• Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Barcelona
  • Ponente: JOSE MARIA FERNANDEZ SEIJO
  • Nº Recurso: 938/2019
  • Fecha: 30/04/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Los actores, consumidores, formularon demanda en la que solicitan la nulidad de varias cláusulas de la escritura de préstamo con garantía hipotecaria, entre otras, de la que establece la comisión de apertura y de la que referencia el interés remuneratorio variable al índice IRPH, por abusividad. La sentencia de primera instancia declara la validez de ambas cláusulas. La sentencia de apelación, que desestima el recurso, considera que los índices de referencia regulados en las Circulares del B.E. no son condiciones generales sino índices definidos y regulados por disposición legal que las entidades financieras deciden incorporar en los contratos de préstamo, quedando limitado el posible control por los Tribunales al modo en el que el índice se incorpora al contrato; que referida la cláusula, por ser un elemento esencial del contrato, el precio, debe someterse a control de transparencia material, que no exige explicar cómo se configuraba el tipo de referencia, su evolución, previsión y relación con otros índices, atendida la esencialidad de la cláusula y la accesibilidad del índice para un consumidor medio por ser oficial, lo que posibilita percibir sin dificultad su importancia económica y jurídica; que según STJUE son datos para valorar la transparencia el cumplimiento por el Banco de las obligaciones de información que impone la normativa nacional, que la falta de transparencia no determinaría automáticamente la nulidad sino el juicio de abusividad.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Barcelona
  • Ponente: MANUEL DIAZ MUYOR
  • Nº Recurso: 115/2020
  • Fecha: 30/04/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La actora formula demanda en la que ejercita acción contractual contra una mercantil con la que había mantenido relaciones comerciales, acciones individuales de responsabilidad individual y por incumplimiento de la obligación de disolución contra su administrador y acción directa de LCS contra la aseguradora de la responsabilidad civil del administrador. La sentencia de primera instancia desestima la demanda por no considerar acreditada la deuda. La sentencia de apelación, que estima en parte el recurso, considera acreditada la deuda en el importe reclamado al haber admitido el administrador la existencia de deuda sin poder cuantificar su importe por desorganización ; desestima la acción individual de responsabilidad por no haber establecido la actora nexo entre la conducta que imputa al administrador, incumplimiento de la obligación de depósito de cuentas y el perjuicio; estima la acción de responsabilidad por no disolución al constar perdidas cualificadas desde el año 2006 sin actividad alguna por parte del administrador para promover la disolución de la sociedad; por ultimo desestima la acción directa contra la aseguradora con base en la estipulación contenida en las condiciones particulares sobre exclusión que establece que no se excluye las "Responsabilidades por obligaciones y deudas sociales por no haber emprendido los mecanismos legalmente establecidos por la disolución de la Sociedad", que considera delimitativa de derechos y no sorpresiva.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Barcelona
  • Ponente: JUAN FRANCISCO GARNICA MARTIN
  • Nº Recurso: 212/2020
  • Fecha: 30/04/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La primera cuestión que resuelve la sentencia es la aplicación del Reglamento 261/2004 de la UE , puesto que se trataba de un viaje en avión desde España a un aeropuerto de otro Estado de la UE y el transportista tenía el carácter de comunitario. La cuestión debatida no es propiamente un retraso sino la imposibilidad de tomar el segundo avión puesto que cuando arribó el primero el del enlace ya había partido. A los perjuicios por pérdidas se aplicará el Reglamento comunitario, pero a los daños morales el Convenio de Montreal. Respecto a las acciones basadas en el Convenio de Montreal, las acciones caducan a los dos años. Concepto de caducidad que sostiene el tribunal. Pero no sucede lo mismo respecto al Reglamento comunitario, que remite a la normativa nacional; lo que supone la aplicación del C. civil catalán (regla general de prescripción de las obligaciones). Estima indemnizables los daños prescritos por pasajero (600 euros), así como gastos de atención al pasajero. No el daño moral. A pesar de ser estimación parcial impone costas a la demandada por considerar temeraria la oposición de la compañía aérea al obligar a litigar cunado la responsabilidad era clara.
