Resumen: El órgano de instancia ponderó de forma impecable cuanto el interesado alegó sobre indefensión, utilización de los medios de prueba y valoración de la prueba existente, con exhaustivos y acertados razonamientos, de lo que se desprende que no hubo merma de derechos ni inferencia valorativa que pudiera tacharse de ilógica o irracional. Del intangible relato de hechos probados se desprende que en el supuesto de hecho concurren circunstancias que avalan la existencia de una desobediencia muy grave: a) un guardia civil desobedece reiteradamente una orden legítima de un superior; b) concurre contumacia en el incumplimiento -lo que provocó la necesidad de utilizar de forma reiterada medios personales para notificar una resolución que se negaba a recibir el interesado, con notable afectación para el servicio-, vulnerándose de forma muy relevante el bien jurídico «disciplina»; y c) concurre el elemento subjetivo del injusto, en su modalidad dolosa, como se desprende del manifiesto y reiterado incumplimiento de una orden sin justificación razonable. No concurre menoscabo del principio de seguridad jurídica, ya que no resultaba aplicable el óbice de cosa juzgada, pues no había identidad de objeto entre el expediente disciplinario por falta de regularización de baja médica que fue archivado por caducidad y el que motivó la sanción, incoado por incumplimiento de las órdenes de personación para la entrega del arma reglamentaria y para citaciones médicas y psicológicas.
Resumen: Se suscita la cuestión relativa a la tipificación como administrativa de una conducta que excluya las garantías previstas por el CEDH para las infracciones penales en relación con la aplicación del derecho al reexamen jurisdiccional. La sentencia analiza este derecho respecto de la declaración de culpabilidad (art. 2 Protocolo n.º 7 del CEDH) a la luz de la jurisprudencia del TEDH y, particularmente, de la STEDH de 30 de junio de 2020 ( Saquetti c. España), constatando: i) este derecho resulta aplicable a las infracciones que la legislación interna del Estado califica como administrativas, pero que deben tener la consideración de penales conforme a los criterios Engels (que es el supuesto de la sanción objeto del presente recurso); y ii) el recurso de casación configurado en el ordenamiento español sirve para dar satisfacción a ese derecho de reexamen jurisdiccional respecto a sentencias dictadas en única instancia, a cuyo efecto, para la admisión del recurso de casación habrá de valorarse si en el escrito de preparación se justifica la naturaleza penal de la infracción que ha sido objeto de sanción en los términos establecidos por el TEDH y el fundamento de las infracciones imputadas a la sentencia recurrida al confirmar el acuerdo administrativo sancionador. En cuanto al fondo, la sentencia desestima los motivos de impugnación del recurso por considerar que no se ha producido la alegada indefensión. Se formula un voto particular.
Resumen: El tribunal de instancia contó con suficiente prueba de cargo -amplia prueba documental y testifical, así como la declaración del recurrente-, que fue apreciada de forma lógica y razonable, por lo que se entiende que quedó desvirtuado el derecho a la presunción de inocencia. El inamovible relato de hechos probados -conforme al cual, el actor re-catalogó tres hechos en el sistema SIGO tratándolos como no delictivos, pese a que revestían apariencia de posibles delitos, y ello sin recabar información de los instructores de las correspondientes diligencias policiales ni practicar él mismo gestiones al efecto- se incardina en la falta disciplinaria apreciada, sin infracción de los principios de legalidad y tipicidad, ya que, tanto en las resoluciones sancionadoras como en la sentencia recurrida, quedaron identificados los deberes incumplidos, al tratarse de un tipo disciplinario en blanco -concretamente, los contemplados en el art. 11.g) y h) LO 2/1986, relacionados con la investigación de los delitos-, y concurrir los elementos del tipo, así objetivos como subjetivos -al consistir la culpa o negligencia necesarias, básicamente, en la omisión del deber de diligencia o cuidado que eran exigibles-. La sentencia recurrida ya dio respuesta a la alegación de indefensión, respuesta que ahora comparte la sala, ya que el recurrente tuvo en todo momento conocimiento de los hechos y de su calificación jurídica, pudiendo alegar y proponer los medios de prueba que a su derecho conviniesen.
