• Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Gijón
  • Ponente: PABLO MARTINEZ-HOMBRE GUILLEN
  • Nº Recurso: 456/2019
  • Fecha: 19/09/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Constan en este caso numerosas consultas del registro, y tratándose deuda derivada de un contrato de tarjeta de crédito, que fue incumplido y existió demanda para declarar su nulidad por usuraria, que finalmente se estimó. No es preciso que el requerimiento previo sea fehaciente, y en este caso existió con la advertencia de inclusión en registro de morosos, a través de dos cartas que se considera debieron llegar al demandante. Además la deuda en su origen era válida, vencible y exigible al ser acorde al contrato, y que sólo se cuestionó tras esa comunicación y por causas diversas a esa demanda de nulidad por usurario. Por ello es desde la admisión a trámite de ésta, la deuda resultaría controvertida, pero ya incluido el crédito en el registro no convierte en incierto lo que en aquel momento no lo era. Aun así se eleva la cuantía concedida pues durante parte del periodo de inclusión en el registro no es que fuera controvertida la deuda, sino que no existía, al liquidarse la deuda tras la nulidad del contrato, existiendo numerosas consultas, y aunque coincidieran un breve tiempo con otras deudas del actor, ello no implica que no exista daño moral pues la fama frente a tercero se había visto aun más afectada con esa inclusión, pues no es irrelevante que sea una o varias la deudas que aparezcan, pues se refleja la imagen de una persona insolvente. Hubo también de hacer gestiones y en una ocasión con la presentación de la sentencia que declaraba esa nulidad.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FRANCISCO RAMON MOYA HURTADO DE MENDOZA
  • Nº Recurso: 237/2019
  • Fecha: 19/09/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia analizada resuelve recurso de apelación interpuesto contra la dictada en primera instancia, que estimó en parte la demanda presentada en reclamación de los daños y perjuicios causados por abogado contratado por la demandante. El tribunal de apelación desestimó el recurso de apelación interpuesto y confirmó la sentencia recurrida. A) Sobre la legitimación activa: la demandante actúa como mandataria ejecutora testamentaria, en nombre y representación de los herederos de la causante, y en tal condición contrató al abogado asegurado por la demandada para hacer gestiones vinculadas a bienes de la causante. B) Sobre la naturaleza jurídica de la actuación del abogado para la venta de inmueble y su incardinación en el ámbito del seguro de responsabilidad civil de abogados: responsabilidad por indebida retención de cantidades pagadas con la venta del inmueble, que se encuentra bajo la cobertura de la póliza de responsabilidad civil profesional.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Barcelona
  • Ponente: JOSE MARIA RIBELLES ARELLANO
  • Nº Recurso: 959/2019
  • Fecha: 19/09/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Recuerda la sentencia los requisitos para que el administrador social responda de las deudas sociales cuando no convoca la junta de disolución de la sociedad: a) que se acredite la existencia de una deuda a cargo de la sociedad y a favor del acreedor demandante; b) que se pruebe que, como mínimo, dos meses antes de la presentación de la demanda se manifestó y debió ser conocida por el administrador la causa de disolución imperativa; c) que el administrador demandado lo fuera al tiempo de manifestarse la causa de disolución y durante los dos meses siguientes; d) que el administrador deje transcurrir ese plazo sin convocar junta general para que acuerde la disolución o remueva la causa; y e) con el favorecimiento por la presunción indicada, que la obligación o deuda reclamada se haya contraído o haya nacido con posterioridad al acaecimiento de la causa de disolución. En este caso se dan todas esas circunstancias. Además, la remoción posterior de la causa de disolución en ejercicios posteriores no subsana la responsabilidad en que hubiera podido incurrir.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Barcelona
  • Ponente: JUAN FRANCISCO GARNICA MARTIN
  • Nº Recurso: 811/2019
  • Fecha: 19/09/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Audiencia considera que la ausencia de presentación de cuentas anuales desde 2010 se puede incardinar en el contenido del art. 367 LSC. Pues debería de haberse solicitado la convocatoria de junta de disolución; pues dicha ausencia documental permite acudir a las presunciones responsabilísticas que regula dicha clase de responsabilidad.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA DE LOS ANGELES PARRA LUCAN
