Resumen: La actora formula demanda en la que ejercita acción directa contra la aseguradora de la Consejería de Sanidad de la C.A. en la que reclama indemnización por daños y perjuicios que atribuye al retraso en el diagnostico de un meningioma y en la ulterior que vincula con las complicaciones post quirúrgicas y secuelas derivadas consistentes en.... La sentencia de primera instancia, tras rechazar la existencia de fraude procesal por el ejercicio de acción directa frente a la aseguradora sin haber recurrido la resolución de la administración por responsabilidad patrimonial que la rechaza, considera que la tardanza en el diagnostico se explica en la ausencia de síntomas específicos de la dolencia y que no se ha demostrado nexo entre el retraso de diagnostico y las dolencias actuales y desestima la demanda sin costas. La sentencia de apelación, que desestima el recurso, considera que la actuación profesional de los médicos y, en general, del personal sanitario, esta regido por el principio la responsabilidad por culpa, que su obligación es de medios, no de resultados y que corresponde al paciente acreditar el estado lesivo, la culpa y la relación de causalidad; que no es admisible analizar los informes médicos "ex post" tras el diagnóstico para atacar la tardanza en el diagnóstico y que las secuelas que pudiera presentar la paciente son consecuencia de la complicación quirúrgica y carecen de relación con un supuesto retraso diagnóstico
Resumen: Regulación de los criterios de fijación de daños y perjuicios en la Directiva 2004/48/CE y en la normativa española en la que se efectuó su trasposición. Sistema inspirado en el modelo alemán del triple cálculo del perjuicio (a elección del titular del derecho infringido: el daño emergente y el lucro cesante, el valor de cesión del derecho en el mercado o la restitución al titular del derecho del lucro obtenido por el infractor con la injerencia). Criterio de la restitución al titular del derecho infringido del lucro obtenido por el infractor con la injerencia: restitución propia de una condictio por intromisión; no es una solución propiamente indemnizatoria, sino que busca evitar que quede en el patrimonio del infractor el beneficio patrimonial logrado con la infracción; precedentes en la jurisprudencia española en materia de competencia desleal (acción de enriquecimiento/ acción de resarcimiento) y en materia de propiedad industrial; el titular del derecho infringido accede a la pretensión restitutoria como consecuencia del contenido atributivo del derecho que el demandado ha infringido y para que proceda la restitución de los beneficios obtenidos por el infractor no es necesario que el titular del derecho de exclusiva infringido haya sufrido un quebranto patrimonial, ni que el importe de la restitución se corresponda con ese quebranto; es irrelevante que el titular del derecho infringido explote o no directamente tal derecho; criterio diferente al del lucro cesante.
Resumen: La aseguradora del arquitecto superior que pago el importe integro indemnización por vicios de construcción objeto de condena formula demanda contra la aseguradora del arquitecto técnico que no fue parte en el anterior proceso, en la que ejercita acción de regreso en reclamación de la cuota que correspondía al arquitecto técnico condenado en el anterior proceso. La demandada alegó falta de legitimación pasiva por no haber sido condenada ni parte en el anterior proceso. La sentencia de primera instancia estima íntegramente la demanda y le condena a abonar la cuota de su asegurado. La sentencia de apelación, que estima el recurso y desestima la demanda, considera que el pago de la indemnización por uno de los condenados solidariamente en proceso anterior le permite el ejercicio de la acción de reembolso o regreso, distinta de la subrogatoria, frente a los codeudores solidarios en la parte que les corresponda con los intereses del anticipo, pero no le faculta para extender la reclamación a terceros a quienes el perjudicado no reclamó y como en el caso el perjudicado no había entablado acción contra la aseguradora del arquitecto técnico, la aseguradora del arquitecto superior no puede reclamarle , únicamente podría reclamar al del arquitecto técnico, no pudiendo tampoco entablar acción directa contra la aseguradora del arquitecto técnico por no tener la condición de perjudicado victima del daño
Resumen: Solicitada la nulidad de una permuta financiera asociada a la operación de un préstamo para la financiación de un proyecto de energía fotovoltaica, la Audiencia destacará que (i) el contrato swap es un producto complejo que exige a la entidad bancaria una información que haga ver al cliente con claridad los riesgos de que asume consecuencia de la bajada del Euribor al que va referenciado, (ii) para su comprensión se requiere una formación financiera claramente superior a la que posee la clientela bancaria en general (iii) se trata de un producto que debe ser ofrecido con el soporte informativo necesario, de manera tal que las entidades financieras estén en condiciones de acreditar que, con anterioridad a la contratación, se ha facilitado al cliente un documento informativo sobre el instrumento de cobertura ofrecido, (iv) que es un producto desnaturalizado, al estar concebido para grandes operaciones de financiación y haberse generalizado entre clientes minoristas, (v) en los contratos de swap no hay consumación del contrato hasta que no se produce el agotamiento o la extinción de la relación contractual, por ser entonces cuando tiene lugar el cumplimiento de las prestaciones por ambas partes y la efectiva producción de las consecuencias económicas del contrato.
Resumen: Se precisa en la sentencia que el incumplimiento de los deberes de asesoramiento puede generar un supuesto de anulabilidad por error en el consentimiento, pero no un supuesto de nulidad radical como ha fijado la sentencia de instancia, y que para el caso de la anulabilidad, conforme a la última jurisprudencia que fija que el cómputo del plazo de cuatro años para el ejercicio de la acción de nulidad empieza a correr desde la consumación del contrato, que en el caso ya habría transcurrido, por lo que la Audiencia se detiene en el supuesto de las responsabilidades que conlleva el incumplimiento de esos deberes de información en atención al vínculo contractual de asesoramiento de la entidad comercializadora, suponiendo un grave incumplimiento pues la diligencia exigible es superior a la que corresponda a un buen padre de familia y que por no haberse abstenido de recomendar dicha operación, y no acreditar tampoco que hubiese valorado si se trataba de un producto adecuado o conveniente a su perfil o a sus necesidades, ni de informar con detalle y claridad sobre la naturaleza o características del mismo, propició que asumiera unos riesgos que no se ha acreditado que conociera, y lo que conllevó a la pérdida de la cantidad reclamada, y de lo que debe responder.
