Resumen: Póliza de negociación de efectos mercantiles suscrita por una sociedad, y fiadores solidarios sus administradores sociales y sus cónyuges. Demanda pidiendo la nulidad por abusiva de la cláusula de afianzamiento. En primera instancia se desestimó la demanda al no poder arrogarse la condición y protección de consumidores, y la AP confirmó el fallo al considerar que dos de ellos habían intervenido como administradores y los otros eran sus cónyuges, por lo que conocían su actividad. Condición legal de consumidor: vinculación funcional. Según la jurisprudencia, cuando el fiador es administrador o tiene una participación significativa, no es consumidor. En este caso dos eran administradores y socios al 50% de la sociedad acreditada. En cuanto a los cónyuges, en separación de bienes conforme a la legislación catalana, al solaparse esa normativa con la estatal mercantil, esta prevalece por razón de la competencia exclusiva del estado sin perjuicio de la supletoriedad de las normas catalanas, que implica que los bienes en común lo son en comunidad tipo romana, por lo que, para vincularlos a resultas del comercio, es necesario el consentimiento de ambos cónyuges, que en este caso no se ha probado, lo que supone que a los cónyuges si se les deba considerar consumidores. No obstante, carencia de efecto útil del recurso al descartarse el carácter abusivo del negocio, pronunciamiento que quedó firme.
Resumen: Acción de nulidad de cláusula inserta en préstamo hipotecario (IRPH) por falta de transparencia, se interesa la supresión de la cláusula y la condena a devolver las cantidades cobradas en exceso por ella. En ambas instancias se desestimó la nulidad, lo que se confirma en casación. Examen de los pronunciamientos previos sobre el índice IRPH en la jurisprudencia de la Sala Primera y del TJUE. Según el TS, es una condición general de la contratación si no se ha negociado individualmente, cuya validez depende de que sea transparente, pero los tribunales civiles no pueden controlar el procedimiento bancario-administrativo que configura ese índice. El control de transparencia exige publicación en BOE de los elementos principales de cálculo del IRPH, y cumplimiento por la entidad de crédito de la obligación de informar sobre la evolución previa del IRPH en los dos años anteriores. Pero que la cláusula no sea transparente no quiere decir que siempre y automáticamente sea abusiva. Los controles de transparencia y abusividad son diferentes y el primero es presupuesto o antecedente del segundo. La declaración de falta de transparencia sería condición necesaria, pero no suficiente, para la apreciación de la abusividad pues no siempre supone que las condiciones generales sean desequilibradas. Comprobar si el profesional podía estimar razonablemente que, tratando de manera leal y equitativa con el consumidor, éste aceptaría una cláusula de ese tipo en el marco de una negociación.
Resumen: Se desestima el recurso de casación interpuesto contra la sentencia que había reconocido a la copropietaria de las participaciones del derecho a reclamar los dividendos aprobados por la junta, en un caso en el que las participaciones correspondían por terceras partes indivisas a tres personas a raíz de la donación de los socios originarios. La condición de socios de los copropietarios en régimen de proindiviso (comunidad romana) de las participaciones sociales no corresponde a la comunidad, sino a quienes la integran. Ni la indivisibilidad de las participaciones ni la exigencia legal de la designación de un representante de sus copropietarios se oponen a ello. No estamos ante un ente dotado de personalidad jurídica, plena o limitada, ni ante un patrimonio autónomo con titular transitoriamente indeterminado, como en la herencia yacente. Se trata de una comunidad proindiviso o romana esencialmente distinta de la comunidad hereditaria (comunidad germánica), lo que justifica un tratamiento diferente. La distinción entre el derecho abstracto a participar en las ganancias sociales y el derecho concreto al pago de los dividendos explica que, aprobado por la junta el cobro del dividendo, se emancipa de la relación jurídico-societaria en cuyo seno ha nacido, y se integra como derecho de crédito independiente en el patrimonio del socio, por lo que cuando lo reclama, no actúa en puridad como tal socio, sino como un tercero que reclama su derecho de crédito frente a la sociedad.
