• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: IGNACIO SANCHO GARGALLO
  • Nº Recurso: 4544/2017
  • Fecha: 29/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Responsabilidad de los administradores de una sociedad promotora inmobiliaria por las obligaciones sociales al no haber promovido la disolución de la sociedad. El crédito reclamado por el actor tiene su origen en el cumplimiento defectuoso del contrato de permuta que ligaba al demandante con la sociedad, por la existencia de vicios y defectos en la construcción de los inmuebles entregados, después de ser construidos a cambio del solar que se había entregado. En el caso, la deuda social es una obligación de reparar vicios y defectos de la construcción, advertidos al tiempo de hacerse entrega de los departamentos. Esta obligación, transformada en la indemnización del coste de esta reparación, no nace ni con la sentencia que los declara ni con el contrato de permuta, del que surgía la obligación de entrega de los departamentos construidos, sino al ser entregados los departamentos y ser advertidos los vicios y defectos. En la medida en que la sentencia recurrida consideró que la obligación nacía con el contrato de permuta, contradice la interpretación de la sala, y se concluye que procede presumir que la obligación social fue posterior a la causa de disolución, por lo que los administradores deben responder solidariamente del pago de esa deuda social. Recurso extraordinario por infracción procesal: no corresponde a su ámbito la impugnación de las las valoraciones jurídicas extraídas de los hechos considerados probados.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JUAN MARIA DIAZ FRAILE
  • Nº Recurso: 51/2015
  • Fecha: 28/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Impugnación de acuerdos sociales por graves defectos de constitución de la junta universal (al no haber sido convocados los legatarios de las acciones de uno de los accionistas). La demanda fue estimada en ambas instancias al considerarse que, al tratare de legado de cosa específica y determinada, las acciones no formaban parte del caudal hereditario sobre el que habían de versar las operaciones particionales y que la condición de socio y los derechos reconocidos en la Ley y en los estatutos al titular legítimo de las acciones, entre los que se encuentran el derecho a asistir a las juntas de accionistas y votar los acuerdos propuestos, correspondía a los legatarios. Competencia objetiva de los Juzgados de lo Mercantil. Al ejercitarse acción de impugnación de acuerdos era preciso analizar si el demandante era accionista, lo que a su vez dependía de que hubiera adquirido dicha cualidad por el legado de acciones. Jurisprudencia sobre el efecto directo del legado de cosa cierta: el legatario tiene derecho a la cosa legada desde el fallecimiento del testador, pero le falta la posesión para lo que es precisa la entrega. En este caso, en un proceso pararelo, se declaró aplicable al caso la cautela socini y se privó a los legatarios demandantes del derecho al legado. El efecto positivo de la sentencia anterior condiciona la decisión de este pleito. Los herederos y el albacea estaban facultados para hacer uso de sus derechos políticos que les conferían las acciones al portador.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: IGNACIO SANCHO GARGALLO
  • Nº Recurso: 3426/2017
  • Fecha: 28/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Acción de caducidad de marca por falta de uso y, subsidiariamente, caducidad parcial. En primera instancia se estimó parcialmente la demanda y se declaró la caducidad por falta de uso de la marca en relación con todos los productos para los que se hallaba registrada, con la única excepción de las bebidas energéticas. La demandante apeló insistiendo la caducidad total, lo que fue desestimado. Deber de uso real (según redacción vigente de la norma aplicable) y efectivo de la marca para los productos o servicios para los que esté registrada. Una de las sanciones por falta de uso es la caducidad. Corresponde al titular la carga de probar que ha sido usada o que su no uso está justificado. Tiene la consideración de uso el empleo de la marca en una forma que difiera en elementos que no alteren de manera significativa el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual se halla registrada. En este litigio se cuestiona el uso de la marca en la forma registrada. Doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el requisito del uso efectivo de la marca y su aplicación al caso, en que consta su uso con otros signos distintivos no registrados como marca. Acreditación del uso real y efectivo de la marca registrada objeto de litigio para bebidas energéticas.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JUAN MARIA DIAZ FRAILE
  • Nº Recurso: 3365/2017
