Resumen: La sala desestima el recurso de casación interpuesto frente a una sentencia que desestimó una reclamación económica derivada del cumplimiento de un seguro de vida vinculado a un préstamo hipotecario, por apreciar conducta dolosa en la asegurada. Estimó probado que fue ella quien contestó al cuestionario antes de firmarlo, aunque no lo cumplimentara materialmente, y consideró que ocultó dolosamente datos relevantes sobre su salud y que faltó a la verdad al afirmar que su estado de salud era bueno. La sala confirma esta sentencia y reitera su jurisprudencia sobre la materia. La eficacia del cuestionario de salud a los efectos del art. 10 LCS no depende, ni de la forma que revista, ni de quien lo cumplimente materialmente, sino de que el cuestionario se redacte con las respuestas facilitadas por el tomador/asegurado. En relación a su validez, para apreciar la existencia de ocultación dolosa o, cuanto menos, gravemente negligente, se ha de comprobar si el tipo de preguntas formuladas al asegurado eran conducentes a que pudiera representarse a qué antecedentes de salud conocidos por él o que pudiera conocer se refería. En el caso litigioso, las patologías que sufría la asegurada y sus antecedentes, se ocultaron a la compañía y por la variedad y continuidad en el tiempo de estos problemas, existían suficientes elementos significativos que la asegurada debía representarse como objetivamente influyentes del concreto riesgo que la aseguradora quería y debía conocer para su valoración.
Resumen: Retracto de comuneros. Demanda desestimada en ambas instancias, según la sentencia de segunda instancia porque la compraventa no llegó a consumarse y porque los retrayentes estaban imposibilitados de subrogarse en las condiciones del contrato, al no tratarse solo de una compraventa sino de un negocio jurídico complejo en cuanto la operación requería la constitución de una sociedad para la explotación hotelera de unas parcelas, lo que hacía imposible que los retrayentes se subrogaran en esa condición. Además, los retrayentes ni siquiera mostraron su voluntad de subrogación pues nada mencionaron al respecto. Una cosa es que la transmisión de una porción indivisa no pueda ser objeto de entrega material y otra distinta que baste el documento privado para la adquisición de la propiedad sin posibilidad, en tal caso, de acceso al registro de la propiedad. Nos encontramos ante la pretensión de hacer valer un derecho de retracto de comuneros cuando, aunque se hubiera consumado la venta, dicho negocio había sido dejado sin efecto por las propias partes que lo celebraron. En todo caso, la sentencia de segunda instancia acertó al señalar que no se consumó la venta, por lo dicho ya que la suscripción de un documento privado de compraventa de una porción indivisa de un inmueble no transfiere por sí sola la propiedad sobre dicha porción.
Resumen: Contrato marco de operaciones financieras (CMOF) y contrato de swap ligado a inflación. Demanda de nulidad del contrato por ausencia de consentimiento, subsidiariamente, nulidad por error vicio del consentimiento por falta de información, por falta de objeto y causa, subsidiariamente, resolución de contrato por incumplimiento del deber de información, vencimiento anticipado del contrato y nulidad por infracción de las normas reguladoras de las condiciones generales de la contratación. Estimada la demanda en cuanto a la acción de anulabilidad por vicio del consentimiento, el banco demandado recurrió en apelación alegando la caducidad de esa acción y negando el incumplimiento de los deberes de información. La sentencia de apelación declaró caducada la acción de anulabilidad por error vicio. Interpuestos recursos extraordinario por infracción procesal y de casación, se examina primero el de casación en el que se cuestiona la interpretación que hace la sentencia recurrida en cuanto al momento en que el cliente tuvo conocimiento de la existencia del error, momento de consumación del contrato y dies a quo del plazo de ejercicio de la acción de nulidad. Reiteración de la doctrina jurisprudencial sobre el cómputo del plazo de la acción de nulidad por error vicio del consentimiento den los contratos de swap. Inexistencia de caducidad. Estimación del recurso de casación y confirmación de la sentencia de primera instancia.
