Resumen: El Impuesto sobre Actividades que Inciden en el Medio Ambiente de la Comunidad Valenciana, creado por el artículo 154 de la Ley autonómica 10/2012, de 21 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y de Organización de la Generalidad Valenciana, respeta los límites que establecen los apartados 2 y 3 del artículo 6 LOFCA; no afecta a las competencias atribuidas al Estado en la Constitución; no infringe los principios constitucionales que rigen la imposición; y no vulnera el artículo 3 de la Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad.
Resumen: La Sala desestima el recurso. Las sentencias de instancia y la de apelación aquí recurridas, se centran en la gravedad de la conducta, que afecta al orden público y la paz social, del delito de lesiones por el que fue condenado el interesado causadas con un objeto (vaso). Nº 1 del artículo 148.1 CP, "pena abstracta", con la agravante de parentesco. Apreciadas que el interesado conoció y en el que presentó alegaciones, las circunstancias determinantes de la expulsión en la resolución administrativa que concluye el expediente administrativo, y valoradas dichas circunstancias en la sentencia impugnada, procede dar respuesta a la cuestión de interés casacional planteada. Pues bien, la decisión de expulsión de un extranjero residente de larga duración, en aplicación del art. 57.2 LOEX, no puede ser automática por el mero hecho de la condena superior a un año, sino que debe además valorarse para dicha expulsión, conforme a los artículos 6 y 12 de la Directiva 2003/109/CE, a la jurisprudencia del TJUE, y del TEDH, y a las sentencias dictadas y citadas en esta sentencia, la gravedad del delito y el peligro que representa para el orden público o la seguridad ciudadana y las circunstancias personales que concurren en el extranjero cuya expulsión se acuerda. Y en el caso concreto de este recurso, esas exigencias se cumplieron en la Resolución administrativa y en las sentencias de instancia y de apelación, la aquí impugnada.
Resumen: El auto de admisión del recurso de casación fijó como cuestión de interés casacional la consistente en determinar cómo incide lo dispuesto en la Directiva 2003/109/CE, en especial, su considerando 16 y su artículo 12, sobre todo sus apartados 1 y 3, en la adopción de una decisión de expulsión contra un extranjero, residente de larga duración, en aplicación del artículo 57.2 de la LOEX, a la luz de la doctrina sentada por el TJUE al interpretar las referidas disposiciones de la Directiva 2003/109/CE, entre otras, en la sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava), de 7 de diciembre de 2017, asunto C- 636/16. El Alto Tribunal reconoce haber abandonado el criterio previamente sostenido en las SSTS nº 191 y 257/19, de 17 y 29 de febrero de 2019, particularmente en la STS nº 321/20, de 4 de marzo (casación 5364/18) que refleja, de forma exhaustiva, el criterio de la Sala, acomodado a la Directiva 2003/109 y a los pronunciamientos del TJUE, reiterado en la sentencia nº 1125/20, de 27 de julio (casación 3522/19), que ratifica y a la que se remite en su integridad. Así, la respuesta a la cuestión es que: La protección reforzada frente a la expulsión que brinda el art. 12 de la Directiva 2003/109 y el art. 57.3.b) [sic] LOEX, es solo aplicable a los extranjeros, titulares de una de residencia de larga duración, para cuya expulsión -en aplicación del art. 57.2)- será preciso ponderar motivadamente, en cada supuesto concreto, las circunstancias previstas en su apartado 5.b).
Resumen: Cancelación en el Registro de régimen de retribución específico. Desestimación del recurso. De conformidad con la disposición adicional segunda, apartado 6, Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, para las instalaciones definidas en dicha disposición adicional segunda, es decir, para las instalaciones con derecho a la percepción de régimen económico primado a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de juliom que se aplica como norma especial, se considerará que la fecha de inicio para la contabilización de la vida útil regulatoria es el 1 de enero del año siguiente al de la autorización de explotación definitiva de la instalación, aunque el acta de puesta en marcha y el inicio del devengo del régimen primado no coincidan en el tiempo. No se infringen los principios de rentabilidad razonable y de igualdad, pues la instalación ha percibido la retribución del régimen retributivo específico establecido legalmente y que le ha permido alcanzar la rentabilidad razonable establecida para la globalidad o la totalidad del período de vida útil regulatoria, y no existe discriminación respecto de las instalaciones que iniciaron su funcionamiento y el devengo de la retribución específica con posterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 9/2013, pues la situación entre las instalaciones presenta diferencias de importancia.
