Resumen: Recurre en casación el titular de la página web, condenada por tener conocimiento efectivo y no retirar los comentarios ofensivos realizados por los usuarios de la misma al hilo de una noticia publicada sobre el demandante, por entonces concejal del Ayuntamiento de Marbella, reduciéndose la cuestión jurídica en casación a determinar si la sentencia recurrida se ajusta a la doctrina jurisprudencial sobre la responsabilidad que cabe exigir a las prestadoras de servicios de intermediación. La noticia se refería a que el demandante había gastado 14.600 euros en un teléfono en un mes. Para no revertir en el caso concreto la prevalencia de la que goza en abstracto de la libertad de expresión (más amplia que la de información) deben concurrir los requisitos de interés general de la opinión y de proporcionalidad en su exteriorización (evitando el uso de expresiones inequívocamente ofensivas y no proporcionadas para la finalidad crítica perseguida), siempre valorando las expresiones en su contexto, no aisladamente. No cabe imponer al titular de la web la obligación de conocer exhaustivamente el contenido de todos los mensajes y opiniones publicados. El juicio de ponderación contenido en la sentencia recurrida fue correcto. "Ladrón" fue un exceso verbal, vinculado a la crítica. "Hijo de puta" fue un insulto no justificable, que la empresa no retiró pese a tener conocimiento efectivo (no atendió las peticiones del afectado para su retirada).
Resumen: La Sala desestima el recurso de casación formulado contra la sentencia que no apreció la nulidad por error vicio en la adquisición por un notario de cuotas participativas. Más allá de la información exigible, se ha de atender a las propias circunstancias que concurren en el contratante para determinar si el error que afirma haber padecido ha de calificarse de excusable o de inexcusable. La afirmación del demandante de haber sufrido el error no puede ser objetivada, pues depende de la representación que se hizo sobre las consecuencias del contrato, lo que queda en su ámbito interno; el error no puede consistir en la creencia de que se iba a obtener un beneficio cuando, en realidad, se ha producido una pérdida, puesto que dicha pérdida -aunque no se la representara como posible el interesado- estaba comprendida en los riesgos propios del contrato y ello podía ser conocido por el demandante. Este no podía ser ajeno a que, de no existir tal riesgo, resultaría ilusorio el ofrecimiento de una rentabilidad del 7,5%. Por la naturaleza del producto, la posibilidad de conocimiento, anudada a la condición profesional del demandante, será mayor cuando se trata de un producto legalmente regulado (RD 302/2004, de 20 de febrero) que cuando se trata de otro diseñado por la entidad bancaria para cuyo conocimiento únicamente se puede contar con la propia información suministrada por dicha en cumplimiento de las obligaciones que legalmente le vienen impuestas.
Resumen: Contratos bancarios. Error en el consentimiento. Restitución por ambas partes con intereses desde el momento de percepción de las cantidades correspondientes. El recurso de casación se basa en que la sentencia impugnada vulnera la doctrina de esta Sala al no condenar a la parte recurrida al abono de los intereses legales de la rentabilidad percibida. Constituye doctrina reiterada de esta Sala que, una vez declarada la nulidad por error en el consentimiento de la orden de compra de deuda subordinada, los rendimientos a devolver por los clientes, en el caso de declaración de nulidad de este tipo de negocios jurídicos, han de ser incrementados con los intereses devengados desde la fecha de cada abono. Se estima el recurso de casación.
