Resumen: La sala estima un recurso de casación interpuesto frente a una sentencia que rechazó una pretensión de nulidad de un contrato de adquisición de bonos de una empresa, comercializado por Bankpime, al estimar que Caixabank carecía de legitimación pasiva para soportar el ejercicio de la acción, porque no se produjo una fusión por absorción ni una sucesión universal en todos los derechos y obligaciones de Bankpime, sino un mero contrato de compraventa, por el que se adquirió por Caixabank parte del patrimonio, pero no se ha extinguido la entidad Bankpime, que sigue existiendo con el nombre de Instituto de la Pequeña y Mediana Empresa. La sala reitera su jurisprudencia en la materia. El negocio jurídico celebrado por las dos entidades bancarias no tenía por finalidad la cesión de determinados contratos celebrados por Bankpime, sino la transmisión de su negocio bancario (que era la actividad propia de su objeto social) como una unidad económica. En el marco de esa transmisión del negocio bancario como unidad económica, Bankpime se desprendió de los elementos patrimoniales necesarios para el desenvolvimiento del negocio bancario, que transmitió a Caixabank, incluida la cesión de los contratos celebrados con sus clientes, y poco después renunció a la autorización para operar como entidad de crédito. Se casa la sentencia y se devuelven los autos a la Audiencia Provincial para que se pronuncie sobre el fondo del litigio, que ha quedado imprejuzgado.
Resumen: No cabe desistir del recurso de casación después de que ha sido deliberado, votado y fallado, ya que está resuelto aunque todavía no se haya documentado por escrito la sentencia. Desestimación del recurso extraordinario por infracción procesal: se plantea un tema de valoración jurídica -y no probatorio- ajeno a su ámbito. Hipoteca multidivisa: no es un instrumento financiero regulado por la LMV (doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y adaptación a ella de la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo). El deber de información en los servicios de inversión: la normativa no establece en caso de incumplimiento la nulidad del contrato, sino sanciones administrativas. Derecho a una vivienda digna: no puede examinarse al margen de las nomas ordinarias aplicables. Cláusulas abusivas en contratos con consumidores: relevancia de la información precontractual para el control de transparencia en la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Supremo; aplicación en el ámbito de las hipotecas en divisas (especial riesgo de este tipo de préstamo). Plus de información sobre las condiciones generales relativas a elementos esenciales del contrato. En el caso: no hubo la información precontractual necesaria sobre el riesgo principal de este tipo de hipoteca en divisas. Nulidad parcial: la nulidad total supondría un perjuicio añadido al consumidor; sustitución de la cláusula abusiva por un régimen contractual previsto en el contrato.
Resumen: La sala estima un recurso de casación frente a una sentencia que había acogido la acción individual de responsabilidad de un administrador, ejercitada por un acreedor de la sociedad para el cobro de su crédito. La sala reitera su jurisprudencia. Cuando un acreedor ejercita una acción individual de responsabilidad frente al administrador en la que el daño cuya indemnización se pretende es el impago de un crédito, es fácil caer en el riesgo de identificar la actuación antijurídica de la sociedad que no abona sus deudas y cuyos acreedores se ven impedidos para cobrarlas por insolvencia, con la infracción por su administrador de la ley o los estatutos, o de los deberes inherentes a su cargo. Esta concepción convertiría la responsabilidad del administrador en objetiva. Por eso, es necesario identificar una conducta propia del administrador, distinta de no haber pagado el crédito, que pueda calificarse de ilícito orgánico y a la cual pueda atribuirse la causa de no haber sido satisfecho el crédito. En el caso, el ilícito orgánico no es tan claro y sobre todo no se acredita la relación de causalidad con el impago del crédito, porque si bien es cierto que la empresa cesó en su actividad sin que se disolviera, también lo es que su no disolución se justifica por estar pendiente una reclamación judicial de un crédito perteneciente a la sociedad y, además, no consta que hubiera más activos aparte del reclamado, que en una disolución hubieran permitido cobrar el crédito del actor.
