Resumen: Derecho de reembolso del cooperativista y plazo máximo de abono en una cooperativa integral, de viviendas y sanitaria, sometida a la Ley de Cooperativas de Castilla y León. La diferente función del capital social en las cooperativas (en cuanto responde a la actividad cooperativizada y es variable) afecta al reembolso cooperativo, que da lugar a una liquidación parcial del contrato de sociedad. Para atemperar las posibles consecuencias negativas del carácter abierto de la cooperativa (por ejemplo, la descapitalización o la drástica reducción de su base social), la legislación cooperativa admite cláusulas estatutarias que limiten temporalmente el derecho de reembolso derivado de la baja voluntaria. La norma autonómica aplicable limitaba a cinco años el plazo máximo que los estatutos podían imponer como compromiso de permanencia y, además, permite que en las cooperativas de viviendas, los estatutos condicionen la efectividad del reembolso al ingreso de un nuevo socio. Pero ello no significa que el socio no tenga derecho al reembolso por un tiempo que puede ser indefinido, y menos, que esté sometido a una circunstancia o condición que puede no tener lugar (en este caso, que no haya nadie dispuesto a ingresar en la cooperativa en su sustitución), puesto que tal interpretación conduciría, en tales casos, a la negación del derecho al reembolso. Se estima el recurso contra la sentencia que había desestimado el reembolso por falta de ingreso de un nuevo socio.
Resumen: La Sala estima el recurso de casación en un caso en el que la Audiencia había considerado que la cláusula suelo superaba el control de transparencia porque estaba redactada de manera clara y sencilla y era fácilmente comprensible, el notario advirtió de su existencia y e hizo mención a la existencia de la oferta vinculante, por lo que entiende que la entidad prestamista cumplió con las exigencias de la OM de 5 de mayo de 1994. La Sala no comparte dicha valoración jurídica, pues el mero examen del documento público revela que la cláusula de limitación del tipo de interés no está resaltada en modo alguno, sino que, por el contrario, está incluida como una más entre una serie de estipulaciones relativas a los intereses. Tampoco consta que se hubiera proporcionado a los demandantes, con una antelación suficiente a la firma del contrato, la información relativa a la cláusula suelo, de modo que pudieran conocer su existencia y trascendencia y comparar distintas ofertas. La oferta vinculante que el Notario hizo constar que se le aportaba con firmas de ambas partes no fue entregada con antelación a los prestatarios (el propio director de la sucursal que gestionó el préstamo reconoció en el juicio que la firma que aparecía en el documento no correspondía a los prestatarios). La falta de transparencia de la cláusula suelo provoca un desequilibrio sustancial en perjuicio del consumidor incompatible con la buena fe.
Resumen: Alcance de la protección de una variedad vegetal reconocida por la Oficina europea, frente a un agricultor que plantó plantones de esa variedad (adquiridos de un vivero antes de que la obtención variedad vegetal produjera efectos) y cosechó los frutos. El alcance del ius prohibendi del obtentor y su agotamiento se rigen por la normativa de las variedades vegetales (aquí, por el Reglamento CE 2100/94), y no son de aplicación otras formas de agotamiento, como la prevista en el art. 85 CCom. Pese a ello, el recurso carece de efecto útil porque, aplicando la doctrina del TJUE, no hay infracción de los derechos de la demandante. La actividad de plantar una variedad protegida y cosechar sus frutos, que no son utilizables como material de propagación, no son actos de producción o reproducción objeto de prohibición del art. 13.2 del RCE. Solo exige la autorización del obtentor si se dan los requisitos del art. 13.3 (obtención mediante el empleo no autorizado de componentes de la variedad protegida; y que el titular no hubiera tenido oportunidad razonable de ejercitar sus derechos sobre dichos componentes), que debe interpretarse en el sentido de que los frutos no utilizables como material de propagación no pueden considerarse obtenidos mediante el empleo no autorizado de componentes cuando un vivero haya multiplicado y vendido dichos componentes a un agricultor en el período comprendido entre la publicación de la solicitud de protección comunitaria y la concesión de dicha protección
Resumen: La Sala estima el recurso de casación en un supuesto en el que Audiencia había considerado que la cláusula suelo superaba el control de transparencia porque, en la escritura, el notario había hecho constar que "se han establecido límites a la variación del tipo de interés" y porque se trata de cláusulas cuya comprensión no exige, según la Audiencia, esfuerzo denodado ni desmesurado La Sala no comparte dicha valoración jurídica, pues el examen de la escritura pública revela que la cláusula suelo no está resaltada en modo alguno, sino que, por el contrario, está incluida como una más entre una serie de estipulaciones relativas a los intereses. Además, la sentencia recurrida no ha dado trascendencia al déficit de información precontractual (no se había proporcionado a los demandantes, con una antelación suficiente a la firma del contrato, la información relativa a la cláusula suelo, de modo que pudieran conocer su existencia y trascendencia y comparar distintas ofertas). Por tanto considera que la cláusula suelo no supera el control de transparencia y que esa falta de transparencia provoca un desequilibrio sustancial en perjuicio del consumidor, incompatible con las exigencias de la buena fe, que le impide hacerse una representación fiel del impacto económico que le supondría obtener el préstamo con cláusula suelo en caso de bajada del índice de referencia y le priva el poder comparar con otras ofertas existentes en el mercado.