Resumen: Indemnización de daños y perjuicios por la comercialización de un swap. Incumplimiento de los deberes de información al cliente minorista. En los productos financieros complejos sujetos a la normativa MiFID, el incumplimiento de las obligaciones de información por parte de la entidad financiera podría dar lugar a la anulabilidad del contrato por error vicio en el consentimiento, o a una acción de indemnización por incumplimiento contractual, para solicitar la indemnización de los daños provocados al cliente por la contratación del producto a consecuencia de un incorrecto asesoramiento; pero no puede dar lugar a la resolución del contrato por incumplimiento dado que el incumplimiento, por su propia naturaleza, debe venir referido a la ejecución del contrato, mientras que el defecto de asesoramiento habría afectado a la prestación del consentimiento. Para el ejercicio de la acción de daños y perjuicios no es óbice que la relación jurídica estuviera consumada, puesto que lo relevante es que no estuviera prescrita. Y tratándose de una acción personal, el plazo de prescripción es el del art. 1964, que no había transcurrido cuando se interpuso la demanda. Deber de información. En las actuaciones no consta que la entidad demandada ofreciera información suficiente al inversor sobre el producto contratado ni que le advirtiera de la verdadera naturaleza del producto y sus riesgos. El interés legal se devengará desde la interpelación demanda, no desde la fecha del contrato.
Resumen: Demanda de nulidad de la adquisición de las acciones por error en el consentimiento, con la consiguiente restitución de las prestaciones, alternativamente, la resolución del contrato, también con restitución de las prestaciones y, subsidiariamente, la indemnización de daños y perjuicios por la responsabilidad por la inexactitud del folleto. En primera instancia se estimó la pretensión principal. Recurrida en apelación la sentencia de primera instancia por la entidad demandada, la Audiencia Provincial estimó el recurso y desestimó la demanda. En lo que ahora importa, consideró caducada la acción de anulabilidad, al fijar el dies a quo para el inicio del cómputo del plazo de caducidad el día en que se reformularon las cuentas de Bankia y se suspendió su cotización en Bolsa. Igualmente, consideró prescrita la acción indemnizatoria, al tomar como día inicial del plazo legal de tres años, la misma fecha. Recurrida en casación se combate la apreciación de caducidad al entender que el día inicial del cómputo debe ser cuando se notificó a los clientes individualmente el canje de acciones, perdiendo estas casi todo su valor, que fue cuando los accionistas se percataron de la situación real de la entidad. La sala desestima el recurso destacando el hecho de que la compra de acciones no se realizó en un mercado secundario oficial, sino en el marco de una oferta pública de suscripción de una entidad que salía a bolsa. Cita las SSTS 23/2016 de 3 de febrero y 382/2019 de 2 de julio.
Resumen: Demanda en reclamación de daños y perjuicios por incumplimiento de las obligaciones legales de asesoramiento e información en la comercialización de subordinadas . La sentencia de primera instancia estimó la demanda y la audiencia la confirmó; en lo que afecta al recurso de casación, la audiencia desatiende la objeción formulada por el banco apelante de que se descontaran los rendimientos obtenidos durante la vigencia de los productos financieros y confirma la condena a indemnizar en las sumas contenidas en el fallo de la sentencia de primera instancia. Interpuesto recurso de casación por la entidad bancaria, la sala estima el mismo en el sentido de considerar que en toda relación obligacional se generan un daño -por el incumplimiento de la otra parte- y una ventaja -la percepción de unos rendimientos económicos-, han de compensarse unos con otros a fin de que el contratante cumplidor no quede en una situación más ventajosa con el incumplimiento que con el cumplimiento; por ello, del montante indemnizatorio han de descontarse los rendimientos del producto financiero obtenidos por el cliente. La estimación de la casación comporta la estimación parcial de la apelación en el sentido de estimar en parte la demanda.
