• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: PEDRO JOSE VELA TORRES
  • Nº Recurso: 725/2017
  • Fecha: 25/10/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Demanda en la que una asociación de consumidores ejercita una acción colectiva de cesación en la que solicita que se declare contraria a derecho una comisión por reclamación de posiciones deudoras. La sentencia de primera instancia estimó la demanda y fue confirmada en apelación. Recurre en casación y en extraordinario por infracción procesal la entidad bancaria y la sala estima parcialmente el segundo de los recursos. En primer lugar, declara que la asociación de consumidores está legitimada activamente en el presente pleito pues la acción colectiva no se ejercita para la protección de intereses difusos, sino que pretende la defensa de consumidores perfectamente identificados, por esta razón, no se exige el requisito de la representatividad previsto en el art. 11 LEC. En segundo lugar, considera que la Audiencia no resolvió una de las pretensiones del recurso (la relativa a que la comisión tenía el carácter de cláusula penal preliquidadada); por ello, estima en este punto el recurso extraordinario por infracción procesal y resuelve en casación sobre esta pretensión. La casación se desestima, pues la sala considera que la comisión no reúne los requisitos exigidos por la normativa bancaria puesto que vendría, sin más, a sumar a los intereses de demora otra cantidad a modo de sanción por el mismo concepto (ya que la cláusula permite su reiteración, se plantea como reclamación automática y no precisa las gestiones a realizar para el cobro). Se confirma la abusividad.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA DE LOS ANGELES PARRA LUCAN
  • Nº Recurso: 1816/2017
  • Fecha: 23/10/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Demanda solicitando la nulidad de varios contratos financieros por error derivado de la falta de información proporcionada por la entidad bancaria, así como la nulidad de varios contratos de préstamo concertados para financiar las correspondientes contrataciones. El Juzgado y la Audiencia estiman la demanda respecto de varios contratos, pero la desestiman respecto de otros por entender, en un caso, que la acción se había interpuesto pasado el plazo de 4 años del ar. 1301 CC y, en otro, que es el que interesa efectos del presente recurso, que el contrato fue válidamente confirmado. En el recurso de casación se plantea si la acción de nulidad por error vicio del consentimiento en la contratación de un producto financiero quedó extinguida por haber sido confirmado el contrato tácitamente por el cliente al ejercer los derechos de suscripción preferente. La sala, tras definir lo que entiende por confirmación y su forma expresa y tácita, estima que, en el presente caso, el recurrente recibió las acciones del banco como consecuencia de la liquidación del contrato que se impugna, por lo que al menos en ese momento ya cesó el error que pudo padecer al contratar el producto litigioso precisamente porque fruto del contrato que impugna devino accionista, pudo concurrir a la ampliación de capital mediante el ejercicio de los derechos de suscripción preferente, de lo que infiere que hubo confirmación tácita del contrato y su acción de impugnación no puede prosperar.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: IGNACIO SANCHO GARGALLO
  • Nº Recurso: 1625/2017
  • Fecha: 23/10/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Infracción marcaria.Interpretación del art. 42 LM: El art. 42 LM, regula los «presupuestos de la indemnización de daños y perjuicios» y distingue los casos de responsabilidad objetiva, del apartado 1 y los de responsabilidad subjetiva, del apartado 2.En los supuestos del apartado 1, la infracción de la marca y la causación de «daños y perjuicios», dan lugar al derecho a su indemnización, sin que sea preciso acreditar la culpa del infractor. Estos casos son aquellos en que la infracción de la marca se ha realizado mediante alguna de las conductas de las letras a) y f) del art. 34.3 LM (poner el signo en los productos o en su presentación y poner el signo en envoltorios, embalajes, etiquetas y otros medios de identificación...), así como cuando se trata de la primera comercialización de los productos o servicios ilícitamente marcados.Está fuera de discusión que el comportamiento infractor (importar productos marcados con el signo y comercializarlos en España) no se encuadraba en ninguna de las anteriores conductas, por lo que no resultaba de aplicación el apartado 1 y sí el apartado 2.Conforme al apartado 2, la procedencia de la indemnización queda supeditada a que el infractor hubiera sido previamente requerido para que cese en la conducta infractora y no hubiera hecho caso al mismo o a que el infractor hubiera actuado con culpa o negligencia o la marca fuera notoria.En el caso, consta acreditado que, después de ser requerida, la demandada cesó en la conducta infractora.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: EDUARDO BAENA RUIZ
  • Nº Recurso: 2040/2017
