• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA ISABEL PERELLO DOMENECH
  • Nº Recurso: 221/2017
  • Fecha: 29/10/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La orden impugnada establece las obligaciones de aportación al fondo Nacional de eficiencia energética en el año 2017. La STJUE que resuelve la cuestión prejudicial comunitaria planteada declara que el art 7 y 20 de la directiva 2012/27/UE es compatible con el sistema nacional de contribución anula a un Fondo Nacional de Eficiencia Energética, siempre que garantice la obtención de ahorros de energía en una medida equivalente a los sistemas de obligaciones de eficiencia energética (art 7.1 directiva) y que, se cumplan los requisitos del art 7. 10 y 11. Se rechaza el 1º motivo, ya que la orden no es una disposición general, sino un acto administrativo de aplicación con destinatario múltiple. Simplemente, fija y cuantifica las obligaciones de aportación al fondo. En lo concerniente a la falta de motivación denunciada, se rechaza. La orden se fundamenta en el art 70.1 ley 18/14 y el sistema de aportaciones no carece de justificación y respeta el principio de proporcionalidad. Y ello por cuanto la normativa comunitaria ofrece un amplio margen a los Estados miembros, siendo así que era necesario un sistema que permitiera cumplir con los objetivos cuanto antes y disfrutar de los beneficios que reportaba la rápida implantación. Tampoco adolece de falta de motivación, ya que el Anexo II incorpora las ventas 2015 que han servido para obtener las cuotas. Estos datos se han obtenido de la información proporcionada por los sujetos y la obrante en poder de CNMC. No hay discriminación.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SEGUNDO MENENDEZ PEREZ
  • Nº Recurso: 2237/2017
  • Fecha: 29/10/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala declara que: 1º que la carrera profesional establecida en los acuerdos del Consejo de Gobierno de las Islas Baleares está incluida en el concepto "condiciones de trabajo" de la cláusula 4ª del Acuerdo Marco incorporado a la Directiva 1999/70/CE referida al principio de no discriminación, y a los efectos de valorar las diferencias de régimen jurídico aplicable a los funcionarios interinos y al personal laboral temporal, al que viene referida la actuación impugnada; 2.º que existe discriminación de este personal por condicionarse su participación en la carrera profesional diseñada a la circunstancia de haber superado un proceso de ingreso y, por tanto, a la adquisición previa de la condición de funcionario de carrera o personal laboral fijo, ello por no admitirse que ese condicionamiento integre una causa objetiva que justifique la diferencia de trato;3.º que todo ello conlleva la estimación del presente recurso de casación y la anulación de la sentencia impugnada y 4.º que supone la estimación del recurso contencioso-administrativo con la consecuencia de declarar contraria a Derecho la actuación impugnada al excluir a los funcionarios interinos y al personal laboral temporal del régimen de carrera profesional y el reconocimiento del derecho de las recurrentes a esa carrera profesional y a que, de reunir las condiciones establecidas, se les acredite el concepto retributivo previsto con efectos desde que se produjeron para los empleados públicos a los que se reconoció
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SEGUNDO MENENDEZ PEREZ
  • Nº Recurso: 32/2019
  • Fecha: 29/10/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: No ha lugar al recurso contencioso administrativo interpuesto contra Acuerdo del Consejo de Ministros que denegó la petición de indulto parcial. La Sala recuerda su doctrina sobre el control judicial en las decisiones del gobierno en los indultos. En el presente caso no estamos ante una concesión de indulto, sino ante la denegación de un indulto, para el que nunca se exigió en la Ley de Indulto la necesaria motivación. En el caso concreto, la Sala no decida la inadmisión, sino la desestimación del recurso, pues si fuera cierto que la denegación de un indulto exigiera una mínima motivación, su no ofrecimiento podría impedir o poner en riesgo las posibilidades reales de defensa y, con ello, el derecho a obtener tutela judicial efectiva. Pero las alegaciones de la parte recurrente en la demanda sobre vulneración del principio de igualdad en la aplicación de la ley y sobre la conculcación del principio que proscribe la arbitrariedad de los poderes públicos, carecen del mínimo detalle necesario para iniciar, ni tan siquiera, su toma en consideración.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE DIAZ DELGADO
  • Nº Recurso: 2164/2016
  • Fecha: 29/10/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Impuesto sobre Grandes Establecimientos Comerciales. Comunidad Autónoma de Cataluña. Conformidad con el Derecho de la Unión Europea. Conformidad con los principios de capacidad económica, igualdad y libertad de empresa.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: NICOLAS ANTONIO MAURANDI GUILLEN
  • Nº Recurso: 326/2017
  • Fecha: 29/10/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Desestimación de solicitud de reintegro de las cantidades no debidamente abonadas relativas a las indemnizaciones correspondientes por cese de la relación funcionarial. Desestimación del recurso. Las personas recurrentes han desempeñado funciones en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como personal eventual adscrito a las secretarías del Presidente, Vicepresidente y Vocales de ese órgano constitucional, hasta que se acordó su libre cese por aplicación del específico régimen jurídico aplicable a esta clase de empleados públicos. Existen razones objetivas que justifican o explican la exclusión indemnizatoria en el personal eventual a los efectos de descartar su carácter discriminatorio. Una de ellas es facilitar la libertad de nombramiento y cese que resulta imprescindible para que se pueda obtener esa confianza y asesoramiento especial que el ordenamiento considera necesarios o convenientes en las funciones de gobierno, distintas de las estrictamente administrativas, que desempeñan determinados órganos del Estado. Y otra está encarnada por el hecho de que, siendo conocedor el personal eventual de que su nombramiento y cese en la ley son enteramente libres, carece de justificación que asuman una expectativa de continuidad profesional cuya frustración haya de merecer la consideración de daño indemnizable.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Cáceres