  • Tipo Órgano: Juzgado de Primera Instancia
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JESUS ANTONIO BROTO CARTAGENA
  • Nº Recurso: 310/2020
  • Fecha: 30/04/2020
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Accede el juzgador a la adopción de las medidas cautelares previas solicitadas, inaudita parte por razones de urgencia, al entender que concurren todos los requisitos legales para ello, en especial, como consecuencia de la situación sobrevenida y no esperable derivada de la pandemia provocada por el Covid-19, que ha afectado gravemente el modelo de negocio de la actora y a los resultados que eran esperables y previsibles en una situación normal. Analiza el juzgador las figuras de la alteración sustancial de circunstancias (rebus sic stantibus) y de la fuerza mayor, reseñando la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Las medidas adoptadas son: suspensión de los vencimientos de principal e intereses fijando la nueva fecha en que pasan a ser exigibles; la suspensión de la obligación de cumplimiento de los Ratios Financieros; prohibición a las demandadas de resolver el contrato de autos, a dar por vencido el préstamo y a exigir su reembolso, total o parcial, y la prohibición de ejecutar las garantías, de cualquier clase, del préstamo, ya por incumplimiento de los pagos correspondientes de las cuotas de amortización de principal e intereses, ya por incumplimiento de los Ratios Financieros. Fija el importe de la caución a prestar. Se establece igualmente la obligación de la parte instante de la medida de interponer la demanda en el plazo legal previsto.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Burgos
  • Ponente: ILDEFONSO JERONIMO BARCALA FERNANDEZ DE PALENCIA
  • Nº Recurso: 695/2019
  • Fecha: 29/04/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia al juzgar sobre el derecho de adquisición preferente entre hermanos, dibuja la situación fáctica que le lleva a una conclusión jurídica que ninguna de las partes ha planteado; pero que considera que es una cuestión de Derecho (iura novit curia) ineludible, por lo que no considera cometer incongruencia. El padre fallecido dejó sus participaciones sociales a su hija, socia a su vez de la misma sociedad; al igual que sus hermanos que ahora la demandan en pretensión de un derecho de adquisición preferente. Dichos hermanos fueron, sin embargo desheredados por el padre. En este contexto la Audiencia resuelve que siendo socia ya la beneficiada con participaciones de la herencia de su padre , no procede el derecho de adquisición preferente de los otros socios. Pues el derecho de transmisión de participaciones tanto inter vivos como mortis causa entre socios y determinados familiares es libre. Sólo cuando sale de ese núcleo de destinatarios es cuando procede el ejercicio de suscripción preferente; que para eso está diseñado. Para cuando la transmisión convierte en socio a quien no lo era.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Lleida
  • Ponente: ANA CRISTINA SAINZ PEREDA
  • Nº Recurso: 822/2018
  • Fecha: 28/04/2020
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: La Audiencia considera que el juzgado competente para conocer de la petición de acceso a prueba necesaria para interponer una demanda para defensa de la competencia por infracción de los arts 101 y 102 del TFUE es el juzgado de lo mercantil; pues esa concreta competencia, aunque se utilice el art 1902 Cc, es la relativa a las infracciones relativas a la competencia y que en la LOPJ está adjudicada a los juzgados de lo mercantil. De la misma manera el expediente de acceso a la prueba necesaria para interponer la demanda. Como se deduce de la propia exposición de motivos de la ley que incorpora los nuevos arts. a la LEC. La cual incorpora al derecho español la Directiva de Daños en esa concreta materia de prueba.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Albacete
  • Ponente: JOSE RAMON SOLIS GARCIA DEL POZO
  • Nº Recurso: 212/2019
  • Fecha: 27/04/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El actor interpuso demanda ejercitando acción reclamando los daños y perjuicios causados por el demandado como consecuencia del incumplimiento del contrato de compraventa de un remolque portavehículos, consistente en el mal funcionamiento del sistema hidráulico, lo que ocasionó un siniestro, reclamando el importe de la reparación, que es estimada por el Juzgado y confirmada por la Audiencia, que basa su respuesta en, aparte del resultado de la prueba sobre la existencia de la deficiencia en el sistema hidráulico del remolque, que (i) la jurisprudencia tiene aceptada la compatibilidad entre las acciones derivadas del régimen general del incumplimiento y las derivadas del específico régimen de los vicios ocultos en la compraventa, (ii) bajo este principio de la compatibilidad la jurisprudencia ha delimitado un ámbito para las acciones edilicias, para el régimen del saneamiento de los vicios ocultos, y otro para las normas generales sobre el incumplimiento en el que se sitúa los supuestos de prestación distinta, (iii) la ineptitud del objeto para el uso a que debía ser destinado significa incumplimiento del contrato y no vicio redhibitorio, originándose el sometimiento a diferentes plazos prescriptivos, y (iv) la jurisprudencia ha permitido escoger en la práctica al comprador las acciones que considere más adecuadas para la protección de su derecho e invirtiendo de hecho la preferencia de la ley especial, la regulación del saneamiento, por ley general, la del incumplimiento.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Barcelona
