Resumen: Real Decreto 263/2019, de 12 de abril, por el que se regula el Programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial. Desestimación. Trámite de audiencia: El Real Decreto fue sometido a consultas de la Conferencia Sectorial de Energía, donde están presentes las Comunidades Autónomas, Ceuta y Melilla, receptores directos de los fondos y responsables de su adjudicación, por lo que el procedimiento de audiencia se considera suficiente, sin que pueda reclamarse que fuera sometido a consulta de los potenciales destinatarios. Informes del Consejo de Estado y de la CNMC: respecto del primero, la disposición impugnada no puede considerarse un reglamento ejecutivo de una ley nacional ni del derecho comunitario; y respecto del segundo, no se apoya el demandante en ningún precepto legal que requiera dicho informe. Principios de no discriminación y libre competencia: en un programa como el diseñado no resulta posible argüir discriminación por el hecho de que no haya sido incluido un determinado subsector industrial, pues el programa litigioso es uno de los diversos que se desarrollan ahora y en el futuro, sin que la parte acredite discriminación alguna.
Resumen: Acuerdo por el que se acepta la renuncia formulada con efectos de 30 de septiembre de 2017 por (...), magistrados eméritos del Tribunal Supremo. Desestimación. Resulta imprescindible que la norma retroactiva incida sobre derechos individuales, y ello cualquiera que sea el grado de retroactividad, esto es, con independencia de que se trae de una situación ya agotada o simplemente consagrada, por lo que no puede considerarse que la DT 3ª de la Ley Orgánica 7/2015, y sus actos de aplicación, vulneren el artículo 9 CE sin demostrar antes que quienes eran magistrados eméritos a la entrada en vigor de aquélla tenían un derecho indisponible para el legislador a continuar en dicha condición hasta la edad de setenta y cinco años. La cuestión es si la reducción sobrevenida de la duración de nombramientos ya hechos atenta contra el apartado segundo del art. 117 CE, y la respuesta es negativa, pues la garantía central de la inamovilidad judicial consiste en que cualquier decisión que incida sobre la estabilidad en la plaza judicial ocupada debe producirse en virtud de una causa legalmente prevista. Tampoco está fundamentada la alegada vulneración del derecho fundamental de acceder a los cargos públicos en condiciones de igualdad. La DT cuestionada no tiene ninguna finalidad de hostigamiento o persecución.
Resumen: Siendo una cuestión probatoria la capital en la sentencia, parece que lo aconsejable habría sido inadmitir el recurso, pues el debate sobre la interpretación del artículo 25 TRLHL es superfluo para decidir el recurso de casación, toda vez que, ya sea exigible una memoria económico-financiera completa, ya baste con un estudio razonado de costes (...), el resultado es que aquí se trata de un elemento indiferente para resolver, pues ni uno ni otro constan, ni lo que debe resolverse aquí es si un trámite del procedimiento de elaboración de la ordenanza se ha observado.
Resumen: Reglamento 2/2018 para el cumplimiento de la Ley 15/2003, de 26 de mayo, reguladora del régimen retributivo de las Carreras Judicial y Fiscal, en lo relativo a las retribuciones variables. Desestimación. No existe duda que se cumple el principio de reserva orgánica. La Ley 15/2003 no hace más que profundizar en el contenido esencial modelado por el legislador orgánico, siendo el reglamento desarrollo de la previsión legal. Un componente retributivo como el que nos ocupa posee un evidente componente de productividad, que debe combinarse con el de calidad. No se considera que el Reglamento atienda sólo a criterios productivistas. No basta con descalificar el método seguido, sino justificar y acreditar que el método utilizado da lugar a lesiones constitucionales. No se aprecia arbitrariedad. La jornada laboral fijada no es arbitraria ni discriminatoria. La carga de trabajo la impone el art. 9 de la Ley 15/2003, cuya constitucionalidad no ha sido cuestionada. Respecto de los informes que hace de menos la recurrente, no hay ningún precepto que exija esos informes para elaborar la disposición aquí impugnada. La información requerida para la cumplimentación de las declaraciones a efectos de la retribución variable son diferentes de los que se facilitan a efectos de la estadística judicial, y la previsión contenida en el art. 4.1 entra dentro de lo que es la discrecionalidad técnica del CGPJ.
