Resumen: La sala estima un recurso de casación frente a una sentencia que acogió una acción principal de resolución de los contratos de adquisición de deuda subordinada y preferentes, por incumplimiento del deber de información precontractual. La sala reitera su doctrina. El incumplimiento de las obligaciones de información podría dar lugar, en su caso, a la anulabilidad del contrato por error en el consentimiento, o a una acción de indemnización por incumplimiento contractual, para solicitar la indemnización de los daños provocados al cliente por la contratación del producto a consecuencia de un incorrecto asesoramiento, pero lo que no procede es una acción de resolución del contrato, ex art. 1124 CC, dado que el incumplimiento resolutorio debe venir referido a la ejecución del contrato, mientras que el defecto de asesoramiento habría afectado a la prestación del consentimiento. Asunción de la instancia y estimación de la acción subsidiaria de indemnización del daño por el negligente cumplimiento por la entidad de sus obligaciones contractuales de diligencia, lealtad e información, ya que no consta que ofreciera información suficiente sobre los productos adquiridos, que entrañaban un elevado riesgo, ni que advirtiera de la verdadera naturaleza del producto y de sus riesgos. Determinación del daño por la diferencia entre lo invertido y lo recuperado tras el canje, más los rendimientos obtenidos a determinar en ejecución de sentencia por su falta de concreción en el procedimiento.
Resumen: Aportación de documentos pendiente el recurso de casación: documentos admisibles (sentencia de calificación concursal y decreto que declara su firmeza). No puede identificarse la actuación antijurídica de la sociedad que no abona sus deudas y cuyos acreedores no cobran porque es insolvente, con la infracción por su administrador de la ley o los estatutos, o de los deberes inherentes a su cargo, sino que es necesario identificar un comportamiento propio del administrador, distinto del mero acto de no pagar el crédito, que constituya un ilícito orgánico al que imputar la causación directa del perjuicio sufrido por el tercero, que es la falta de cobro de un crédito. En el caso: se imputa al administrador una actuación dolosa o negligente que ha propiciado la generación del crédito después impagado (la incorrecta formulación de las cuentas anuales de tres ejercicios, al mantener en el activo créditos importantes sin haber realizado las dotaciones o provisiones por deterioro); para la calificación de este hecho como irregularidades contables que impiden conocer la situación patrimonial de la sociedad es relevante lo declarado en la sentencia de calificación del concurso de la sociedad, en la que esa misma conducta, no se consideró, al analizar lo realmente ocurrido, que fuera irregularidad contable relevante a efectos de un concurso culpable. Inexistencia del ilícito orgánico (no consta que existieran créditos que por su antigüedad o por su deterioro fuera necesario provisionar).
Resumen: Demanda en la que una asociación de consumidores ejercita una acción colectiva de cesación en la que solicita que se declare contraria a derecho una comisión por reclamación de posiciones deudoras. La sentencia de primera instancia estimó la demanda y fue confirmada en apelación. Recurre en casación y en extraordinario por infracción procesal la entidad bancaria y la sala estima parcialmente el segundo de los recursos. En primer lugar, declara que la asociación de consumidores está legitimada activamente en el presente pleito pues la acción colectiva no se ejercita para la protección de intereses difusos, sino que pretende la defensa de consumidores perfectamente identificados, por esta razón, no se exige el requisito de la representatividad previsto en el art. 11 LEC. En segundo lugar, considera que la Audiencia no resolvió una de las pretensiones del recurso (la relativa a que la comisión tenía el carácter de cláusula penal preliquidadada); por ello, estima en este punto el recurso extraordinario por infracción procesal y resuelve en casación sobre esta pretensión. La casación se desestima, pues la sala considera que la comisión no reúne los requisitos exigidos por la normativa bancaria puesto que vendría, sin más, a sumar a los intereses de demora otra cantidad a modo de sanción por el mismo concepto (ya que la cláusula permite su reiteración, se plantea como reclamación automática y no precisa las gestiones a realizar para el cobro). Se confirma la abusividad.
