Resumen: Cláusula suelo en contrato entre profesionales. En la cláusula suelo, el carácter sorpresivo contrario a la buena fe vendría determinado por la contradicción entre el interés variable y la limitación a dicha variabilidad proveniente de una condición general, lo que entronca con la regla de las cláusulas sorprendentes y con la mención de la exposición de motivos de la LCGC al abuso de posición dominante, en el sentido de que el predisponente hace un mal uso de su capacidad de imposición de las condiciones generales para introducir cláusulas que desnaturalizan el contenido del contrato. Para que pueda estimarse que concurren tales circunstancias, habrá que tomar en consideración el nivel de información proporcionado y la diligencia empleada por el prestatario para conocer las consecuencias económicas y jurídicas del préstamo y los posibles efectos futuros de la condición general discutida sobre el coste del crédito, operando a tal fin las reglas generales de la carga de prueba. En este caso, no consta que concurran tales circunstancias y lo ocurrido es que la Audiencia reconduce su argumentación a la buena fe contractual para hacer realmente unos controles de transparencia y abusividad improcedentes en un contrato entre profesionales. El control de incorporación o inclusión es, fundamentalmente, un control de cognoscibilidad, que también se supera en este caso. Se estima el recurso de casación.
Resumen: La Sala desestima el recurso de casación interpuesto por los demandantes-prestatarios por incurrir en causa de inadmisión, ya que carece de encabezamiento y no se identifica cuál es la norma jurídica que se denuncia infringida. Se estima el recurso de casación interpuesto por la entidad bancaria y se reitera la jurisprudencia sobre las consecuencias de la nulidad de la cláusula que atribuye todos los gastos a los prestatarios, así como la jurisprudencia sobre a quién corresponde satisfacer los gastos notariales y registrales y el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados a falta de acuerdo entre las partes. En consecuencia, se deja sin efecto la condena al banco a pagar a los prestamistas el gasto del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, pues el principal sujeto pasivo obligado al pago de este tributo era el prestatario; se mantiene la condena al banco a reintegrar a los prestatarios los gastos registrales, dado que la obligación de satisfacer estos gastos correspondía al banco prestamista; y respecto de los notariales, como se refieren al otorgamiento de la escritura de préstamo hipotecario, se mantiene la condena al banco al pago de la mitad, pues fue otorgada en interés de ambas partes.
Resumen: Retracto de comuneros. Demanda desestimada en ambas instancias, según la sentencia de segunda instancia porque la compraventa no llegó a consumarse y porque los retrayentes estaban imposibilitados de subrogarse en las condiciones del contrato, al no tratarse solo de una compraventa sino de un negocio jurídico complejo en cuanto la operación requería la constitución de una sociedad para la explotación hotelera de unas parcelas, lo que hacía imposible que los retrayentes se subrogaran en esa condición. Además, los retrayentes ni siquiera mostraron su voluntad de subrogación pues nada mencionaron al respecto. Una cosa es que la transmisión de una porción indivisa no pueda ser objeto de entrega material y otra distinta que baste el documento privado para la adquisición de la propiedad sin posibilidad, en tal caso, de acceso al registro de la propiedad. Nos encontramos ante la pretensión de hacer valer un derecho de retracto de comuneros cuando, aunque se hubiera consumado la venta, dicho negocio había sido dejado sin efecto por las propias partes que lo celebraron. En todo caso, la sentencia de segunda instancia acertó al señalar que no se consumó la venta, por lo dicho ya que la suscripción de un documento privado de compraventa de una porción indivisa de un inmueble no transfiere por sí sola la propiedad sobre dicha porción.