Resumen: Distinción entre cláusulas de delimitación de cobertura y cláusulas limitativas: las primeras concretan el objeto del contrato y fijan los riesgos que hacen surgir en el asegurado el derecho a la prestación por constituir el objeto del seguro; las segundas restringen, condicionan o modifican el derecho del asegurado a la indemnización o a la prestación garantizada en el contrato, una vez que el riesgo objeto del seguro se ha producido. Doctrina jurisprudencial sobre las cláusulas delimitadoras del riesgo. Requisitos formales exigibles a las cláusulas limitativas de derechos del asegurado: deben destacarse de un modo especial y ser expresamente aceptadas por escrito (formalidades esenciales para comprobar que el asegurado tuvo un exacto conocimiento del riesgo cubierto). Determinación del concepto de cláusula limitativa con referencia al contenido natural del contrato, según el alcance típico o usual que corresponde a su objeto con arreglo a la ley o en la práctica aseguradora. Seguros cumulativos: cláusula que establece la relación entre los seguros a efectos de indemnización; en el seguro de daños, es delimitadora del riesgo; en el seguro de personas, es limitativa de los derechos del asegurado (en estos seguros no opera el principio de indemnización efectiva, propio de los seguros de daños, y las prestaciones aseguradas podrían ser acumulables entre ellas sin distribución proporcional). En el caso, cláusula limitativa que no reúne los requisitos formales exigibles.
Resumen: La Sala estima el recurso de casación. Aplica su reiterada doctrina relativa al plazo de ejercicio de la acción, que establece que, a efectos del ejercicio de la acción de nulidad por error, la consumación de los contratos de swaps debe entenderse producida en el momento del agotamiento, de la extinción del contrato. La aplicación de dicha doctrina lleva a la estimación del recurso de casación, pues la demanda se presentó antes de que transcurriera el plazo de cuatro años previsto en el art. 1301 CC. La consecuencia de la estimación del recurso de casación es la revocación de la sentencia de la Audiencia Provincial. Y al apreciar la sentencia recurrida la caducidad de la acción, no se ha pronunciado ni sobre el recurso de apelación de las demandantes ni sobre los demás motivos del recurso de apelación de la demandada. Falta, por tanto, y de un modo absoluto, el juicio de hecho y de derecho sobre la materia objeto del proceso. No siendo en absoluto la casación un nuevo juicio que, como la apelación, permita una cognición plena sobre todas las cuestiones de hecho y de derecho sometidas a debate, y no habiendo sido estas enjuiciadas, en puridad, por ninguna instancia, el pronunciamiento de esta Sala deba limitarse a casar la sentencia recurrida y devolver las actuaciones para que el tribunal de apelación, como órgano de instancia plenamente facultado para conocer de todas las cuestiones objeto del proceso, las resuelva en sentencia, que no podrá apreciar ya la caducidad.
Resumen: Caducidad parcial de la marca por el uso real y efectivo solo de alguno de los productos para los que ha sido registrada: normativa aplicable (Ley 17/2001, de Marcas en la redacción anterior a la reforma operada por el RDL 23/2018, de 21 de diciembre; no ha pasado a la vigente ley de marcas la regulación de la ley precedente sobre el efecto expansivo del uso de la marca); doctrina jurisprudencial del Tribunal General de Justicia de la Unión Europea sobre la eficacia legitimadora del uso de la marca (de una parte, el uso efectivo de la marca para alguno de los productos para los que ha sido registrada implica la protección solo de la subcategoría a la que pertenece el producto; de otra parte, no debe privarse al titular de la marca de toda protección para productos que, sin ser rigurosamente idénticos a aquellos que tenían un uso efectivo, no son sustancialmente distintos de ellos y pertenecen a un mismo grupo). En el caso: "leche y productos lácteos" son dos productos con sustantividad y diferenciación suficiente como para que el uso real y efectivo de la marca para un producto lácteo como es el queso no pueda considerarse un uso de la marca respecto del producto "leche"; nulidad parcial (no hay incongruencia si se pidió la de todos los productos). Caducidad de la marca: inexistencia. Protección de los términos genéricos incluidos en una Denominación de Origen Protegida: normativa comunitaria aplicable; doctrina del Tribunal General de la Unión Europea.
Resumen: Recurso por infracción procesal. Competencia objetiva: corresponde al Juzgado de 1ª Instancia porque, aunque la demanda sea anterior a la reforma de la LO 7/2015, la acción ejercitada no se basaba en la Ley de Condiciones Cenerales de la Contratación, sino que pretendía la nulidad del contrato marco de operaciones financieras y sus confirmaciones (swaps), con fundamento en disposiciones generales del derecho común. Doctrina general sobre del deber de congruencia, que no ha resultado infringido. Excepcionalidad del control de la valoración de la prueba en el recurso extraordinario por infracción procesal. Recurso de casación: la fundamentación del recurso, según la cual el día inicial del cómputo del plazo de caducidad debe fijarse en el momento en que el cliente tuvo constancia de la primera liquidación negativa, no encuentra apoyo en la doctrina de la sala, que ha establecido ese día inicial en el del agotamiento del swap (el cómputo del plazo de ejercicio de la acción no puede adelantarse a un momento anterior a la consumación por el hecho de que el cliente que padece el error pueda tener conocimiento del mismo, porque ello iría contra el tenor literal del art. 1301). El recurso de casación solo puede dirigirse contra la razón decisoria de la sentencia, que en este caso es la prestación de un consentimiento viciado, por lo que la casación no puede basarse en la infracción de normas de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación. Se desestiman los dos recursos.
