Resumen: La Sala estima el recurso de casación. Aplica la doctrina de sentencias anteriores, dada la coincidencia sustancial, fáctica y jurídica, entre los respectivos litigios. En las actuaciones solo hay prueba de que los ingresos en una cuenta no especial abierta por la promotora-vendedora en la entidad bancaria recurrente se llevaron a cabo por un tercero (la mercantil Olé Mediterráneo,S.L.) que libró un cheque con cargo a una cuenta propia y que su importe se ingresó en la referida cuenta que la promotora tenía abierta en el banco recurrente, pero sin indicar ni el concepto, ni la identidad de los compradores ni dato alguno que permitiera asociar dicho ingreso a una compraventa de vivienda sujeta al régimen de la Ley 57/68, por lo que no hay razón alguna por la que el banco tuviera que conocer que el ingreso correspondía a un anticipo protegido por la ley. La responsabilidad legal de la entidad depositaria no es una responsabilidad a todo trance, a modo de garante superpuesto siempre al avalista o asegurador, sino una responsabilidad derivada del incumplimiento de los deberes que les impone dicha ley. Esa responsabilidad no depende de que los anticipos se ingresen o no en la cuenta identificada en el contrato de compraventa; lo relevante es si la entidad bancaria conoció o debió conocer que los ingresos se correspondían con anticipos de los compradores de viviendas protegidos por la ley y en este caso, a la vista de las circunstancias, el banco no tenía por qué conocerlo.
Resumen: Swap. Incumplimiento de la entidad deudora, cancelación anticipada y reclamación del banco del saldo a su favor. Condena de los codemandados, fiadores solidarios, en ambas instancias. Desestimación del RIP de todos los codemandados menos uno: sentencia congruente con lo pedido pues si absolvió a la entidad deudora (y condenó a los fiadores) fue porque no fue correctamente identificada en la demanda. La solidaridad de deudores excluye el litisconsorcio pasivo necesario, sin atisbo de indefensión. Desestimación del RIP del otro fiador codemandado: estaba pasivamente legitimado en su condición de fiador solidario y la incorrecta identificador de la entidad deudora no hacía que desapareciera su responsabilidad como fiador, dado que el acreedor podía dirigirse indistintamente contra el deudor o contra cualquiera de los fiadores. Infracción de las reglas de carga de la prueba: atenta al canon de la racionalidad dar por demostrado el saldo deudor controvertido, con el argumento de que no hizo el demandado el esfuerzo probatorio tendente a acreditar las deficiencias denunciadas, cuando es el banco quien podría y debía, y así se comprometió, contractual y procesalmente, justificar el saldo reclamado. No cabe dar por demostrada la cantidad solicitada por vencimiento anticipado del swap, pero sí las reclamadas por liquidaciones durante la vigencia del contrato. Extensión de los efectos del RIP a los fiadores solidarios en idéntica situación jurídica.
Resumen: Demanda en la que se pretendía la nulidad radical de dos contratos de permuta financiera (swap), subsidiariamente la nulidad relativa y subsidiariamente la indemnización de daños y perjuicios por incumplimiento de los deberes de información. La sentencia de primera instancia estimó la demanda, pero fue revocada por la sentencia de apelación, que declaró caducada la acción de nulidad relativa. La demandante planteó recurso extraordinario por infracción procesal y de casación y la sala estima ambos recursos. En cuanto al primero de ellos, la sala declara que la sentencia de apelación es incongruente toda vez que no se pronunció sobre las acciones ejercitadas de nulidad radical y de culpa contractual. En cuanto al recurso de casación, también resulta estimado pues la doctrina de la sala fijada a partir de la sentencia 89/18 de 19 de febrero, declara que, a efectos del ejercicio de la acción de nulidad por error, la consumación de los contratos tipo swap debe entenderse producida desde el momento del agotamiento, de la extinción del contrato; aplicada dicha doctrina al caso, resulta que los contratos vencían en agosto de 2012 y en abril de 2013, por lo que en el momento de interposición de la demanda (julio de 2015), la acción no había caducado. La estimación de los recursos comporta la devolución de los autos a la Audiencia para que dicte nueva sentencia.