Resumen: Se desestima el recurso extraordinario por infracción procesal porque la sentencia recurrida no incurre en incongruencia omisiva ni en error patente en la valoración de la prueba, ni en falta de motivación, que son las infracciones en las que se fundamenta el recurso. Asimismo, se desestima el recurso de casación. La falta de información sobre los riesgos supuso que la demandante contratara un producto del que desconocía que le podía acarrear graves pérdidas económicas, derivadas de las liquidaciones negativas causadas por la bajada continuada de los intereses. Por lo que la relación causal entre la decisión de invertir sin tener la información precisa sobre los riesgos adquiridos y la materialización de tales riesgos en forma de disminuciones patrimoniales por cargos por liquidaciones negativas es directa. La entidad bancaria tampoco ha probado que, pese a no haber ofrecido esa información, el cliente conocía los riesgos del producto. Asimismo, la Sala desestima los motivos del recurso de casación en los que la recurrente cuestiona la interpretación del contrato marco, al considerar conforme a derecho la sentencia recurrida en relación a dicha cuestión (la parte confunde compensación de deudas con imputación de pagos).
Resumen: Demanda en la que se insta la nulidad de un contrato de permuta financiera de tipos de interés por error en el consentimiento. La sentencia de primera instancia declaró la caducidad de la acción de nulidad y desestimó la demanda. La Audiencia confirmó la sentencia de primera instancia, aplicando el criterio de la sentencia de Pleno de la Sala de 12 de enero de 2015, y declaró que desde que se recibieron liquidaciones negativas hasta la interposición de la demanda habían transcurrido más de cuatro años. Recurre en casación la demandante y la Sala estima el recurso. Se aplica la doctrina de la Sala sobre la caducidad de las acciones de nulidad por error en contratos tipo swap, según la cual, no hay consumación del contrato hasta que no se produce el agotamiento o la extinción de la relación contractual, por ser entonces cuando tiene lugar el cumplimiento de las prestaciones por ambas partes y la efectiva producción de las consecuencias económicas del contrato. Aplicada la anterior doctrina al caso de autos, la acción no habría caducado, pues el contrato vencía en abril de 2012 y la demanda se interpuso el 26 de febrero de 2015. La declaración de que la acción no está caducada determina la devolución de las actuaciones a la Audiencia para que se pronuncie sobre el fondo y así preservar el principio de la doble instancia.
Resumen: Swap. Caducidad de la acción. En los contratos de swaps no hay consumación del contrato hasta que no se produce el agotamiento o la extinción de la relación contractual, por ser entonces cuando tiene lugar el cumplimiento de las prestaciones por ambas partes y la efectiva producción de las consecuencias económicas del contrato. De esta doctrina sentada por la sala no resulta que el cómputo del plazo de ejercicio de la acción deba adelantarse a un momento anterior a la consumación del contrato por el hecho de que el cliente que padece el error pueda tener conocimiento del mismo. En el presente caso, el contrato impugnado estuvo vigente hasta el 9 de julio de 2012, por lo que cuando se interpuso la demanda el 3 de octubre de 2014 no había transcurrido el plazo de cuatro años desde la consumación del contrato, por ello el plazo de la acción de anulabilidad no había transcurrido. Asumiendo la instancia resulta probada la ausencia de información precontractual a los contratantes (minoristas) y la inexistencia de test de idoneidad, lo que lleva a entender infringido lo dispuesto en la normativa MIFID.
Resumen: Demanda en la que se solicitaba la nulidad de varios contratos de swap por error en el consentimiento. La sentencia de primera instancia estimó la demanda, pero la audiencia la revocó, al entender que la acción de nulidad había caducado. Recurre en casación la parte demandante y la sala estima el recurso. Declara que, en el presente caso, en los contratos impugnados se fijaba como fecha de vencimiento, en los dos primeros el 21 de febrero de 2018 y en el tercero de 11 de julio de 2013, por lo que cuando se interpuso la demanda el 25 de febrero de 2015 no había transcurrido el plazo de cuatro años desde la consumación del contrato en el tercero de los swaps y aún no habían vencido los dos primeros, por ello el plazo de la acción de anulabilidad no había transcurrido. Por ello, declara la sala que procede casar la sentencia recurrida procediendo la devolución de los autos a la Audiencia Provincial para que se pronuncie, con preferencia, sobre el fondo del litigio (anulabilidad), que ha quedado imprejuzgado, en aras a preservar la necesaria "doble instancia", ya que la sentencia de apelación no se había resuelto sobre cuestiones fácticas y jurídicas de relevante interés, como los conocimientos financieros, la práctica financiera, test de idoneidad, volumen de negocio de la empresa, actividad de importación etc. Se devuelven los autos a la audiencia.
