Resumen: Obligaciones subordinadas. Alcance de la indemnización por el perjuicio sufrido. La obligación de indemnizar los daños y perjuicios resarce económicamente el menoscabo patrimonial producido al perjudicado y se concreta en la pérdida de la inversión, pero compensada con la ganancia obtenida, que tuvo la misma causa negocial. Para este cálculo, a la suma inicialmente invertida hay que descontar el importe rescatado tras la intervención del FROB y los rendimientos generados a favor de los clientes durante la vigencia de las subordinadas. En el ámbito contractual, si una misma relación obligacional genera al mismo tiempo un daño -en el caso, por incumplimiento de la otra parte- pero también una ventaja -la percepción de unos rendimientos económicos-, deben compensarse uno y otra, a fin de que el contratante cumplidor no quede en una situación patrimonial más ventajosa con el incumplimiento que con el cumplimiento de la relación obligatoria. Ahora bien, para que se produzca la aminoración solamente han de ser evaluables, a efectos de rebajar el montante indemnizatorio, aquellas ventajas que el deudor haya obtenido precisamente mediante el hecho generador de la responsabilidad o en relación causal adecuada con éste. Cuando se incumple una obligación no se trata tanto de que el daño bruto ascienda a una determinada cantidad de la que haya de descontarse la ventaja obtenida por el acreedor para obtener el daño neto, como de que no hay más daño que el efectivamente ocasionado.
Resumen: Demanda en reclamación de daños y perjuicios por incumplimiento de las obligaciones legales de asesoramiento e información en la comercialización de subordinadas y preferentes. La sentencia de primera instancia estimó íntegramente la demanda y la Audiencia la confirmó. En lo que interesa al recurso, las sentencias de primera y segunda instancia entendieron que procedía la restitución de la cantidad invertida, sin descuento de los rendimientos obtenidos por el cliente. Interpuesto recurso de casación por la entidad bancaria, la sala estima el mismo en el sentido de considerar que en toda relación obligacional se generan un daño y una ventaja, han de compensarse unos con otros a fin de que el contratante cumplidor no quede en una situación más ventajosa con el incumplimiento que con el cumplimiento; por ello, del montante indemnizatorio han de descontarse los rendimientos del producto financiero obtenidos por el cliente. La estimación de la casación comporta la asunción de la instancia y, en consecuencia, la estimación parcial de la demanda.
Resumen: Adquisición de obligaciones subordinadas, canje obligatorio por acciones y posterior venta. Demanda en reclamación de los daños y perjuicios causados por el incumplimiento del banco de sus obligaciones. Se identificaba el perjuicio con la pérdida de la inversión realizada. En ambas instancias se estimó la demanda en su integridad, rechazándose la procedencia de que pudiera tenerse en cuenta los rendimientos obtenidos por los clientes de las obligaciones de deuda subordinada para apreciar y, en su caso, calcular la indemnización de daños y perjuicios. Se estima el recurso de casación del banco conforme a la doctrina reiterada que declara que como la obligación de indemnizar los daños y perjuicios causados "resarce económicamente el menoscabo patrimonial producido al perjudicado, (...) se concreta en la pérdida de la inversión, pero compensada con la ganancia obtenida, que tuvo la misma causa negocial". Asumiendo la instancia se desestima la demanda, al no haber quedado acreditada la existencia de perjuicio dado que la suma de los rendimientos obtenidos y del capital rescatado es superior al importe de la inversión realizada para la adquisición de deuda subordinada.
Resumen: Acción directa contra la aseguradora de un servicio público de salud, precedida de expediente administrativo por responsabilidad patrimonial. La resolución dictada en dicho expediente estimó parcialmente la reclamación de los perjudicados y alcanzó firmeza (aunque los perjudicados la recurrieron en reposición, luego desistieron y el desistimiento fue aceptado por la Administración). Esta resolución vincula a la jurisdicción civil porque la aseguradora no puede quedar obligada más allá de la obligación del asegurado y porque la jurisdicción contenciosa es la única competente para condenar a la Administración, mientras que la jurisdicción civil sólo conoce de su responsabilidad y consecuencias a efectos prejudiciales. Sería contrario a la legalidad que se utilizase la acción directa para impugnar el acto administrativo, que se había consentido, a los solos efectos indemnizatorios. Al fijar el día inicial del interés de demora en la fecha de la resolución administrativa, la sentencia recurrida tiene en cuenta la singularidad del supuesto (el previo expediente administrativo seguido solo contra la Administración), que impone que el ordenado asegurador no pudiese satisfacer la indemnización por el siniestro sin conocer si la Administración reclamada lo admitía y la indemnización procedente. Se valora, además, que existe un cambio sustancial en los conceptos a valorar entre lo decidido por la resolución administrativa y lo reclamado en la demanda civil. Se desestiman los recursos.