  • Nº Recurso: 509/2017
  • Fecha: 18/09/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se estima en parte el recurso de casación contra una sentencia que, tras apreciar la nulidad de unos contratos financieros en los que la firma de la demandante había sido falsificada por su marido (que consiguió que se firmaran fuera de la entidad bancaria con el pretexto de que ella no podía acudir por su trabajo y que se cambiara la dirección donde se enviaban los extractos para que no se enterara) ordenó la restitución de las prestaciones y rechazó eximir a la demandante de su obligación de devolver las cantidades dispuestas al existir dudas de que con el dinero de los contratos se hubieren atendido gastos familiares. La sala aplica la regla del art. 1306 CC (causa torpe de uno de los contratantes) y declara que la demandante no tiene que devolver cantidad alguna, debido a la participación relevante de los empleados del banco y a que la actuación fraudulenta del marido fue posible gracias a la inobservancia por la propia entidad de sus normas internas sobre evitación de fraude a los clientes. La adaptación del art. 1306 a casos de inexistencia contractual como este se justifica para desincentivar conductas como la del banco, que tuvo una participación significativa en lo ocurrido. Las dudas sobre el destino del dinero no pueden perjudicar a la actora. En cambio, los daños morales padecidos, en cuanto pudieran atribuirse a la negligencia del banco que permitió la actuación fraudulenta del marido, no pueden imputarse a la demandada, cesionaria del crédito ajena a esos hechos
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Cuenca
  • Ponente: MARIA PILAR ASTRAY CHACON
  • Nº Recurso: 197/2019
  • Fecha: 17/09/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Ante la acción del prestatario de nulidad de la cláusula suelo habido en el contrato de préstamo hipotecario, la entidad bancaria defiende la falta de acción por haber suscrito con posterioridad un acuerdo transaccional. Examinado el documento, no se califica de transacción sino de mera novación modificativa, sin que concurran los requisitos fijados por el Tribunal Supremo para considerarlo una transacción. Se trata de un documento pre-redactado en el que no hay claridad en sus términos al hablarse de "suspensión" y una pretendida oferta de renuncia a las acciones y no se expresa de forma clara sino de forma oscura una renuncia a las cantidades indebidamente cargadas en períodos anteriores. No es transparente la cláusula conforme a la normativa de consumo que no se agota con el deber de incorporación en condiciones que sea inteligible y se asume o acepte, ni que sea legible. No consta información alguna de la entidad prestamista sobre la carga económica de tal pacto y a ella le correspondía su acreditación y el propio contenido del contrato no se revela claro a efectos de comprensibilidad real de tal cláusula; siendo nula.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Badajoz
  • Ponente: FERNANDO PAUMARD COLLADO
  • Nº Recurso: 562/2018
  • Fecha: 17/09/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia analizada resuelve recurso de apelación interpuesto contra la dictada en primera instancia, que desestimó la demanda presentada para solicitar la nulidad de acuerdo social de sociedad cooperativa. El tribunal de apelación desestimó el recurso y confirmó la sentencia recurrida: la Sociedad Cooperativa ha venido aprobando las cuentas anuales desde los ejercicios de 2013 al año 2016 sin que existiera un previo informe de los interventores, porque ningún socio quería ostentar el cargo, y la falta de interventores se suplió mediante la designación de un asesor externo, lo que era conocido por el demandante desde su misma alta como socio en la Cooperativa, consintiendo desde entonces esa situación. También se rechaza la relevancia que se otorga al hecho de que no se pusiera a disposición de los socios el informe de los interventores, porque la normativa comunitaria sobre cooperativas no exige que expresamente se consigne en la convocatoria que los socios tienen a su disposición, en el domicilio social la documentación exigida. Considera el tribunal que la pretensión de condena deducida está vinculada a la nulidad de los acuerdos impugnados, por lo que al ser rechazada esta también queda rechazada aquella.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FERNANDO HERRERO DE EGAÑA OCTAVIO DE TOLEDO
