Resumen: El TS desestima el recurso c-a interpuesto por el procedimiento de DDFF remitiéndose a un pronunciamiento anterior (STS, Sala 3ª; de 13/11/2019, Rec. 318/2018), concluyendo que (al margen de las grandes deficiencias del escrito de demanda): la competencia para enjuiciar los actos del Consejo de Ministros corresponde al TS; el cese de los titulares de los órganos de gobierno autonómicos se ha acordado por el Consejo de Ministros como órgano competente en virtud de la aplicación del artículo 155 CE; el cese subsiguiente del personal eventual de dichos cargos autonómicos no implica ni coacción administrativa ni ejecución forzosa ni vía de hecho alguna, sino que opera ope legis en estricto cumplimiento de las disposiciones que rigen el estatuto del personal eventual, y así se ha hecho en cumplimiento de la propia normativa autonómica; no se han infringido los principios de legalidad, ni de seguridad jurídica ni de arbitrariedad en el cese del personal eventual; no se infringe el derecho fundamental del artículo 23.2 CE a permanecer en las funciones públicas, puesto que se cesó al personal eventual sin obedecer a razones ideológicas alguna; tampoco se infringen los derechos de los artículos 24 y 25 CE toda vez que la interesada ha podido defender sus derechos en el presente recurso ante el TS y no ha sido objeto de ninguna sanción, sino de un cese por causa legal tasada, razón por la que tampoco ha sido privada indebidamente de su trabajo; y no ha habido discriminación alguna.
Resumen: No ha lugar al recurso contencioso-administrativo interpuesto contra acto del Presidente del CGPJ que dispuso el cese del recurrente como Jefe de Prensa de la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a propuesta de la Directora de la Oficina de Comunicación del CGPJ y del Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. El TS ya se ha pronunciado sobre la naturaleza de personal eventual en el CGPJ, si bien la novedad de otra STS, dictada no respecto de personal eventual sino de cese de personal funcionario en puestos de libre designación, guardan semejanza con el personal eventual en lo que se refiere a la confianza personal que tiene la autoridad que designa en el funcionario designado, atendiendo a su valía y cualidades profesionales, mas personales como su actitud, motivación o identificación con los objetivos marcados para ese puesto. En el presente recurso las razones del cese del recurrente están explicitadas sin que, por el mismo, hubieren sido objetadas ni contradichas por medio de prueba alguno en orden al control jurisdiccional.
Resumen: Reitera el TS que no cabe la posibilidad de ejercitar una acción de responsabilidad patrimonial del Estado legislador cuando quien haya resultado afectado por la aplicación de la ley inconstitucional o contraria al derecho comunitario haya consentido el acto administrativo dejándolo firme, porque esta situación afecta necesariamente al requisito de la antijuridicidad, definido por la inexistencia del deber jurídico del perjudicado de soportar los daños, requisito que no puede entenderse acreditado dado que la falta de impugnación del acto administrativo determina la ficción de que el mismo ha sido consentido por el interesado y éste viene obligado a soportar las consecuencias de sus propios actos. En consecuencia, la recurrente hubiera debido recurrir las liquidaciones tributarias, pues la ulterior declaración de nulidad de una disposición legal por infringir el derecho comunitario no lleva aparejada necesariamente la invalidez de las liquidaciones firmes practicadas. Solo cuando se hubiera recurrido la resolución administrativa y obtenido sentencia firme desestimatoria, hubiera podido tener viabilidad la demanda de responsabilidad patrimonial, planteada, eso sí, antes de transcurrido un año desde la publicación en el DOUE de la sentencia del TJUE favorable a la tesis impugnatoria. La responsabilidad patrimonial no es una institución alternativa a la vía de recurso contra el acto.
Resumen: Impuesto sobre Grandes Establecimientos Comerciales. Cataluña. Conformidad con el Derecho de la Unión Europea: libertad de establecimiento y ayudas de Estado. Sentencia del TJUE de 26 de abril de 2018 (C-233/2016 y C-237/2016).
