Resumen: Demanda en solicitud de indemnización de daños y perjuicios basada en el incumplimiento por el banco de sus obligaciones de asesoramiento e información. El importe del perjuicio objeto de indemnización reclamado fue la pérdida de la inversión realizada, representada por la diferencia entre el precio pagado por las subordinadas y la cantidad recuperada tras la intervención del FROB. En primera instancia se estimó en parte la demanda. Recurrida en apelación por los demandantes para impugnar que se hubieran detraído los rendimientos obtenidos a la hora de calcular la indemnización de daños y perjuicios, se estimó el recurso al considerar que no debieron haberse descontado los rendimientos obtenidos durante la vigencia de los productos. Interpuesto recurso de casación por el banco, se estima y se reitera la jurisprudencia contenida en la STS 81/2018 de 14 de febrero, según la cual como la obligación de indemnizar los daños y perjuicios causados resarce económicamente el menoscabo patrimonial producido al perjudicado, este se concreta en la pérdida de la inversión compensada con la ganancia obtenida que tuvo la misma causa negocial. Para este cálculo, a la suma inicialmente invertida hay que descontar los rendimientos obtenidos durante la vigencia de las obligaciones subordinadas y las participaciones preferentes. Criterio no seguido en la sentencia de apelación. Casación de la sentencia recurrida, asunción de la instancia y confirmación de la sentencia de primera instancia
Resumen: La propietaria de una aeronave cedida en arrendamiento bajo la modalidad wet lease reclama, frente a la aseguradora de la arrendataria, los perjuicios derivados de la pérdida de uso del avión durante el tiempo necesario para reparar los daños que sufrió en un accidente producido en una maniobra de carreteo. El contrato contaba con una cláusula que eximía a las partes de responsabilidad por pérdida de uso o daños secuenciales derivados de las prestaciones contractuales. La sentencia recurrida condenó a la aseguradora, al considerar que la maniobra de carreteo no formaba parte de esas prestaciones, por lo que la responsabilidad de la arrendataria era extracontractual y no se aplicaba la cláusula de exención. Se estima el recurso de casación, aplicando el específico mandato normativo de integración de los contratos conforme a la ley, al uso y a la buena fe (art. 1258), que es una suerte de habilitación para integrar las lagunas de los contratos, y que permite concluir que en la negociación del contrato está comprendido el carreteo como elemento imprescindible para cumplir el fin contractual previsto. La demandante cumplió con sus obligaciones al poner la nave a disposición de la arrendataria, y correspondía a esta asumir el traslado del avión desde su estacionamiento hasta la terminal. Por tanto el daño se produjo dentro de la relación contractual debe aplicarse la cláusula contractual de exclusión de daños por pérdida de uso, lo que determina la desestimación de la demanda.
Resumen: Reclamación de la asegurada contra su compañía de seguros tras habérsele reconocido una invalidez permanente absoluta que se encontraba cubierta por el seguro concertado, reclamación que fue desestimada en ambas instancias por infracción del deber de declaración del riesgo. Jurisprudencia reiterada sobre el art. 10 LCS: procede examinar si el tipo de preguntas formuladas al asegurado eran conducentes a que este pudiera representarse a qué antecedentes de salud conocidos por él o que pudiera conocer se referían, es decir, si las preguntas le permitían ser consciente de que, al no mencionar sus patologías, estaba ocultando o silenciando datos relevantes para la exacta valoración del riesgo y causalmente relacionados con el siniestro. Es verdad que algunas de las preguntas fueron excesivamente genéricas o indeterminadas, con un margen alto de subjetividad. Sin embargo, la razón decisoria de la sentencia recurrida no se opone a la jurisprudencia porque la apreciación de ocultación dolosa se funda en la concurrencia de elementos objetivos del estado de salud de la asegurada que esta conocía o no podía desconocer y que, pese a la generalidad de las preguntas, podía razonablemente entender como relevantes para que la aseguradora pudiera valorar adecuadamente el riesgo. Pese a su juventud, sufría fuertes dolores que fueron objetivados médicamente como síntomas de las enfermedades que la propia asegurada admitía que impedían su movilidad, y que abocaron a la incapacidad.
