Resumen: La conducta objeto de condena penal -delito relativo al ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas, en su modalidad de lesión a la dignidad de las personas por motivos discriminatorios- es radicalmente incompatible con la imagen de probidad, decoro y honradez que todo miembro de la Guardia Civil ha de mostrar, así como con las tareas que les están legalmente encomendadas, por lo que la imposición de la sanción más gravosa de las previstas en el ordenamiento no resulta desproporcionada. No se aprecia merma alguna de motivación en la resolución sancionadora por no hacerse en ella mención a las pruebas practicadas, ya que la misma se basó en cuantos elementos de juicio estaban recogidos en el expediente disciplinario, fundamentalmente en la sentencia firme recaída en la jurisdicción ordinaria, dato de carácter marcadamente objetivo e inamovible. La entidad y relevancia de los hechos depurados en el ámbito penal -en el que se han de tener en cuenta las circunstancias personales o singularidades psicológicas del acusado- no resulta atemperada por la posible bondad de la hoja de servicios del interesado.
Resumen: La propuesta de resolución fue notificada al interesado, ingresado en un centro penitenciario, concediéndole el plazo de 10 días para alegaciones, que fueron presentadas en tiempo y forma por su letrada y posteriormente rubricadas por él, por lo que no se produjo la indefensión invocada ni resultaron afectados los derechos fundamentales a un proceso con todas las garantías y a la defensa. La resolución sancionadora no vulneró el principio de legalidad en su vertiente de tipicidad, dado que el guardia civil recurrente fue condenado en sentencia firme por la jurisdicción ordinaria por varios delitos dolosos, concretamente, un delito continuado de quebrantamiento medida cautelar en el ámbito de la violencia contra la mujer y otro de amenazas menos graves, continuadas y no condicionales, en concurso medial con un delito de quebrantamiento de la prohibición de comunicación, delitos que causaron daño a la institución de la Guardia Civil, es decir, a la Administración, además de a los ciudadanos. Los hechos que motivaron la condena penal resultan decisivos no solo para la incardinación de la conducta en el tipo disciplinario, sino para la imposición de la sanción más gravosa de entre las posibles, consistente en la separación del servicio, sanción ajustada a derecho, habida cuenta de la incompatibilidad de la conducta del recurrente con la probidad que ha de presidir el comportamiento de cuantos integran la institución.
Resumen: El interesado interpuso previo recurso contencioso-disciplinario militar preferente y sumario que fue resuelto mediante sentencia desestimatoria en la que se rechazaron sus alegaciones relativas a la presunta vulneración de los derechos de defensa y de presunción de inocencia, en relación con los derechos a la tutela judicial efectiva y al principio de legalidad, razón suficiente para desestimar el presente recurso de casación, sin perjuicio de lo cual, la sala entra a resolver sobre las alegaciones mantenidas en él para apurar la tutela judicial efectiva del recurrente. En el caso, no resultó vulnerado el derecho fundamental a utilizar los medios de prueba, pues el tribunal contó con suficientes medios probatorios directos de carácter incriminatorio para llegar a la convicción de los hechos que declaró probados, sin que el recurrente haya argumentado en modo alguno en qué medida la resolución final podría haberle resultado favorable de haberse aceptado y practicado toda la prueba que le resultó denegada. Tal y como se desprende del apartado de «motivación» de la sentencia impugnada, el tribunal sentenciador dispuso de suficiente prueba de cargo para llevar a cabo el necesario juicio de inferencia lógico y razonable sin atisbo alguno de arbitrariedad para formar su convicción sobre los hechos que declaró probados, por lo que se cumplen los requisitos para tener por desvirtuado el derecho fundamental de presunción de inocencia.
