• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FRANCISCO MARIN CASTAN
  • Nº Recurso: 2136/2017
  • Fecha: 03/09/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Compraventa de viviendas para uso residencial. Ley 57/1968. Comprador de cinco viviendas de la misma promoción. La Ley 57/1968 no es aplicable a quienes adquieran la vivienda con finalidad no residencial, sean o no profesionales. Si la empresa promotora y el comprador que adquiere para un fin no residencial pactan la sujeción al régimen de garantías de dicha ley, las garantías se rigen por lo pactado y, en consecuencia, no por la Ley 57/1968, en el sentido en que ha sido interpretada por la jurisprudencia que protege al comprador de vivienda para uso residencial. Así, los avales individuales otorgados en virtud de ese pacto entre comprador y vendedora suponen la responsabilidad de la avalista solo por el límite cuantitativo indicado en ellos, pues al no darse la finalidad residencial los avales podían tener la fuerza ejecutiva que les asignaba la Ley 57/1968, pero al margen de su literalidad no era aplicable en contra del banco avalista la doctrina jurisprudencial sobre la improcedencia de oponer el límite cuantitativo del aval. Cosa juzgada: inexistencia. Incongruencia y falta de motivación: inexistencia. Carga de la prueba: la sentencia recurrida no atribuye indebidamente al comprador las consecuencias de no haber probado que no fuera un inversor, sino que, muy al contrario, funda su decisión precisamente en la existencia de cumplida prueba de que las viviendas se compraron con una finalidad no residencial.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Salamanca
  • Ponente: JOSE ANTONIO VEGA BRAVO
  • Nº Recurso: 235/2020
  • Fecha: 31/08/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Por el Juzgado de la 1ª instancia se declara la responsabilidad del administrador social frente a la acreedora demandante por deuda de la Sociedad que administraba. Recurrida en apelación por el Tribunal se desestima el recurso y se confirma la sentencia recurrida, al desestimar el motivo procesal alegado y el relativo al fondo del asunto, después de hacer en sentencia un estudio dogmático, académico, doctrinal y extenso sobre la cosa juzgada, llega a la conclusión de que no hay incongruencia omisiva denunciada en la sentencia recurrida, porque no existe cosa juzgada, al no existir identidad objetiva ni subjetiva entre el procedimiento previo de reclamación de la deuda social a la Sociedad y la acción de responsabilidad del administrador, que se ventila en este procedimiento; igualmente, después de hacer un estudio academicista de manual de la ciencia del derecho, sobre la responsabilidad de los administradores sociales, distinguiendo los tipos de responsabilidad, sus requisitos y fundamentos, desestima el motivo en cuanto al fondo, porque está acreditado la existencia de abultadas deudas de la mercantil y ausencia de depósito de las cuentas en 2015, habiendo contraído la deuda social de autos en 2016, siendo el comportamiento imputable al administrador, antijurídico, culposo o negligente, causante de daño directo, existiendo una clara relación de causalidad entre la conducta del administrador y el daño, siendo un supuesto de cierre de facto de la sociedad.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Salamanca
  • Ponente: EUGENIO RUBIO GARCIA
  • Nº Recurso: 57/2020
  • Fecha: 28/08/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia analizada resuelve recurso de apelación interpuesto contra la dictada en primera instancia, que estimó la demanda presentada para solicitar la anulación del contrato de compra de acciones emitidas por Banco Popular. El tribunal de apelación estimó el recurso de apelación y revocó la sentencia recurrida que acordó la nulidad del contrato, y, entró a resolver sobre la petición subsidiaria de responsabilidad del emisor del folleto, condenando a la demandada a indemnizar por daños y perjuicios sufridos por los demandantes. El tribunal expone el criterio jurisprudencial que excluye la anulación de la compra de acciones cuando se adquirieron en el mercado secundario. Sin embargo, sí reconoce legitimación a los demandantes para exigir responsabilidad a la demanda por errores en el folleto.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Burgos
  • Ponente: ILDEFONSO JERONIMO BARCALA FERNANDEZ DE PALENCIA
  • Nº Recurso: 189/2020