Resumen: Archivo de las actuaciones previas informativas en materia de protección de datos, por hechos relativos al decanato de los juzgados de Vinaròs. Desestimación. El dato del domicilio de la recurrente proviene de un fichero judicial, al incorporarse los datos de las denuncias que había formulado ante la Guardia Civil por supuestos actos delictivos cometidos contra su persona, y la entrega del dato domiciliar al Ministerio Fiscal se hace en el marco de una actuación de naturaleza jurisdiccional, por lo que la entrega del dato domiciliar al Ministerio Fiscal es perfectamente regular, pues el artículo 11.2.d) de la Ley Orgánica de Protección de Datos 11/1999 exime expresamente del consentimiento del afectado para la comunicación de un dato personal a un tercero "cuando la comunicación tenga por destinatario al Defensor del Pueblo, el Ministerio Fiscal o los Jueces o Tribunales o el Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas".
Resumen: Orden TEC/1366/2018, de 20 de diciembre, por el que se establecen los peajes y cánones asociados al acceso de terceros a las instalaciones gasistas y la retribución de las actividades reguladas para 2019. Desestimación. Falta de autorización de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos: no concurre el motivo de nulidad invocado, pues dicha autorización se proporciona en la contestación a la demanda. Supresión de la retribución por disponibilidad: el pago por capacidad (y su modalidad de servicio de disponibilidad a medio plazo) es un concepto retributivo de carácter no necesario sino complementario o adicional, que puede aplicar el Ministerio de Industria en función de las necesidades de cobertura del suministro de electricidad y la propia evolución del sistema eléctrico, no siendo posible reconocer pro futuro a los titulares de las instalaciones de producción de energía eléctrica "un "derecho inmodificable" a que se mantenga inalterado un determinado marco retributivo". La Orden impugnada justifica la supresión del servicio de disponibilidad, y la tendencia actual en la Unión Europea es a suprimir los mecanismos de capacidad; y esa supresión también se apoya en una perspectiva competencial, ya que el apoyo público a los proveedores de capacidad corre el riesgo de crear distorsiones de la competencia en el mercado de la electricidad. No existe una decisión arbitraria ni existe discriminación ni se infringe el principio de garantía del suministro.
Resumen: Atribución a determinados juzgados, con competencia territorial indicada para cada uno de los casos, para que de manera exclusiva y excluyente conozcan de la materia relativa a las acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física. Desestimación. Lo que ha hecho el Consejo colegial de Abogados Cataluña recurrente en este caso es articular una acción en defensa de la legalidad abstracta, por encima y al margen de su legítimo ámbito de actuación definido en sus estatutos. No está reconocida la acción popular en esta materia por lo que sería dable concluir que la parte demandante carece de legitimación. En cuanto al fondo, se cumplen en forma evidente los cuatro requisitos de aplicación del artículo 98 LOPJ, que es excepcional, por tiempo determinado, dictado tras los informes oportunos y se inserta en el Boletín Oficial del Estado. Además, y frente a la alegación que el acto impugnado conculca el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, éstas no se han acreditado. El acuerdo impugnado ha operado en el marco legal que le es propio satisfaciendo el derecho al juez ordinario al señalar en forma abstracta, objetiva, independiente, inamovible, precisa y previa quiénes serán los jueces ordinarios en cada proceso judicial, lo que corresponde determinar al CGPJ. En nada se menoscaba con el acuerdo el derecho a la justicia gratuita de los ciudadanos.