  • Fecha: 23/10/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Demanda ejercitando acción de anulabilidad por error en el consentimiento respecto de la adquisición de aportaciones subordinadas de Eroski y Fagor así como de la contratación de depósito y administración de valores consiguiente. En primera instancia se estimó íntegramente la demanda, tras rechazar las excepciones de falta de legitimación pasiva y de caducidad de la acción. Apreció la existencia de error en el consentimiento al haberse incumplido por la entidad bancaria con los deberes de información sobre la naturaleza del producto y sus riesgos. Recurrida por la demandada, la Audiencia estimó el recurso y desestimó la demanda, pues consideró que pese a no haberse evidenciado claramente que el demandante recibiera la suficiente documentación informativa, escrita y comprensible, éste contó en la práctica con la información precisa y suficiente para saber lo que contrataba y apercibirse de la naturaleza y alcance de los productos financieros de riesgo que contrató. Interpuesto recurso extraordinario por infracción procesal se desestima al negar que haya habido infracción de las normas de la carga probatoria o error en la valoración de la prueba. Se estima el recurso de casación al concluir, en consideración a las circunstancias personales del cliente, que este no se hallaba suficientemente informado acerca de la naturaleza compleja de los productos financieros contratados y los riesgos que contraía.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: RAFAEL SARAZA JIMENA
  • Nº Recurso: 833/2017
  • Fecha: 23/10/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Demanda instando el cumplimiento del pacto de recompra existente en el contrato de adquisición de activos financieros suscrito, subsidiariamente, de anulación por error vicio y, subsidiariamente, de resolución por incumplimiento contractual. El demandante alegaba que había adquirido a Bankpime unos bonos, con pacto de recompra y sin haber sido informado de los riesgos que conllevaba el producto adquirido. El juzgado desestimó la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por Caixabank, desestimó la acción de cumplimiento del pacto de recompra por no estar probada su existencia, declaró caducada la acción de anulación por error vicio y estimó la acción de resolución contractual interpuesta por el demandante con carácter subsidiario. La Audiencia estimó el recurso de la demandada y absolvió al banco demandado, pues apreció la excepción de falta de legitimación pasiva. Interpuesto recurso de casación por el demandante sobre el traspaso de la relación comercial de Bankpime a Caixabank, la sala lo estima y analiza la ineficacia frente a los clientes de la exención de los "pasivos contingentes" en la transmisión del negocio bancario, la legitimación pasiva de Caixabak en las acciones derivadas del incumplimiento de sus obligaciones por parte de la entidad bancaria en los contratos de adquisición de productos financieros comercializados por dichas entidades y la cesión de la posición contractual de Bankpime en el negocio bancario reiterando lo expuesto en anteriores ocasiones
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FRANCISCO JAVIER ARROYO FIESTAS
  • Nº Recurso: 2004/2017
  • Fecha: 23/10/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Demanda en la que se solicitaba la nulidad de un contrato marco de operaciones financieras y un contrato de swap asociado al mismo por concurrir error en el consentimiento. La sentencia de primera instancia desestimó la demanda y la AP confirmó la desestimación. Recurre en extraordinario por infracción procesal y en casación la demandante y la sala estima ambos recursos. En cuanto al recurso extraordinario por infracción procesal, la sala estima el mismo al entender que ha existido una ilógica valoración de la prueba, pues la Audiencia valoró una prueba testifical que nunca se practicó y presumió que un empleado de la sociedad demandante había participado en la firma del swap, asesorando al administrador, cuando este extremo no se ha acreditado. Al asumir la instancia, la sala estima el recurso de casación; declara la ausencia de información suficiente por parte de la entidad bancaria, que no consta que la sociedad demandante fuera conocedora de productos financieros complejos y que la redacción del contrato era opaca para un lego en la materia. La falta de información sobre los concretos riesgos incide en el error, pues este se produce por la falta de conocimiento del producto y de sus riesgos asociados; del mismo modo, la falta de información adecuada hace que el error sea excusable al cliente. La estimación de la casación determina la estimación de la demanda y la nulidad del swap contratado.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: EDUARDO BAENA RUIZ
  • Nº Recurso: 6010/2018
  • Fecha: 23/10/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sala desestima un recurso de casación interpuesto frente a una sentencia que rechazó la pretensión de intromisión en el derecho al honor por la inclusión del actor en un fichero de morosidad y la indemnización por daño moral. La sentencia recurrida reconoce que no existió un requerimiento previo con advertencia de inclusión de los datos en el fichero, por el impago de la deuda que el actor tenía con ocasión de la ejecución de un contrato de tarjeta de crédito pero, en el caso, el propio actor reconoce su condición de deudor de la demandada y la insatisfacción de la deuda por insolvencia patrimonial, insolvencia que se prolongó en el tiempo, lo que motivó que se pactaran hasta siete novaciones que fueron incumplidas. La sala recuerda su doctrina sobre la materia y la finalidad del requerimiento previo, que es impedir que sean incluidas en estos registros personas que, por un simple descuido, por un error bancario al que son ajenas, o por cualquier otra circunstancia de similar naturaleza, han dejado de hacer frente a una obligación dineraria vencida y exigible sin que ese dato sea pertinente para enjuiciar su solvencia. Además, les permite ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación. En el caso, la finalidad del requerimiento había decaído. El actor no se vio sorprendido por tal inclusión ya que se habían producido distintas novaciones sin que hubiese cumplido su compromiso y con una conducta totalmente pasiva para saldar su deuda.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: RAFAEL SARAZA JIMENA