Resumen: La incongruencia omisiva ya fue propuesta en las alegaciones al pliego de cargos y respondida motivadamente en la propuesta de resolución, en la resolución sancionadora y en la del recurso de alzada, por lo que ninguna infracción se produjo del derecho de defensa. El momento a tener en cuenta para apreciar la comisión de la falta es el de la firmeza de la condena penal, fecha en la que el guardia civil recurrente ya se encontraba en servicio activo, por lo que le era plenamente aplicable el régimen disciplinario de la Guardia Civil. No se infringe el principio non bis in ídem, ya que la infracción administrativa está desligada de la naturaleza penal de los hechos por los que fue condenado el recurrente, pues el bien jurídico protegido es el interés del Estado en la probidad de quienes forman parte de él y, en especial, de quienes tienen encomendado velar por el cumplimiento de las leyes y salvaguardar la seguridad pública. Los hechos determinantes de la condena penal son decisivos para incardinar el tipo disciplinario aplicable y su consecuencia sancionadora. La condena firme lo fue por el delito doloso contemplado en el art. 417 CP, ilícito que ocasionó grave daño al cuerpo de pertenencia del interesado, así como a los ciudadanos y a la Administración, por lo que no pueden sostenerse la falta de culpabilidad, la infracción de la presunción de inocencia ni la falta de proporcionalidad de la sanción, al haberse impuesto una intermedia, atendida la gravedad de los hechos.
Resumen: En el procedimiento disciplinario para la sanción de las faltas leves el acuerdo de incoación y la subsiguiente verificación de la exactitud de los hechos por la autoridad con competencia para sancionar no están sujetos a contradicción, sin que el hecho de que no se deje constancia o no se informe al presunto infractor del medio por el que se hubiera llevado a efecto aquella comprobación comporte merma del derecho de defensa. En dicho procedimiento, la exigencia de escritura se limita a la resolución sancionadora, al eventual recurso de alzada y a su resolución, siendo suficiente para que pueda ejercitarse el derecho de defensa -aunque el presunto infractor no intervenga en la práctica de los medios de verificación de los hechos- que se le informe del sustrato fáctico de la imputación que se le dirija, lo que se concreta a través del trámite de audiencia, a partir del cual podrá formular alegaciones y aportar documentos y justificaciones. En la sentencia de instancia no se concreta en qué consistió la indebida denegación por parte de la autoridad sancionadora de la práctica de la prueba ni de qué forma tal denegación provocó en el recurrido una indefensión material, real y efectiva, en el doble sentido de argumentar, por un lado, la relación entre los hechos que se quisieron y no pudieron probar y la testifical y documental no tomadas en consideración y, por otro, la relevancia que la práctica y valoración de tales pruebas habría tenido en el sentido de la resolución final.
Resumen: La sentencia combatida no adolece de incongruencia omisiva ni de falta de motivación, pues emplea una argumentación acorde con las previsiones de los arts. 46 y 47 LORDFA, en los que se avala el procedimiento preferentemente oral establecido para las infracciones leves. En el caso, no se produjo indefensión alguna, ya que se respetaron los derechos que asistían al interesado, aunque modulados por la particular naturaleza de este cauce procedimental, en aras a la preservación de la disciplina. El acervo probatorio tenido en cuenta por el tribunal sentenciador fue suficiente y resultó valorado de forma lógica y razonable. «Expresar opiniones» supone la enunciación de un criterio sobre cómo desarrollar determinada materia, en este caso, el servicio en cualquiera de sus aspectos en el ámbito castrense, que en el supuesto de hecho se refirió a un pronunciamiento público de discrepancia con una orden legítima del mando, en modo de manifestación palmariamente inoportuna, intempestiva e inadecuada, con una actitud pública de rechazo o renuencia a lo que era debido. En consecuencia, el titular de la potestad sancionadora encuadró correctamente la conducta en la previsión típica.
Resumen: La parte recurrente considera que la sentencia de instancia ha infringido los arts. 24 y 25 CE en lo que se refiere al derecho fundamental a la defensa y a no declarar contra sí mismo, así como al principio de legalidad. Conforme a lo dispuesto en el art. 88.2.e) LJCA, puede apreciarse que existe interés casacional objetivo cuando la sentencia interprete o aplique, infringiéndolas, normas constitucionales sobre derechos fundamentales. Como las alegaciones del recurrente se centran en ello, sin prejuzgar ahora el fondo del asunto -pues se trata únicamente de decidir sobre la admisibilidad del recurso-, se acepta la existencia de dicho interés casacional objetivo, lo que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 88.1 LJCA, exige que el recurso deba ser admitido a trámite.
