• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CESAR TOLOSA TRIBIÑO
  • Nº Recurso: 6391/2019
  • Fecha: 10/07/2020
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia es determinar si, en aplicación de los artículos 9.3 y 12.1 de la Directiva 2003/109/CE y 57.2 y 5 de la LOEX, procede la expulsión automática de extranjeros -residentes de larga duración- condenados por delitos dolosos sancionados con penas superiores a un año (salvo que los antecedentes estén cancelados), o, por el contrario, les es de aplicación lo dispuesto en el apartado 12 de la Directiva 2003/109/CE del Consejo, debiendo precisarse, en este caso, cuándo cabe entender que el residente de larga duración representa una amenaza real y suficientemente grave para el orden público o la seguridad pública y, a este respecto, cuándo es el momento en que debe realizarse esa valoración de las circunstancias personales del extranjero -en este caso residente de larga duración en España- considerando además, como es el caso, que la condena penal ha sido impuesta por un órgano jurisdiccional de otro país la Unión Europea -Bélgica-.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FERNANDO ROMAN GARCIA
  • Nº Recurso: 1866/2020
  • Fecha: 10/07/2020
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: La controversia tiene origen en la solicitud de un particular, dirigida al Ministerio de Fomento, a fin de que, al amparo de la Ley de Transparencia se le dé acceso a las actas y acuerdos de los consejos de administración de la Autoridad Portuaria mencionada de los años 2015 a 2018; solicitud que fue desestimada por concurrir circunstancias limitativas y no apreciarse un interés superior que justificase dicho acceso. Parece conveniente un nuevo pronunciamiento de este Tribunal a fin de aclarar si el derecho de acceso a la información pública permite acceder al contenido tanto de las actas de reuniones como de los acuerdos adoptados por órganos colegiados o si, por el contrario, las actas de reuniones y deliberaciones quedan excluidas de dicho acceso en aplicación del límite previsto en el artículo 14.1.k) Ley de Transparencia. Resulta asimismo oportuno determinar si la confidencialidad y el secreto requerido en procesos de toma de decisiones a que alude el mencionado precepto requiere de una ponderación que atienda a diversas circunstancias que puedan modular su aplicación como, por ejemplo, que tales procesos de toma de decisiones o deliberaciones hayan finalizado.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: RAFAEL FERNANDEZ VALVERDE
  • Nº Recurso: 6107/2019
  • Fecha: 09/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala estima el recurso. La respuesta a la cuestión een el auto de admisión, consistente en la imposibilidad de aportación de la documentación expresada (certificado de nacimiento legalizado y certificado de antecedentes penales, del país de origen), no puede implicar, necesariamente, el rechazo de la solicitud de concesión de nacionalidad por razón de residencia, por cuanto habrán de ponderarse, en conjunto, todas las circunstancias que concurran en el solicitante de la nacionalidad, puestas de manifiesto por el mismo, o aportadas de oficio por la Administración, con la finalidad de poder justificar "buena conducta cívica y suficiente grado de integración en la sociedad española". Dado que la solicitante había acreditado su buena conducta cívica por este último medio y dado, asimismo, que el Consulado de Marruecos no expedía el certificado por razones ajenas a la diligencia de la solicitante, la ponderación de las circunstancias hecha por el tribunal a quo debe reputarse correcta: la buena conducta cívica debía tenerse por acreditada aun en ausencia del certificado de antecedentes penales del país de origen.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE MARIA DEL RIEGO VALLEDOR
  • Nº Recurso: 14/2019
  • Fecha: 09/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Recuerda la Sala que la orden impugnada lo ha sido en ejecución de previas SSTS. La modificación del coste del combustible no puede ampararse en el régimen de revisión de los parámetros retributivos establecido normativamente pues la fijación del coste del combustible del año 2014 en la orden impugnada, junto al resto de los valores y parámetros relativos a los costes de explotación de ese ejercicio, así como también la reducción hasta su práctica eliminación de otros ingresos de explotación (calor útil), son consecuencia de la anulación de los valores y parámetros determinados por la Orden IET/1045/2014 y el consiguiente mandato a la Administración para que los sustituyera por una nueva regulación que debía fijar unos parámetros y valores ajustados