Resumen: Se estima el recurso de casación en aplicación de la doctrina sobre el dies a quo para el cómputo del plazo para el ejercicio de la acción de nulidad por error vicio en los contratos de permuta financiera (swap). En el caso, el contrato impugnado tenía como fecha de vencimiento el 7 de mayo de 2015 y, puesto que la demanda se interpuso el 18 de febrero de 2015, no había transcurrido el plazo de cuatro años desde la consumación del contrato y la acción de impugnación se ejercitó dentro del plazo legalmente previsto. La Sala recuerda, por lo demás, que la acción de nulidad no nace con el agotamiento del contrato y es posible su ejercicio durante la vigencia del mismo: la acción de impugnación puede ejercitarse antes de que tenga lugar el dies a quo del plazo de prescripción y hasta que transcurra el plazo de cuatro años desde su consumación. La estimación del recurso y consiguiente casación de la sentencia impugnada no determina en este caso que la sala resuelva sobre el fondo de la reclamación planteada en la demanda, dado que no se entró a conocer en la instancia sobre la pretensión formulada, por considerar que la misma lo había sido extemporáneamente, por lo que procede devolver los autos al tribunal de apelación para que dicte nueva sentencia, con carácter preferente, en la que parta de que la acción de nulidad por error vicio en el consentimiento se encuentra en plazo para ser ejercitada respecto del contrato suscrito.
Resumen: La sala estima el recurso de casación interpuesto frente a una sentencia que había desestimado una pretensión de nulidad por error en el consentimiento de dos contratos de permuta financiera de intereses, al apreciar la caducidad de la acción. Argumentó que desde que se recibieron las primeras liquidaciones negativas de los contratos hasta que se presentó la demanda habían trascurrido más de cuatro años. La sala aplica su doctrina jurisprudencial en la materia litigiosa. La consumación de los contratos swaps debe entenderse producida en el momento del agotamiento, esto es, de la extinción del contrato. Añade que la acción de nulidad no nace con el agotamiento del contrato y es posible su ejercicio durante la vigencia del mismo. Como no ha trascurrido el plazo de cuatro años desde ese momento hasta la presentación de la demanda, se estima el recurso de casación. Al casar la sentencia se acuerda la devolución de actuaciones a la audiencia para que ejerza su función revisora dados los términos en que la entidad demandada formuló el recurso de apelación. Se aprecia que en el recurso no solo se plantean cuestiones de valoración jurídica sobre las que existe doctrina de la sala, sino también cuestiones relevantes sobre errores en la valoración de la prueba que merecen su revisión por parte del órgano de segunda instancia, por ser una función más propia de la audiencia que de la sala.
Resumen: La sala estima en parte el recurso de casación interpuesto frente a una sentencia que acogió una pretensión indemnizatoria por el incumplimiento de los deberes de información en el asesoramiento con ocasión de un préstamo hipotecario que contenía un derivado implícito para la determinación del interés. La audiencia consideró que este incumplimiento afectaba solo a la condiciones en que se contrataba el derivado implícito y, en concreto, al coste de cancelación pero no a las consecuencias económicas que el derivado tendría en la fijación del interés, y por eso limitó el perjuicio indemnizable al coste de la cancelación anticipada. La sala reitera su doctrina: el marco de la relación de asesoramiento puede surgir una responsabilidad civil ex art. 1101 CC por el incumplimiento de las obligaciones de información que cause un perjuicio al inversor consistente en la pérdida total o parcial de la inversión. Esta doctrina es aplicable no solo cuando el producto adquirido conlleva una inversión sino también cuando se contrata un swap en el que propiamente no hay inversión. Recuerda, también, que debe existir un nexo causal entre el incumplimiento y el perjuicio que se pretende indemnizar. En este caso, el incumplimiento ha incidido no solo en el coste de una eventual cancelación anticipada, sino también en la determinación del interés, y por eso su reparación debe alcanzar a lo que se hubiera cobrado de más si no hubiera habido coste inicial negativo por el derivado.