  • Ponente: JOSE LUIS VALDIVIESO POLAINO
  • Nº Recurso: 481/2018
  • Fecha: 27/04/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia de instancia estima la demanda y declara la responsabilidad de la entidad demandada por incumplimiento de sus obligaciones de información en el marco de unos contratos de adquisición de valores suscrito por los actores. Argumenta la Sala que ni el contenido de la sentencia apelada ni la forma en que se hizo la petición permiten prescindir del principio básico de que, para aceptar una reclamación por daños y perjuicios, es preciso que conste la existencia del perjuicio y en este caso no puede afirmarse que dicho perjuicio vaya a producirse, en la medida en que se ignora el valor de las acciones en el futuro y se da la circunstancia de que el demandante las conserva en su poder. Hasta que la operación no se liquide, con la venta de las acciones, no podrá determinarse con seguridad si el demandante va a sufrir en definitiva un perjuicio, como consecuencia de la inversión de que se trata Dicha liquidación no ha tenido lugar por el momento. De ahí que no pueda afirmarse que el demandante haya sufrido un perjuicio definitivo. Si, conservando en su poder las acciones, éstas incrementan su precio por encima del valor de adquisición, el daño patrimonial no habrá existido. La existencia del daño patrimonial es, en consecuencia, meramente hipotética.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Oviedo
  • Ponente: MARIA ELENA RODRIGUEZ-VIGIL RUBIO
  • Nº Recurso: 656/2019
  • Fecha: 24/04/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La compraventa de acciones no es un producto complejo, pues es de conocimiento público. Pero la información que se ofrece ha de ser veraz a fin de que el comprador pueda confiar en la imagen de solvencia que se presenta. El núcleo de la sentencia se dedica a estudiar la legitimación activa del accionista que, como consecuencia de la situación del banco emisor de las acciones se ha visto privado de ellas al haberse amortizado definitivamente, extinguidas antes de que el accionista interpusiera la demanda. Compra que se hizo en el mercado primario. Hace alusión al respecto al proceso seguido en aplicación de la ley 11/2015 de resolución de entidades de crédito. No obstante lo cual no considera que hay legitimación activa, aplicando el art. 1308 Código civil. Tampoco legitimación pasiva del banco de Santander, ya que la sucesión universal de éste respecto al banco Popular no afecta a los tenedores de instrumentos de capital, ya que estos sí que resultan afectados por el proceso de insolvencia abierto por la JUR. Y porque se entiende que la transmisión del negocio bancario se produce sin asunción de cargas, al modo de la transmisión de la unidad productiva en la ley concursal.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Barcelona
  • Ponente: JOSE MARIA FERNANDEZ SEIJO
  • Nº Recurso: 1557/2019
  • Fecha: 24/04/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia de apelación confirma la de instancia que desestima la demanda en solicitud de que se declarara la nulidad de varias cláusulas, entre estas la que referenciaba el interés remuneratorio variable al índice denominado IRPH incluidas en la escritura de préstamo con garantía hipotecaria firmado por los actores. Argumenta la Sala que el citado índice de referencia es un índice oficial y como los demás oficiales de referencia regulados por la Circular del Banco de España y la normativa que la desarrolla no deben en modo alguno considerarse condiciones generales de la contratación. No puede controlarse judicialmente el carácter abusivo de una condición general de contratación cuando la misma responde a una disposición administrativa supletoria. La hipotética falta de transparencia en la incorporación de tal cláusula al contrato no determina, de modo automático, la abusividad de la misma. Para valorar el desequilibrio en perjuicio del consumidor ha de estarse al momento de celebrarse el contrato y no puede tenerse en cuenta la evolución futura de los diversos índices, ya que ninguna de las partes podía preverla, por lo que tanto podía beneficiar o perjudicar al banco como al consumidor. Resulta realmente difícil decir que la elección de uno de los tipos de referencia en ese momento es contraria a la buena fe, ya que se trataba de uno de los seis tipos de referencia elaborados por el Banco de España, en cumplimiento de un encargo del legislador.

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