Resumen: La Sala desestima los motivos del recurso de casación relativos a la interpretación del contrato de agencia de Vodafone al considerar que la interpretación que hace la Audiencia sobre la distinción entre remuneraciones y el concepto litigioso (SVT) como no remuneratorio es plenamente acorde con una interpretación literal del contrato. Por ello, no infringe ni las normas del Código Civil sobre interpretación contractual, ni las normas de la Ley de Contrato de Agencia sobre los derechos de remuneración del agente y su incidencia en el cálculo de las indemnizaciones que, en su caso, puedan resultar procedentes por la extinción del contrato. Tampoco considera que Vodafone vaya contra sus propios actos, puesto que en los documentos de pago distinguía entre remuneraciones y subvención por anticipo. Igualmente desestima el motivo relativo a la autofacturación al incurrir en petición de principio. Finalmente, la Sala estima el motivo del recurso de casación relativo a la imperatividad de la normativa sobre indemnización por clientela en el contrato de agencia, y considera improcedente aplicar a dicha indemnización descuentos previstos en el contrato. Como consecuencia de ello, es incorrecta la solución propugnada en la sentencia recurrida que limita o aminora la indemnización que corresponde al agente, al infringir el art. 3.1 LCA, todo ello conforme a reiterada doctrina de la Sala, sobre indemnización por clientela en el contrato de agencia.
Resumen: Demanda contra el administrador por responsabilidad individual y por deudas ya que la sociedad estaba incursa en causa de disolución y el administrador incumplió el deber legal de promover su disolución, solicitando la condena al pago de la deuda de la sociedad de la que era administrador. En primera instancia se estimó la demanda al apreciar que concurrían los presupuestos de la acción individual de responsabilidad, pero no se pronunció sobre la acción de responsabilidad por deudas. Recurrida en apelación por el demandado, se estimó su recurso al considerar que no concurría causa de disolución cuando se generó la deuda. Formulados recursos de casación y extraordinario por infracción procesal, el primero se desestima por no existir motivación arbitraria o irrazonada ni error patente en la valoración de la prueba. En el recurso de casación se plantea si a los efectos de determinar la concurrencia de la causa legal de disolución por pérdidas, la cifra que debe confrontarse con el capital social incluye el patrimonio neto más el pasivo o solamente el primero. La sala tras analizar las «pérdidas agravadas» como causa legal de disolución y el empleo de criterios contables para determinar su concurrencia, junto con la valoración del patrimonio social y el concepto legal de «patrimonio neto» concluye que para poder determinar si una sociedad se encuentra sujeta a causa de disolución por pérdidas hay que atender a su patrimonio neto y ver si es inferior a la mitad del capital social.
Resumen: Demanda en reclamación de daños y perjuicios por incumplimiento de las obligaciones legales de asesoramiento e información en la comercialización de participaciones preferentes y deuda subordinada. La sentencia de primera instancia estimó parcialmente la demanda y la audiencia la revocó, en el único sentido de no descontar de la indemnización los rendimientos obtenidos por los clientes demandantes. Interpuesto recurso de casación por la entidad bancaria, la sala estima el mismo en el sentido de considerar que cuando en la relación obligacional se generan un daño -por el incumplimiento de la otra parte- y una ventaja -la percepción de unos rendimientos económicos-, han de compensarse unos con otros a fin de que el contratante cumplidor no quede en una situación más ventajosa con el incumplimiento que con el cumplimiento; por ello, del montante indemnizatorio han de descontarse los rendimientos del producto financiero obtenidos por el cliente. La estimación de la casación comporta la confirmación de la sentencia de primera instancia.
Resumen: Adquisición de deuda subordinada, posterior canje y venta. Indemnización: en la liquidación de los daños indemnizables debe computarse, junto a los daños sufridos, la eventual obtención de ventajas por el acreedor. Reiteración de doctrina jurisprudencial. En el ámbito contractual, si una misma relación obligacional genera al mismo tiempo un daño -en el caso, por incumplimiento de la otra parte- pero también una ventaja -la percepción de unos rendimientos económicos-, deben compensarse uno y otra, a fin de que el contratante cumplidor no quede en una situación patrimonial más ventajosa con el incumplimiento que con el cumplimiento de la relación obligatoria. En la medida en que para la determinación del perjuicio y, en su caso, cálculo de la indemnización es necesario descontar los rendimientos obtenidos durante la vigencia de las subordinadas y la sentencia de apelación no siguió este criterio, procede casar la sentencia y asumir la instancia. Al asumir la instancia, se estima también el recurso de apelación, en el sentido de desestimar la demanda, al no haber quedado acreditada la existencia de perjuicio.
