Resumen: La Sala estima parcialmente el recurso al acoger la última impugnación. La recurrente denuncia que el art. 5.1.f), párrafo segundo del RD recurrido, sobre transmisión de posibilidades, introduce una excepción en favor de las grandes empresas discriminando a los más pequeños, con infracción del art. 14 CE. Pues bien, la Sala considera que la introducción de dicha excepción en el art. 5.1.f), párrafo segundo, del Real Decreto, estableciendo que "solo en el caso de buques pertenecientes a una misma empresa armadora se podrá proceder a la transmisión de posibilidades de forma definitiva de uno a otro grupo del artículo 3.1, conforme a lo estipulado en el artículo 28.2 de la ley, aunque los buques o almadrabas implicados no estén el mismo grupo del censo", supone incorporar reglamentariamente una disposición contraria al mandato establecido en la Ley que le sirve de cobertura y al propio fundamento de la limitación impuesta por el referido art. 28.1.c), incorporación que no puede sustentarse en la previsión del mismo art. 28 en su apartado 2, que si bien se refiere a la transmisión entre buques de la misma empresa armadora, previene que para ello ha de partirse del "previo cumplimiento de las condiciones establecidas en el apartado 1" y, por tanto, de la limitación establecida en la letra c), plenamente reconocida por la Administración que ejercita la potestad reglamentaria. Y dicha excepción vulnera el principio de jerarquía normativa, incurriendo en nulidad absoluta.
Resumen: Se da respuesta a la cuestión de interés casacional fijada en el auto de admisión consistente en "determinar qué incidencia tienen la STC 8/2017, de 19 de enero, así como la STEDH de 16 de febrero de 2016(asuntos acumulados Vlieeland Boddy y Marcelo Lanni C. España), en el régimen jurídico relativo a la aplicación del artículo 294.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y en los presupuestos que deban concurrir para declarar la responsabilidad patrimonial por prisión provisional, en los casos en que haya recaído sentencia absolutoria, teniendo en cuenta además la reciente STC 85/2019, de 19 de junio", manteniendo el criterio establecido en la STS 20-12-19, RC 3847/18, que acogía el señalado en la sentencia 10-10-19, consistente en sostener que, tras la STC 8/17 de 19 de enero, tomando en cuenta la nueva redacción del art. 294.1 LOPJ en la que desaparece la mención 'por inexistencia del hecho imputado o por esta misma causa haya sido dictado auto de sobreseimiento libre', en todos los supuestos de absolución por cualquier causa o de sobreseimiento libre, el perjudicado tiene derecho a la indemnización, ello en un marco de congruencia con la teoría general de la responsabilidad civil y con las advertencias de contenido material y de ámbito temporal contenidas en los dos últimos párrafos de la STC 85/2019, de 19 de junio, así como en las que le han seguido. Procede, a continuación, a fijar el quantum indemnizatorio en el caso examinado.
Resumen: Revocación, por falta de emisiones, de licencia de prestación de servicios de comunicación audiovisual radiofónica. Desestimación. El plazo de doce meses previsto en el artículo 30.2 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de Comunicación Audiovisual, por razón de su no utilización, comienza a contarse desde el momento que hubiera obligación legal de comenzar las emisiones y esta "obligación legal" surge cuando se cumplen los requisitos contemplados en el artículo 1º del RD. 964/2006, de 1 de septiembre. La valoración de la demora o inactividad por falta de utilización de la licencia habrá de considerarse de forma casuística, a fin de determinar si es imputable al licenciatario en aquello que le incumbe, la presentación del proyecto técnico de las instalaciones o en su caso, a la Administración en la aprobación del proyecto al que alude el mencionado artículo 1º del RD 964/2006, de 1 de septiembre. Y, en el presente caso, el licenciatario no prosiguió los trámites para dar inicio a las emisiones, optando, sin instar ninguna medida cautelar, por instar la modificación de la localización hasta su rechazo firme en vía jurisdiccional, sin realizar ninguna actividad en relación a la licencia, con el resultado de que transcurrieron años de inactividad.
Resumen: Sanción en materia de protección de datos de carácter personal. Desestimación. El tratamiento de datos efectuado por una empresa en el marco de su actividad mercantil no puede considerarse comprendido en el supuesto de exclusión de la protección de datos por tratarse de actividades exclusivamente personales o domésticas, aunque el servicio prestado por la empresa consista en facilitar una relación entre personas físicas. La grabación de la voz asociada a otros datos como el número de teléfono o su puesta a disposición de otras personas que pueden identificar a quien pertenece ha de considerarse un dato de carácter personal sujeto a la normativa de protección del tratamiento automatizado de los mismos. Los intereses comerciales de una empresa responsable de un fichero de datos han de ceder ante el interés legítimo del titular de los datos en la protección de los mismos.
Resumen: La Sala fija como jurisprudencia que: 1.- El tratamiento de datos efectuado por una empresa en el marco de su actividad mercantil no puede considerarse comprendido en el supuesto de exclusión de la protección de datos por tratarse de actividades exclusivamente personales o domésticas, aunque el servicio prestado por la empresa consista en facilitar una relación entre personas físicas.2.- La grabación de la voz asociada a otros datos como el número de teléfono o su puesta a disposición de otras personas que pueden identificar a quien pertenece ha de considerarse un dato de carácter personal sujeto a la normativa de protección del tratamiento automatizado de los mismos.3.- Los intereses comerciales de una empresa responsable de un fichero de datos han de ceder ante el interés legítimo del titular de los datos en la protección de los mismos, pues en ningún caso puede prevalecer una actividad de ocio frente a la protección de datos personales en relación con un tratamiento informático de los mismos. El carácter privado sólo se puede predicar de la relación entre el bromista y el embromado, pero no de la actividad de la empresa que facilita la aplicación y efectúa el tratamiento de los datos. El interés de ésta no es única ni principalmente el proporcionar un medio de ocio, sino el beneficio comercial que es, sin duda alguna legítimo, pero no puede prevalecer sobre la protección de los datos de las personas afectadas.
