• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: RAFAEL SARAZA JIMENA
  • Nº Recurso: 4552/2017
  • Fecha: 24/11/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Demanda en la que un familiar de personas fallecidas en el accidente de Spanair, sucedido en Barajas en el año 2008, se dirige contra la compañía aseguradora en reclamación de varias cantidades y sus correspondientes intereses de demora. El juzgado de lo mercantil estimó en parte la demanda y la Audiencia confirmó la sentencia en apelación. Recurre en casación la aseguradora y la sala desestima el recurso. Considera que no resultan de aplicación el Reglamento comunitario 2027/97 ni el Convenio de Montreal, pues su régimen normativo se aplica a las acciones ejercitadas por el pasajero frente al transportista y no a las peculiaridades propias de las obligaciones de las aseguradoras frente al perjudicado que se rigen, en nuestro caso, por la LCS. Los intereses aplicables al asegurador se rigen por el art. 20 LCS, pues el pago del anticipo previsto en el art. 5 del Reg. 2027/97 está previsto solo para cubrir las necesidades económicas inmediatas, cuantía muy alejada de la cantidad mínima que tendría que pagar la aseguradora por el fallecimiento de un pasajero. Las graves consecuencias del accidente fueron conocidas por la aseguradora desde el principio, dada su repercusión mediática, por ello no estaba exenta de indemnizar en el plazo legal; del mismo modo, no se aprecia que concurran circunstancias extraordinarias que justifiquen el retraso en el pago. Por último, uno de los motivos del recurso se rechaza por no contener cita de norma infringida.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: IGNACIO SANCHO GARGALLO
  • Nº Recurso: 2668/2018
  • Fecha: 24/11/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Acción de nulidad de swap y subsidiaria de resolución por incumplimiento más daños y perjuicios. En ambas instancias se desestimó la nulidad y se estimó la acción resolutoria por ausencia de cumplimiento del deber relevante de información a cargo de la entidad bancaria demandada. Según doctrina jurisprudencial consolidada, no puede fundarse una acción de resolución de un contrato de adquisición de productos financieros en el incumplimiento de deberes previos a la contratación, dado que el incumplimiento, por su propia naturaleza, debe venir referido a la ejecución de un contrato válido, lo que no ocurre cuando el banco incurre en un defecto de asesoramiento que afecta a la prestación del consentimiento. El incumplimiento de las obligaciones por parte del banco, que se anudan a la resolución del contrato, son anteriores a su perfeccionamiento y se refieren a la información sobre los concretos riesgos de la permuta financiera y el coste de cancelación. En consecuencia, no procedía estimar la acción subsidiaria de resolución, y debe examinarse la procedencia de la acción de indemnización fundada en dicho incumplimiento de las obligaciones legales de información. La jurisprudencia admite que el incumplimiento de estas -como se ha probado es lo que acontece en el caso- genere responsabilidad civil para el banco que presta servicios de asesoramiento, por lo que procede la estimación de la acción indemnizatoria.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: IGNACIO SANCHO GARGALLO
  • Nº Recurso: 1324/2018
  • Fecha: 23/11/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia dictada en primera instancia desestima la acción marcaria porque no se había acreditado la concurrencia del elemento subjetivo característico del registro de mala fe, sin que tampoco pueda concluirse que el registro de la marca tuviera por finalidad aprovecharse de la reputación de la demandante. Las marcas de la demandante, al haber sido registradas exclusivamente en la Oficina de Patentes de Turquía, como marca nacional de aquel país, carecen de toda protección en el mercado español. Además no han sido usadas más allá del mercado nacional turco, sin que haya trascendido a España la notoriedad del uso de las marcas. La sentencia de primera instancia también desestima las acciones de competencia desleal. La Audiencia desestima el recurso interpuesta por el demandante. La sentencia de apelación concluye que ni ha existido registro de la marca de mala fe, ni las demandadas han incurrido en actos de competencia desleal. Interpuesto recurso extraordinario por infracción procesal y de casación, la sala los desestimó. El primero por no apreciar error patente o arbitrariedad en la valoración de la prueba y el segundo, por no advertir la mala fe del solicitante del registro de la marca y por ende, rechazar la nulidad de la marca conforme a los parámetros resaltados por la STJUE de 11 de junio de 2009, asunto Lindt. Mala fe en el ámbito marcario STJUE 12 de septiembre de 2019.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: PEDRO JOSE VELA TORRES
  • Nº Recurso: 1864/2018