Resumen: Procedencia de la acción declarativa cuando lo que se persigue es integrar un título defectuoso o incompleto de dominio con el fin de acceder al Registro de la Propiedad. En el caso, en la escritura de compraventa firmada por las partes sobre una parcela procedente de una finca matriz, que había sido objeto de diversas segregaciones, se hizo constar que el objeto de la venta era el "resto de la finca matriz", cuando no era así, porque quedaba aún una porción que no se transmitió, que es sobre la que ahora se ejercita la acción declarativa. Las sentencias de primera y segunda instancia desestimaron la demanda por entender que no había interés jurídico en accionar frente a los demandados, que no negaban el dominio del actor sobre esa porción. Se estima el recurso de casación. La acción declarativa es la que procede para que el propietario poseedor haga valer su condición de dueño frente al titular registral que no posee. Por ello, es admisible también cuando lo que se persigue es integrar un título defectuoso o incompleto de dominio con el fin de acceder al Registro. En el caso, el error en el título de adquisición de los demandados implica que el derecho inscrito a su favor, aunque se haga referencia a la superficie realmente adquirida, comprenda además la parcela de la demandante, de modo que el derecho inscrito tiene un contenido diferente al que el Registro publica, por lo que es evidente el interés de la demandante en que se declare su derecho de propiedad.
Resumen: Reclamación de suma de cuotas mensuales impagadas correspondientes a la vivienda unifamiliar de los demandados realizada por una supracomunidad. Interpretación de la norma que regula la aplicación de la normativa de propiedad horizontal a los complejos inmobiliarios privados. Concurrencia de interés casacional. Aunque formalmente no participaran los demandados en la constitución de la supracomunidad, forman parte "de facto" de la misma, en cuanto son cotitulares de elementos comunes gestionados por la supracomunidad, elementos y servicios de los que se benefician. Pese a la cesión de los viales y demás elementos, siguen siendo mantenidos por la supracomunidad al no haber sido recepcionados por el Ayuntamiento correspondiente, por lo que los comuneros, incluidos los demandados, deben hacer frente a su mantenimiento. Recurso de casación admisible: concurre interés casacional.
Resumen: La Sala resuelve sobre una acción reivindicatoria de fincas instada por una Comunidad de Montes Vecinales en Mano Común, en el que la sentencia recurrida había estimado la acción y declarado que la demandada, que había construido y plantado en dichas fincas, había poseído las citadas fincas de buena fe. Se discute en los recursos interpuestos por ambas partes el alcance de la indemnización de daños y perjuicios. Se desestima el recurso de casación interpuesto por la Comunidad de Montes, al considerar como hecho probado que parte de las obras eran legalizables al momento de su ejecución, lo que acarrea que deban considerarse gastos útiles (art. 453 del C. Civil), porque esas construcciones legalizables, por su gran entidad, reportarán, sin duda, beneficios a la comunidad demandante y por lo tanto debían ser indemnizadas, en cuanto fueron realizadas por poseedor de buena fe. Igualmente se desestima el recurso de casación interpuesto por la demandada, al considerar que las obras que no son susceptibles de legalización, no puede entenderse que formen parte del patrimonio del demandado y, por tanto, nula utilidad pueden representar para los demandantes.
Resumen: Se estima el recurso de casación interpuesto frente a una sentencia que había apreciado falta de legitimación pasiva de la propietaria del terreno, con ocasión de un procedimiento en el que se ventila la responsabilidad civil por el accidente de un motorista causado por la caída de un árbol en un camino público que constituye un tramo del camino de Santiago. La sentencia recurrida estimó que el camino era un camino de uso público, que discurría junto a la parcela perteneciente a la demandada, pero que formaba parte del soporte viario del Camino de Santiago, sometido a un especial Régimen de protección, como Bien Cultural, que regula una normativa administrativa del País Vasco. Al ocasionarse el siniestro a 2,10 metros del borde del trazado del Camino de Santiago y dentro de la denominada zona protegida de servidumbre, correspondería a la Administración competente velar por su buen estado y conservación y frente a ella debió dirigirse la demanda de responsabilidad. La sentencia de casación considera evidente que el árbol que ocasionó el siniestro pertenecía a la demandada, así como que permaneció plantado por esta en la zona en la que después se constituyó la servidumbre del Camino de Santiago, aumentando el tránsito de personas y los riesgos. Por esta razón, no es posible negarle legitimación para soportar la acción que se ha dirigido contra ella, sin perjuicio de que pueda reclamar a la Administración si considera que ha propiciado de algún modo su responsabilidad.