Resumen: El interesado interpuso previo recurso contencioso-disciplinario militar preferente y sumario que fue resuelto mediante sentencia desestimatoria en la que se rechazaron sus alegaciones relativas a la presunta vulneración de los derechos de defensa y de presunción de inocencia, en relación con los derechos a la tutela judicial efectiva y al principio de legalidad, razón suficiente para desestimar el recurso de casación ordinario, sin perjuicio de lo cual, la sala entra a resolver sobre las alegaciones mantenidas en él para apurar la tutela judicial efectiva del recurrente. En el caso, no resultó vulnerado el derecho fundamental de defensa y a utilizar los medios de prueba, en atención a la motivada inadmisión de una de las testificales propuestas y a la posibilidad de intervenir que tuvo el recurrente en las declaraciones de otros dos testigos. Tal y como se desprende del apartado de «motivación» de la sentencia impugnada en casación, el tribunal sentenciador dispuso de suficiente prueba de cargo, sin tacha alguna de validez, de forma que la presunción de inocencia resultó enervada sin ningún asomo de dudas.
Resumen: La suspensión de los plazos acordada en el RD 463/2020 durante la vigencia del estado de alarma supuso que, en beneficio de los derechos de los ciudadanos, no se computaran los plazos, pero no por ello se paralizó la actividad de las entidades del sector público ni los procedimientos administrativos. Si la parte recurrente hace uso del trámite administrativo, como ocurrió en el caso, en que presentó sus alegaciones, el órgano administrativo puede continuar el procedimiento, pues este no se encuentra paralizado. El tribunal de instancia aplicó adecuadamente la doctrina jurisprudencial relacionada con la eventual vulneración del derecho de defensa cuando la asistencia letrada es potestativa, pues, habiendo sido oportunamente informada la recurrente de los derechos que le asistían, no solicitó ser asistida de abogado en ejercicio o de militar de su confianza, amén de que la referida falta de asesoramiento y asistencia no le produjo indefensión, pues tuvo oportunidad de ser oída y formuló las alegaciones que tuvo por conveniente.
Resumen: El interesado interpuso previo recurso contencioso-disciplinario militar preferente y sumario que fue resuelto mediante sentencia desestimatoria en la que se rechazaron sus alegaciones relativas a la presunta vulneración de los derechos de defensa y de presunción de inocencia, en relación con los derechos a la tutela judicial efectiva y al principio de legalidad, razón suficiente para desestimar el presente recurso de casación, sin perjuicio de lo cual, la sala entra a resolver sobre las alegaciones mantenidas en él para apurar la tutela judicial efectiva del recurrente. En el caso, no resultó vulnerado el derecho fundamental a utilizar los medios de prueba, en atención a la dificultad que entrañaba la localización de una persona que sirvió de referencia en una de las testificales y a la existencia de elementos probatorios más que suficientes para la acreditación del relato de hechos probados de la sentencia recurrida. Tal y como se desprende del apartado de «motivación» de la sentencia impugnada en casación, el tribunal sentenciador dispuso de suficiente prueba de cargo, sin tacha alguna de validez, de forma que la presunción de inocencia resultó enervada sin ningún asomo de dudas.
Resumen: La parte recurrente considera que la sentencia de instancia ha infringido: 1.º) los arts. 24.1 y 2 CE, en lo que se refiere al derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de motivación; 2.º) el art. 24.2 CE, por vulneración del derecho de defensa y a un procedimiento con todas las garantías; 3.º) los arts. 24.1 y 2 CE, por vulneración de los derechos a la presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva; y 4.º) el art. 25.1 CE, por no existir normativa que tipifique la conducta atribuida al recurrente. Conforme a lo dispuesto en el art. 88.2.e) LJCA, puede apreciarse que existe interés casacional objetivo cuando la sentencia interprete o aplique, infringiéndolas, normas constitucionales sobre los derechos fundamentales, por lo que, como las alegaciones del recurrente así lo invocan, sin prejuzgar ahora el fondo del asunto, se acepta la existencia del referido interés casacional, por lo que, de acuerdo con lo establecido en el art. 88.1 LJCA, debe admitirse el recurso.