  • Fecha: 28/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El presente litigio se inició mediante una demanda en la que se ejercitaban las acciones de responsabilidad individual y de responsabilidad por deudas por encontrarse la sociedad incursa en causa de disolución y no haber cumplido el administrador su deber legal de promover la disolución de la sociedad. La sentencia de primera instancia desestimó la demanda al considerar que se había formulado defectuosamente. El demandante formuló recurso de apelación y la Audiencia Provincial estimó la apelación por entender que concurrían los presupuestos legales de la acción de responsabilidad por deudas ya que el administrador no había cumplido su obligación de legal de depositar las cuentas anuales de la sociedad, pero no se pronunció sobre la acción de responsabilidad individual. El objeto del recurso de casación es la revisión de la decisión de la Audiencia Provincial de estimar la acción de responsabilidad del administrador por incumplimiento del deber de promover la disolución. Estimación del recurso y desestimación de la demanda: la acción de responsabilidad por deudas versus responsabilidad por daño. La acción de responsabilidad por deudas: la falta de depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil no es causa legal de disolución de la sociedad, ni constituye prueba directa de la concurrencia de una causa legal de disolución. La acción de responsabilidad individual: falta de prueba de la relación de causalidad entre la acción y el daño.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: IGNACIO SANCHO GARGALLO
  • Nº Recurso: 3124/2017
  • Fecha: 28/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Ley de Sociedades de Capital reconoce a la sociedad una acción para recabar del socio único una compensación económica por las ventajas patrimoniales obtenidas en perjuicio de la sociedad. Debe ir referida a contratos concertados dos años antes. Al margen de los intereses que indirectamente puedan resultar tutelados, de los acreedores de la sociedad o de sus socios actuales, la legitimación originaria para ejercitar esta acción corresponde a la sociedad y el interés tutelado es el suyo propio, sin perjuicio de que haya intereses de terceros (acreedores o socios posteriores) que se vean afectados y que justifiquen el ejercicio de la acción. No es necesario que se invoque o acredite ese interés indirecto afectado. Lo esencial es que se cumplan los requisitos de la acción: la existencia de un contrato o acuerdo negocial entre la sociedad y quien en ese momento es su socio único, realizado dentro del periodo anterior de dos años; que por los términos o condiciones del contrato, el socio único hubiera obtenido ventajas patrimoniales, directas o indirectas, que conlleven de forma correlativa un perjuicio patrimonial para la sociedad; y que la previsión contractual que propició estas ventajas patrimoniales del socio único en perjuicio de la sociedad fuera injustificada. En casación la revisión de la apreciación de la ventaja patrimonial se limita a constatar que la decisión de la sentencia recurrida no supone una interpretación equivocada del precepto.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: PEDRO JOSE VELA TORRES
  • Nº Recurso: 1870/2017
  • Fecha: 26/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Demanda de nulidad por error en la contratación de aportaciones financieras subordinadas de Eroski. La sentencia de primera instancia desestimó la demanda al entender que el contratante, al ser cooperativista de Fagor, podía conocer las características del producto contratado. La audiencia estimó el recurso y revocó la sentencia, en el sentido de estimar la demanda. Recurre la entidad financiera comercializadora en extraordinario por infracción procesal y casación y la sala rechaza ambos recursos. El recurso extraordinario por infracción procesal se desestima, pues la sentencia aplica correctamente las normas sobre la carga de la prueba, ya que el cumplimiento de los deberes de información compete probarlo al banco. Respecto del recurso de casación también resulta desestimado; en primer lugar, porque la acción no había caducado, ya que el "dies a quo" del plazo de ejercicio de la acción hay que situarlo en el momento en que dejaron de abonarse los cupones, momento que se produjo dos años antes de la interposición de la demanda; y en cuanto al fondo, porque no consta acreditado que el banco comercializador cumpliera con sus deberes de información sobre los riesgos del producto y la posible pérdida total del capital, sin que el hecho de que el demandante fuera cooperativista de Fagor permita presumir que conociera el producto o sus riesgos, pues no consta que sus funciones se realizaran en el departamento financiero ni que tuviera conocimientos especializados de ese tipo.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: IGNACIO SANCHO GARGALLO
  • Nº Recurso: 2077/2017