Resumen: Tanto los padres como la pareja de hecho de un montañero fallecido en accidente formularon respectivas demandas en reclamación de la suma asegurada alegando su condición de beneficiarios. En ambas instancias se consideraron beneficiarios a los padres y se desestimó la demanda de la pareja al entender que el término cónyuge incluido en la póliza no era extensible a la pareja de hecho. Límites a la revisión en casación de la interpretación contractual realizada en la instancia y reglas de interpretación. Siendo un seguro colectivo, el asegurado tenía que conocer el orden de beneficiarios del seguro al que voluntariamente se adhirió. Por ello, no basta con tomar en cuenta la voluntad al respecto de la aseguradora sino que también debía valorarse la intención que tuvo el asegurado al adherirse. Concepto de beneficiario. Tiene un derecho propio, no de naturaleza sucesoria, que dimana del contrato. El litigio no versa sobre una norma y la improcedencia de interpretarla discriminando a las parejas de hecho frente a los que están unidas por matrimonio, sino que versa exclusivamente sobre la interpretación de una estipulación contractual sobre la condición de beneficiario del seguro, para lo que debe valorarse que fue intención del asegurado fallecido que lo fuera su pareja de hecho, por asimilación al concepto cónyuge que se usaba en la póliza. Cuantía de la indemnización: no cobertura de los gastos de funeraria, propios de un seguro de decesos.
Resumen: Se desestima el recurso extraordinario por infracción procesal por incurrir sus dos motivos en la causa de inadmisión de carencia manifiesta de fundamento (se invoca de de forma improcedente la vulneración de las reglas que regulan la carga de la prueba y se pretende al mismo tiempo una nueva valoración de la prueba sin que concurran los presupuestos que, de forma excepcional, lo permiten). Asimismo, se desestima el recurso de casación, en aplicación de la reiterada doctrina sobre la interpretación del art. 10 LCS y el deber de declaración del riesgo. Resulta procedente la liberación de la aseguradora por culpa grave de la asegurada, pues cuando esta hizo la declaración sobre su estado de salud, y aunque algunas de las preguntas eran excesivamente genéricas, también concurrían elementos objetivos que debía representarse necesariamente como influyentes para valorar el riesgo de fallecimiento, tales como la obligación de someterse anualmente a revisiones periódicas que incluían estudios médicos de cierta amplitud, como las pruebas radiológicas por las que fue expresamente preguntada, dado que ese control o supervisión médica era aconsejable ante la probabilidad de recaídas, nada infrecuentes en enfermedades tan graves como el cáncer de mama. De hecho, pese a que las revisiones eran anuales y que la del año en que contrató el seguro se le practicó apenas 15 días después de firmada la póliza, declaró no tener que consultar a un médico próximamente.
Resumen: Se estima el recurso de casación. La Sala toma en consideración la doctrina recaída en recientes sentencias en las que se planteaba cuestiones similares a las que son objeto del presente recurso. Consta acreditado que el banco no facilitó la preceptiva información que permitiese a la demandante conocer el producto que adquiría (aportaciones financieras subordinadas), que era de naturaleza perpetua y sometido a las fluctuaciones del mercado (RD 629/1993, de 3 de mayo). La condición de socia cooperativista de la mercantil emisora de las aportaciones financieras subordinadas, per se, no acredita el conocimiento del producto financiero complejo adquirido, dado que no se acredita su formación financiera. Por tanto, habiéndose fundado la sentencia de apelación en el conocimiento del producto, por su mera condición de socia cooperativista, razón por la que Audiencia Provincial descarta el error como vicio del consentimiento, procede casar la sentencia y, asumiendo la instancia, se confirma íntegramente la sentencia dictada por el juzgado de primera instancia, al concurrir error que invalida el consentimiento prestado.