Resumen: Dies a quo del plazo de las acciones de anulación de swaps por error vicio. En relaciones contractuales complejas como son con frecuencia las derivadas de contratos bancarios, la consumación del contrato, a efectos de determinar el momento inicial del plazo de ejercicio de la acción de anulación del contrato por error o dolo, no puede quedar fijada antes de que el cliente haya podido tener conocimiento de la existencia de dicho error o dolo. De esta doctrina no resulta que el cómputo del plazo de la acción deba adelantarse a un momento anterior a la consumación del contrato por el hecho de que el cliente que padece el error pueda tener conocimiento de este. La consumación de los contratos de swaps debe entenderse producida en el momento del agotamiento, de la extinción del contrato por ser entonces cuando tiene lugar el cumplimiento de las prestaciones por ambas partes y la efectiva producción de las consecuencias económicas del contrato. La incorporación de la normativa MiFID al Derecho español acentuó las obligaciones de dichas entidades con respecto a sus clientes, pero no supuso una regulación realmente innovadora. El déficit informativo puede hacer presumir el error. La obligación de informar es activa, no de mera disponibilidad. No es suficiente el contenido de la documentación contractual ni el aviso genérico sobre los riesgos. Para excluir el error son necesarios conocimientos especializados. El error no se convalida por la percepción de liquidaciones negativas.
Resumen: La Sala desestima el recurso de casación dimanante de un procedimiento en el que la administración sanitaria reclamaba a la aseguradora la indemnización a que había sido condenada en vía contencioso-administrativa por un siniestro derivado de intervención quirúrgica. Habían pactado en la póliza que surtiría efecto por daños cuyo hecho generador tuviera lugar a partir del 1/1/2000 y cuya responsabilidad fuera reclamada durante la vigencia de la póliza, que finalizó el 31/12/2005, y la reclamación del perjudicado se realizó fuera de dicha vigencia. En el recurso la administración sanitaria cuestiona la validez de la cláusula claim made por incumplimiento del art. 3 LCS. La Sala considera que las partes calificaron el contrato de seguro como de grandes riesgos, sujeto a lo pactado y solo supletoriamente a la LCS. Fueron ambas partes las que decidieron libremente incluir dicha cláusula en la póliza inicial, definir su alcance dentro de los límites de la autonomía de la voluntad y mantenerla en las sucesivas prórrogas; no es aplicable la LCS y, aunque lo fuera, la cláusula sería válida, porque cumple los requisitos establecidos por la jurisprudencia para las cláusulas claim made retrospectivas. La interpretación que hace la Audiencia sobre lo que debe entenderse por "reclamación" según la póliza, excluyendo que lo fuera el escrito del director del hospital a la Administración sanitaria, no es ilógica ni arbitraria.
Resumen: Póliza de seguro de vida. Demanda contra la aseguradora en la que se pide la condena al pago de la indemnización pactada más los intereses moratorios desde la fecha del siniestro. La aseguradora demandada se opuso alegando falta de legitimación activa de la demandante, al no acreditar ni su condición de heredera ni que hubiera aceptado la herencia de su padre (el asegurado). La sentencia de segunda instancia, si bien reconoció la legitimación activa de la demandante, desestimó su pretensión, por considerar que el asegurado ocultó a sabiendas datos sobre su salud que conocía y que guardaban relación con las preguntas que se le hicieron, que eran suficientemente claras para que pudiera advertir, ser consciente, y por tanto, no ocultar, la existencia de antecedentes médico-sanitarios relacionados con su estado de salud. Se interpone recurso de casación por la demandante en el que sostiene que el documento que recogía la declaración de salud era ilegible y no reunía los requisitos exigidos legalmente, por lo que no cabía apreciar dolo del asegurado con fundamento en el contenido del mismo. El recurso de casación se desestima reiterando la jurisprudencia acerca del deber de declaración del riesgo. Aprecia la validez formal del cuestionario/declaración de salud, legible pese a errores de impresión, cumplimentado con las respuestas del asegurado y firmado por este, quien al contestar negó patologías previas y su tratamiento.
Resumen: Los bonos subordinados necesariamente convertibles en acciones cotizadas son activos de inversión que se convierten en acciones automáticamente en una fecha determinada y, por tanto, el poseedor de estos bonos no tiene la opción, sino la seguridad, de que recibirá acciones en la fecha de intercambio. A su vencimiento, el inversor recibe un número prefijado de acciones, a un precio determinado, por lo que no tiene la protección contra bajadas del precio de la acción que ofrecen los convertibles tradicionales. Estos bonos ofrecen al inversor sólo una parte de la futura subida potencial de la acción a cambio de un cupón prefijado, y exponen al inversor a parte o a toda la bajada de la acción. Por ello, estos instrumentos están más cercanos al capital que a la deuda del emisor Caducidad de la acción. La contratación de un producto como el litigioso no puede entenderse consumada con su adquisición. La consumación coincide con la fecha de conversión obligatoria, que es el momento en que se materializa el riesgo y la inversión cumple su finalidad económica. No resulta adecuado adelantar el día inicial del cómputo a una fecha anterior a la conversión obligatoria, como hace la sentencia recurrida, por lo que la acción no está caducada. No siendo la casación un nuevo juicio que permita una cognición plena sobre las cuestiones de fondo, que han quedado imprejuzgadas por la apreciación de la caducidad, se remiten las actuaciones a la Audiencia para el dictado de nueva sentencia.