Resumen: No se aprecia vulneración del derecho de defensa por la denegación de las testificales propuestas en el expediente disciplinario: la proposición de prueba no especificó los puntos de hecho sobre los que debían versar las testificales propuestas ni la relación que los testigos tenían con los hechos imputados en el pliego de cargos; el acuerdo del instructor por el que se denegaron las expresadas pruebas estuvo suficientemente motivado; habiendo tenido oportunidad de instar nuevamente su práctica en el procedimiento contencioso-disciplinario, el recurrente no lo hizo; las alegaciones contenidas al respecto en el recurso de casación no tienen capacidad para modificar el hecho constitutivo de la infracción ni potencialidad para alterar el fallo de la sentencia. No resultó afectado el derecho a la presunción de inocencia, ya que el hecho probado por el que se impuso la sanción se apoya en suficiente prueba de cargo -declaraciones testificales no contradictorias-, válidamente obtenida, legalmente practicada y racionalmente valorada. La sentencia recurrida dio adecuada respuesta a la alegación ahora reiterada de vulneración del principio de legalidad y justificó sobradamente por qué la frase «como me vuelvas a preguntar por el SIRDEE te llevo a los Juzgados, que se entere todo el mundo», dirigida en dependencias oficiales por el recurrente a otro guardia civil, constituye una respuesta desconsiderada hacia un compañero que estaba agobiado por el extravío de dicho dispositivo.
Resumen: La sala coincide con el parecer del tribunal de instancia sobre la adecuada denegación de la prueba por parte del instructor del expediente disciplinario, por resultar impertinente e innecesaria la prueba denegada para el esclarecimiento de la conducta enjuiciada. No resultó vulnerado el derecho a la presunción de inocencia, ya que el tribunal de instancia no incurrió en arbitrariedad, sino que se ajustó a las reglas de la lógica, cuando dio por probados los hechos que incluyó en el relato fáctico, sin perjuicio de que no quedara acreditado un dato fáctico esencial, lo que tiene repercusión en el juicio de tipicidad de la conducta. La conducta no puede subsumirse en el tipo disciplinario aplicado, al constar en los hechos probados que el recurrente cumplió el horario completo del servicio que tenía asignado y no constar, sin embargo, que se estuviera gestando una avalancha en el puesto fronterizo, cuyo servicio debía vigilar, lo que le hubiera obligado a permanecer en dicho puesto.
Resumen: No concurre contaminación de procedimiento, ya que no hay identidad entre la autoridad que ha resuelto el recurso -tras la nulidad y retroacción de las actuaciones acordada- y la que en su momento lo hizo. Por otra parte, aunque sí haya intervenido en ambos casos el mismo órgano asesor, este no es el titular de la potestad disciplinaria, quien, además, podría apartarse del informe técnico-jurídico de su asesor. La valoración probatoria de la sentencia de instancia fue exhaustiva. En particular, la versión que se desprende del parte militar emitido por el sujeto pasivo de la acción fue corroborada a través de datos periféricos que la ratificaron sin fisuras. En cuanto al quebrantamiento del arresto cautelar, concurren esclarecedores y concretos testimonios que avalan que el hoy recurrente conocía su imposición. El relato de hechos probados se incardina adecuadamente en los tipos disciplinarios apreciados. En cuanto al primero de ellos, la conducta del encartado supuso una grave desconsideración e irrespetuosidad, públicamente, ante una formación de alumnos, con la palmaria incidencia que ello producía en principios nucleares de la milicia, el de jerarquía y el de disciplina, bienes jurídicos tutelados por la norma, que claramente se vieron socavados, sin que mediara ninguna agresión ilegítima que desvaneciera la antijuridicidad de la conducta. En cuanto al segundo, el recurrente quebrantó el arresto que le había sido impuesto cautelarmente y del que tenía pleno conocimiento.