Resumen: Demanda solicitando la nulidad de varios contratos financieros por error derivado de la falta de información proporcionada por la entidad bancaria, así como la nulidad de varios contratos de préstamo concertados para financiar las correspondientes contrataciones. El Juzgado y la Audiencia estiman la demanda respecto de varios contratos, pero la desestiman respecto de otros por entender, en un caso, que la acción se había interpuesto pasado el plazo de 4 años del ar. 1301 CC y, en otro, que es el que interesa efectos del presente recurso, que el contrato fue válidamente confirmado. En el recurso de casación se plantea si la acción de nulidad por error vicio del consentimiento en la contratación de un producto financiero quedó extinguida por haber sido confirmado el contrato tácitamente por el cliente al ejercer los derechos de suscripción preferente. La sala, tras definir lo que entiende por confirmación y su forma expresa y tácita, estima que, en el presente caso, el recurrente recibió las acciones del banco como consecuencia de la liquidación del contrato que se impugna, por lo que al menos en ese momento ya cesó el error que pudo padecer al contratar el producto litigioso precisamente porque fruto del contrato que impugna devino accionista, pudo concurrir a la ampliación de capital mediante el ejercicio de los derechos de suscripción preferente, de lo que infiere que hubo confirmación tácita del contrato y su acción de impugnación no puede prosperar.
Resumen: Infracción marcaria.Interpretación del art. 42 LM: El art. 42 LM, regula los «presupuestos de la indemnización de daños y perjuicios» y distingue los casos de responsabilidad objetiva, del apartado 1 y los de responsabilidad subjetiva, del apartado 2.En los supuestos del apartado 1, la infracción de la marca y la causación de «daños y perjuicios», dan lugar al derecho a su indemnización, sin que sea preciso acreditar la culpa del infractor. Estos casos son aquellos en que la infracción de la marca se ha realizado mediante alguna de las conductas de las letras a) y f) del art. 34.3 LM (poner el signo en los productos o en su presentación y poner el signo en envoltorios, embalajes, etiquetas y otros medios de identificación...), así como cuando se trata de la primera comercialización de los productos o servicios ilícitamente marcados.Está fuera de discusión que el comportamiento infractor (importar productos marcados con el signo y comercializarlos en España) no se encuadraba en ninguna de las anteriores conductas, por lo que no resultaba de aplicación el apartado 1 y sí el apartado 2.Conforme al apartado 2, la procedencia de la indemnización queda supeditada a que el infractor hubiera sido previamente requerido para que cese en la conducta infractora y no hubiera hecho caso al mismo o a que el infractor hubiera actuado con culpa o negligencia o la marca fuera notoria.En el caso, consta acreditado que, después de ser requerida, la demandada cesó en la conducta infractora.
Resumen: Demanda ejercitando acción de anulabilidad por error en el consentimiento respecto de la adquisición de aportaciones subordinadas de Eroski y Fagor así como de la contratación de depósito y administración de valores consiguiente. En primera instancia se estimó íntegramente la demanda, tras rechazar las excepciones de falta de legitimación pasiva y de caducidad de la acción. Apreció la existencia de error en el consentimiento al haberse incumplido por la entidad bancaria con los deberes de información sobre la naturaleza del producto y sus riesgos. Recurrida por la demandada, la Audiencia estimó el recurso y desestimó la demanda, pues consideró que pese a no haberse evidenciado claramente que el demandante recibiera la suficiente documentación informativa, escrita y comprensible, éste contó en la práctica con la información precisa y suficiente para saber lo que contrataba y apercibirse de la naturaleza y alcance de los productos financieros de riesgo que contrató. Interpuesto recurso extraordinario por infracción procesal se desestima al negar que haya habido infracción de las normas de la carga probatoria o error en la valoración de la prueba. Se estima el recurso de casación al concluir, en consideración a las circunstancias personales del cliente, que este no se hallaba suficientemente informado acerca de la naturaleza compleja de los productos financieros contratados y los riesgos que contraía.