Resumen: Demanda frente a la aseguradora en reclamación del importe del seguro de incapacidad permanente contratado a cuya reclamación se opone la demandada por considerar que existió ocultación acerca de la verdadera situación de salud de la asegurada y que la enfermedad no era irreversible. En primera instancia se estimó íntegramente la demanda con base en que la asegurada no fue sometida a un cuestionario de salud propiamente dicho y que la aseguradora no probó que. al suscribir el boletín de adhesión, existieran enfermedades diagnosticadas conocidas y ocultadas a la asegurada. Recurrida en apelación, se estimó el recurso con el argumento de que no se había acreditado la irreversibilidad de la enfermedad de la asegurada. Interpuesto recurso de casación, se estima al calificarse la condición general del contrato de seguro relativa a lo que, en el contrato, se entiende por invalidez permanente, como cláusula limitativa, puesto que exige como requisito para la calificación como invalidez permanente que sea irreversible sin más matices. Sobre la vulneración del deber de declaración del asegurado sobre las circunstancias por él conocidas que puedan influir en la valoración del riesgo, se declara que, en el caso, el cuestionario era genérico e indeterminado y encerraba un juicio valorativo subjetivo, por lo que no se considera infringido el deber de declaración del asegurado.
Resumen: Nulidad por error en la contratación de un producto financiero (préstamo hipotecario que para el cálculo del interés incluía un derivado implícito). El plazo de caducidad de 4 años empieza a correr desde la consumación del contrato y no antes, sin perjuicio de que en la contratación de algunos productos puede ser que al tiempo de la consumación todavía no hubiera aflorado el riesgo congénito cuyo desconocimiento podía viciar el consentimiento (en esos casos, el dies a quo es aquel en que el cliente hubiera podido tener conocimiento de la existencia de dicho error). En el caso, la demanda se ha puesto a tiempo, pues el contrato que incluyó el derivado se consumó con la cancelación del producto. Se estima el recurso de casación y, al asumir la instancia, se tiene en cuenta que las partes no han discutido sobre la improcedencia de la nulidad parcial que afectara únicamente al derivado implícito, por lo que esta cuestión ha de ser obviada por la Sala. En la normativa pre-MiFID quien comercializa el producto debe acreditar que, en atención a los conocimientos y experiencia de los clientes, se explicó cómo funcionaría el derivado y sus riesgos; no es suficiente que el derivado se hubiera concertado en un préstamo hipotecario y constara, por ello, en escritura pública. No está probado que se explicara el funcionamiento y riesgos del producto. El hecho de optar por la cancelación anticipada y de pactar con el banco el importe de la liquidación no supone una confirmación del contrato.
Resumen: La sala desestima, por defectuosa formulación, un recurso de casación frente a una sentencia que había estimado una demanda de reclamación de los daños causados por el demandado en la furgoneta de alquiler propiedad de la demandante, al haber colisionado contra la viga del aparcamiento de un hipermercado, sin respetar una señal de prohibición. Se aprecian defectos formales en la interposición del recurso. El recurso de casación por interés casacional no se puede fundamentar con apoyo en una única sentencia de una Audiencia Provincial, sino que requiere, como presupuesto de admisibilidad, la existencia de jurisprudencia contradictoria entre Audiencias Provinciales evidenciada, de un lado, al menos, en dos sentencias firmes de una misma Sección de una Audiencia, que decidan colegiadamente con un criterio contradictorio al de la resolución impugnada y, de otro, la cita, al menos, de otras dos sentencias de una misma Sección de una Audiencia Provincial, diferente de la primera, que se adhieran al criterio mantenido en la resolución impugnada. Además, la sentencia se basa en la obligación del arrendatario de entregar la cosa en el estado en que se recibió y el recurso se funda en la infracción del art. 3 LCS que presupone una relación contractual de seguro para accionar y aquí no se demanda a la aseguradora. Por esta razón, la normativa alegada no guarda relación con la cuestión litigiosa. La causa de inadmisión se convierte en causa de desestimación del recurso.