Resumen: La Sala estima el recurso de casación interpuesto por la entidad bancaria. Aplica su continuada doctrina, según la cual el incumplimiento de los deberes de información que, en contratos de productos financieros complejos, competen a la entidad de servicios de inversión, puede dar lugar a una acción de anulabilidad por error vicio del consentimiento, pero no a una acción de resolución contractual con base en el art. 1124 del CC. El incumplimiento resolutorio del art. 1124 CC, por su propia naturaleza, debe venir referido a la ejecución del contrato, mientras que aquí el déficit de información habría afectado a la prestación del consentimiento. En el supuesto objeto del recurso, el banco no incumplió sus obligaciones una vez firmado el contrato, que sería lo objetable, en su caso, en una acción de resolución como la entablada. Por tanto, la Sala casa la sentencia en el sentido de desestimar la demanda interpuesta.
Resumen: Demanda de revisión por empleo de maquinación fraudulenta para la obtención de una sentencia estimatoria al eludirse el emplazamiento efectivo de la demandada a través de los miembros de la comisión liquidadora, que eran los legítimos representantes de la entidad; fue emplazada en la persona de quien en su día había sido presidente de la entidad y tenía el cargo caducado. Se daba la circunstancia de que esta última persona, que acudió al servicio común a recoger el emplazamiento, era el padre del demandante de ese pleito que concluyó con la sentencia objeto de revisión. No hay inadecuación del procedimiento: lo que se denuncia no encaja en los supuestos de rescisión de sentencia a instancia del rebelde. La Sala ha apreciado maquinación fraudulenta cuando quien ejercita una acción judicial oculta el domicilio de la persona contra la que estaba dirigida, alegando que lo desconoce para pedir que se le emplace por edictos y se sustancie el procedimiento en rebeldía La maquinación puede existir no sólo cuando se oculta el domicilio en el que podría emplazarse de forma efectiva a la sociedad demandada, para provocar un emplazamiento por edictos, sino también cuando se simula un emplazamiento personal a través de quien ya no tiene la representación de la sociedad y además está relacionado con el demandante, al tiempo que este último sabía cómo localizar a quienes realmente representaban en ese momento a la entidad demandada. Se estima la demanda con condena en costas al demandado.
Resumen: Reclamación de indemnización por el fallecimiento de pasajeros en un accidente de avión frente a la aseguradora de la responsabilidad civil de la aeronave siniestrada. El Juzgado estimó en parte la demanda y condenó a la aseguradora a indemnizar a los demandantes en la cantidad resultante del baremo publicado el 23/09/2015 con el incremento del 25% por perjuicio excepcional, que devengaría el interés del art. 20 LCS desde la fecha del siniestro, cantidades que serían reducidas con los anticipos ya pagados. Recurrida por ambas partes, la sentencia desestimó el recurso de la aseguradora y estimó en parte el de los demandantes, en el sentido de que el incremento por perjuicio excepcional debía ascender al 50%. La aseguradora cuestiona en casación la fijación del interés de demora aplicable a la prestación del asegurador. La sala lo desestima y declara que los intereses no se rigen por los Reglamentos de la UE ni por el Convenio de Montreal, sino por la Ley del Contrato de Seguro conforme a lo ya declarado en SSTS 269/2019 de 17 de mayo y 461/2019 de 3 de septiembre,sin que aprecien razones para apartarse de lo allí resuelto. Declara aplicables los intereses del art. 20 de la Ley del Contrato de Seguro por no concurrir circunstancias extraordinarias que justifiquen el retraso en el pago de la indemnización. También desestima el recurso porque en uno de los motivos de casación falta la cita del precepto legal infringido
Resumen: Demanda en reclamación de daños y perjuicios por incumplimiento de las obligaciones legales de diligencia, lealtad e información en la comercialización de subordinadas y preferentes. La sentencia de primera instancia estimó la demanda y la Audiencia la confirmó, manteniendo que no era procedente descontar de la indemnización los rendimientos obtenidos por las preferentes y las subordinadas. Interpuesto recurso de casación por la entidad bancaria, la sala estima el mismo en el sentido de considerar que en toda relación obligacional se generan un daño y una ventaja, han de compensarse unos con otros a fin de que el contratante cumplidor no quede en una situación más ventajosa con el incumplimiento que con el cumplimiento; por ello, del montante indemnizatorio han de descontarse los rendimientos del producto financiero obtenidos por el cliente. La estimación de la casación comporta la estimación de la apelación planteada por la entidad bancaria y la consiguiente estimación parcial de la demanda.