Resumen: Demanda instando el cumplimiento del pacto de recompra existente en el contrato de adquisición de activos financieros suscrito, subsidiariamente, de anulación por error vicio y, subsidiariamente, de resolución por incumplimiento contractual. El demandante alegaba que había adquirido a Bankpime unos bonos, con pacto de recompra y sin haber sido informado de los riesgos que conllevaba el producto adquirido. El juzgado desestimó la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por Caixabank, desestimó la acción de cumplimiento del pacto de recompra por no estar probada su existencia, declaró caducada la acción de anulación por error vicio y estimó la acción de resolución contractual interpuesta por el demandante con carácter subsidiario. La Audiencia estimó el recurso de la demandada y absolvió al banco demandado, pues apreció la excepción de falta de legitimación pasiva. Interpuesto recurso de casación por el demandante sobre el traspaso de la relación comercial de Bankpime a Caixabank, la sala lo estima y analiza la ineficacia frente a los clientes de la exención de los "pasivos contingentes" en la transmisión del negocio bancario, la legitimación pasiva de Caixabak en las acciones derivadas del incumplimiento de sus obligaciones por parte de la entidad bancaria en los contratos de adquisición de productos financieros comercializados por dichas entidades y la cesión de la posición contractual de Bankpime en el negocio bancario reiterando lo expuesto en anteriores ocasiones
Resumen: Demanda en la que se solicitaba la nulidad de un contrato marco de operaciones financieras y un contrato de swap asociado al mismo por concurrir error en el consentimiento. La sentencia de primera instancia desestimó la demanda y la AP confirmó la desestimación. Recurre en extraordinario por infracción procesal y en casación la demandante y la sala estima ambos recursos. En cuanto al recurso extraordinario por infracción procesal, la sala estima el mismo al entender que ha existido una ilógica valoración de la prueba, pues la Audiencia valoró una prueba testifical que nunca se practicó y presumió que un empleado de la sociedad demandante había participado en la firma del swap, asesorando al administrador, cuando este extremo no se ha acreditado. Al asumir la instancia, la sala estima el recurso de casación; declara la ausencia de información suficiente por parte de la entidad bancaria, que no consta que la sociedad demandante fuera conocedora de productos financieros complejos y que la redacción del contrato era opaca para un lego en la materia. La falta de información sobre los concretos riesgos incide en el error, pues este se produce por la falta de conocimiento del producto y de sus riesgos asociados; del mismo modo, la falta de información adecuada hace que el error sea excusable al cliente. La estimación de la casación determina la estimación de la demanda y la nulidad del swap contratado.
Resumen: La sala desestima un recurso de casación interpuesto frente a una sentencia que rechazó la pretensión de intromisión en el derecho al honor por la inclusión del actor en un fichero de morosidad y la indemnización por daño moral. La sentencia recurrida reconoce que no existió un requerimiento previo con advertencia de inclusión de los datos en el fichero, por el impago de la deuda que el actor tenía con ocasión de la ejecución de un contrato de tarjeta de crédito pero, en el caso, el propio actor reconoce su condición de deudor de la demandada y la insatisfacción de la deuda por insolvencia patrimonial, insolvencia que se prolongó en el tiempo, lo que motivó que se pactaran hasta siete novaciones que fueron incumplidas. La sala recuerda su doctrina sobre la materia y la finalidad del requerimiento previo, que es impedir que sean incluidas en estos registros personas que, por un simple descuido, por un error bancario al que son ajenas, o por cualquier otra circunstancia de similar naturaleza, han dejado de hacer frente a una obligación dineraria vencida y exigible sin que ese dato sea pertinente para enjuiciar su solvencia. Además, les permite ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación. En el caso, la finalidad del requerimiento había decaído. El actor no se vio sorprendido por tal inclusión ya que se habían producido distintas novaciones sin que hubiese cumplido su compromiso y con una conducta totalmente pasiva para saldar su deuda.
Resumen: La infracción de las normas que establecen los deberes de información de las entidades bancarias no determina la nulidad radical de los contratos que estas celebren, sino sanciones administrativas. Esta doctrina es aplicable también al incumplimiento de obligaciones distintas de la mera obligación de información al cliente. En caso de incumplimiento del deber de evaluar, en atención a su situación financiera y al objetivo de inversión perseguido, qué le era más favorable, lo relevante para juzgar sobre el error vicio no es tanto la evaluación sobre la conveniencia de la operación, en atención a los intereses del cliente minorista, como si al hacerlo tenía un conocimiento suficiente de este producto complejo y de sus riesgos. En el caso, son datos muy relevantes la elevada cuantía de las inversiones y que los contratos se hicieron con apalancamiento. Está probado que los demandantes eran conscientes de que se trataba de contratos de naturaleza aleatoria en los que existía el riesgo de pérdidas importantes. El hecho de que una inversión sea desfavorable no convierte el producto financiero en inadecuado ni presupone el error en el consentimiento, al haber consciencia de qué se estaba contratando y qué riesgos se asumían. No hay incumplimiento del banco que haya generado un daño indemnizable. El principio de intangibilidad de las sentencias afecta a los pronunciamientos que contienen, pero no impide que el auto de complemento añada nuevos razonamientos. Se desestiman los recursos