a la realidad y a los estándares del sector. La Sala considera razonable la utilización, en este caso excepcional, de los datos históricos o ya conocidos del precio del combustible, pues el hecho de dictarse la orden impugnada en ejecución de una STS que así lo dispuso, en sustitución de una orden anterior contraria a derecho, pudo la nueva disposición general utilizar el dato real del precio del combustible, como "mejor valor disponible", en lugar de los datos necesariamente más inciertos e inexactos basados en estimaciones de futuro, a los que necesariamente debe acudirse cuando se efectúa una regulación "ex ante". Desestima la pretendida infracción del principio de igualdad porque el trato diferente está justificado.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA DEL PILAR TESO GAMELLA
  • Nº Recurso: 108/2019
  • Fecha: 09/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: No ha lugar al recurso contencioso administrativo deducido contra Acuerdos del Consejo de Ministros, de 15 de febrero y 15 de marzo de 2019, que acordaron la exhumación y posterior inhumación de los restos mortales de Francisco Franco Bahamonde. Reconocida por la Sala la legitimación activa, desestima el recurso con remisión literal a sentencias anteriores, dado que se impugnaban los mismos actos administrativos que ahora se recurren y los motivos de impugnación eran sustancialmente iguales a los que ahora se invocan, para desestimar el recurso contencioso-administrativo, pues no advierte la Sala, a tenor de los fundamentos invocados en el escrito de demanda y sobre los que se sustenta la pretensión de nulidad esgrimida, razones que puedan alterar ni la conclusión, ni los fundamentos, de las citadas Sentencias que le sirven de precedente, por ser los actos administrativos impugnados, atendidos los motivos alegados, conformes con el ordenamiento jurídico, al no haber infracción de la legalidad urbanística ni de sanidad mortuoria, sin necesidad de plantear cuestión de inconstitucionalidad.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE ANTONIO MONTERO FERNANDEZ
  • Nº Recurso: 46/2019
  • Fecha: 09/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Reglamento 2/2018 para el cumplimiento de la Ley 15/2003, de 26 de mayo, reguladora del régimen retributivo de las Carreras Judicial y Fiscal, en lo relativo a las retribuciones variables. Desestimación. No existe duda que se cumple el principio de reserva orgánica. La Ley 15/2003 no hace más que profundizar en el contenido esencial modelado por el legislador orgánico, siendo el reglamento desarrollo de la previsión legal. Un componente retributivo como el que nos ocupa posee un evidente componente de productividad, que debe combinarse con el de calidad. No se considera que el Reglamento atienda sólo a criterios productivistas. No basta con descalificar el método seguido, sino justificar y acreditar que el método utilizado da lugar a lesiones constitucionales. No se aprecia arbitrariedad. La jornada laboral fijada no es arbitraria ni discriminatoria. La carga de trabajo la impone el art. 9 de la Ley 15/2003, cuya constitucionalidad no ha sido cuestionada. Respecto de los informes que hace de menos la recurrente, no hay ningún precepto que exija esos informes para elaborar la disposición aquí impugnada. La información requerida para la cumplimentación de las declaraciones a efectos de la retribución variable son diferentes de los que se facilitan a efectos de la estadística judicial, y la previsión contenida en el art. 4.1 entra dentro de lo que es la discrecionalidad técnica del CGPJ.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: EDUARDO ESPIN TEMPLADO
  • Nº Recurso: 458/2018
  • Fecha: 09/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Archivo de las actuaciones previas informativas en materia de protección de datos, por hechos relativos al decanato de los juzgados de Vinaròs. Desestimación. El dato del domicilio de la recurrente proviene de un fichero judicial, al incorporarse los datos de las denuncias que había formulado ante la Guardia Civil por supuestos actos delictivos cometidos contra su persona, y la entrega del dato domiciliar al Ministerio Fiscal se hace en el marco de una actuación de naturaleza jurisdiccional, por lo que la entrega del dato domiciliar al Ministerio Fiscal es perfectamente regular, pues el artículo 11.2.d) de la Ley Orgánica de Protección de Datos 11/1999 exime expresamente del consentimiento del afectado para la comunicación de un dato personal a un tercero "cuando la comunicación tenga por destinatario al Defensor del Pueblo, el Ministerio Fiscal o los Jueces o Tribunales o el Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas".
