Resumen: A la cuestión que se aprecia reviste interés casacional objetivo consistente en determinar si el instrumento que nos ocupa -Proyecto Regional "Parque Empresarial del Medio Ambiente"- puede llevar a cabo una nueva clasificación de un suelo previamente clasificado como no urbanizable especialmente protegido con el objetivo de legitimar las actuaciones desarrolladas al amparo de un instrumento legislativo (Ley autonómica 6/2007) declarado inconstitucional y nulo y cuyos actos autorizatorios fueron igualmente anulados, responde el TS declarando que, teniendo en cuenta la doctrina constitucional según la cual los efectos erga omnes que se derivan de un fallo que declara la inconstitucionalidad de una norma no están dotados de carácter retroactivo, ni conducen a la revisión de las situaciones consolidadas que se han producido al amparo de la norma que se entiende que es inconstitucional (salvo que se trate de supuestos de normas de carácter sancionador), se concluye que los actos administrativos de gestión urbanística que ganaron firmeza por no haber sido impugnados, o que, impugnados, fueron confirmados por sentencia judicial firme, no pueden ser revisados, por lo que es conforme a derecho la transformación operada que acredita que aquel suelo ha adquirido hoy la consideración de suelo urbano consolidado al reunir en él los requisitos exigidos en la normativa urbanística y estar integrados en la malla urbana.
Resumen: Se reproduce la STS de 10/02/2018 (rec. 3781/17) recaída en asunto análogo, que estimó el recurso que trataba de esclarecer en qué medida la cláusula de aplicación supletoria del derecho estatal permite sostener la exigencia a las Comunidades Autónomas de un requisito, como es el informe de impacto de género, en materia de ordenación urbanística, que no figura previsto en su propia legislación. A tal efecto la Sala relaciona sentencias anteriores en las que había anulado el Plan Territorial de Andalucía y el Reglamento General de costas, precisamente, por falta de informe de género, y, teniendo en cuenta tales antecedentes, rechaza la tesis central de la sentencia recurrida que defendía que debía haberse observado lo dispuesto en el entonces vigente art. 24 de la Ley 50/1997, modificado por la Ley 30/2003, pues, en ausencia de normativa autonómica, el art. 33 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid prevé el carácter, en todo caso, supletorio del Derecho estatal. El TS sostiene ahora que la cláusula de supletoriedad que se invoca para aplicar el artículo 24 de la Ley de Gobierno y, por lo tanto, exigir el informe de impacto no tiene soporte en la actual jurisprudencia que analiza la cláusula de supletoriedad. Concluye que no resulta exigible formalmente un informe específico de impacto de género, que no está incorporado como tal en la legislación, lo que no es óbice para que la igualdad de trato haya haya de ser tomado en consideración en el planeamiento.
Resumen: Orden ETU/257/2018, de 16 de marzo, por la que se establecen las obligaciones de aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, para el año 2018. Desestimación del recurso. La alegada inexistencia de extraordinaria y urgente necesidad afectaría en exclusiva al Real Decreto-Ley 8/2014, y no a la Ley 18/2014, momento a partir del cual es exclusivamente ésta el fundamento normativo del sistema de eficiencia energética que se implanta en transposición de la Directiva 2012/27. La Orden no es una disposición general sino un acto administrativo, por lo que no se aplican los trámites e informes de las disposiciones generales. El sistema de aportaciones al FNEE elegido por el legislador no carece de justificación ni vulnera el principio de proporcionalidad. La Orden impugnada no vulnera la Directiva 2012/27/UE, al ser susceptible de alcanzar los objetivos establecidos por la esta, y la imposición de la obligación de ahorro energético sólo a parte de los sujetos de los sistemas de gas y electricidad está expresamente justificada, al basarse en criterios objetivos que no pueden ser tachados de discriminatorios, sin que pueda prosperar la alegación de infracción de la libre competencia. La contribución financiera al FNEE de los sujetos obligados no tiene naturaleza tributaria. No se infringe el principio de reserva de ley, pues es una norma de rango legal -la Ley 18/2014- la que define y delimita los elementos configuradores de la obligación de ahorro energético cuestionada.