Resumen: Recurso de casación contra sentencia estimatoria que acuerda instar a Corporación de RTVE a que remita al reclamante la información solicitada relativa a la retribución del personal directivo. Desestimación. La lectura del escrito de interposición pone de manifiesto que lo que se suscita en dicho escrito son cuestiones nuevas y con carácter mucho más amplio que la acotada en el auto de admisión y que claramente difieren de los términos en los que discurrió el debate en la instancia. Por otra parte, al no ser el salario un dato especialmente protegido, no incluido en el artículo 7 LOPD, y tampoco ser un dato meramente identificativo, debe estarse a la exigencia de ponderación prevista en el artículo 15.3 LTAIBG, que es lo que ha efectuado tanto la resolución administrativa como las sentencias objeto de casación; ponderación que no ha sido desvirtuada por las alegaciones de la recurrente. No se ha causado indefensión a la recurrente por no haberse acordado retrotraer las actuaciones, que en todo momento ha tenido oportunidad de plantear sus alegaciones sobre aquello que era objeto de discusión en el proceso y ejercer su derecho de defensa y de prueba sin merma ni limitación de sus derechos
Resumen: Un hospital privado que deriva o facilita el traslado de pacientes a un hospital público no puede ser considerado tercero obligado al pago de la asistencia sanitaria que se les haya prestado, en el sentido que deriva del artículo 83 de la ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, desarrollado en el artículo 2.7 y en el Anexo IX del Real Decreto 1030/2006 de 15 de septiembre , por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización, salvo en aquellas asistencias sanitarias prestadas por el Hospital Público cuya atención corresponda al Hospital privado conforme al convenio o concierto suscrito con la respectiva administración sanitaria.
Resumen: Se rechaza la causa de inadmisión alegada (falta de legitimación activa) ya que, el establecimiento de un nuevo producto interrumpible de 40 MW por la Orden afecta a los intereses de dichas mercantiles Sidenor y Balboa, en cuanto titulares de instalaciones de producción metalúrgica a través de las cuales concurren a las subastas para la asignación del servicio. El déficit de motivación de la memoria de análisis de impacto normativo no puede ser acogido. Se da las razones por la que es conveniente proceder a la sustitución del producto interrumpible, con la reducción de la potencia de 90 a 40 MW (en esencia, supone aumentar el número de operadores que pueden acceder al sistema, aumentando la competencia con reducción del precio). La memoria de impacto normativo es suficiente porque contempla de forma suficiente la incidencia económica del nuevo producto (la minoración de costes asociados al servicio de interruptibilidad, incidencia en cargas administrativas, efectos positivos en la competencia,- informe de la Orden-). Las recurrentes no los han desvirtuado, ni han justificado la incorrección de los datos. De otro lado, no se tramitó de urgencia, pero se redujo el trámite de alegaciones que no supuso indefensión material. Las alegaciones en torno a la discriminación para el producto de 5 MW evidencia que no se combate realmente la reducción de 90 a 40 MW y además ya ha sido rechazada por la Sala. El dictamen pericial parte de premisas erróneas. Ambos productos son diferentes.
Resumen: Sanción en materia de protección de datos de carácter personal. Desestimación. El tratamiento de datos efectuado por una empresa en el marco de su actividad mercantil no puede considerarse comprendido en el supuesto de exclusión de la protección de datos por tratarse de actividades exclusivamente personales o domésticas, aunque el servicio prestado por la empresa consista en facilitar una relación entre personas físicas. La grabación de la voz asociada a otros datos como el número de teléfono o su puesta a disposición de otras personas que pueden identificar a quien pertenece ha de considerarse un dato de carácter personal sujeto a la normativa de protección del tratamiento automatizado de los mismos. Los intereses comerciales de una empresa responsable de un fichero de datos han de ceder ante el interés legítimo del titular de los datos en la protección de los mismos.
Resumen: Artículo 66.1.c) de la Ley 38/1992. Exención a favor de los vehículos automóviles afectos efectiva y exclusivamente al ejercicio de actividades de alquiler. Exención de tipo "rogada". Alcance de las facultades de comprobación. El artículo 115.3 LGT, al aplicar las facultades de regularización de la situación tributaria, sin necesidad de revisión de oficio, a actos provisionales de concesión o reconocimiento de beneficios fiscales,como esa exención, se refiere a la posibilidad de comprobación por la Administración de los requisitos establecidos tanto en la norma tributaria sustantiva, como en la normativa de desarrollo. Comprobación y exigencia de la tarjeta de transporte. Remisión a la STS de 27 de febrero de 2018, casación 914/2017. El mero incumplimiento formal no puede acarrear la automática pérdida de la exención o del tipo reducido en el impuesto si, pese a ello, se acredita que los productos sometidos al mismo han sido destinados a los fines que dan derecho a la ventaja fiscal. La tarjeta de transporte es un requisito formal cuyo incumplimiento no puede comportar la automática pérdida de la exención. Además, la Directiva 2006/123/CE suprimió el requisito de la autorización administrativa para realizar tal actividad. La Sala de instancia debió de valorar la incidencia del artículo 21 de la Ley 25/2009 para no respaldar la revocación de un beneficio fiscal cuando el requisito de la tarjeta no es condicionante del beneficio fiscal.