  • Ponente: RAIMUNDO PRADO BERNABEU
  • Nº Recurso: 580/2018
  • Fecha: 29/10/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El grado de discapacidad del 59% de la parte actora no le es reconocido por el órgano administrativo hasta noviembre de 2017. Sin embargo, está probado que los padecimientos que sufre la parte demandante se producen desde años atrás, teniendo reconocida desde enero de 2009 una incapacidad permanente absoluta. Por tanto, si la misma enfermedad que ha motivado el reconocimiento del grado de discapacidad ya se tenía en años anteriores, por lógica se llega a la conclusión que en enero de 2015 existían y causaban la misma incapacidad del 59%. La conclusión es que si bien en la fecha de devengo del Impuesto no se disponía del certificado del órgano administrativo competente que reconociese el grado de minusvalía a la heredera, la prueba acredita que las patologías estaban presentes en la fecha de devengo del tributo, reconociéndose la reducción que procede por el grado de discapacidad del 59%.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: WENCESLAO FRANCISCO OLEA GODOY
  • Nº Recurso: 3522/2019
  • Fecha: 28/10/2019
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Admisión. La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia es determinar si, en aplicación del art. 57.2 de la LOEX, procede la expulsión automática de extranjeros -residentes de larga duración- condenados por delitos dolosos sancionados con penas superiores a un año (salvo que los antecedentes estén cancelados), o, por el contrario, les es de aplicación lo dispuesto en el apartado 12 de la Directiva 2003/109/CE del Consejo, debiendo precisarse, en este caso, cuándo cabe entender que el residente de larga duración representa una amenaza real y suficientemente grave para el orden público o la seguridad pública, a efecto de lo dispuesto en el referido art. 57.2.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANGEL AGUALLO AVILÉS
  • Nº Recurso: 804/2014
  • Fecha: 28/10/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Liquidación del impuesto sobre Grandes Establecimientos Comerciales de Cataluña. Tanto el Tribunal Constitucional, en su sentencia nº 96/2013, como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en las sentencias del TJUE de 26 de abril, cuestiones prejudiciales acumuladas C-236/16 y C-237/16, han respaldado la conformidad a la constitución y a las libertades comunitarias.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: WENCESLAO FRANCISCO OLEA GODOY
  • Nº Recurso: 1627/2019
  • Fecha: 28/10/2019
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Admisión a trámite del recurso de casación. La cuestión sobre la que se entiende existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consisten en determinar cómo incide lo dispuesto en la Directiva 2003/109/CE, en especial, su considerando 16 y su artículo 12, sobre todo sus apartados 1 y 3, en la adopción de una decisión de expulsión contra un extranjero, residente de larga duración, en aplicación del artículo 57.2 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, a la luz de la doctrina sentada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea al interpretar las referidas disposiciones de la Directiva 2003/109/CE, entre otras, en la sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera), de 8 de diciembre de 2011, asunto C-371/08, a cuyos apartados 82 y 83 se refiere la más reciente sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava), de 7 de diciembre de 2017, asunto C-636/16.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: DIEGO CORDOBA CASTROVERDE
  • Nº Recurso: 380/2017
  • Fecha: 28/10/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El sistema implantado por la Ley 18/2014 y aplicado por la Orden impugnada es susceptible de alcanzar los objetivos establecidos por la Directiva 2012/27/UE y la normativa española ha explicitado los criterios objetivos y no discriminatorios que le han llevado a sujetar a la obligación de eficiencia energética, por un lado, a los comercializadores de gas y electricidad y no a los distribuidores de estos productos y, por otro, a los mayoristas de productos petrolíferos y de gases licuados y no a los minoristas de este sector. El sistema de aportaciones al FNEE elegido por el legislador español no se encuentra falto de justificación y no se aprecia la vulneración del principio de proporcionalidad, pues la normativa de la Unión Europea concedía un amplio margen de flexibilidad a los Estados miembros para la elección del sistema que permitiese la consecución del objetivo de ahorro energético propuesto. El control de legalidad queda cumplido con la verificación de la aptitud del sistema nacional para cumplir con los objetivos establecidos por la Directiva y con los requisitos contemplados por la misma a los que se refiere la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia. Se descarta la naturaleza tributaria de la contribución financiera al FNEE -por lo que no cabe analizarla desde la perspectiva del art. 31 CE, si bien debe respetarse la reserva de ley del art. 133 CE-, así como la vulneración de la libertad de empresa y de la libre competencia.

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