Resumen: La sala estima un recurso de casación frente a una sentencia que había acogido una acción indemnizatoria por incumplimiento de los deberes de información en la adquisición de deuda subordinada y participaciones preferentes, y que, a la hora de fijar esta indemnización, no había descontado los rendimientos obtenidos por los productos. La sala reitera su doctrina. Si una misma relación obligacional genera al mismo tiempo un daño -en el caso, por incumplimiento de la otra parte- pero también una ventaja -la percepción de unos rendimientos económicos-, deben compensarse uno y otra, a fin de que el contratante cumplidor no quede en una situación patrimonial más ventajosa con el incumplimiento que con el cumplimiento de la relación obligatoria. Como la obligación de indemnizar los daños y perjuicios causados resarce económicamente el menoscabo patrimonial producido al perjudicado, la indemnización se concreta en la pérdida de la inversión, pero compensada con la ganancia obtenida, que tuvo la misma causa negocial. Por lo que para este cálculo, a la suma inicialmente invertida hay que descontar el importe rescatado tras la intervención del FROB y los rendimientos generados a favor de los clientes durante la vigencia de la deuda subordinada. Se casa la sentencia y al asumir la instancia se estima en parte la demanda.
Resumen: Reiteración de la doctrina jurisprudencial: en la liquidación de los daños y perjuicios indemnizables debe computarse, junto a los daños sufridos, la eventual obtención de ventajas por el acreedor. En el ámbito contractual, si una misma obligación genera al mismo tiempo un daño por incumplimiento de la otra parte pero también una ventaja, como es la percepción de unos rendimientos económicos, deben compensarse uno y otra a fin de que el contratante cumplidor no quede en una situación patrimonial más ventajosa con el incumplimiento que con el cumplimiento de la relación obligatoria (regla no expresamente prevista en la regulación legal de la responsabilidad contractual cuya procedencia resulta de la misma norma que impone al contratante incumplidor el resarcimiento del daño producido por su acción u omisión, ya que solo cabrá reputar daño aquel que efectivamente haya tenido lugar). El daño causado viene determinado por el valor de la inversión realizada menos el valor a que ha quedado reducido el producto y los intereses que fueron cobrados por los demandantes. En el caso: la sentencia recurrida no ha tenido en cuenta los rendimientos de la inversión; estimación del recurso de casación y asunción de la instancia, fijando el importe de la indemnización en la cantidad resultante de descontar al valor de la inversión el capital rescatado tras la intervención del FROB y los rendimientos obtenidos durante la inversión; intereses legales desde la primera reclamación extrajudicial.
Resumen: Demanda en la que se instaba la resolución de sendos contratos de adquisición de aportaciones financieras subordinadas y de participaciones preferentes por incumplimiento de los deberes de información por parte de la entidad financiera, comercializadora de los productos. La sentencia de primera instancia estimó la demanda y la Audiencia confirmó la misma. Recurre en casación la entidad financiera y la sala estima el recurso. En aplicación de la doctrina contenida en la sentencia de pleno 491/2017, de 13 de septiembre, la sala declara que, aunque se considerase que el banco no cumplió debidamente sus deberes de información y ello provocó que el cliente no conociera los riesgos inherentes al producto que contrataba, ello podría lugar a la nulidad del contrato o a una indemnización por daños y perjuicios , pero lo que no procede es una acción de resolución del contrato por incumplimiento, en los términos del art. 1124 CC, dado que el incumplimiento, por su propia naturaleza, debe venir referido a la ejecución del contrato, mientras que el defecto de asesoramiento habría afectado a la prestación del consentimiento. Por esta razón se casa la sentencia y, al asumir la instancia, se estima el recurso de apelación con la consiguiente desestimación de la demanda.