Resumen: Demanda en la que se pretende la nulidad de contrato financiero de fondos de inversión por error en el consentimiento. La sentencia de primera instancia estimó la demanda pero la audiencia la revocó y desestimó la demanda, al entender que la acción estaba caducada. La parte demandante interpone recurso de casación y extraordinario por infracción procesal que se desestiman. La cuestión que se plantea en el recurso es la fijación del dies a quo para computar el plazo de caducidad que impide ya ejercitar la acción de anulabilidad, que es el de cuatro años; para la recurrente sería la fecha en que la demandada le notificó las pérdidas y fue consciente del riesgo de la inversión, tesis que ha seguido la sentencia de primera instancia; la sentencia recurrida fija el dies a quo en la fecha en la que el cliente pudo tener conocimiento de la existencia del error (información fiscal detallada comunicada al cliente por el banco). El tribunal de casación considera que el razonamiento que efectúa la sentencia recurrida sobre el momento en que se tomó conciencia del error padecido no es arbitrario ni carece de lógica pues, si como afirma la recurrente, tomó conciencia de los riesgos cuando tuvo pérdidas, no resulta convincente que no tomara conciencia de ello en siete años, cuando las informaciones fiscales ya ofrecían el mismo dato de pérdidas. La desestimación de los recursos determina la confirmación de la sentencia recurrida.
Resumen: Nulidad de swap por vicios del consentimiento. En apelación se declaró que la acción estaba caducada, computando el plazo de cuatro años desde la fecha de la primera liquidación negativa por ser cuando el cliente tenía un conocimiento cabal del error. Doctrina jurisprudencial sobre el cómputo del plazo de la acción de anulabilidad en los contratos de swaps: a efectos del ejercicio de la acción de nulidad por error, la consumación de los contratos de swaps debe entenderse producida en el momento del agotamiento, de la extinción del contrato, por ser entonces cuando tiene lugar el cumplimiento de las prestaciones por ambas partes y la efectiva producción de las consecuencias económicas del contrato. Ello en atención a que en estos contratos no existen prestaciones fijas, sino liquidaciones variables a favor de uno u otro contratante en cada momento en función de la evolución de los tipos de interés. No es posible adelantar el computo del plazo de caducidad a un momento anterior a la consumación. En consecuencia, la decisión de fijar el dies a quo en el momento de la primera liquidación negativa es contraria a esta doctrina. Se casa la sentencia recurrida, sin que con ello se atente contra los principios de legalidad y seguridad jurídica. No se vulnera la ley, sino que se interpreta y aplica la norma en relación con un concreto producto financiero complejo y de riesgo como el swap y se potencia la seguridad jurídica con la aplicación de una jurisprudencia uniforme.