Resumen: La Sala desestima el recurso. Debe descartarse la posibilidad de la obtención de la nacionalidad española, por parte de la recurrente, con base en el artículo 20.1.b) del Código Civil, que cita en apoyo de su pretensión. No resulta posible acceder al reconocimiento de la concreta pretensión formulada por la recurrente. Estamos en presencia de una potestad estrictamente discrecional, cuyo ejercicio corresponde al Consejo de Ministros, formalizada mediante Real Decreto, y con base en la concurrencia de unos hechos excepcionales, siendo reiterada la jurisprudencia de esta Sala sobre dicha cuestión. Lo anterior conecta con otra vía de control de la discrecionalidad, con la finalidad de que la misma no incida en arbitrariedad, cual es la que puede efectuarse a través de la aplicación de los principios generales. Pudiera deducirse que el citado Departamento ha tomado en consideración la solicitud de la recurrente, y, la ha tramitado y completado, pero ha procedido a su rechazo por la falta de excepcionalidad de las razones alegadas, esto es, por ausencia del máximo apoyo institucional. Finalmente, y en cuanto al principio de igualdad a que apela la recurrente, es evidente que, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de este Tribunal Supremo, tal pretensión no ha contado con algún soporte fáctico que hubiere habilitado su viabilidad. Además no corresponde a este orden jurisdiccional pronunciamiento alguno sobre la vulneración del principio.
Resumen: Se estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el Acuerdo del Consejo de Ministros que desestimó la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por los daños y perjuicios derivados de la aplicación del Impuesto sobre las Ventas El debate trabado en este recurso no difiere en nada que sea jurídicamente relevante del que tuvo lugar en, entre otros, los recursos en los que la Sala ha dictado sentencias estimatorias. En consecuencia, el principio de igualdad en la aplicación de la ley obliga ahora a llegar a igual pronunciamiento con sustento en los mismos razonamientos jurídicos, condenando a la Administración General del Estado a indemnizar a la parte recurrente en la cantidad resultante de la aplicación de las bases ya reiteradas por la Sala
Resumen: Aprobación de la relación de aspirantes convocados a la realización del dictamen para la provisión de plazas entre juristas de reconocida competencia con más de diez años de ejercicio profesional, para el acceso a la Carrera Judicial por la categoría de Magistrado en materias propias del orden jurisdiccional social. La recurrente impugna que no se le hayan valorado los años de servicio como funcionaria interina del Ayuntamiento de Barcelona. Desestimación. La base E) recoge una previsión explícita en el art. 313.2 LOPJ, que ordena expresamente que el baremo valore los años de servicio como funcionario de carrera, y sobre el que no se duda de su constitucionalidad, pues no implica una discriminación entre categorías equivalentes de concursantes. El que se contemple sólo a los funcionarios de carrera que tengan una determinada categoría profesional pone de relieve que el legislador ha querido valorar los años de servicio de funcionarios que hayan superado una prueba de acceso encaminada a verificar en términos objetivos y competitivos el mérito y capacidad, como es el caso de las pruebas de acceso a los cuerpos de funcionarios, que no admiten comparación por su rigor con las que puedan haber superado los funcionarios interinos y otras categorías de trabajadores en las administraciones públicas. Los criterios de valoración que contempla la LOPJ y plasman las bases del concurso no se establecen como consecuencia de la relación laboral de los concursante.
Resumen: Se deniega la solicitud de tarjeta de residencia de familiar de la Unión Europea por no acreditar haber estado a cargo de su padre, ciudadano español. La sentencia establece que , la recurrente no estaba en condiciones de subvenir a sus necesidades básicas en el Estado de origen o de procedencia en el momento en que se solicitó establecerse con su hija en España. Todo lo cual determina, con estimación de este motivo, la declaración de que vive a cargo de su hija y no existiendo otro motivo de denegación, la concesión de la tarjeta denegada. Por todo ello, se estima el recurso de apelación y se concede la tarjeta de residencia de familiar de la Unión Europea.