Resumen: Adquisición de deuda subordinada, posterior canje obligatorio y venta. Indemnización: reiteración de jurisprudencia. En el ámbito contractual, si una misma relación obligacional genera al mismo tiempo un daño -en el caso, por incumplimiento de la otra parte- pero también una ventaja -la percepción de unos rendimientos económicos-, deben compensarse uno y otra, a fin de que el contratante cumplidor no quede en una situación patrimonial más ventajosa con el incumplimiento que con el cumplimiento de la relación obligatoria. Ahora bien, para que se produzca la aminoración solamente han de ser evaluables, a efectos de rebajar el montante indemnizatorio, aquellas ventajas que el deudor haya obtenido precisamente mediante el hecho generador de la responsabilidad o en relación causal adecuada con éste. También en el presente caso podemos concluir que, como la obligación de indemnizar los daños y perjuicios causados "resarce económicamente el menoscabo patrimonial producido al perjudicado, se concreta en la pérdida de la inversión, pero compensada con la ganancia obtenida, que tuvo la misma causa negocial. En la medida en que para la determinación del perjuicio y, en su caso, cálculo de la indemnización es necesario descontar los rendimientos obtenidos durante la vigencia de las obligaciones subordinadas y la sentencia de apelación no siguió este criterio, procede casar la sentencia y asumir la instancia.
Resumen: Adquisición de participaciones preferentes, posterior canje y venta. Indemnización: en la liquidación de los daños indemnizables debe computarse, junto a los daños sufridos, la eventual obtención de ventajas por el acreedor. Reiteración de doctrina jurisprudencial. Como la obligación de indemnizar los daños y perjuicios causados resarce económicamente el menoscabo patrimonial producido al perjudicado, se concreta en la pérdida de la inversión, pero compensada con la ganancia obtenida, que tuvo la misma causa negocial. En la medida en que para la determinación del perjuicio y, en su caso, cálculo de la indemnización es necesario descontar los rendimientos obtenidos durante la vigencia de las participaciones y de las subordinadas y la sentencia de apelación no siguió este criterio, procede casar la sentencia y asumir la instancia. Se desestiman los recursos de apelación y se confirma la sentencia de primera instancia, en cuanto que condenó a indemnizar la diferencia entre la cantidad reclamada y los rendimientos obtenidos durante la vigencia de las participaciones preferentes y las obligaciones subordinadas.
Resumen: Responsabilidad de los administradores de una sociedad promotora inmobiliaria por las obligaciones sociales al no haber promovido la disolución de la sociedad. El crédito reclamado por el actor tiene su origen en el cumplimiento defectuoso del contrato de permuta que ligaba al demandante con la sociedad, por la existencia de vicios y defectos en la construcción de los inmuebles entregados, después de ser construidos a cambio del solar que se había entregado. En el caso, la deuda social es una obligación de reparar vicios y defectos de la construcción, advertidos al tiempo de hacerse entrega de los departamentos. Esta obligación, transformada en la indemnización del coste de esta reparación, no nace ni con la sentencia que los declara ni con el contrato de permuta, del que surgía la obligación de entrega de los departamentos construidos, sino al ser entregados los departamentos y ser advertidos los vicios y defectos. En la medida en que la sentencia recurrida consideró que la obligación nacía con el contrato de permuta, contradice la interpretación de la sala, y se concluye que procede presumir que la obligación social fue posterior a la causa de disolución, por lo que los administradores deben responder solidariamente del pago de esa deuda social. Recurso extraordinario por infracción procesal: no corresponde a su ámbito la impugnación de las las valoraciones jurídicas extraídas de los hechos considerados probados.