Resumen: Se reiteran pronunciamientos anteriores sobre la cuestión casacional relativa a dilucidar si para la concesión de autorizaciones de residencia temporal por razones excepcionales de arraigo social es necesaria la acreditación de la solvencia económica del empleador en los términos previstos en el art. 64.3.e del Reglamento, o, por el contrario, bastará con presentar un contrato de trabajo (por período de un año) firmado por el trabajador y empresario en el momento de la solicitud (art. 124.2.b). La Sala, interpretando ambos preceptos, insiste en que que, conforme al segundo de los mencionados, es suficiente para la solicitud de permiso temporal de residencia por razones de arraigo la aportación por el interesado de un contrato de trabajo firmado por el trabajador y el empresario en el momento de la solicitud para un periodo que no sea inferior a un año, sin mayores requisitos; pero que ello no impide que la Administración, en la tramitación del procedimiento, pueda examinar la falta de viabilidad de la actividad empresarial en que se inserta el contrato. Doctrina que aplicada al supuesto examinado revela la procedente denegación de la autorización de residencia temporal pretendida al no quedar acreditada la realidad de los contratos, valoración totalmente lógica a la vista de la documentación obrante en el expediente que refleja una situación económica muy ajustada que no justifica la viabilidad de los mismos.
Resumen: Atendiendo a los criterios recogidos en SSTS 18-12-18 (rec. 6321/17) y 3-10-19 (rec. 7231/18) -que se refiere a las de 1-7-19 y 13-6-19-, se resuelven las cuestiones planteadas en el sentido de que: el art. 162 RD 557/11, de 20 de abril, bajo el epígrafe "extinción de la residencia temporal" distingue entre la extinción de la vigencia de las autorizaciones, ope legis, sin necesidad de un pronunciamiento administrativo, contemplado en el aptdo 1, y la extinción de las autorizaciones que sí requieren resolución administrativa, contemplada en el aptdo 2; que ambos supuestos resultan mutuamente excluyentes, de manera que producida la extinción por el transcurso del plazo de vigencia no resulta procedente acordar la extinción por incumplimiento de los requisitos exigidos para su concesión y permanencia; que ello no implica que tal incumplimiento sea irrelevante, pudiendo valorarse en relación con la concesión de ulteriores autorizaciones en las que resulte exigible el requisito incumplido; y que la extinción de las autorizaciones de residencia temporal por las circunstancias previstas en el art. 162.2, durante su vigencia, se acuerda por resolución del órgano competente con arreglo a los trámites previstos para el otorgamiento, modificación y extinción de autorizaciones, sin que sea necesario acudir a los procedimientos de revisión de oficio o de lesividad, y ello con los efectos propios de la causa o circunstancia prevista en el art. 162.2 que en cada caso determine la extinción.
Resumen: La Sala desestima el recurso Debe ratificarse la doctrina ya establecida por esta Sala en decisiones anteriores, en respuestas a planteamientos similares del que ahora se formula. El debate se centra en determinar si para el supuesto de solicitud, y concesión, del permiso de residencia por motivos excepcionales de arraigo, se requiere acreditar la solvencia del proyecto empresarial en el seno del cual se integra la preceptiva aportación que impone el artículo 124.2 b), es decir, un contrato de trabajo firmado por empleador y trabajador por un periodo de, al menos, un año. No se estima acertada la interpretación que se postula en el escrito de interposición del presente recurso de casación, de estimar que es suficiente con la mera aportación del documento para estimar acreditadas las condiciones que se imponen para la concesión del permiso por residencia por circunstancias excepcionales por arraigo, en contraposición con lo exigido en el artículo 66 del Reglamento para el permiso de trabajo. Han de interpretarse los artículos 64.3º.e) y 124.2º.b) del RLOEX en el sentido de que, conforme al segundo de los mencionados preceptos y con exclusión de aquel primero, es suficiente para la solicitud de permiso temporal de residencia por razones de arraigo la aportación por el interesado de "un contrato de trabajo firmado por el trabajador y el empresario en el momento de la solicitud para un periodo que no sea inferior a un año", sin mayores requisitos.
Resumen: Se desestima el recurso de casación señalando que en respuesta a la cuestión planteada en el auto de admisión del recurso, ha de concluirse: que es aplicable a las solicitudes de protección internacional presentadas en un Centro de internamiento de Extranjeros el plazo para dictar la resolución denegatoria establecido para cuando dicha solicitud se presente en frontera en los términos establecidos por la jurisprudencia de esta Sala, de manera que la falta de respuesta en plazo produce los efectos previstos en dicho precepto teniendo en cuenta la situación del solicitante que se encuentra internado en un CIE, efectos que no desaparecen por el hecho de que con posterioridad se dicte la resolución correspondiente. De otro modo y de admitirse la tesis defendida por el recurrente llevaría a desconocer las determinaciones que el legislador ha establecido sobre el momento de inicio del cómputo de los plazos del art. 21 de la Ley 12/2009, trasladándolo del momento de la presentación o la notificación, al que se refiere la Ley, al día siguiente, lo que supone identificar indebidamente momentos con fechas o días, siendo que constituyen conceptos jurídicos de distinto alcance que el legislador utiliza valorando la naturaleza y circunstancias del trámite o procedimiento, cuyas determinaciones han de mantenerse en la interpretación y aplicación de la norma.
