Resumen: La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar si por medio de la adquisición de la propiedad por accesión puede cumplirse el supuesto legal de adquisición de bienes inmuebles previsto en el art. 63 b) de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, a los efectos de la obtención del visado de residencia para inversores. Ello teniendo en cuenta que el citado art. 63 dispone que "los extranjeros no residentes que se propongan entrar en territorio español con el fin de realizar una inversión significativa de capital podrán solicitar el visado de estancia, o en su caso, de residencia para inversores. Se entenderá como inversión significativa de capital aquella que cumpla con alguno de los siguientes supuestos (...) b) La adquisición de bienes inmuebles en España con una inversión de valor igual o superior a 500.000 euros por cada solicitante".
Resumen: Admisión. La cuestión planteada en el recurso de casación que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar: si, tienen legitimación las personas jurídicas comprendidas en el art. 23 de la ley 27/2006, de 18 de julio, sobre acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medioambiente, para el ejercicio de la acción popular, en asuntos medioambientales, del artículo 22 de la misma Ley, en el caso de especies cinegéticas, como es el lobo, al Norte del río Duero, y si, de acuerdo con la legislación que resulta aplicable a la especie, puede condicionarse el reconocimiento de la legitimación, a que se constate un problema de mantenimiento de la población.
Resumen: Admisión a trámite del recurso de casación. La cuestión planteada en el recurso que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en determinar si, conforme al artículo 6.1.f) del Reglamento (UE) 2016/679, interpretado a la luz de los considerandos 47 in fine y 70 del mismo Reglamento, puede considerarse lícito el tratamiento de datos personales con fines de mercadotecnia directa cuando, a pesar de no haber otorgado el interesado su consentimiento, concurriere un interés legítimo en el responsable del tratamiento.
Resumen: Ha lugar al recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el acuerdo del Consejo de Ministros, desestimatorio de la reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños y perjuicios derivados de la aplicación del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos creado por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre. El debate procesal trabado en este recurso coincide, en lo sustancial, con el planteado en otros recursos, tramitados como pleitos testigos, y estimados por varias sentencias, cuyos fundamentos jurídicos se reproducen, en aras al principio de igualdad, reiterando la no necesidad de plantear cuestión prejudicial al TJUE, y reconociendo la cantidad reclamada en demanda, con intereses legales.
Resumen: La Sala estima la casación y el recurso contencioso-administrativo. Para la concesión de autorizaciones de residencia por circunstancias excepcionales de arraigo no son exigibles las garantías del art. 64.3.d) del Reglamento de la LOEX, prevista únicamente para las autorizaciones temporales de residencia y trabajo por cuenta ajena, y para el resto de las autorizaciones de residencia reguladas en el Título V del Reglamento (en virtud de la remisión expresa que el art. 129.2 hace a los requisitos establecidos en los apartados b), c), d), e) y, f) del citado art. 64.3), y todo ello sin perjuicio de que la Administración, en uso de su potestad de control y siempre que no tenga por cierto el contrato presentado, pueda probar la inexistencia material del contrato o su evidente falta de viabilidad, en cuyo caso podrá denegar la autorización mediante resolución motivada justificativa de esa decisión.
Resumen: ADMISION. La cuestión sobre la que se entiende existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consisten en determinar: Cómo incide lo dispuesto en la Directiva 2003/109/CE, en especial, su considerando 16 y su artículo 12, sobre todo sus apartados 1 y 3, en la adopción de una decisión de expulsión contra un extranjero, residente de larga duración, en aplicación del artículo 57.2 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, a la luz de la doctrina sentada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea al interpretar las referidas disposiciones de la Directiva 2003/109/CE, entre otras, en la sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera), de 8 de diciembre de 2011, asunto C-371/08, a cuyos apartados 82 y 83 se refiere la más reciente sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava), de 7 de diciembre de 2017, asunto C-636/16. Considera la Sala 3ª que si bien existen STS de la Sección Quinta que afirman que procede la expulsión 'automática' de extranjeros residentes de larga duración condenados por delitos dolosos con penas superiores a un año, no se ha analizado la incidencia que pudiera tener la doctrina sentada por el TJUE al interpretar la Directiva 2003/109/CE, siendo necesario un pronunciamiento del TS para reafirmar, reforzar o completar aquel criterio o, en su caso, para matizarlo, precisarlo, o corregirlo.
Resumen: Archivo diligencias informativas. Desestimación del recurso. La resolución recurrida no incurre en falta de motivación y falta de exhaustividad. La denuncia e informes no describen los comportamientos de violencia psicológica de carácter extremo, y con reiteración, que resulta necesario para apreciar una situación que merezca la específica calificación de acoso moral. Los magistrados de un mismo órgano jurisdiccional colegiado se encuentran institucionalmente en un plano de igualdad, por lo que no es de apreciar entre ellos autoridad de unos sobre otros ni una condición diferente a la de miembros del poder judicial que ostentan un mismo rango.
Resumen: Admisión a trámite del recurso de casación. La cuestión planteada en el recurso que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en determinar si, conforme al artículo 6.1.f) del Reglamento (UE) 2016/679, interpretado a la luz de los considerandos 47 in fine y 70 del mismo Reglamento, puede considerarse lícito el tratamiento de datos personales con fines de mercadotecnia directa cuando, a pesar de no haber otorgado el interesado su consentimiento, concurriere un interés legítimo en el responsable del tratamiento.
Resumen: Las cuestiones planteadas en el recurso que presentan interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consisten en:(i) Determinar cuál es la vía procedente para ejercer el derecho de acceso a la información pública: si la prevista en los artículos 12 y ss. de la Ley 9/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, o la prevista en el artículo 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , del Procedimiento Administrativo Común -en particular, en relación con determinada información (numérica) que obra en registros administrativos-; si el uso de una vía u otra depende del tipo de la información que se solicita. . (ii) Aclarar si la Administración puede limitar el ejercicio del derecho de acceso a la información únicamente en los casos previstos en los artículos 14 y 18 de la Ley de transparencia, o si, en atención a la finalidad perseguida por la norma, puede oponer como causa de inadmisión a trámite de una solicitud de información la persecución de un interés meramente privado(iii) En su caso, perfilar cuáles serían los parámetros que determinarían la calificación de un interés como meramente privado excluido del ámbito de aplicación de la Ley de transparencia. Entiende la Sala Tercera que no puede descartarse a priori la existencia del interés casacional objetivo aducido en el recurso y que sobre la problemática jurídica apuntada no existe pronunciamiento previo concurriendo la presunción del artículo 88.3.a) LJCA.
Resumen: Admisión a trámite del recurso de casación. La cuestión planteada en el recurso que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en determinar si el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores, prevé un régimen jurídico específico de acceso a la información que excluye la aplicación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, conforme a su D.A. 1ª..