Resumen: Demanda de nulidad de contrato marco de operaciones financieras y cuatro contratos de permuta financiera por error en el consentimiento. La sentencia de primera instancia estimó la demanda declarando la nulidad de los contratos litigiosos. Interpuesto recurso de apelación por el banco demandado, la audiencia estimó el mismo y declaró caducada la acción, fijando el día de inicio del cómputo del plazo de la acción de nulidad cuando comenzaron las liquidaciones negativas. Recurre en casación la demandante y la sala estima el recurso; aplica la doctrina contenida en la STS 721/18, según la cual en los contratos de swaps o "cobertura de hipoteca" no hay consumación del contrato hasta que no se produce el agotamiento o la extinción de la relación contractual, por ser entonces cuando tiene lugar el cumplimiento de las prestaciones por ambas partes y la efectiva producción de las consecuencias económicas del contrato. En el presente caso, la cancelación se produjo el 27 de mayo de 2010, por lo que cuando se interpuso la demanda el 2 de mayo de 2014 no había transcurrido el plazo de cuatro años, por ello el plazo de la acción de anulabilidad no había finalizado. La sala asume la instancia y confirma íntegramente la sentencia de primera instancia, en cuanto que declara probada la ausencia de información precontractual a los contratantes, lo que lleva a entender infringido lo dispuesto en la normativa MIFID, unido a que no consta formación financiera en operaciones complejas.
Resumen: Doctrina jurisprudencial sobre el deber de declaración del riesgo: deber de contestación a las preguntas del asegurador, sobre el que recaen las consecuencias de su no presentación o de la presentación de un cuestionario incompleto, genérico o ambiguo; el asegurado no puede justificar el incumplimiento por el hecho de que el cuestionario se rellene materialmente por el personal de la aseguradora si está probado que fue el asegurado quien contestó a las preguntas; no es exigible que revista una forma especial; las preguntas han de permitir al asegurado ser consciente de que, al no mencionar sus patologías, estaba ocultando datos relevantes para la exacta valoración del riesgo y causalmente relacionados con el siniestro. La controversia sobre la validez material del cuestionario es una cuestión jurídica sustantiva que solo puede ser examinada en el recurso de casación. Ocultación dolosa o gravemente negligente. Criterios para el enjuiciamiento del incumplimiento del deber de declaración del riesgo (omisión o inexactitud en un dato relevante requerido por la aseguradora de forma clara; que el riesgo declarado sea distinto del real; que el dato omitido o inexacto fuera o debiera ser conocido por el asegurado y desconocido para la aseguradora; y relación causal entre el dato omitido y el riesgo cubierto). Indicios que permiten afirmar que el cuestionario de salud se cumplimentó con las respuestas del asegurado. En el caso, dolo del asegurado.
Resumen: Swap. Error en el consentimiento. Caducidad de la acción. En los contratos de swaps o "cobertura de hipoteca" no hay consumación del contrato hasta que no se produce el agotamiento o la extinción de la relación contractual, por ser entonces cuando tiene lugar el cumplimiento de las prestaciones por ambas partes y la efectiva producción de las consecuencias económicas del contrato. Ello en atención a que en estos contratos no existen prestaciones fijas, sino liquidaciones variables a favor de uno u otro contratante en cada momento en función de la evolución de los tipos de interés. De esta doctrina sentada por la sala no resulta que el cómputo del plazo de ejercicio de la acción deba adelantarse a un momento anterior a la consumación del contrato por el hecho de que el cliente que padece el error pueda tener conocimiento del mismo. En el presente caso, en el contrato impugnado se fijaba como fecha de vencimiento el 12 de julio de 2012, por lo que cuando se interpuso la reconvención el 26 de junio de 2013 no había transcurrido el plazo de cuatro años desde la consumación del contrato, por ello el plazo de la acción de anulabilidad no había finalizado. Asumiendo la instancia, se confirma íntegramente la sentencia de primera instancia, dado el déficit informativo y la condición de minorista de la parte demandante.
Resumen: La sala estima el recurso de casación interpuesto frente a una sentencia que había desestimado una pretensión de nulidad por error en el consentimiento de un contrato de permuta financiera de intereses, al apreciar la caducidad de la acción. Argumentó que desde que se recibió la primera liquidación negativa del contrato hasta que se presentó la demanda habían trascurrido más de cuatro años. La sala aplica su doctrina jurisprudencial en la materia litigiosa. La consumación de los contratos swaps debe entenderse producida en el momento del agotamiento, esto es, de la extinción del contrato. Como no ha trascurrido el plazo de cuatro años desde ese momento hasta la presentación de la demanda, se estima el recurso de casación. Al asumir la instancia, se desestima el recurso de apelación interpuesto por la entidad bancaria contra la sentencia de la primera instancia que había estimado la pretensión de nulidad por error y se confirma en su integridad.