  • Fecha: 23/11/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se desestima el recurso de casación interpuesto frente a una sentencia que había declarado caducada la acción de nulidad por error en la adquisición de productos financieros complejos. Dicha inversión se produjo en el año 2007, el 31/1/2008 el banco advirtió al cliente de la drástica reducción del valor de sus productos y el 28/2/ 2008 el demandante solicitó información sobre su evolución. El 14/6/2012 presentó solicitud diligencias preliminares para la exhibición de determinados documentos. La Audiencia consideró caducada la acción de anulabilidad, al fijar el dies a quo para el inicio del cómputo del plazo el día 28/2/2008, en el que el cliente tuvo conocimiento de la devaluación de su inversión y de las importantes pérdidas que estaba sufriendo. La sala reitera su doctrina. En la adquisición de productos financieros complejos, el momento inicial del plazo de ejercicio de la acción de anulación por error no puede quedar fijado antes de que el cliente haya podido tener conocimiento de la existencia de dicho error. Por otro lado, el transcurso del plazo de ejercicio de la acción cesa cuando se promueven diligencias preliminares, al ser preparatorias para el ejercicio de la acción que, una vez presentada la demanda a continuación de aquellas, quedan integradas en el ejercicio de dicha acción. En el caso, transcurrieron más de 4 años entre el conocimiento de los perjuicios -dato fáctico no revisable en casación- y la solicitud de las diligencias preliminares.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: RAFAEL SARAZA JIMENA
  • Nº Recurso: 4535/2017
  • Fecha: 19/11/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se desestima el recurso de casación. En uno de los motivos, no se cita la norma infringida y se aplica la reiterada doctrina de la Sala 1ª, según la cual constituye una exigencia mínima de la formulación de los motivos de casación, como se indica en el Acuerdo sobre los criterios de admisión de los recursos de casación de 2017, que se identifique con claridad la norma infringida. No hacerlo así, además de que impide pueda cumplirse la finalidad del recurso, confunde la casación con una nueva revisión del caso como si de una tercera instancia se tratara. Solo es admisible que se cite exclusivamente como infringida la jurisprudencia de la Sala cuando la regla jurídica haya sido enunciada exclusivamente por la jurisprudencia. Se desestima también el otros motivo del recurso que fue interpuesto de forma subsidiaria al anterior. Es correcta la aplicación, en casos como el que es objeto del recurso, de un porcentaje adicional de incremento sobre la indemnización resultante de la aplicación del baremo de la normativa sobre circulación de vehículos de motor (lo que es reconocido por la recurrente, que considera adecuado un incremento del 50% sobre la cantidad resultante de la aplicación del baremo). Dado que la formulación del motivo se basa en la indebida aplicación del baremo de un año distinto al del siniestro, sin que esta cuestión haya sido adecuadamente impugnada en el recurso, por los defectos de formulación del otro motivo del recurso, se desestima igualmente.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FRANCISCO MARIN CASTAN
  • Nº Recurso: 1499/2017
  • Fecha: 18/11/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Demanda de reclamación de cantidad, basada en la Ley 57/68, consistente en los anticipos realizados para la obtención de sendas viviendas que no fueron entregadas. La sentencia de primera instancia estimó en parte la demanda, al entender que la entidad bancaria avalista no debía responder por las cantidades no ingresadas en cuenta, pues se entregaron directamente a la promotora. La audiencia confirmó la sentencia. Recurren en casación los demandantes y la sala estima su recurso. Aplicando la doctrina contenida en resoluciones anteriores, probado que el banco demandado fue avalista colectivo de la promoción, la razón decisoria de la sentencia recurrida, consistente en condicionar la efectividad de la garantía colectiva a que los anticipos se ingresaran en una cuenta de la promotora en dicha entidad infringe dicha doctrina, ya que los pagos que los recurrentes hicieron en efectivo o mediante cheque se correspondían con pagos previstos en sus respectivos contratos, bien en concepto de "señal", bien en concepto de pago a cuenta en la fecha de firma del contrato. En consecuencia, procede casar la sentencia y estimar íntegramente la demanda.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA DE LOS ANGELES PARRA LUCAN
  • Nº Recurso: 5286/2017
  • Fecha: 18/11/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Demanda de nulidad de los contratos consecutivos de permuta financiera de tipos de interés, así como del contrato de cancelación anticipada del primero de ellos, suscrita de mutuo acuerdo antes de la formalización del segundo. Se invocaba error vicio del consentimiento al creer que el producto ofrecido por la demandada equivalía a un seguro frente a las subidas de tipo de interés que soportaba en los contratos concertados para financiar su actividad comercial. Alegaba que el error había sido propiciado por el incumplimiento de la demandada de las obligaciones que le imponía la legislación del mercado de valores respecto de los clientes minoristas, como era el caso, y que carecía de conocimientos sobre los productos contratados. En primera instancia se estimó la demanda. Recurrida en apelación, la Audiencia estimó el recurso y desestimó la demanda por considerar que la acción había caducado. Interpuestos recurso extraordinario por infracción procesal y de casación, el primero fue inadmitido y el segundo se estimó ya que la sentencia recurrida situó el dies a quo para el cómputo del plazo en el momento en que se produjo la primera liquidación negativa recibida por la actora oponiéndose a la doctrina de la Sala que lo fija en el momento de la consumación del contrato (STS del Pleno 89/2018 de 19 de febrero). Al asumir la instancia desestimó el recurso de apelación y confirmó la sentencia de primera instancia.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: RAFAEL SARAZA JIMENA