Resumen: Antes de la incorporación al Derecho interno de la normativa MiFID la legislación ya imponía a las entidades financieras la obligación de informar a los clientes del riesgo asociado a la contratación de productos financieros complejos; esta normativa, para la armonización del marco jurídico único en la Unión Europea de los mercados financieros, acentuó esa obligación pero no supuso una regulación realmente novedosa; normativa pre-MiFID sobre actuación y normas de conducta de las empresas del mercado de valores (imparcialidad, buena fe, diligencia). Doctrina jurisprudencial sobre el incumplimiento de las obligaciones de información y su incidencia en el error vicio: el incumplimiento del deber de informar al cliente sobre el riesgo (posibilidad de elevadas liquidaciones negativas y de un elevado coste de cancelación) permite presumir el error. Alcance del deber de informar al cliente no experto: no basta la mera ilustración sobre lo obvio (posibilidad de resultados positivos y negativos ligada a un contrato de tipo aleatorio); obligación activa y no de mera disponibilidad (no corresponde al cliente -que no es profesional del mercado financiero- averiguar las cuestiones relevantes ni buscar asesoramiento experto). Lo determinante no es tanto que aparezca formalmente cumplido el trámite de la información, sino las condiciones en que materialmente se cumple el mismo. Excusabilidad del error: si el cliente estaba necesitado de la información y no la recibió el error es excusable.
Resumen: La sala desestima un recurso de casación interpuesto frente a una sentencia que no había acogido una pretensión de nulidad de cláusula suelo inserta en un préstamo hipotecario. La sentencia recurrida valora la circunstancia excepcional de la intervención del padre, fiador de la operación, en el proceso de contratación, tanto para la concesión del préstamo, pues el prestatario en el momento de la contratación carecía de ingresos regulares, como por el hecho de haber ocupado el cargo de subdirector de la oficina, que era el encargado de informar sobre las características del producto. La sala confirma la sentencia recurrida ya que no se opone a la jurisprudencia de la sala en la materia. El control de transparencia pretende que el prestatario tenga un conocimiento cabal y completo del precio y las condiciones esenciales del contrato, de forma que disponga de plena capacidad de elección entre las diferentes ofertas existentes en el mercado. En el caso, la intervención del padre fue decisiva, no solo por su condición de fiador sino porque el deudor carecía de nómina en el momento de la firma y, también, por el hecho de haber ocupado, no cualquier trabajo en el banco, sino el puesto de subdirector, que era el encargado de explicar las características del contrato incluida la cláusula suelo, que el banco llevaba años utilizando. Además, en la publicidad de la modalidad de hipoteca comercializada (hipoteca net) se detallaba en negrita los límites de variación mínimo y máximo.
Resumen: Responsabilidad del administrador de una sociedad de capital derivada del incumplimiento del deber de promover la disolución. El reproche jurídico que subyace a la responsabilidad del artículo 367 LSC se funda en el incumplimiento de un deber legal (de promover la disolución de la sociedad o, en su caso, de instar el concurso de acreedores). La Ley en esos casos, estando la sociedad incursa en una de las causas legales de disolución, constituye al administrador en garante solidario de las deudas surgidas a partir de entonces, si incumple el deber legal de disolver dentro del plazo legal. La justificación de esta responsabilidad radica en el riesgo que se ha generado para los acreedores posteriores que han contratado sin gozar de la garantía patrimonial suficiente por parte de la sociedad del cumplimiento de su obligación de pago, o cuando menos en una situación de riesgo. Esta razón permite concluir que en caso de cambio de administrador, desde que asume la administración para él nace un nuevo plazo de dos meses para promover la disolución, cuyo incumplimiento le hará responsable solidario de las deudas sociales posteriores al momento en que asumió la administración de la sociedad. Esto es, su responsabilidad alcanza a todas las deudas sociales surgidas mientras él era administrador y estando la sociedad en causa de disolución, pero no a las anteriores a su nombramiento ni a las posteriores a su cese.