Resumen: El TS recuerda que en el procedimiento de extradición, conforme a la Ley 4/1985, se distinguen tres fases sucesivas: gubernamental; judicial (acordando o denegando la extradición) y de soberanía (decidiendo la entrega o denegando la extradición). El acuerdo aquí recurrido pone fin a la primera fase y decide la continuación del procedimiento, iniciando la segunda fase, judicial. En cuanto al mismo, se rechazan los motivos impugnatorios aducidos en cuanto: al incumplimiento del plazo del Ministerio de Justicia para elevar al Gobierno la propuesta sobre la continuación o no del procedimiento de extradición en vía judicial; a la alegada falta de motivación del acuerdo impugnado; así como respecto a la pretendida falta de Gobierno en funciones para acordar la continuación del procedimiento. En relación con este último motivo, se declara que el acuerdo ha de considerarse inserto en el despacho ordinario de los asuntos públicos. Además de su urgencia dada la finalidad cautelar que persigue. Se recuerda también que el acuerdo de continuar el procedimiento de extradición no es la concesión de la extradición: no es lo mismo un acuerdo del Consejo de Ministros sobre continuación del procedimiento, que una resolución judicial de la Audiencia Nacional sobre la extradición, evidentemente no impugnable en vía contencioso-administrativa, como tampoco es equiparable con una decisión de soberanía del Consejo de Ministros acordando o no la entrega del extraditable.
Resumen: Acuerdo por el que se resolvió parcialmente el concurso convocado para cubrir plazas en el ámbito de los Tribunales Superiores de Justicia. Desestimación. Todo todo el problema estriba en determinar si la valoración de méritos efectuada por el CGPJ es correcta. Docencia: no puede excluirse por el hecho de haber sido desarrollada en Universidades alemanas; ahora bien, no ha quedado desvirtuado que el recurrente desplegara una actividad docente en materias distintas de la Filosofía del Derecho, materia que no es susceptible de ser tomada en consideración. Mérito preferente de haber ejercido como Magistrado suplente: aun cuando la información de hecho en que se apoya un acto administrativo se demuestra errónea en vía de recurso, el acto administrativo impugnado debe ser anulado o revisado en consonancia, en el presente caso, no se han negado los hechos reflejados en la certificación de 4 de septiembre de 2018, y a ese dato debe estarse, resultando 0,70 puntos correspondientes a haber ejercido como Magistrado suplente; pero esos 0,70 puntos siguen estando detrás de la aspirante peor puntuada.
Resumen: La Sala estima parcialmente el recurso al acoger la última impugnación. La recurrente denuncia que el art. 5.1.f), párrafo segundo del RD recurrido, sobre transmisión de posibilidades, introduce una excepción en favor de las grandes empresas discriminando a los más pequeños, con infracción del art. 14 CE. Pues bien, la Sala considera que la introducción de dicha excepción en el art. 5.1.f), párrafo segundo, del Real Decreto, estableciendo que "solo en el caso de buques pertenecientes a una misma empresa armadora se podrá proceder a la transmisión de posibilidades de forma definitiva de uno a otro grupo del artículo 3.1, conforme a lo estipulado en el artículo 28.2 de la ley, aunque los buques o almadrabas implicados no estén el mismo grupo del censo", supone incorporar reglamentariamente una disposición contraria al mandato establecido en la Ley que le sirve de cobertura y al propio fundamento de la limitación impuesta por el referido art. 28.1.c), incorporación que no puede sustentarse en la previsión del mismo art. 28 en su apartado 2, que si bien se refiere a la transmisión entre buques de la misma empresa armadora, previene que para ello ha de partirse del "previo cumplimiento de las condiciones establecidas en el apartado 1" y, por tanto, de la limitación establecida en la letra c), plenamente reconocida por la Administración que ejercita la potestad reglamentaria. Y dicha excepción vulnera el principio de jerarquía normativa, incurriendo en nulidad absoluta.