  • Nº Recurso: 369/2019
  • Fecha: 17/09/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia analizada resuelve recurso de apelación interpuesto contra la dictada en primera instancia, que estimó en parte la demanda presentada para reclamar indemnización por las lesiones sufridas por la demandante al ser alcanzada por una sombrilla de la terraza de un restaurante que salió impulsada por fuerte viento. El tribunal de apelación desestimó el recurso de apelación interpuesto y confirmó la sentencia recurrida. El tribunal de apelación considera que la cláusula en la que se funda la aseguradora para oponerse al pago tiene la consideración de cláusula limitativa de los derechos del asegurado, y no consta destacada y expresamente aceptada por el asegurado. La exclusión de cobertura por carecer el asegurado de permisos o licencias en vigor, por lo tanto, no produce eficacia liberatoria alguna: el titular del establecimiento asegurado carecía de licencia para la instalación de terraza, pero, como se ha indicado, tal hecho no es causa que libere a la aseguradora de su obligación de pago.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE LUIS SEOANE SPIEGELBERG
  • Nº Recurso: 4204/2016
  • Fecha: 17/09/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Recurso de casación: no cabe denunciar error en la valoración de la prueba; debe hacerse a través del recurso extraordinario por infracción procesal, por infracción del derecho de tutela judicial efectiva (error fáctico -material o de hecho- patente, manifiesto, evidente o notorio); la finalidad del recurso de casación es el control de la aplicación de la norma sustantiva y la creación de doctrina jurisprudencial. En el caso, el recurso no respeta la base fáctica de la sentencia recurrida, que fija como hecho que no se entregaron las condiciones generales en las que consta la cláusula de exclusión del riesgo opuesta por la aseguradora, ni consta su firma por la asegurada. Presupuestos de incorporación de las condiciones generales al contrato: inclusión de las condiciones generales en la póliza de contrato o en un documento complementario que ha de suscribir el asegurado y recibir copia del mismo; aceptación de las mismas previo su conocimiento; constancia de la aceptación del asegurado de la cláusula delimitadora del riesgo; control de inclusión; redacción clara y precisa de condiciones generales y particulares. Las cláusulas limitativas de los derechos del asegurado, sea en las condiciones particulares o en las generales, deben destacarse y ser específicamente aceptadas por escrito. En el caso, inoponibilidad de la cláusula de exclusión del riesgo, pues las condiciones generales, en las que figura esa cláusula, no constan entregadas, suscritas y conocidas por el asegurado.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: RAFAEL SARAZA JIMENA
  • Nº Recurso: 3743/2016
  • Fecha: 17/09/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La actora, empresa de mantenimiento de ascensores, interpuso demanda frente a una comunidad de propietarios con la que tenía contratado el mantenimiento de los ascensores en la que solicitó que, en aplicación de la cláusula penal, se condenara a la comunidad de propietarios a pagarle la suma a la que ascendía el 50% de las cuotas correspondientes a los cuarenta meses que restaban de los cinco años de duración del contrato, alegando que la duración de este había sido negociada y que esta y la cláusula penal en caso de desistimiento estaban justificadas por los gatos fijos e inversiones que tenía que realizar la actora que no podía amortizar si el contrato no tenía una duración mínima. En primera instancia se desestimó la demanda. Recurrida en apelación, la AP desestimó el recurso; declaró que el contrato suscrito por las partes es un contrato de adhesión pero que la estipulación que establece la duración de cinco años para el contrato no era abusiva. Interpuestos recursos de casación y extraordinario por infracción procesal por falta de motivación y error en la valoración de la prueba, la Sala desestimó ambos motivos. Sí estimó el recurso de casación tras realizar el control de abusividad de la cláusula que establece la duración de los contratos de mantenimiento de ascensores y concluir que no se justifica la concurrencia de circunstancias excepcionales que justifiquen un plazo de duración del contrato tan extenso como el fijado, siendo razonable uno de tres años.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.