• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: PEDRO JOSE VELA TORRES
  • Nº Recurso: 5097/2017
  • Fecha: 22/10/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Seguro de transporte terrestre con cláusula sobre robo de mercancía que excluía de cobertura el caso en que el camión no estuviera en edificio cerrado o recinto de construcción sólida y cerrada con llave. El asegurado reclamó contra su compañía tras rechazar esta el siniestro, y la demanda fue desestimada en ambas instancias al considerarse la cláusula litigiosa como delimitadora del riesgo. Deber de congruencia: exige correspondencia entre el fallo y las pretensiones. La falta de respuesta a determinadas alegaciones objeto de debate no constituye incongruencia. Además, si la parte consideraba que se había omitido algún pronunciamiento debió pedir el complemento de la sentencia. Una de las razones esgrimidas por la aseguradora en su contestación fue que el camión se había estacionado durante un fin de semana en lugar sin vigilancia y la prueba practicada a tal efecto era pertinente y útil. Sentencia motivada, por más que su argumentación fuera escueta. Valoración de la prueba: no procede su revisión. Es contradictorio y ello determina que resulte inadmisible, que al mismo tiempo se denuncie error en la valoración de la prueba e infracción de la carga de la prueba. Casación: naturaleza de la cláusula. Es limitativa del riesgo y no delimitadora del mismo, por restringir los riesgos más allá del contenido natural del contrato de seguro de transporte terrestre, y de lo que el asegurado podía razonablemente esperar.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Barcelona
  • Ponente: MARTA PESQUEIRA CARO
  • Nº Recurso: 627/2020
  • Fecha: 22/10/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se ejercita la nulidad de una cláusula de atribución de gastos al prestatario acumuladamente a la de reclamación de cantidad para obtener el resarcimiento de los pagados indebidamente por consecuencia de su aplicación. Se acoge la excepción de prescripción de acción de reclamación de gastos por entender que se halla sujeta al plazo de prescripción de la legislación catalana a contar desde la fecha en que se ha realizado el pago de cada uno de los gastos, tiempo que ya ha de entenderse transcurrido en el presente caso. La nulidad de la cláusula de interés moratorio no determina la obligación del prestamista a devolver el exceso de ITPyAJD pagado por el prestatario, sino que este a de acudir el procedimiento de devolución de ingresos indebidos. Se estima que ha habido una estimación parcial de la demanda que no permite la condena en costas al demandado.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Barcelona
  • Ponente: MARTA PESQUEIRA CARO
  • Nº Recurso: 639/2020
  • Fecha: 22/10/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Reclamada la nulidad de la cláusula de gastos y la restitución de los pagos que el prestatario hizo indebidamente en aplicación de la misma, la sala afirma que mientras la primera no se halla sujeta a plazo de ejercicio, la segunda lo está al plazo general de prescripción de 10 años establecida en la legislación catalana a contar desde la fecha en que fueron realizados los pagos. La nulidad de la cláusula de interés moratorio no comporta la obligación de restituir al prestatario el exceso del ITPyAJD, sino el que ha de ser reclamado por la vía de procedimiento de pagos indebidos a la administración tributaria. Se estima que rechazada la acción de reclamación de cantidad hay una estimación parcial de la demanda que impide la condena en costas al demandado.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Barcelona
  • Ponente: NURIA BARCONES AGUSTIN
  • Nº Recurso: 650/2020
  • Fecha: 22/10/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Es nula por abusiva al implicar un grave desequilibrio en perjuicio del consumidor la cláusula que impone a esta indiscriminadamente el pago de la totalidad de los gastos que genere la operación del préstamo. La acción de reclamación de cantidad para obtener la devolución de lo indebidamente pagado por consecuencia de la cláusula nula se halla sujeto al plazo de prescripción general de 10 años establecida en la legislación catalana, a contar desde la fecha del contrato. No hay pronunciamiento sobre costas de la primera instancia porque se entiende que la demanda ha sido estimada tan solo en parte.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Toledo
  • Ponente: ALEJANDRO FAMILIAR MARTIN
  • Nº Recurso: 780/2018
  • Fecha: 22/10/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La actora era tenedora por endoso de letras de cambio que fueron impagadas a su vencimiento y reclamadas en juicio cambiario no se hicieron efectivas, habiendo desparecido de hecho la sociedad librada, por lo que se reclama su importe a los administradores por considerar que la imposibilidad de cobro se debe a su actitud negligente. Analiza nuevamente el Tribunal las circunstancias alegadas consistentes en que se aceptaron para ayudar al proveedor librador que no podía hacer frente a su pago, si bien, no habiéndose acreditado la situación económico-financiera de la sociedad en esa fecha, pues no se publicaron cuentas ni se declara el impuesto de sociedades, debe considerarse que la sociedad se encontraba sin actividad y que la situación económica al contraerse la deuda era desfavorable, por lo que debe responder el administrador. Respecto de la codemandada, esposa del anterior, en sentencia se le absuelve por no actuar en la gestión diaria, si bien, estando vigente el cargo, asume derechos y obligaciones y si no ha renunciado, debe responder.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Albacete
  • Ponente: JOSE GARCIA BLEDA
  • Nº Recurso: 882/2019