Resumen: 1.- Acción que se ejercita: nulidad de la orden de suscripción de bonos subordinados canjeables y del posterior canje por bonos subordinados convertibles en acciones y de su posterior conversión en acciones, por error en la prestación del consentimiento. 2.- Recurso de apelación: falta de legitimación activa de la demandante por haber suscrito con Banco Popular Español, SA un acuerdo por el que renunciaba a cualquier reclamación contra el banco por razón de dichos bonos a cambio de una imposición a plazo fijo en condiciones más favorables. 3.- Decisión del tribunal de apelación: desestima el recurso de apelación interpuesto. El tribunal de apelación considera que el pacto suscrito no es intrínsecamente nulo porque no deja de ser una transacción suscrita por las partes para poner fin a una controversia, pero eso no significa que lo convenido no deba ser sometido a control de transparencia. Y considera que no concurre la transparencia exigible por la entidad financiera no informa a la clienta de la posible nulidad de la suscripción de los bonos por error en el consentimiento ni de sus derechos en caso de tal nulidad, por lo que, al suscribir el pacto, desconoce las bases jurídico-económicas sobre las que ponderar motivadamente la conveniencia o inconveniencia de su consentimiento.
Resumen: La actora pagó los gastos médicos generados por la asistencia sanitaria de su asegurado, el conductor de un ciclomotor, a causa de un accidente en el que el ciclomotor resultó impactado por un vehículo asegurado en la entidad demandada, cuyo conductor no respetó la señal de ceda el paso que le vinculaba que invadió el sentido contrario de circulación. En este convenio la renuncia a reclamar los gastos sanitarios tiene como excepción cuando uno de los vehículos es un ciclomotor. El actor pagó no por el seguro obligatorio sino en cumplimiento de la obligación nacida del convenio marco, por lo que la acción es de REEMBOLSO derivada de los términos del convenio de Asistencia.
Resumen: La sentencia analizada resuelve sobre la nulidad de una permuta financiera por vicios del consentimiento. Analiza la naturaleza jurídica del contrato, identificando conceptos en el ámbito de los productos de inversión (productos financieros, contrato de derivados), delimitando la correlación entre los préstamos y los contratos de derivados vinculados y la normativa del mercado de valores. Resuelve sobre la caducidad, rechazándola, y examina los requisitos de la acción de nulidad por error y, en particular, el cumplimiento de los deberes de evaluación e información de la entidad comercializadora del producto de inversión, para lo que se debe tener en cuenta la normativa sectorial y también la diligencia y transparencia exigible para la comprensión del inversor. Valora la escasa relevancia probatoria de la declaración de los empleados de la entidad financiera y analiza si la información se ofreció con suficiente antelación, y, en relación con el deber de evaluación, analiza cómo se ha de llevar a cabo y con qué particularidades. Por último, valora la incidencia del incumplimiento de tales deberes en la prestación viciada del consentimiento, por error (error imputable, error excusable, riesgo de error no asumido), rechazando la posibilidad de confirmación tácita.
Resumen: La sentencia analizada resuelve recurso de apelación interpuesto contra la dictada en primera instancia, que desestimó la demanda presentada para reclamar indemnización por incapacidad permanente en virtud del seguro de vida e incapacidad contratado. El tribunal de apelación estimó el recurso de apelación interpuesto y condenó a la aseguradora demandada al pago de la indemnización reclamada. El tribunal de apelación delimita el ámbito del deber de declaración de riesgos del asegurado, que se vincula al deber de respuesta al cuestionario de la aseguradora. Aplica los criterios jurisprudenciales al caso y considera que no ha habido dolo o culpa grave en la declaración de la asegurada que, aunque estaba sometida a controles con mamografías, no había sido diagnosticada de cáncer cuando se confeccionó el cuestionario.
Resumen: La sala estima un recurso de casación interpuesto frente a una sentencia que acogió una pretensión promovida por los padres del asegurado fallecido contra la aseguradora con la que este último había suscrito un seguro de vida anual renovable vinculado a un préstamo hipotecario, en reclamación del capital pendiente de amortizar en el momento del fallecimiento. El siniestro se produjo cuando la cobertura se encontraba suspendida entre las partes conforme al art. 15.2 LCS, por el impago de algunas mensualidades de la prima anual y la sentencia recurrida consideró que dicha suspensión no era oponible a los demandantes, por su condición de terceros perjudicados conforme el art. 76 LCS. Se estima el recurso porque el art. 76 LCS es una norma específica del seguro de responsabilidad civil y, en cambio, el seguro cuya efectividad se pide en la demanda es un seguro sobre la vida, lo que determina que los demandantes, padres del asegurado fallecido, no tuvieran la condición de terceros perjudicados, sino la de directamente interesados en la efectividad del contrato de seguro, en cuanto herederos del fallecido. Asunción de la instancia y remisión a la sentencia 684/2017: como el impago es posterior a la segunda anualidad, rige la norma del art. 95 LCS, conforme a la cual el impago más que suspender la vigencia de la cobertura lo que conllevaba era la reducción automática de la suma asegurada conforme a la tabla de valores inserta en la póliza. Estimación parcial de la demanda.