Resumen: Responsabilidad de los administradores, desestimada en apelación. Desestimación del recurso por infracción procesal de la parte demandante por errores en su planteamiento (sobre todo, falta de claridad y precisión). Acción individual de responsabilidad de administrador: no puede identificarse la actuación antijurídica de la sociedad que no abona sus deudas y cuyos acreedores se ven impedidos para cobrarlas porque la sociedad deudora es insolvente, con la infracción por su administrador de la ley o los estatutos, o de los deberes inherentes a su cargo porque de ser así se convertiría en una responsabiidad objetiva y se produciría una confusión entre la actuación en el tráfico jurídico de la sociedad y la actuación de su administrador. Para que pueda prosperar la acción individual es necesario identificar una conducta propia del administrador, distinta de no haber pagado el crédito, que pueda calificarse de ilícito orgánico y a la cual pueda atribuirse la causa de no haber sido satisfecho el crédito. Solo desde esta perspectiva la jurisprudencia ha admitido el impago de un crédito como daño o perjuicio susceptible de ser indemnizado por una acción individual. Cuando un cierre de hecho de una sociedad viene seguido de una declaración de concurso de acreedores de la sociedad, aunque sea dos años después, esa relación de causalidad se difumina tanto que dificulta su apreciación.
Resumen: Doctrina jurisprudencial sobre la inaplicación del factor de corrección a la indemnización por perjuicio estético: los factores de corrección únicamente están previstos para las indemnizaciones por muerte, lesiones permanentes o incapacidad temporal, siendo así que la regla novena del sistema para la valoración de daños establece que la ponderación de la incidencia que el perjuicio estético tenga sobre las actividades del lesionado (profesionales y extraprofesionales) se valorará a través del factor de corrección de la incapacidad permanente, en caso de que resulte para la realización de dichas actividades; la edad y el sexo de la persona lesionada no influyen en la calificación del perjuicio estético (regla octava), y los conceptos que generan factores de corrección propios de la incapacidad permanente hay que vincularlos a esta situación y no al perjuicio estético, que sólo indirectamente determinará su aplicación cuando comporte incapacidad. Estimación parcial del recurso: no cabía aplicar factor de corrección sobre la indemnización por el perjuicio estético, pues la corrección que se entendiera procedente debió tenerse en cuenta para fijar la indemnización para la incapacidad permanente, minusvalía que en este caso existió; reducción de la indemnización concedida por la sentencia recurrida (por haber aplicado indebidamente el factor de corrección) en un 50% de la suma que correspondería reducir, ya que la indemnización se limitó al 50% por existir concurrencia de culpas.
Resumen: Reclamación del asegurado contra la aseguradora y contra la entidad prestamista designada como primera beneficiaria pidiendo el cumplimiento del contrato de seguro suscrito en su día (de vida con cobertura de invalidez, vinculado a un préstamo hipotecario), que se encontraba en vigor al producirse el siniestro, consistente en la declaración de incapacidad permanente absoluta del asegurado. La demanda fue desestimada en ambas instancias, en cuanto al banco prestamista beneficiario por falta de legitimación pasiva y en cuanto a la aseguradora por infracción del deber de declaración del riesgo por parte del asegurado. Recurre en casación y en extraordinario por infracción procesal el demandante y la sala rechaza ambos recursos. Respecto del recurso extraordinario, la sala aprecia que concurre causa de inadmisión, que se convierte en causa de desestimación, por cuanto se pretende una nueva valoración de la prueba en su conjunto, y se intenta hacer valer unos medios probatorios sobre otros. En cuanto al recurso de casación, el mismo también resulta inadmitido pues la apreciación de la Audiencia resulta acorde con la jurisprudencia, toda vez que el demandante, al contestar al cuestionario, ocultó datos sobre su salud, por él conocidos, cuya influencia en la valoración del riesgo razonablemente podía conocer y que estaban directamente relacionados con la enfermedad que determinó su incapacidad (en concreto, su alcoholismo).