Resumen: Reiterando lo declarado en pronunciamientos anteriores sobre la misma cuestión, el TS señala que el reenvío que efectúa el art. 25.2 al art. 21, ambos de la Ley 12/2009, es integral al procedimiento, del que los plazos constituyen un elemento fundamental por los efectos que su inobservancia puede acarrear, efectos que, con carácter general, serán los señalados en el art. 19; esto es, que la persona extranjera no podrá ser objeto de retorno, devolución o expulsión hasta que se resuelva sobre su solicitud, salvo en aquellos supuestos en los que se acredite, de forma suficiente por la administración, que la formulación de la solicitud se ha realizado con la única y exclusiva finalidad de mantenerse en territorio español, enervando así los efectos de la ejecución de una orden firme de devolución o expulsión. Doctrina que trasladada al supuesto aquí examinado permite concluir que, superado en este caso el plazo para inadmitir o denegar la solicitud de asilo, debió iniciarse la tramitación del procedimiento ordinario, sin que, por aplicación del art. 19, el recurrente pueda ser objeto de retorno, devolución o expulsión hasta que se resuelva sobre su solicitud, al no constar o acreditarse por la administración hechos o circunstancias que permitan avalar la concurrencia de un supuesto de fraude de ley o abuso de derecho.
Resumen: La Sala desestima el recurso rechazando los motivos de impugnación. Procede ponderar las circunstancias concurrentes en el caso, sin que "la sola existencia de antecedentes penales determine sin más la denegación de la solicitud de autorización temporal por circunstancias extraordinarias de arraigo familiar". Y respondida la cuestión de interés casacional formulada, el examen de la sentencia impugnada acredita el cumplimiento de la ponderación necesaria para denegar la solicitud de residencia temporal en España del recurrente como se refleja en los transcritos párrafos de la resolución recurrida en el FD Cuarto, sin que la desestimación decidida en la sentencia del TSJ de Galicia de la apelación interpuesta, se haya justificado en la sola existencia de antecedentes penales, sin valoración de los mismos.
Resumen: Admisión a trámite del recurso de casación. La cuestión sobre la que se entiende existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar si procede la denegación automática de la solicitud de tarjeta de residencia (temporal) de familiar de ciudadano de la Unión Europea (ciudadano español residente en España y que no ha ejercido el derecho de libre circulación por el Espacio común Europeo) por no cumplirse alguno de los requisitos establecidos en el artículo 7 del Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, o si, por el contrario, han de examinarse las circunstancias concurrentes, en particular, las personales y familiares y la posible afectación al derecho recogido en el artículo 20 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, teniendo en cuenta la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación con tal precepto, en particular, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión de 8 de mayo de 2018 [C-82/16], K.A. y otros contra Belgische Staat; y en caso de considerarse procedente el examen mencionado, y, de entenderse afectado el derecho recogido en el artículo 20 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, cómo debe incidir ello en la decisión relativa a la solicitud de la tarjeta mencionada.
Resumen: Admisión a trámite del recurso de casación. La cuestión planteada en el recurso que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en determinar si, conforme al artículo 6.1.f) del Reglamento (UE) 2016/679, interpretado a la luz de los considerandos 47 in fine y 70 del mismo Reglamento, puede considerarse lícito el tratamiento de datos personales con fines de mercadotecnia directa cuando, a pesar de no haber otorgado el interesado su consentimiento, concurriere un interés legítimo en el responsable del tratamiento.
Resumen: Se estima el recurso de casación interpuesto que versa sobre el momento en que la falta de presentación en papel del poder de representación procesal, pese a haberse presentado telemáticamente, ha conllevado, merced a la instrucción 3/2015 del Secretario de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, sobre la presentación telemática de escritos de trámite o no iniciales en los Juzgados y Tribunales de Cataluña, la terminación del procedimiento, negándose en definitiva el acceso a la jurisdicción. La Sala concluye que en los órganos jurisdiccionales de Cataluña que funcionan con el sistema RED HÍBRIDO, la presentación de escritos por vía telemática no surtirán efectos si no se presentan en formato papel en el Decanato o Servicio Común "junto con la carátula que genera la extranet del profesional de e-justicia.cat, ......antes de las 14 horas del día hábil siguiente a su presentación a través del extranet. Sirve de justificante de entrega la inscripción hecha por la impresora de agujas en la copia del procurador que presenta el escrito". No obstante, en el caso concreto se estima el recurso desde el momento en que tanto el Juzgado como la Sala han dado por válida la designa apud acta realizada el 8 de abril de 2017 admitiendo la representación técnica allí designada en los distintos recursos, por lo que negar los efectos de tal designa presentada telemáticamente en plazo supone un rigorismo formal excesivo que vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva.
Resumen: Precedente: RCA 3753/2019, auto de 5 de diciembre de 2019. La cuestión que presenta interés objetivo casacional consiste en determinar si, conforme al artículo 6.1.f) del Reglamento (UE) 2016/679, interpretado a la luz de los considerandos 47 in fine y 70 del mismo Reglamento, puede considerarse lícito el tratamiento de datos personales con fines de mercadotecnia directa cuando, a pesar de no haber otorgado el interesado su consentimiento, concurriere un interés legítimo en el responsable del tratamiento. Las normas jurídicas que, en principio, deberán ser objeto de interpretación son los artículos 6.1.f) del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, interpretado a luz de los considerandos 47 in fine y 70 del mismo, en relación con el artículo 72.1.b) de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los derechos digitales; y los artículos 6.1, 44.3.b ) y 45 de la LOPD. La Sección Primera pone de manifiesto que, concurriendo la presunción del art. 88.3.d) LJCA,no existe jurisprudencia sobre la cuestión suscitada y no cabe duda de que trasciende del caso concreto objeto del proceso, sin que quepa afirmar que el asunto carece manifiestamente de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, en los términos del artículo 88.3 in fine.