducirse de la genérica información de derechos y obligaciones que se realiza en el momento de la presentación de la solicitud, pues tal diligencia se sitúa en el aspecto informativo, pero no en el de un concreto requerimiento de específica actuación. En consecuencia, se desestima el recurso interpuesto por el Abogado del Estado sosteniendo que no cabe imponer a la Administración la obligación de adoptar una posición activa en el proceso de documentación de los solicitantes de protección internacional.
Resumen: Admisión a trámite del recurso de casación. La cuestión sobre la que se entiende existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar: si, para poder obtener una autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales de arraigo laboral, es imprescindible -o no- que la acreditación de la relación laboral y de su duración se realice exclusivamente a través de los medios establecidos en el párrafo segundo del artículo 124.1 del Real Decreto 557/11 , precisando si se trata -o no- de una enumeración tasada.
Resumen: Da respuesta a la cuestión fijada en el auto de admisión reiterando la doctrina contenida en la STS 321/2020, de 4 de marzo, dictada en el recurso de casación 5364/2018, conforme a la cual: "los Estados de la UE pueden adoptar la decisión de expulsar del territorio a un extranjero no perteneciente a la UE, provisto de permiso de residencia de larga duración, de conformidad con lo establecido en el apartado 2 del art. 57 LOEX, pero, siempre y cuando éste 'represente una amenaza real y suficientemente grave para el orden público o la seguridad pública' de ese país ---que es el concepto exigido por la Directiva---, para cuya constatación se requiere y exige ---por la Directiva y por la LOEX--- un alto nivel de motivación por parte de la Administración, sin que resulte posible identificar o asimilar, de forma directa o automática, la condena penal impuesta, con la concurrencia de una causa de expulsión, ya que, se insiste, la citada condena, no supone, ni implica, necesariamente, que el condenado ''represente una amenaza real y suficientemente grave para el orden público o la seguridad pública''. A ello, debemos añadir --- para completar nuestra decisión--- que el expresado alto nivel de motivación ---el plus de motivación--- debe llevarse a cabo por la Administración ---y controlarse por los órganos jurisdiccionales--- de conformidad con las circunstancias previstas en el apartado 3 del art. 12 de la Directiva 2003/109/CE, así como en el 57.5.b) de la LOEX."
Resumen: La Sala desestima el recurso de casación. De acuerdo con la doctrina de esta Sala -sentencia de 23 de julio de 2020 (rec. 4657/2019)-, la designación de oficio de letrado para la defensa del interesado no se extiende a la representación procesal, de manera que ha de cumplirse tal requisito de postulación mediante la expresa voluntad del interesado sobre la designación de su representante en el proceso, formalizándose en cualquiera de las maneras establecidas al efecto, incluida la solicitud de designación de oficio, sin que pueda entenderse satisfecha dicha exigencia procesal mientras no conste, en alguna de las formas que el ordenamiento jurídico establece, que la intervención como representante en el proceso responde a la voluntad del titular de hacer valer su derecho en el proceso de que se trate. En consecuencia, ha de entenderse que el hecho de que el interesado, extranjero privado de libertad, manifieste ante el director del CIE bajo cuyo control se encontraba tanto su voluntad de recurrir a la jurisdicción contencioso administrativa como el otorgamiento de su representación a favor del referido abogado que le asiste, no permite considerar acreditada la representación del interesado por parte de su abogado al interponer recurso contencioso-administrativo, ni resulta de la designación de dicho abogado de oficio.Y, tampoco puede exigirse en el caso la designación de procurador de oficio a instancia del Juzgado.
Resumen: Se admite a trámite el recurso de casación contra sentencia que confirmó un concurso de acceso para la provisión de diversas plazas pertenecientes a los Cuerpos Docentes Universitarios. Tiene interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia determinar: 1) el alcance del principio de paridad en el acceso a la función pública docente universitaria, desde la perspectiva del artículo 23.2 de la Constitución y del artículo 62.3 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en relación con la composición de las comisiones calificadoras; 2º) si el incumplimiento de ese principio puede determinar la nulidad o la anulabilidad del proceso selectivo en su conjunto o de alguno de los actos dictados en el mismo; y 3º) si el establecimiento de los denominados perfiles en las convocatorias de las plazas docentes universitarias exige una motivación reforzada desde la perspectiva del derecho fundamental de acceso al empleo público.
Resumen: Ha lugar al recurso contencioso administrativo de responsabilidad patrimonial formulada por los daños y perjuicios derivados de la aplicación del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburo s creado por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre. El debate procesal ya ha sido resuelto por la Sala en recursos semejantes, y por aplicación del principio de igualdad en la aplicación de la ley se estima el recurso con sustento en los mismos razonamientos jurídicos de recientes sentencias de la Sala. La Administración General del Estado deberá indemnizar, en concsecuencia, a la parte recurrente en la cantidad resultante de la aplicación de las bases fijadas en la sentencia.