  • Fecha: 21/10/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se analiza la falta de capacidad para ser parte de la comunidad de bienes demandante, ya que aunque así se estimó por el Juzgado, luego en el tramite de Audiencia Previa se tuvo por parte a los integrantes de la misma, modificando, se dice, una resolución anterior no recurrida y que crea indefensión, pues en el escrito de contestación las alegaciones fueron contra la Comunidad de bienes y no contra sus integrantes, resolviendo el Tribunal, que la acción se ejercita por los integrantes de la Comunidad de Bienes, según se deduce del poder otorgado y así se hace constar en el encabezamiento y suplico de la demanda, diciendo que los actores son ellos, como integrantes de la CB, interesando la condena a su favor, y además el Tribunal Supremo ha reconocido capacidad a la CB no solo para ser demandada sino para poder demandar. Respecto de la falta de capacidad y representación de la mercantil por no constar que el administrador tenga legalmente atribuida la competencia para ejercitar acciones judiciales. también debe ser desestimada pues las sociedades mercantiles tienen capacidad procesal y su ejercicio no está atribuido a la Junta General, sino al administrador. En cuanto a la responsabilidad del administrador por no proceder a remover la causa de disolución, consta que en 2013 la sociedad estaba incursa en causa de disolución y aun cuando se dice que realizó aportaciones, no constan reflejadas en las cuentas ni está acreditado.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Barcelona
  • Ponente: JUAN FRANCISCO GARNICA MARTIN
  • Nº Recurso: 221/2020
  • Fecha: 21/10/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Audiencia estudia el posible carácter de notoriedad de la marca de la demandante y que ha sido objeto de utilización por la demandada; concretamente una X. La X por sí sola no constituye un elemento defendible, pues está usada en un gran número de marcas. Sí como un elemento más del conjunto de una marca. Tanto en ese sentido global como por su posicionamiento en los productos a los que se refiere y distingue. En este caso artículos deportivos dedicados al Paddle. En este caso, la escasa disitintividad de signo común como es la X sólo tendría derecho a una protección marcaria en el contexto de una marca gráfica o mixta. Y en este caso no se aprecia que el uso del aspa por la demandada lleve a confusión; tanto por su propio diseño como por ir unida a otros elementos. La Audiencia realiza una confrontación de los signos registrados (no como los usa la titular del registro) con los usados por la demandada. Por tanto, no se trata de un aspa cualquiera, sino sobre la apariencia que ofrece la marca registrada. Marca figurativa o marca de posición, lo importante es que tiene relación con la posición que ostenta en los productos a los que se refiere.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Girona
  • Ponente: MARIA ISABEL SOLER NAVARRO
  • Nº Recurso: 370/2020
  • Fecha: 21/10/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Ejercita la actora la acción de nulidad absoluta de la orden de suscripción de Obligaciones subordinadas emitidas por el Banco Popular con vencimiento en julio de 2021. Subsidiariamente se deduce acción de nulidad por error en el consentimiento por falta de información. Acogida la nulidad por error en el consentimiento, con condena al demandado a devolver la suma invertida, apela dicha parte insistiendo en la caducidad en la acción de anulabilidad y que ha facilitado la debida información. La sala rechaza la caducidad de la acción porque no comienza a correr desde que el actor tuvo conocimiento del error, y al efecto no basta la liquidación con pérdidas remitid; y asimismo entiende que ha quedado acreditado el incumplimiento de la obligación de información establecida en la legislación MIFID, lo que determinó en el adquirente el error causante de la nulidad de la orden de adquisición.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Toledo
  • Ponente: EMILIO BUCETA MILLER
  • Nº Recurso: 765/2018
  • Fecha: 21/10/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se analiza la responsabilidad del administrador por deudas de la sociedad derivadas de un contrato de renting, examinando en primer lugar la prescripción de la acción por haber transcurrido cuatro años desde que se produjo la no presentación de cuentas anuales y existir desde entonces causa de disolución de la sociedad y también desde la adquisición de la deuda, señalando que el cómputo se inicia desde el día en el que la acción pudo ejercitarse, si bien, siendo anterior a la entrada en vigor de la Ley 31/2014 de reforma de la ley de sociedades de capital, el cómputo debe realizarse desde el momento en el que la acción pudo ejercitarse desde la entrada en vigor de la ley, por lo que en este supuesto no está prescrita. Respecto de la deuda se establece que no es ahora posible discutir su existencia y cuantía cuando fue determinada en el previo proceso monitorio y se añade que aunque el demandado no era el administrador en el momento de concertarse el contrato de renting, si lo era cuando se declaró el incumplimiento del mismo y al dictarse auto despachando ejecución y no realizó ninguna de las actuaciones que como administrador, la ley le impone, y tampoco antes, que era consejero delegado, por lo que debe ser declarado responsable, confirmando la sentnecia apelada
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Barcelona
  • Ponente: JOSE LUIS VALDIVIESO POLAINO
  • Nº Recurso: 992/2019
  • Fecha: 21/10/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Reclama el cesionario final del crédito derivado del uso de una tarjeta de crédito, tras un procedimiento monitorio al que se opuso el deudor, el saldo final de las operaciones realizadas con la misma. La sala rechaza la falta de legitimación activa porque la demanda se formula por el cesionario contra el deudor, y lo que importa es que la demandante ha afirmado que el documento refleja las operaciones que fueron realizadas y es irrelevante que en el extracto aparezca el nombre de un tercero ajeno a la lista de cesionarios del crédito. La entidad financiera afirma que hubo una serie de operaciones, con una cuantía cada una, y un saldo final. La otra parte puede discutirlo. Sin esta dinámica y sin este modo de proceder, las tarjetas de crédito serían imposibles. Quien acepta usar una tarjeta se somete, necesariamente, a esa dinámica. La falta de aportación del extracto justificativo importe que consta en el certificado de saldo junto con la petición monitoria no impide su presentación en el verbal posterior. No cabe plantear en el recurso de apelación cuestiones no hechas valer oportunamente en la primera instancia.

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