Resumen: El objeto del recurso de casación excede del examen de la valoración de la prueba, salvo que se constate que se realizó de forma manifiestamente ilógica, irracional o arbitraria o con clara evidencia de falta de valoración de la prueba de descargo. El tribunal de instancia llevó a efecto una valoración racional y lógica de la prueba y tomó en consideración elementos de juicio suficientes para desvirtuar la presunción de inocencia, sin que la inferencia realizada fuera arbitraria, absurda o infundada. No resultaron afectados el derecho de defensa y a la utilización de los medios de prueba, al no haberse producido ninguna situación de efectiva indefensión material, ya que el recurrente no concretó de qué forma las pruebas testificales denegadas podrían haber servido para modificar la decisión recurrida. Los hechos declarados probados -conforme a los cuales, el recurrente, cuya pertenencia a la Guardia Civil era públicamente conocida, participó en una concentración que tenía un propósito claramente antijurídico y de riesgo para la seguridad ciudadana, en la que se reclamaba un paso público por un camino ubicado en una finca privada, llegando a entrar en ella con otros manifestantes en contra la voluntad de sus propietarios- se subsumen adecuadamente en el tipo apreciado, pues, aunque se trata de una sola acción, esta revela una determinada línea de conducta que lesiona o afecta de forma importante al bien jurídico protegido por la norma -la dignidad de la Institución-.
Resumen: No concurre duda sobre la validez del parte emitido, pues, aunque el mando que lo dio no observó directamente los hechos, lo emitió a la vista de un informe elaborado por quien sí los presenció, que aportó a aquel una referencia exacta y precisa de ellos. Es con la notificación del pliego de cargos cuando se pone en conocimiento del expedientado la calificación jurídica de los hechos y la sanción que se estima procedente, ya que el instructor puede apartarse motivadamente de los hechos expresados en el acuerdo de inicio si no incluye otros que no guarden relación directa con ellos. Este cambio de calificación no vulnera el derecho de defensa, pues el recurrente pudo formular alegaciones y proponer prueba, siendo sancionado por la falta de la que fue formalmente acusado. No resultó vulnerado el derecho a la prueba, ya que la que fue denegada resultaba irrelevante en orden a esclarecer la realidad e ilicitud de la conducta enjuiciada. Tampoco resultó vulnerada la presunción de inocencia: la realidad del abandono sin vigilancia del vehículo oficial quedó acreditada por el propio reconocimiento del recurrente, que considera que se trató de un simple descuido, además de por el hecho de que sufriera un robo de las pertenencias que se encontraban en su interior tras la rotura del cristal de una de sus puertas. La sanción elegida, la intermedia de entre las posibles, en su grado medio, aparece adecuadamente motivada conforme a los criterios de individualización fijados legalmente.
Resumen: No existió indefensión, ya que el pliego de cargos y la propuesta de resolución coincidieron en los hechos y su calificación jurídica, que resultaron idénticos a los recogidos en la resolución del expediente, que impuso la misma sanción de la que había sido advertido el encartado. Para la determinación de los hechos probados, el tribunal sentenciador contó con suficiente prueba inculpatoria, válidamente obtenida y legalmente practicada y en su valoración se ajustó a las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia. El inamovible relato de hechos probados se incardina correctamente en la falta grave apreciada, en su modalidad de grave falta de respeto a un superior, por concurrir todos los elementos del tipo, incluido su elemento intencional, justificado suficientemente en la sentencia impugnada, en la que se refleja que el recurrente, tras dirigir una sonrisa sardónica a su superior, le espetó un conjunto de réplicas en tono alto y retador en actitud de mofa y menosprecio, dirigiéndole luego una serie de expresiones descomedidas y beligerantes, procediendo a seguir a su superior con claro propósito de intimidarlo y menospreciarlo, sin que mediara provocación inicial ni subsiguiente de este. La disciplina, bien jurídico protegido por el ilícito disciplinario aplicado, no supone posición de privilegio ni valores incompatibles con el principio de igualdad ante la ley. La sanción impuesta resulta proporcionada a la gravedad y circunstancias de la conducta infractora.