Resumen: Recurso por infracción procesal: la sentencia cumple los requisitos de forma y contenido y el deber de motivación (que no se haya apreciado una secuela descrita en un informe pericial no es un defecto de motivación); planteamiento de cuestiones relativas a la valoración de la prueba; doctrina jurisprudencial sobre el error en la valoración de la prueba con relevancia constitucional (error fáctico material o de hecho y patente o manifiesto); ámbito del recurso. La declaración de incapacidad permanente absoluta proclamada por la jurisdicción social no es de obligada vinculación en el juicio civil. Carácter limitativo de la cláusulas en la que se fijan porcentajes indemnizatorios en función, no del grado de invalidez, sino por la concreta lesión orgánica que da lugar a la misma (la restricción de la suma con la que indemnizar los supuestos de invalidez permanente distinguiendo o excluyendo distintos supuestos según la gravedad de las lesiones sufridas implica una limitación de los derechos del asegurado si en las condiciones particulares se estableció una suma única por invalidez permanente total). Seguro colectivo. Diferencia con los seguros individuales. Peculiaridades derivadas de esta diferencia respecto a las exigencias formales de las cláusulas limitativas y al cumplimiento por la aseguradora del deber de transparencia contractual, en especial sobre las cláusulas limitativas de los derechos del asegurado. Causa justificada de exoneración de intereses (proceso penal).
Resumen: La sala estima un recurso de casación frente a una sentencia que acogió una acción principal de resolución de los contratos de adquisición de deuda subordinada y preferentes, por incumplimiento del deber de información precontractual. La sala reitera su doctrina. El incumplimiento de las obligaciones de información podría dar lugar, en su caso, a la anulabilidad del contrato por error en el consentimiento, o a una acción de indemnización por incumplimiento contractual, para solicitar la indemnización de los daños provocados al cliente por la contratación del producto a consecuencia de un incorrecto asesoramiento, pero lo que no procede es una acción de resolución del contrato, ex art. 1124 CC, dado que el incumplimiento resolutorio debe venir referido a la ejecución del contrato, mientras que el defecto de asesoramiento habría afectado a la prestación del consentimiento. Asunción de la instancia y estimación de la acción subsidiaria de indemnización del daño por el negligente cumplimiento por la entidad de sus obligaciones contractuales de diligencia, lealtad e información, ya que no consta que ofreciera información suficiente sobre los productos adquiridos, que entrañaban un elevado riesgo, ni que advirtiera de la verdadera naturaleza del producto y de sus riesgos. Determinación del daño por la diferencia entre lo invertido y lo recuperado tras el canje, más los rendimientos obtenidos a determinar en ejecución de sentencia por su falta de concreción en el procedimiento.
Resumen: Aportación de documentos pendiente el recurso de casación: documentos admisibles (sentencia de calificación concursal y decreto que declara su firmeza). No puede identificarse la actuación antijurídica de la sociedad que no abona sus deudas y cuyos acreedores no cobran porque es insolvente, con la infracción por su administrador de la ley o los estatutos, o de los deberes inherentes a su cargo, sino que es necesario identificar un comportamiento propio del administrador, distinto del mero acto de no pagar el crédito, que constituya un ilícito orgánico al que imputar la causación directa del perjuicio sufrido por el tercero, que es la falta de cobro de un crédito. En el caso: se imputa al administrador una actuación dolosa o negligente que ha propiciado la generación del crédito después impagado (la incorrecta formulación de las cuentas anuales de tres ejercicios, al mantener en el activo créditos importantes sin haber realizado las dotaciones o provisiones por deterioro); para la calificación de este hecho como irregularidades contables que impiden conocer la situación patrimonial de la sociedad es relevante lo declarado en la sentencia de calificación del concurso de la sociedad, en la que esa misma conducta, no se consideró, al analizar lo realmente ocurrido, que fuera irregularidad contable relevante a efectos de un concurso culpable. Inexistencia del ilícito orgánico (no consta que existieran créditos que por su antigüedad o por su deterioro fuera necesario provisionar).