Resumen: En los contratos de swaps la consumación del contrato tiene lugar con el agotamiento o la extinción de la relación contractual, por ser entonces cuando tiene lugar el cumplimiento de las prestaciones por ambas partes y la efectiva producción de las consecuencias económicas del mismo, ya que en estos contratos no existen prestaciones fijas, sino liquidaciones variables a favor de uno u otro contratante en cada momento en función de la evolución de los tipos de interés. Contratos encadenados: unidad negocial; a efectos del cómputo del plazo de caducidad no cabe reputarlos como contratos distintos, sino como manifestación de una misma unidad contractual. Estimación del recurso de casación: inexistencia de caducidad respecto de algunos de los contratos; devolución de las actuaciones al tribunal de apelación para que en su función propia decida el recurso de apelación, al permanecer la controversia, no solo jurídica sino también fáctica, sobre el error vicio, que fue planteada en el recurso de apelación pero que no examinó la sentencia de segunda instancia puesto que declaró caducada la acción. En el recurso de casación no cabe plantear la falta de pronunciamiento de la sentencia recurrida sobre una pretensión y para denunciar esa incongruencia omisiva en el recurso extraordinario por infracción procesal es exigible que se haya instado el complemento de la sentencia. Resolución del contrato: no puede fundarse en el incumplimiento del deber de información en fase precontractual.
Resumen: Recurso de casación admisible: suficiente identificación del tema jurídico, desarrollo adecuado y justificación del interés casacional por oposición de la sentencia recurrida a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo; interés casacional por existencia de jurisprudencia contradictoria entre audiencias provinciales. Recurso extraordinario por infracción procesal: recurso admisible; planteamiento de cuestiones relativas a la valoración de la prueba (arbitrariedad y error patente); valoración de las pruebas pericial y de documentos privados; ámbito del recurso (excluye la valoración jurídica del cuestionario de salud). Doctrina jurisprudencial sobre el deber de declaración del riesgo: deber de contestación a las preguntas del asegurador; las preguntas ha de permitían al asegurado ser consciente de que, al no mencionar sus patologías, estaba ocultando datos relevantes para la exacta valoración del riesgo y causalmente relacionados con el siniestro. Inexactitud intencionada o debida a una culpa o negligencia de especial intensidad que libera al asegurador. Relevancia de la relación causal entre el dato omitido y el riego cubierto. Criterios para el enjuiciamiento del incumplimiento del deber de declaración del riesgo. En el caso, no cabe apreciar causa justificada para denegar la indemnización, porque la aseguradora debe asumir las consecuencias de no haber formulado las preguntas conducentes a averiguar el riesgo que finalmente tuvo relación causal con el fallecimiento.
Resumen: Demanda frente a entidad bancaria interesando la nulidad del contrato de adquisición de los bonos adquiridos por infracción de normas imperativas e incumplimiento del deber de transparencia o vicios en el consentimiento y, subsidiariamente, de indemnización de daños y perjuicios. El juzgado desestimó la excepción de falta de legitimación pasiva, declaró caducada la acción de nulidad por error vicio y estimó la acción de responsabilidad contractual afirmando que la demandada había sido negligente en el cumplimiento de sus obligaciones de diligencia, lealtad e información con ocasión de la recomendación personalizada a la parte actora de los bonos. Recurrida en apelación, se estimó el recurso y desestimó la demanda. Declaró la falta de legitimación pasiva de la demandada. Interpuesto recurso de casación la Sala lo estima, manteniendo los argumentos expuestos en Sentencia 652/2017 de 29 de noviembre. Se reconoce la legitimación pasiva de la demandada para soportar la acción de nulidad, de resolución contractual o de responsabilidad por incumplimiento contractual, ejercitadas por quienes en su día fueron clientes de Bankpime, en virtud de la transmisión del negocio bancario operado entre Bankpime y Caixabank. Remisión al tribunal de apelación para que conozca de las cuestiones objeto del proceso, una vez apreciada la legitimación pasiva de Caixabank.
Resumen: Demanda de extinción de la fianza prestada en el contrato de préstamo hipotecario y cancelación de los embargos trabados sobre los bienes de los actores como consecuencia del procedimiento de ejecución judicial promovido contra estos por razón de la misma así como indemnización de daños y perjuicios. En primera instancia se estimó parcialmente la demanda y declaró extinguida la fianza al apreciar abuso de derecho en la demandada y una conducta tendente a perjudicar a los actores. En segunda instancia se confirmó la sentencia. Interpuestos recursos extraordinario por infracción procesal y de casación, se desestimó el primero por impugnar como error en la valoración de la prueba una valoración jurídica como es la anormalidad en el ejercicio de un derecho. En el recurso de casación se plantea si existe o no abuso de derecho en la actuación de la entidad recurrente y la procedencia o no de reconocer efecto liberatorio de la fianza a los hechos de esta que impidan la subrogación del fiador en sus derechos, privilegios y garantías. La sala analiza la naturaleza y caracteres de la fianza, su régimen de extinción, la liberación del fiador en caso de imposibilidad de subrogación en los derechos del acreedor y la jurisprudencia dictada al respecto y concluye que el recurso debe desestimarse ya que la conducta del acreedor supuso una infracción de su deber de diligencia en la conservación de la garantía que ha imposibilitado la subrogación del fiador en la hipoteca.