Resumen: Se deniega la protección internacional solicitada y se desestima el recurso de casación, sin perjuicio de las cuestiones sobre el cómputo de los plazos, que en la forma invocada no es sino una estrategia procesal equivocada que no puede desconocer la realidad de la situación y finalidad del recurrente. Se reitera la doctrina casacional en cuanto es coincidente con la que ya dio la Sala en el recurso 6538/ 2018 esto es, que el reenvío que efectúa el art. 25.2 al art. 21, ambos de la Ley 12/2009, es integral al procedimiento, del que los plazos constituyen un elemento fundamental por los efectos que su inobservancia puede acarrear, efectos que, con carácter general, serán los señalados en el art. 19; esto es, que la persona extranjera no podrá ser objeto de retorno, devolución o expulsión hasta que se resuelva sobre su solicitud, salvo en aquellos supuestos en los que se acredite, de forma suficiente por la administración, que la formulación de la solicitud se ha realizado con la única y exclusiva finalidad de mantenerse en territorio español, enervando así los efectos de la ejecución de una orden firme de devolución o expulsión.
Resumen: Ha lugar al recurso de casación interpuso contra sentencia estimatoria del procedimiento especial de protección de derechos fundamentales por la que se inadmite la solicitud de revisión de oficio de varios actos administrativos. Se fija la siguiente doctrina: el art. 106.2 de la Ley 39/2015, no otorga legitimación a los interesados para ejercer una acción de nulidad dirigida a obtener la declaración de revisión de oficio de disposiciones generales; ii) en un caso en que la Administración inadmite la revisión de oficio de actos administrativos, por haber rechazado en el fondo otras solicitudes sustancialmente iguales, la estimación del recurso contencioso-administrativo contra dicha decisión de inadmisión no se ha de limitar a la retroacción de actuaciones a la fase de admisión de la solicitud de revisión, para su tramitación posterior ante la propia Administración, sino que el Tribunal podrá entrar directamente a resolver sobre la procedencia de la revisión de oficio, al resultar desproporcionado someter a los interesados a un nuevo procedimiento para restablecer los derechos que les confiere de forma directa y suficientemente clara una disposición de Derecho de la Unión Europea; iii) los límites que a la revisión de actos nulos de pleno Derecho impone el artículo 110 de la Ley 39/2015, se refieren únicamente a la declaración de nulidad propiamente dicha y no autorizan a conservar efectos de actos cuya nulidad ha sido correctamente declarada.
Resumen: Se desestima la demanda sobre la competencia de asistencia social que, en relación con el fenómeno de la inmigración, pretendida por la Generalidad de Cataluña que insistía en que el objeto de las subvenciones contempladas por el Real Decreto 303/2019 impugnado son servicios que forman parte de dicha asistencia social con independencia de que sus destinatarios sean solicitantes de protección internacional o beneficiarios de la misma. Para el TS no hay impedimento jurídico para que, sin perjuicio de las actuaciones de carácter ordinario y permanente que lleven a cabo las Comunidades Autónomas, en general, y la de Cataluña, en particular, para prestar asistencia social, también a los solicitantes o beneficiarios de la protección internacional, en las circunstancias señaladas, la Administración General del Estado subvencione servicios que la Ley expresamente le encomienda y son anteriores a los que luego prestarán aquellas dentro del Sistema Nacional de Acogida a quienes les sean derivados al efecto. Es cierto que la utilización de las mismas palabras y expresiones, en particular, "acogida" y "primera acogida", por las disposiciones estatales y autonómicas y por el Real Decreto recurrido, podría dar lugar a dudas, pero la consideración del contexto en que se produce cada intervención las despeja.
Resumen: Dilucidar si la doctrina del TJUE, contenida en la Sentencia de 3 de septiembre de 2014 (C-127/12), se aplica a ciudadanos de Estados que no sean residentes en la Unión Europea ni en el Espacio Económico Europeo, como es el caso de Suiza, por cuanto que el artículo 63 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europa prohíbe las diferencias de trato fiscal en las sucesiones - particularmente respecto de bienes inmuebles ubicados en España- en función de la residencia de los causantes o causahabientes. La doctrina del TJUE establecida en su sentencia de 3 de septiembre de 2014 se aplica a ciudadanos que no sean residentes en alguno de los Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, como aquí sucede, ya que el artículo 63 del TFUE , en materia de libre circulación de capitales -título o rúbrica que, conforme a la reiterada jurisprudencia de la Unión, engloba la sucesión hereditaria-, prohíbe las diferencias de trato fiscal en las sucesiones o donaciones -particularmente respecto de bienes inmuebles ubicados en España- en función de la residencia de los causantes o los causahabientes. 2) No es admisible que, pese a la situación en el territorio de una comunidad autónoma de los bienes heredados, la cual prevea beneficios fiscales en el ámbito objetivo de la regulación complementaria autorizada en las normas de cesión del impuesto, no pueda gozar de tales beneficios el heredero por razones de no residencia en un Estado miembro de la UE o del EEE.