Resumen: Acción de nulidad de compraventa de acciones (negocio simulado) por causa falsa (inexistencia de precio y de voluntad de transmitir la propiedad de las acciones), y declarativa de la realidad del negocio disimulado (transmisión de las acciones en garantía) así como de restitución de las acciones a sus titulares originarios. La sentencia de primera instancia calificó el negocio como fiduciario y no absolutamente simulado, y por tanto, estimó la excepción de caducidad de cuatro años, lo que se confirmó en segunda instancia. En casación se sostiene que la acción para solicitar la nulidad de un negocio simulado no está sujeta a plazo. El recurso se estima. Existencia de un contrato de venta en garantía o fiducia cum creditore, en cuya virtud el demandante concedió un préstamo a los vendedores y éstos, en garantía de tal obligación, le transmitían formalmente la totalidad de las acciones de la precitada entidad. La jurisprudencia da al negocio fiduciario cuando se oculta bajo la forma de una compraventa el tratamiento jurídico de la simulación para descubrir su verdadera naturaleza jurídica y restablecer el orden jurídico conculcado. La simulación contractual da lugar a la nulidad absoluta del contrato simulado pues falta en el mismo la causa como elemento fundamental y no está sujeta a plazo de prescripción ni de caducidad, pues el de caducidad de cuatro años solo rige para la anulabilidad. Reposición de actuaciones para que la Audiencia Provincial se pronuncie sobre el fondo.
Resumen: La sala estima el recurso de casación interpuesto frente a una sentencia que estimó la demanda dirigida contra la aseguradora del Servicio Mardrileño de Salud y apreció una deficiente asistencia médica por demora en la intervención quirúrgica urgente que precisaba el perjudicado. Dicha resolución consideró que, hasta la fecha de la sentencia, la aseguradora estaba amparada por una causa justificada que no le era imputable, al ser discutible razonablemente la aplicabilidad de la cobertura al caso concreto, siendo necesario el proceso para determinarla. No obstante, la causa justificada dejó de existir a partir de la fecha de la sentencia en la que se excluye la duda de la responsabilidad, aunque el perjuicio no quedara cuantificado (en la demanda no se postuló una indemnización concreta, sino que su cuantificación se reservó para un proceso posterior), toda vez que la mera iliquidez no es por sí misma excusa razonable para que el asegurador pueda demorar el pago. Al haber transcurrido en ese momento ya dos años desde el siniestro, concluye que los intereses son de un 20% como mínimo. La sala corrige esta última interpretación y aplica la jurisprudencia sobre el devengo de los intereses del art. 20 LCS. Si la mora nace a partir de la sentencia de la Audiencia, la forma de devengo del interés nacerá también desde esa fecha y no desde el siniestro. Durante los dos primeros años de mora se aplica el tipo legal más un 50% y a partir de ese momento se aplicará al tipo del 20%.
Resumen: Demanda en la que se insta la nulidad de cláusulas sobre límite en la variación del tipo de interés y de interés de demora insertas en un préstamo hipotecario. La sentencia de primera instancia estimó la demanda, pero la audiencia la revocó y desestimó la demanda; la audiencia basa su razonamiento en que el notario interviniente advirtió a los demandantes de la existencia de límites a la baja del tipo de interés. Recurren en casación los demandantes y la sala estima el recurso. Tras descartar los óbices de admisibilidad planteados por la parte recurrida, la sala aplica su doctrina, en consonancia con la emanada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sobre el control de transparencia y concluye que en este caso nada se dice sobre la información precontractual, que no consta facilitada por la demandada, siendo la misma necesaria para adquirir el conocimiento preciso sobre la forma de operatividad de la cláusula suelo y su concreto juego contractual en los escenarios posibles, así como la imposibilidad de beneficiarse de las bajadas de tipos de interés. Del mismo modo, declara, también según doctrina reiterada, que la intervención notarial no dispensa del deber precontractual de información al que viene obligada la entidad prestamista. La estimación de la casación comporta la confirmación de la sentencia de primera instancia.
Resumen: La Sala desestima el recurso de casación. La entidad bancaria recurrente entiende que el día inicial para el ejercicio de la acción es la de la fecha de cancelación del swap. La Sala considera que se ha acreditado que, para hacer frente económicamente a la cancelación del swap, fue necesario concertar un préstamo hipotecario en 2009, que fue novado en 2011, y que estamos ante un único negocio jurídico. Tanto el swap, como el préstamo hipotecario y su novación obedecen a una misma causa, encontrándose vinculados entre sí. Por ello, confirma que el cómputo de la acción se inicia desde la novación de la segunda hipoteca. El banco recurrente alega la improcedencia de una de las partidas objeto de restitución, pero esta cuestión ya fue considerada como nueva y extemporánea en la sentencia de apelación, al no haberse planteado en la instancia, por lo que su impugnación no cabe en el recurso de casación, ya que debería haberse interpuesto recurso extraordinario por infracción procesal por incongruencia omisiva, y no se ha hecho.