Resumen: El recurso versa sobre una acción de responsabilidad profesional del notario ejercida por quien, tras otorgar como prestamista una escritura de préstamo con garantía hipotecaria, vio anulada judicialmente la hipoteca. En procedimiento anterior, la Audiencia consideró que el poder utilizado por la apoderada que constituyó la hipoteca estaba agotado porque previamente había constituido ya, haciendo uso del mismo poder, otra hipoteca sobre la misma finca. La sentencia declaró la subsistencia del préstamo y la prestamista se dirigió a continuación contra la prestataria, que fue condenada judicialmente a restituir la cantidad prestada. Tras intentar una ejecución que resultó infructuosa, la prestamista se dirige contra el notario que otorgó la escritura de préstamo hipotecario. La Sala desestima el recurso de casación; partiendo de los hechos probados, la recurrente no ha explicitado qué debió hacer el notario, con arreglo a los medios legales a su alcance, para evitar lo que, por otra parte, se ha intentado perseguir como estafa concertada entre la prestataria y la propietaria de la finca hipotecada. No se ve la razón por la que el notario deba responder de unas consecuencias que no son imputables a su actuación. Se asume la valoración jurídica de la sentencia recurrida, que se basa en el cumplimiento por parte del notario de sus deberes profesionales a la hora de valorar la suficiencia del poder y de solicitar previamente la información registral continuada de la finca.
Resumen: Concurso en el que el informe provisional de la administración concursal reconoció a Bankia un crédito con privilegio especial por garantías pignoraticias sobre obligaciones de deuda subordinada como garantía en el cumplimiento de varias pólizas de crédito. Tras la intervención por el FROB de la entidad emisora de la deuda subordinada (Bankia), la Comisión Rectora del FROB dictó una resolución, que ordenaba el canje obligatorio de estas obligaciones en acciones de la entidad. El recurrente sostiene que el canje obligatorio de las obligaciones emitidas por Bankia en acciones de esta misma entidad supuso la extinción de la prenda que los titulares de esas obligaciones hubieran constituido a favor de la propia Bankia en garantía de otras obligaciones financieras. La sala considera, con desestimación del recurso de casación interpuesto que, si las obligaciones de deuda subordinada estuvieran pignoradas por su titular y a favor de un tercero para garantizar el cumplimiento de una obligación, una resolución como la adoptada de canje obligatorio, no podía perjudicar los derechos de esos terceros. Con el término tercero la normativa concursal se refiere a todos aquellos que tengan un derecho válidamente constituido sobre los instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada, ajeno a la propia suscripción de estos productos, como podía ser una prenda constituida con posterioridad sobre estos derechos en garantía de otras obligaciones.
Resumen: Existencia de enriquecimiento injusto derivada de la obtención de un crédito hipotecario por unos cónyuges casados en régimen de separación de bienes, cuyo importe se invierte en la compra de un local de negocios por parte exclusivamente del marido, tras perder la vivienda hipotecada al formalizar una dación en pago para extinguir la deuda derivada del crédito. En primera instancia se estimó la demanda al considerar que con el préstamo hipotecario concertado se produjo un empobrecimiento de la demandante al perder la titularidad de la finca de la que era copropietaria junto con el demandado con la dación en pago que este hizo para cubrir la deuda derivada del crédito garantizado con la hipoteca, mientras que el demandado vio incrementado su patrimonio, pues dicho crédito le permitió adquirir un inmueble de titularidad exclusiva. Recurrida en apelación, se estimó el recurso y se revocó la sentencia al entender que no concurrían los requisitos exigidos jurisprudencialmente para la apreciación de enriquecimiento injusto. Interpuestos recursos extraordinario por infracción procesal y de casación, se desestima el primero al rechazar la incongruencia, alteración de la causa de pedir y error en la valoración de la prueba alegados, y se estima el de casación. Doctrina jurisprudencial sobre la prohibición del enriquecimiento sin causa y su carácter subsidiario. En el caso, analizados los desplazamientos patrimoniales producidos, concurren los requisitos.