  • Fecha: 21/08/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia de apelación confirma la de instancia que estima la demanda y declara la nulidad de la clausula relativa a lo gastos a cargo de la parte prestataria y a la clausula relativa a la contratación de un seguro de amortización ,contenidas en la escritura de préstamo hipotecario suscrita por las partes.Argumenta la Sala que la declaración de la nulidad de la clausula relativa a la contratación del seguro- único pronunciamiento impugnado -debe confirmarse por dos motivos,el primero es que la inserción de una cláusula en el contrato de préstamo que no se corresponde con la situación concreta e individual, permite suponer que se trata de una verdadera condición general que el banco prestamista incorpora de forma habitual en sus contratos, sin tener en cuenta la negociación que se lleva a cabo con el cliente, y el segundo es porque el contrato de seguro carece de causa, si la que se expresa en el contrato es falsa ,pues no es cierto -cual se afirma-que el préstamo supere el 80 por cien del valor de tasación de la vivienda.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Lleida
  • Ponente: ANA CRISTINA SAINZ PEREDA
  • Nº Recurso: 852/2018
  • Fecha: 19/08/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia de apelación estima parcialmente el recurso y acuerda la resolución del contrato de compraventa del vehículo suscrito entre las partes.Argumenta el tribunal que el demandado ha de alegar en la contestación a la demanda, las excepciones procesales y las materiales que tenga por conveniente, pues ese el momento para la invocación de hechos impeditivos, extintivos o excluyentes, lo que determina que en este caso la alegación de caducidad de la acción fue alegada extemporáneamente y, por tanto, en virtud del principio de preclusión no debió ser admitida.No consta respuesta alguna del vendedor cuando el actor le envió el burofax reclamándole por la avería y requiriéndole para que manifestara si optaba por la sustitución del vehículo por otro de iguales características, por la resolución del contrato, u ofreciera alguna otras alternativa y no puede obviarse que no estamos ante una falta de conformidad de escasa importancia, antes al contrario, según informe pericial ante un vicio o avería que inhabilita para el uso del vehículo por lo que el consumidor tendrá derecho, de acuerdo con la legislación civil y mercantil, a ser indemnizado por los daños y perjuicios derivados de la falta de conformidad.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Burgos
  • Ponente: JOSE IGNACIO MELGOSA CAMARERO
  • Nº Recurso: 199/2020
  • Fecha: 31/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia analizada resuelve recurso de apelación interpuesto contra la dictada en primera instancia, que estimó la demanda presentada para solicitar la nulidad del contrato de adquisición de acciones de Banco Popular Español, SA y la restitución del valor de adquisición de las acciones. El tribunal de apelación desestimó el recurso de apelación interpuesto y confirmó la sentencia recurrida. Afirma el tribunal que los motivos expuestos en el recurso de apelación no fundaban la causa de oposición alegada al contestar a la demanda, donde solo se introdujo la cuestión planteada en el recurso, a modo de "obiter dicta" (acción de anulación inviable en caso de resolución de entidades de crédito, porque es el accionista quien ha de asumir la pérdida del valor de las acciones), por lo que considera que es una cuestión nueva que justificaría rechazar el recurso de apelación. En cualquier caso, el tribunal de apelación no comparte lo expuesto por la apelante: el TJUE afirma que no es contrario a las directivas sobre protección del capital social y los intereses de los socios y acreedores una normativa nacional que extiende retroactivamente los efectos de la anulación del contrato de adquisición de acciones por errores en el folleto, y el TS ha reconocido legitimación a los accionistas para solicitarla. En cuanto al fondo, el tribunal destaca los errores del folleto que causan error invalidante.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Palma de Mallorca
  • Ponente: MATEO LORENZO RAMON HOMAR
  • Nº Recurso: 38/2020
  • Fecha: 31/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia analizada resuelve recurso de apelación interpuesto contra la dictada en primera instancia, que estimó en parte la demanda presentada para solicitar la nulidad de cláusulas abusivas y la condena a restitución de cantidades indebidamente aplicadas al prestatario. El tribunal de apelación desestimó el recurso de apelación y confirmó la sentencia recurrida salvo para añadir la condena al pago del interés remuneratorio en lugar del interés de demora declarado abusivo, para declarar la nulidad de la comisión de apertura y para condenar a la demandada al pago de las costas procesales. Considera el tribunal que la cláusula de contratación de seguro de amortización del préstamo es abusiva y nula, y que no es preciso demandar a la aseguradora para proclamar su nulidad. También considera abusiva la cláusula de interés de demora, pero aplicándose el interés remuneratorio en relación con el saldo deudor del préstamo. Y considera abusiva la cláusula de comisión de apertura por falta de transparencia: no consta información al consumidor sobre la cláusula. Y también la califica como abusiva al no haber demostrado la prestamista que la comisión responda a servicios efectivamente prestados y gastos en los que haya incurrido.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Pontevedra