Resumen: Real Decreto 70/2019, de 15 de febrero, por el que se modifican el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres. Desestimación. La previsión reglamentaria prevista en el punto 4.1 del Anexo II del Reglamento de las Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (requisitos de formación exigibles para concurrir al examen para la obtención del certificado de competencia profesional para el transporte por carretera) no puede ser tachada de arbitraria, pues obedece a un interés legítimo encaminado a que los profesionales tengan un nivel adecuado de cualificación profesional, y no supone un trato discriminatorio para transportistas autónomos y pequeñas empresas de transporte, respecto de las grandes empresas, pues se trata de la imposición de un requisito uniforme aplicable a todas las personas que pretenden obtener una certificación de competencia profesional. Tampoco existe un trato discriminatorio respecto de aquellos transportistas procedentes de otros países de la Unión Europea, pues el sistema se basa en el reconocimiento recíproco de los diplomas, certificados y otros títulos destinados a acreditar la cualificación profesional del transportista, que deben garantizar un nivel de formación equivalente, exigible en todos los Estados de la Unión Europea. Los requisitos que deben cumplir los gestores de transporte establecidos en el Real Decreto 70/2019, son compatibles con el Derecho de la Unión Europea.
Resumen: Admisión a trámite del reurso de casación. La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar si el solicitante de asilo en la ciudad autónoma de Ceuta, o en su caso, Melilla, admitida a trámite su solicitud, tiene derecho a la libre circulación en España (con obligación de comunicar cambios de domicilio) y, en tal caso, si es conforme a derecho la inscripción que limita la validez de la documentación acreditativa de su condición de solicitante de protección internacional, a Ceuta o, en su caso, Melilla.
Resumen: La Sala se cuestiona si cuando se dicte una orden de desalojo de una vivienda entre cuyos moradores existan menores de edad, el juicio de ponderación que impone la normativa en materia de protección del menores debe ser tomada en consideración al momento de examinar la legalidad de los actos que pudieran comportar dicho desalojo o, por el contrario, debe relegarse ese juicio de ponderación al momento de hacer efectivo el desalojo, cuando se proceda a la ejecución del acto en que se acuerde. El debate que se suscita frente a la actividad administrativa que es objeto de revisión en este proceso, no es ya directamente que los menores abandonen la vivienda, sino simplemente la declaración de que la misma no es idónea para ese fin e, implícitamente y con mayor motivo, para ser morada de menores. La Sala concluye que el juicio de proporcionalidad entre los intereses que subyacen en esa declaración y los de protección de los menores que pudieran quedar en situación de desamparo, deben realizarse, no al dictar la resolución que Derecho procediera, sino al momento de proceder a la ejecución forzosa de dicha resolución, haciendo efectiva la puesta en riesgo de los intereses de los menores, pues el padre puede optar, tiene un derecho, a que, ante esa situación de sus hijos, demorar la orden de la Administración hasta que esta, ejercitando sus potestades, decida ejecutar subsidiariamente dicha orden de desalojo.
Resumen: Contratación Pública. Prohibiciones de contratar. Cumplimiento de la exigencia de estar al corriente de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social: Fecha de licitación o adjudicación del contrato. Desestimando el recurso, se declara que la fecha de exigencia de tales obligaciones lo es la de licitación, es decir, antes del vencimiento del plazo fijado para solicitar la participación o, en el caso de los procedimientos abiertos, del plazo fijado para presentar la oferta. Se declara que tal doctrina es la más acorde con los principios europeos de Contratación Pública, establecidos en sus normas fundamentales y Tratado de Funcionamiento, puesto que habilitar su subsanación al momento de formalización haría de mejor condición a los licitadores deudores, vulnerándose el principio de igualdad de trato. Las restricciones que a libre concurrencia suponen las prohibiciones de contratar están justificadas si obedecen a la tutela de un objetivo legítimo de interés general y siempre y cuando cumplan el principio de proporcionalidad, lo que el caso.
Resumen: El sometimiento, mediante los mecanismos indirectos contemplados, a distinto tipo de gravamen a las IICs residentes y no residentes suponía un tratamiento fiscal discriminatorio no justificado restrictivo de la libre circulación de capitales. Doctrina de la Sala.
Resumen: La Sala estima el recurso de casación y, consecuentemente, el recurso contencioso-administrativo, reiterando anteriores pronunciamientos. Tras la STC 8/2017 -y la más reciente STC 85/2019-, tomando en cuenta la nueva redacción del art. 294.1 LOPJ en la que desaparece la mención por inexistencia del hecho imputado o por esta misma causa haya sido dictado auto de sobreseimiento libre, en todos los supuestos de absolución por cualquier causa o de sobreseimiento libre, el perjudicado tiene derecho a la indemnización. Esta corrección en sede de constitucionalidad del precepto, unido al hecho de que, por pura lógica, haber sufrido una prisión preventiva con ulterior absolución del delito imputado comporta un daño que ha de ser indemnizado, en la generalidad de los supuestos debe accederse a la pretensión indemnizatoria. Ahora bien, ello no significa que la prisión provisional, cuando el proceso penal concluya con un pronunciamiento de absolución (o sobreseimiento libre), de lugar a indemnización por los perjuicios irrogados de modo automático y en todos los casos, sino que habrá de atemperarse a las circunstancias de cada supuesto y sin que tenga efecto retroactivo. En el presente caso, las circunstancias a tomar en consideración para fijar la indemnización son las personales, laborales y familiares en atención a la naturaleza del delito por el que fue absuelto (delito contra la salud pública).