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Albacete
  • Ponente: JAIME LOZANO IBAÑEZ
  • Nº Recurso: 285/2017
  • Fecha: 08/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Considera esta sentencia, siguiendo la doctrina de la sentencia del TJUE de 11 de junio de 2020, asunto C-448/19 que no es conforme a derecho una orden de expulsión de un ciudadano extranjero que siendo titular de un permiso de residencia de larga duración, ha cometido varios delitos en España, alguno con pena superior a 1 año, sino se motiva esa expulsión conforme a ciertos parámetros, fundamentalmente a la concurrencia de arraigo del expulsado. Entiende la sentencia que en estos supuestos la expulsión no puede ser automática, debiendo valorarse las circunstancias concurrentes, que en este caso están ausentes en la resolución impugnada, y que no pueden ser suplidos por los órganos judiciales.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Albacete
  • Ponente: JAIME LOZANO IBAÑEZ
  • Nº Recurso: 45/2018
  • Fecha: 08/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Considera esta sentencia, siguiendo la doctrina de la sentencia del TJUE de 11 de junio de 2020, asunto C-448/19 que no es conforme a derecho una orden de expulsión de un ciudadano extranjero que siendo titular de un permiso de residencia de larga duración, ha cometido varios delitos en España, alguno con pena superior a 1 año, sino se motiva esa expulsión conforme a ciertos parámetros, fundamentalmente a la concurrencia de arraigo del expulsado. Entiende la sentencia que en estos supuestos la expulsión no puede ser automática, debiendo valorarse las circunstancias concurrentes, que en este caso están ausentes en la resolución impugnada, y que no pueden ser suplidos por los órganos judiciales.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Valencia
  • Ponente: MIGUEL ANGEL OLARTE MADERO
  • Nº Recurso: 624/2019
  • Fecha: 08/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se desestima el recurso de apelación interpuesto confirmando la sentencia de la instancia y, con ello, de la resolución impugnada por la que se impuso al recurrente una sanción de expulsión por comisión de una infracción prevista en el art. 53 a) de la LO 4/2000 por estancia irregular. Se invoca por la Sala, para confirmar esta sanción, la doctrina introducida por sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 23 de abril de 2015, en la que se resuelve una cuestión prejudicial planteada y relativa a la interpretación de la Directiva 2008/115/CE y Directiva en la que se establece,la decisión de retorno sin perjuicio de las excepciones que la misma Directiva contempla. Se sustenta el recurso de apelación interpuesto en la desproporcionalidad de la sanción en el hecho de que el apelante considera que tiene medios de vida sin circustancias negativas, y arraigo suficiente con domicilio conocido llevando mas de 10 años en España. Con carácter previo se destaca que el recurso de apelación interpuesto carece de análisis crítico de la sentencia de la instancia limitándose a realizar una mera reproducción de las alegaciones incorporadas a su escrito de demanda. Que para ello incorpora numerosos pronunciamientos judiciales referidos a la necesidad de incorporar,al recurso de apelación, un análisis crítico de la sentencia apelada y es por ello, que sin entrar a valorar tales argumentos de fondo y en base a la jurisprudencia invocada, desestima, sin más,el recurso interpuesto.

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