  • Ponente: JACINTO JOSE PEREZ BENITEZ
  • Nº Recurso: 301/2020
  • Fecha: 31/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El actor, que había suscrito un seguro de automóvil que incluía la cobertura de los daños propios , formula demanda contra la aseguradora en reclamación de la indemnización por daños en el vehículo asegurado, que resultó siniestro total. La sentencia de primera instancia estima parcialmente la demanda y condena a la aseguradora a indemnizar el valor venal del vehículo conforme a las tablas Ganvam menos el valor de los restos y de la franquicia. La sentencia de apelación, que estima el recurso, considera, en interpretación de las condiciones generales con las particulares del contrato, que siendo objeto de cobertura los daños causados en los denominados " extras del vehículo", con expresa mención de " paquete sport M, navegador, techo solar", valorados en el cálculo de la prima, la estipulación general que remitía, en caso de siniestro, al valor venal, calculado de una forma determinada, que si el seguro daba también cobertura a los extras del vehículo, éstos deban indemnizarse en la misma proporción que la prevista para el valor del vehículo y que la demanda debió de ser íntegramente estimada.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Badajoz
  • Ponente: MATIAS RAFAEL MADRIGAL MARTINEZ-PEREDA
  • Nº Recurso: 409/2020
  • Fecha: 30/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Nulidad de cláusula sobre la limitación del tipo de interés (cláusula suelo) por abusiva, estamos ante una condición general de la contratación, referida al objeto principal del contrato, lo que no excluye el control sobre la abusividad, debiendo ser sometida al control de transparencia. Tratándose de consumidores, el prestatario debe conocer la carga económica del contrato, y también la jurídica, con la información suministrada, el consumidor debe percibir como puede jugar en la economía de su contrato, no bastando la mera claridad documental. Además, deben causar desequilibrio en el consumidor, debiendo tener en cuenta las circunstancias en el momento de la contratación, y la naturaleza de los bienes y servicios. En este caso la condición general fue impuesta, no negociada individualmente y, además, puede ser estimada abusiva. Respecto del acuerdo transaccional no se ha demostrado que sea fruto de una previa negociación. Siguiendo la doctrina del TS, la transacción también debe pasar el filtro de transparencia. Se debe facilitar la información necesaria por el banco para que el consumidor tenga un conocimiento real de la trascendencia de la cláusula y de su posterior novación. El deber de información rige en todas las fases contractuales, al contratar el préstamo y también después, al producirse la novación. La declaración de nulidad conlleva el restablecimiento de la situación de hecho y de derecho en la que se encontraba el consumidor de no haber existido la cláusula.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Badajoz
  • Ponente: MATIAS RAFAEL MADRIGAL MARTINEZ-PEREDA
  • Nº Recurso: 394/2020
  • Fecha: 30/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Declaración de nulidad de la cláusula limitativa del tipo de interés (cláusula abusiva) incluida en el contrato de préstamo con garantía hipotecaria pactado entre las partes y condena a la entidad IBERCAJA a eliminar dicha condición general con devolución de las cantidades cobradas en exceso. Consecuencia de lo anterior declara la nulidad el acuerdo novatorio firmado con posterioridad. EL TS indica cuando nos encontramos ante una condición general impuesta, en primer término debe superar el control de incorporación; en segundo, tratándose de consumidores, el control de transparencia, que implica que el consumidor conozca con sencillez la carga "económica" del contrato y la carga "jurídica", esto es, que con la información suministrada, el consumidor conozca y pueda percibir que se encuentra ante un elemento esencial del contrato, no accesorio, y como puede jugar en la económica de su contrato, no bastando la mera claridad documental. En este caso se llega a la conclusión de que nos encontramos ante una condición general impuesta, no negociada individualmente, y que debe ser estimada abusiva, conllevando la declaración de nulidad, procediendo a su eliminación, sin perjuicio de mantener su validez el resto de la relación contractual. La transacción también debe pasar por el filtro de transparencia, así como el pacto a la renuncia de acciones, por lo que no puede ser admitida. La declaración de nulidad conlleva el restablecimiento de la situación de hecho y de derecho anterior.

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