  • Nº Recurso: 5135/2017
  • Fecha: 17/11/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Deber de lealtad del administrador de una sociedad de capital. Obligación de evitar incurrir en situaciones de conflicto de interés. Conflicto de interés consistente en la actuación, por cuenta ajena, del consejero nombrado por el sistema de representación proporcional por una sociedad, que tiene la condición de socio minoritario, que mantiene relaciones contractuales conflictivas con la sociedad, y en la que el consejero tiene, a su vez, la condición de alto directivo o miembro del consejo de administración. Los contratos de prestación de servicios concertados no encajan en las operaciones vinculadas señaladas por la LSC. La regla del artículo 229.1.a) LSC solo tiene sentido cuando el administrador es quien lleve a cabo la transacción con la sociedad. Al conflicto de interés debe equipararse el conflicto de deberes porque en ambos casos el riesgo de quiebra de la objetividad exigible al administrador y el riesgo de menoscabo de la integridad del interés protegido, es similar. Por ello el conflicto de deberes constituye un conflicto de interés por cuenta ajena. La actuación de los administradores cesados incurrió en la prohibición del art. 229.1.f) LSC., al desarrollar actividades por cuenta ajena que les situaban en un conflicto permanente, lo que justifica su cese. La impugnación de acuerdos sociales no puede fundarse en la infracción de los pactos parasociales porque no serían oponibles a la sociedad. El régimen legal relativo al deber de lealtad es imperativo.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: PEDRO JOSE VELA TORRES
  • Nº Recurso: 503/2017
  • Fecha: 17/11/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Demanda en la que se solicitaba por parte de una estación de servicio la nulidad radical de la relación jurídica compleja que unía a las partes (cesión de terrenos, construcción de estación de servicio, derecho de superficie y arrendamiento de explotación de la estación), por no adecuarse a las exigencias del art. 101 TFUE, ni a las condiciones de exención de los Reglamentos 1984/83 y 2790/99. La sentencia de primera instancia estimó la demanda, pero fue revocada por la Audiencia Provincial. Recurre en casación y en extraordinario por infracción procesal la estación de servicio y solo resultó admitido el primero de ellos. Respecto del recurso de casación, la sala estima el primer motivo, relativo a la duración del pacto de exclusiva; considera la sala que el entramado contractual litigioso incurrió en ineficacia sobrevenida desde el 1 de enero de 2002. Por el contrario, desestima el segundo motivo relativo a la fijación de precios, ya que la demandante no consiguió probar la imposibilidad real de hacer descuentos en el precio de venta al público con cargo a su comisión, es más, años antes del litigio se le reconoció expresamente el derecho a aplicar los descuentos que estimase convenientes. La supresión de la cláusula relativa a la duración en exclusiva de abastecimientos afecta a todo el complejo entramado contractual, por lo que la sala remite a las partes a un procedimiento posterior para la liquidación de sus relaciones contractuales.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA DE LOS ANGELES PARRA LUCAN
  • Nº Recurso: 2252/2018
  • Fecha: 17/11/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se estima el recurso de casación en aplicación de la doctrina sobre el dies a quo para el cómputo del plazo para el ejercicio de la acción de nulidad por error vicio en los contratos de permuta financiera (swap). En el caso, el contrato impugnado tenía como fecha de vencimiento el 7 de mayo de 2015 y, puesto que la demanda se interpuso el 18 de febrero de 2015, no había transcurrido el plazo de cuatro años desde la consumación del contrato y la acción de impugnación se ejercitó dentro del plazo legalmente previsto. La Sala recuerda, por lo demás, que la acción de nulidad no nace con el agotamiento del contrato y es posible su ejercicio durante la vigencia del mismo: la acción de impugnación puede ejercitarse antes de que tenga lugar el dies a quo del plazo de prescripción y hasta que transcurra el plazo de cuatro años desde su consumación. La estimación del recurso y consiguiente casación de la sentencia impugnada no determina en este caso que la sala resuelva sobre el fondo de la reclamación planteada en la demanda, dado que no se entró a conocer en la instancia sobre la pretensión formulada, por considerar que la misma lo había sido extemporáneamente, por lo que procede devolver los autos al tribunal de apelación para que dicte nueva sentencia, con carácter preferente, en la que parta de que la acción de nulidad por error vicio en el consentimiento se encuentra en plazo para ser ejercitada respecto del contrato suscrito.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.