Resumen: La STJUE que resuelve la cuestión prejudicial comunitaria planteada considera que los artículos 7 y 20 de la directiva 2012/27/UE deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional que establece como modo principal de ejecución de las obligaciones de eficiencia energética un sistema de contribución anual a un Fondo Nacional de Eficiencia Energética, siempre que se garantice la obtención de los ahorros de energía del art 7 y que se cumplan los requisitos del art 7.10 y 11. El sistema implantado por la orden no puede ser considerado incompatible con la Directiva, ya que la previsión de un objetivo real de ahorro, permiten considerar que, desde una perspectiva global y a priori, el sistema es idóneo para cumplir con el objetivo de ahorro energético. En este sentido, el informe del IDAE ofrece información de la que permite entender que la gestión del fondo y la ejecución de las líneas de actuación son susceptibles de cumplir con los requisitos. La determinación de los sujetos obligados no es discriminatoria, se basa en criterios objetivos de política económica, que, son más o menos acertados, pero, legales. No se vulnera el principio de libre competencia. Tampoco resulta de favorable acogida la ayuda de Estado, porque existen razones que justifican la elección de los sujetos obligados, sin que existe una situación fáctica y jurídica comparable entre las empresas obligadas y las que no. Se excluye que exista ayuda de Estado.
Resumen: Reitera el criterio iniciado en SSTS dictadas en los RRCC 4798/18 y 1059/18 y culminado en las SSTS dictadas en los RRCC 6538/18 y 2459/19, concluyendo en relación con la cuestion de interés casacional -determinar la extensión de la remisión efectuada en el art. 25.2 (solicitud de protección internacional presentada en un CIE) al art. 21 (solicitud de protección internacional presentada en un puesto fronterizo), ambos de la Ley 12/09, de 30 de octubre, a efectos de concretar cuáles son las consecuencias jurídicas de la superación del plazo fijado en el art. 21, especialmente del fijado para denegar la solicitud de protección internacional por concurrir alguno de los supuestos en él establecidos, cuando se trate de una solicitud presentada en un CIE- que cuando se solicite el asilo estando ya internado el solicitante en un CIE, los plazos para resolver, cuando se siga el procedimiento de urgencia, deben ser los establecidos para cuando dicha petición se haga en frontera, es decir, computando los plazos de cuatro días para la denegación del asilo y los dos días para la petición de reexamen, en su caso, de momento a momento, es decir, desde la fecha de presentación de la petición ante la Administración y desde el concreto momento en que, dentro de las del día, se realice dicha presentación, sin excluir los días inhábiles. En otro caso, deberá seguirse el procedimiento ordinario, sin que pueda ser objeto de retorno, devolución o expulsión hasta que se resuelva sobre su solicitud.
Resumen: Orden ETU/257/2018, de 16 de marzo, por la que se establecen las obligaciones de aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, para el año 2018. Desestimación del recurso. La contribución financiera al FNEE de los sujetos obligados no tiene naturaleza tributaria. No se infringe el principio de reserva de ley, pues es una norma de rango legal -la Ley 18/2014- la que define y delimita los elementos configuradores de la obligación de ahorro energético cuestionada. La imposición de la obligación de ahorro energético sólo a parte de los sujetos de los sistemas de gas y electricidad está expresamente justificada, al basarse en criterios objetivos que no pueden ser tachados de discriminatorios. La Orden impugnada no vulnera la Directiva 2012/27/UE, al ser susceptible de alcanzar los objetivos establecidos por la esta. El sistema de aportaciones al FNEE elegido por el legislador no carece de justificación ni vulnera el principio de proporcionalidad. No prospera la alegación de infracción de la libre competencia y de prohibición de ayudas de Estado. La elección del sistema implantado, en lugar de un sistema de certificados de ahorro energético, es legítimo, al tener una justificación objetiva y ser adecuado para el fin que persigue.