  • Fecha: 25/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala desestima el recurso de casación en un supuesto de responsabilidad de administrador de sociedad por deuda social derivada de indemnización a trabajador como consecuencia de accidente laboral. Aplica la jurisprudencia que establece que las obligaciones de indemnización de daños y perjuicios ocasionados por un siniestro, en este caso un accidente laboral, nacen con el siniestro, sin perjuicio de que el nacimiento de la acción para su reclamación pueda demorarse a un momento posterior en el que pueda conocerse ya el alcance del perjuicio sufrido. Considera que la sentencia judicial que declara la obligación de indemnizar y condena a su pago no tiene carácter constitutivo, sino declarativo, aunque sea una declaración de condena. Por tanto, en el caso, como quiera que el accidente fue anterior a la aparición de la causa de disolución, aunque la indemnización que genera la deuda social fue reconocida por sentencia posterior, no se trata de una deuda posterior a los efectos del art. 367 LSC. En este caso, la sociedad incurrió en causa legal de disolución en el año 2008 y el accidente se produjo en 2006.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: PEDRO JOSE VELA TORRES
  • Nº Recurso: 2261/2017
  • Fecha: 25/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Tras resolverse de forma unilateral el contrato continuado de transporte que vinculaba a las partes, el transportista demandó al cargador solicitando una indemnización. La sentencia de primera instancia desestimó la demanda por considerar que existía justa causa para la resolución. La sentencia de apelación apreció resolución injustificada y sin preaviso, por lo que estimó en parte la demanda fijando la indemnización en una cantidad equivalente a la media de cuatro meses de facturación. Aunque el contrato de transporte continuado, como relación de tracto sucesivo, difiere de la de un contrato de transporte puntual, por tratarse este último de un contrato de obra, a efectos de incumplimiento se le aplican las normas específicas del régimen jurídico del contrato de transporte sobre responsabilidad contractual del porteador y las generales sobre incumplimiento contractual del CC. Analogía con el contrato de agencia: existe la posibilidad de resolver el contrato de forma unilateral, pero si no hay justa causa ni preaviso, se aplica la norma que contempla la indemnización al agente. Doctrina aplicable por analogía. Un ejercicio de la facultad resolutoria sorpresivo o inopinado, sin margen de reacción en forma de un prudente preaviso, puede ser valorado como un ejercicio abusivo del derecho y dar derecho a indemnización (del daño emergente y del lucro cesante). En el caso, la falta de preaviso infringió los deberes de lealtad y buena fe. Indemnización: criterios.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Palma de Mallorca
  • Ponente: MIGUEL ALVARO ARTOLA FERNANDEZ
  • Nº Recurso: 862/2019
  • Fecha: 25/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia analizada resuelve recurso de apelación interpuesto contra la dictada en primera instancia, que desestimó la demanda presentada para reclamar daños y perjuicios por falta de diligencia de la entidad financiera en el pago cheque falsificado. El tribunal de apelación estimó en parte el recurso de apelación y sustancialmente la demanda. El tribunal delimita el grado de diligencia exigible a la entidad financiera cuando ejerce funciones de depósito y comisión, que debe ser superior a la ordinaria (buen padre de familia), exigiéndose un cuidado especial. Considera el tribunal que si la entidad financiera autorizó al cliente a disponer de los fondos anotados en cuenta tras la presentación del cheque al cobro, en lugar de retenerlo hasta comprobar la procedencia de hacerlo efectivo, no actuó con la debida diligencia; pudo haber efectuado los controles correspondientes para verificar el buen fin del efecto cambiario sin autorizar la disponibilidad del dinero, y no lo hizo.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Oviedo
  • Ponente: MARIA ELENA RODRIGUEZ-VIGIL RUBIO
  • Nº Recurso: 42/2020
  • Fecha: 22/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia analizada resuelve recurso de apelación interpuesto contra la dictada en primera instancia, que estimó la demanda presentada para solicitar la nulidad, por usurario, del contrato de préstamo. El tribunal de apelación estimó en parte el recurso de apelación, pero únicamente en relación con el pronunciamiento sobre las costas procesales por considera que concurren serias dudas de Derecho. El tribunal de apelación aplica los criterios jurisprudenciales sobre el carácter usurario del contrato de tarjeta de crédito de pago aplazado (revolving), y considera que, para valorar el carácter usurario del tipo de interés, es preciso tomar como referencia los datos estadísticos del Banco de España sobre ese tipo de tarjetas, pero, al ser muy elevados, para apreciar la usura no se puede exigir que el incremento del tipo de interés pactado sea muy superior al previsto como tipo promedio. El tribunal también considera nulo el contrato de préstamo contratado para financiar el pago del saldo deudor de la tarjeta de crédito: contratos vinculados y conexos (la nulidad del originario propaga su nulidad al vinculado).

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