Resumen: Solicitud de devolución del exceso de las retenciones sobre dividendos de fuente española, formalizada por un fondo de inversión residente en EEUU en declaración-liquidación modelo 215 por considerar contrarias al Derecho de la Unión Europea las retenciones del 15% practicadas, conforme al CDI España/EEUU, al constituir una restricción prohibida a la libre circulación de capitales, ya que los fondos de inversión residentes en España tributan al 1% en el Impuesto sobre Sociedades. La parte recurrente tiene el legítimo derecho de solicitar la devolución de la retención indebidamente realizada, pues existiendo mecanismo para el intercambio de información entre España y EEUU en los términos vistos, en caso de duda correspondía a las autoridades españolas recabar la información necesaria a las autoridades de EEUU para poder comprobar dicha equivalencia. Por tanto, al no haber actuado la Administración de dicho modo -se limitó a iniciar procedimiento de comprobación, y justificar la retención del 15% en base a la Ley IRNR y CDI-, debe prosperar la pretensión actora y en su consecuencia declarar su derecho a la devolución de lo indebidamente retenido y sus intereses.
Resumen: Conformidad con el Derecho de la Unión Europea: libertad de establecimiento y ayudas de Estado. Sentencia del TJUE de 26 de abril de 2018 (C-233/2016 y C-237/2016).
Resumen: Admisión. La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar si el plazo de caducidad en los expedientes de expulsión del territorio es el de seis meses establecido en el artículo 225.1 del Reglamento de Extranjería, o el de tres meses fijado en el artículo 21.3 de la Ley 39/2015. Se entiende concurrente el supuesto de interés casacional previsto en el artículo 88.2.a) LJCA, al haberse identificado y ofrecido en el escrito de preparación del recurso sentencias demostrativas de criterios contradictorios con la aquí impugnada en las que se considera que no es aplicable el plazo de caducidad previsto en el artículo 225.1 del Reglamento de Extranjería.
Resumen: Admisión. La cuestión en la que existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar si la extinción de las autorizaciones de residencia de familiares de ciudadanos de la Unión Europea por desaparición de las condiciones que justificaron su concesión ha de ser decretada inicialmente por los Jefes de las Oficinas de Extranjeros o por los Delegados o Subdelegados del Gobierno.
Resumen: La cuestión que revsite interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar cuál es el régimen jurídico aplicable a las solicitudes de protección internacional presentadas fuera del territorio nacional al amparo del artículo 38 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, y si resulta aplicable a las mismas, y en ese caso cómo, lo dispuesto en el referido precepto, pese a no haber sido objeto de desarrollo reglamentario, precisando a qué país viene referida la locución "corra peligro su integridad física" -si va referida al país de origen de los solicitantes de protección internacional, o, por el contrario, al país en que se presenta la solicitud-, y cuál es la consecuencia jurídica de la falta de respuesta a la solicitud presentada a su amparo.
Resumen: La STJUE que resuelve la cuestión prejudicial comunitaria planteada considera que los artículos 7 y 20 de la directiva 2012/27/UE deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional que establece como modo principal de ejecución de las obligaciones de eficiencia energética un sistema de contribución anual a un Fondo Nacional de Eficiencia Energética, siemore que se garantice la obtención de los ahorros de energía del art 7 y que se cumplan los requisitos del art 7.10 y 11. Se rechaza el 1º argumento impugnatorio, toda vez que la orden no es una disposición general. Por ello que, deben rechazarse como motivos invalidantes la ausencia de una serie de trámites e informes preceptivos, exigibles cuando de la elaboración de una disposición general se trate. El sistema implantado por la orden no puede ser considerado incompatible con la Directiva, ya que la previsión de un objetivo real de ahorro, permiten considerar que, desde una perspectiva global y a priori, el sistema es idóneo para cumplir con el objetivo de ahorro energético. En este sentido, el informe del IDAE ofrece información de la que permite entender que la gestión del fondo y la ejecución de las líneas de actuación son susceptibles de cumplir con los requisitos. La determinación de los sujetos obligados no es discriminatorias, se basa en criterios objetivos de política económica, que, son más o menos acertados, pero, legales. Se descarta la vulneración del principio de libre competencia.