Resumen: Demanda en la que se instaba la nulidad del pacto contenido en un préstamo hipotecario relativo al tipo de interés variable IRPH y del índice de referencia sustitutivo. La demanda se basaba en la nulidad por abusiva del citado pacto, dado que el IRPH fue impuesto a los prestatarios, sin ser objeto de negociación individual, así como por su falta de transparencia. La sentencia de primera instancia desestimó la demanda, pronunciamiento que fue confirmado en apelación. Recurren en casación los demandantes y la sala, reunida en pleno, desestima el recurso. En primer lugar, la sala concluye que nos encontramos ante una condición general de la contratación, lo que, por sí mismo, no permite calificar a la cláusula como abusiva. Respecto de la posible abusividad de la cláusula, la sala concluye que, cuando se concertó el préstamo, el Euribor no estaba incorporado a nuestro ordenamiento como índice oficial de referencia, que en las condiciones del préstamo se especificaba que el interés variable se determinaba con base a un tipo oficial (IRPH Cajas de ahorros), que la evolución posterior del índice no podía conocerse en el momento de la contratación, que el recurrente, lo que plantea en realidad, es una comparación con el Euribor, cuya evolución fue más favorable y, por último, que el contrato litigioso confería al prestatario la facultad de desvincularse del contrato si la revisión del interés variable le resultaba gravosa a sus intereses. La sentencia contiene un voto particular.
Resumen: Para que se entienda que la suscripción de un contrato de préstamo hipotecario con un tipo de interés variable referenciado al índice IRPH supera el control de transparencia debe tenerse en cuenta, de acuerdo con el TJUE, la publicación, a través del BOE, de los elementos principales relativos al cálculo del IRPH y el cumplimiento por la entidad de crédito de la obligación de informar a los consumidores de cual había sido su evolución en los dos años naturales anteriores y del último valor disponible. El primer requisito puede darse por cumplido en todos los supuestos. En todo caso, que la cláusula no sea transparente no implica necesariamente que sea abusiva. Análisis del desequilibrio contrario a la buena fe: diversas Administraciones han considerado que el índice IRPH era el más adecuado para utilizarlo como índice de referencia en el ámbito de la financiación protegida destinada a la adquisición de viviendas de protección oficial, por lo que resulta ilógico considerar como una actuación contraria a la buena fe la incorporación de ese mismo índice a contratos de préstamo hipotecario concertados fuera de ese ámbito. Respecto al "desequilibrio importante" debe ser valorado en el momento de suscripción del contrato, por lo que la evolución futura no puede ser determinante. El TJUE descarta que existiera obligación de ofrecer información comparativa de los distintos índices, sobre la evolución futura o de asesorar sobre el mejor préstamo posible. Voto particular.
Resumen: Póliza de negociación de efectos mercantiles suscrita por una sociedad, y fiadores solidarios sus administradores sociales y sus cónyuges. Demanda pidiendo la nulidad por abusiva de la cláusula de afianzamiento. En primera instancia se desestimó la demanda al no poder arrogarse la condición y protección de consumidores, y la AP confirmó el fallo al considerar que dos de ellos habían intervenido como administradores y los otros eran sus cónyuges, por lo que conocían su actividad. Condición legal de consumidor: vinculación funcional. Según la jurisprudencia, cuando el fiador es administrador o tiene una participación significativa, no es consumidor. En este caso dos eran administradores y socios al 50% de la sociedad acreditada. En cuanto a los cónyuges, en separación de bienes conforme a la legislación catalana, al solaparse esa normativa con la estatal mercantil, esta prevalece por razón de la competencia exclusiva del estado sin perjuicio de la supletoriedad de las normas catalanas, que implica que los bienes en común lo son en comunidad tipo romana, por lo que, para vincularlos a resultas del comercio, es necesario el consentimiento de ambos cónyuges, que en este caso no se ha probado, lo que supone que a los cónyuges si se les deba considerar consumidores. No obstante, carencia de efecto útil del recurso al descartarse el carácter abusivo del negocio, pronunciamiento que quedó firme.