  • Nº Recurso: 3098/2015
  • Fecha: 23/10/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La infracción de las normas que establecen los deberes de información de las entidades bancarias no determina la nulidad radical de los contratos que estas celebren, sino sanciones administrativas. Esta doctrina es aplicable también al incumplimiento de obligaciones distintas de la mera obligación de información al cliente. En caso de incumplimiento del deber de evaluar, en atención a su situación financiera y al objetivo de inversión perseguido, qué le era más favorable, lo relevante para juzgar sobre el error vicio no es tanto la evaluación sobre la conveniencia de la operación, en atención a los intereses del cliente minorista, como si al hacerlo tenía un conocimiento suficiente de este producto complejo y de sus riesgos. En el caso, son datos muy relevantes la elevada cuantía de las inversiones y que los contratos se hicieron con apalancamiento. Está probado que los demandantes eran conscientes de que se trataba de contratos de naturaleza aleatoria en los que existía el riesgo de pérdidas importantes. El hecho de que una inversión sea desfavorable no convierte el producto financiero en inadecuado ni presupone el error en el consentimiento, al haber consciencia de qué se estaba contratando y qué riesgos se asumían. No hay incumplimiento del banco que haya generado un daño indemnizable. El principio de intangibilidad de las sentencias afecta a los pronunciamientos que contienen, pero no impide que el auto de complemento añada nuevos razonamientos. Se desestiman los recursos
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FRANCISCO MARIN CASTAN
  • Nº Recurso: 594/2016
  • Fecha: 22/10/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sala desestima un recurso de casación interpuesto frente a una sentencia que rechazó la reclamación de indemnización de un asegurado, en el marco de una póliza se seguro colectivo suscrita por su asociación profesional, por los daños que causó a un tercero en el desempeño de su actividad. Aunque la demanda se dirigió contra dos aseguradoras cuyos seguros colectivos se sucedieron en el tiempo, la desestimación de la demanda respecto de la 2ª aseguradora quedó firme en 1ª instancia. La sala recuerda que las cláusulas de delimitación temporal son limitativas de derechos del asegurado y deben ajustarse a los requisitos del art. 3 LCS y que cuando un asegurado se adhiere a un seguro colectivo, se ha de hacer constar en el documento de adhesión la existencia de cláusulas limitativas, con los requisitos formales exigidos por el artículo 3 LCS. La sentencia que se recurre reconoce esta jurisprudencia y, además, destaca especialmente cómo la asegurada recurrente tenía conocimiento de su error profesional antes del comienzo de la vigencia del segundo seguro, según evidencian los hechos probados, y este conocimiento determinaba la exclusión de cobertura. Por esta razón, aunque la cláusula fuese nula por no ajustarse al art. 3 LCS, la consecuencia sería la aplicación del régimen general del seguro de responsabilidad civil, en el que se atiende a la fecha de nacimiento de la obligación de indemnizar y, en el caso, el error se habría producido antes de la vigencia de la póliza.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FRANCISCO JAVIER ARROYO FIESTAS
  • Nº Recurso: 1331/2017
  • Fecha: 22/10/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: En el caso, el banco demandado planteó en apelación que, declarada la nulidad de la adquisición de participaciones preferentes, la parte actora debía restituir tanto el precio de venta de las acciones al FGD, como los intereses legales de dicha cantidad y de los rendimientos brutos percibidos, al ser una consecuencia jurídica ex lege y que debía acordarse en todo caso en virtud del principio iura novit curia; la sentencia de segunda instancia acordó que la parte actora debía restituir únicamente los rendimientos percibidos y el precio de venta de las acciones al FGD, pero no el interés legal de dichas cantidades porque el banco demandado apelante no había solicitado esos intereses ni en la contestación a la demanda ni en el recurso de apelación. Formulado por el banco demandado recurso de casación, planteando que la nulidad implica la restitución a las partes a la situación patrimonial anterior a la nulidad, el recurso se estima atendiendo a que el banco sí solicitó los intereses de los rendimientos obtenidos por la parte demandante, tanto en la en la contestación a la demanda como en el recurso de apelación, y se declara que la parte demandante debe restituir los intereses legales de las cantidades recibidas, desde el momento de su percepción.

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