Resumen: Los demandantes, que resultaron con lesiones al ser atropellados por el automóvil propiedad de uno de ellos al que le fallaron los frenos cuando estando detenido en una rampa destinada a entrada y salida del agua de embarcaciones pequeñas se disponían a colocar la embarcación que habían utilizado en el remolque del coche para su transporte, formularon sendas demandas que fueron acumuladas contra la aseguradora del automóvil en reclamación de indemnización por daños y perjuicios. La sentencia de primera instancia desestima ambas demandas por considerar " hecho de la circulación" el que determinó la causación de las lesiones. La sentencia de apelación que estima en parte los recursos, señala que la jurisprudencia TS y el TJUE establecen un criterio amplio del concepto jurídico de " en hecho de la circulación", extendiéndolo a cualquier situación que derive del uso del vehículo y, atribuyendo esa categoría a los estacionamientos o aparcamientos y a los siniestros que le afecten en ese estado así como los ocurridos durante una parada en ruta , conforme al concepto de "circulación de vehículos" que figura en la Directiva que no se limita a las situaciones de circulación vial, por lo que en el caso el acontecer que desembocó en el atropello en el que el vehículo se estaba utilizando conforme a su función de medio de transporte, merece la consideración de hecho causante de la circulación y por tanto esta en ámbito de cobertura del SORCVM.
Resumen: La Sala estima el recurso de casación. Aplica su reiterada doctrina relativa al plazo de ejercicio de la acción, que establece que, a efectos del ejercicio de la acción de nulidad por error, la consumación de los contratos de swaps debe entenderse producida en el momento del agotamiento, de la extinción del contrato. La aplicación de dicha doctrina lleva a la estimación del recurso de casación, pues la demanda se presentó antes de que transcurriera el plazo de cuatro años previsto en el art. 1301 CC. La consecuencia de la estimación del recurso de casación es la revocación de la sentencia de la Audiencia Provincial. Y al apreciar la sentencia recurrida la caducidad de la acción, no se ha pronunciado sobre las cuestiones debatidas acerca de todos los presupuestos para la acción de anulación por error, sobre lo que no se han pronunciado ninguna de las dos instancias. La casación no es un nuevo juicio que, como la apelación, permita una cognición plena sobre todas las cuestiones de hecho y de derecho sometidas a debate, y no habiendo sido estas enjuiciadas, en puridad, por ninguna instancia, el pronunciamiento de la Sala 1ª debe limitarse a casar la sentencia recurrida y devolver las actuaciones para que el tribunal de apelación, como órgano de instancia plenamente facultado para conocer de todas las cuestiones objeto del proceso, las resuelva en sentencia, que no podrá apreciar ya la caducidad.
Resumen: Reclamada la nulidad de una cláusula suelo a sala rechaza la alegación de prescripción opuesta por el banco frente a la acción de reclamación de cantidad para reclamar los gastos hechos indebidamente por la aplicación de la cláusula porque no fue alegada oportunamente en la contestación a la demanda, en la que solo fue invocada la doctrina del retraso desleal. Se declara la nulidad de la cláusula de gastos por ser abusiva, con la consecuencia de que el tribunal ha de decidir a qué parte corresponde cada uno de los gastos. Los de notaría y gestoría por mitad, los de registro al banco, el impuesto de actos jurídicos documentados y los de tasación al prestatario. Corresponde al prestatario el pago de la prima del seguro de la vivienda.
Resumen: La sentencia analizada resuelve recurso de apelación interpuesto contra la dictada en primera instancia, que desestimó la demanda presentada para solicitar la nulidad de la compra de acciones del Banco Popular realizada por el actor en emisión de agosto de 2.016. El tribunal de apelación desestimó el recurso de apelación y confirmó la sentencia recurrida. La sentencia recoge el criterio del tribunal que niega legitimación a los accionistas para solicitar la nulidad del contrato de adquisición de las acciones cuando el organismo competente (el FROB) acuerda la amortización de las acciones en proceso de recuperación/resolución de entidad bancaria.
Resumen: Demanda solicitando que se declarase que los actos de fabricación, comercialización o uso de una plancha de asar infringen los derechos de exclusividad de la demandante derivados del diseño comunitario registrado y que se han cometido actos de competencia desleal por confusión y aprovechamiento de la reputación ajena con la incorporación en la plancha de la demandada de la lámina protectora que reproduce las características de la de la actora que han causado daños y perjuicios y se condenase a la demandada a cesar en los actos infractores, a indemnizarla y a que la sentencia se publique en dos revistas especializadas. En la instancia se desestimó la demanda al no apreciar infracción del modelo registrado, ni los actos de competencia desleal invocados. Recurrida en apelación, la Audiencia estimó el recurso y entendió que había infracción de un dibujo registrado cuando el modelo confrontado produce la misma impresión general en función de la naturaleza del producto y el sector industrial al que pertenece y, en el presente caso, la impresión general es idéntica, por lo que hay infracción y estima la acción declarativa, la de cesación y la de retirada del producto infractor pero no la indemnización de daños y perjuicios. Interpuesto recurso extraordinario por infracción procesal y de casación,se desestiman ya que el el tribunal de instancia no practicó prueba de reconocimiento judicial sino que partiendo del punto de referencia del usuario informado apreció la impresión general.
Resumen: La sala estima el recurso de casación interpuesto frente a una sentencia que rechazó tanto la pretensión de anulación del contrato de permuta financiera de intereses por caducidad, como la pretensión de responsabilidad civil por los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia de la falta de información en su contratación. El recurso de casación versa sobre esta última pretensión. La sala reitera su doctrina. No basta con una información precontractual «básica», sino que la información que ha de proporcionar la entidad comercializadora debe ser completa sobre los riesgos, precisa, suficiente, entregada con antelación para que el cliente pueda tomar su decisión, haciendo hincapié en los riesgos de la operación. Si no es así, como ocurre en el caso litigioso, el incumplimiento o cumplimiento negligente de las obligaciones surgidas en el marco de una relación de asesoramiento prestado por la entidad de servicios financieros que ofrece un producto como el litigioso, a la vista del perfil e intereses de los clientes, da lugar a responsabilidad cuando las pérdidas son consecuencia de una relación de asesoramiento que propició la contratación del swap. El incumplimiento generó un perjuicio representado por el saldo neto negativo de las liquidaciones practicadas (descontando las positivas recibidas), cuya cuantificación se deja para ejecución de sentencia. Esa cantidad devengará intereses desde la interposición de la demanda, en atención a la acción ejercitada.
Resumen: Se desestima el recurso de la entidad bancaria, imponiéndole las costas de la alzada, y se confirma la sentencia apelada, que declara la nulidad de la cláusula suelo del contrato de préstamo, por abusiva, eliminándola del mismo, y condenando a esa entidad a recalcular y rehacer el cuadro de amortización del préstamo a interés variable según lo pactado sin incluirla, y a abonar o restituir a la actora las cantidades que ha pagado indebidamente en su aplicación, más el interés legal del dinero de cada una de las cantidades indebidamente pagadas desde la fecha de cada uno de los pagos hasta la de la presente resolución y el interés legal del dinero incrementado en dos puntos desde la presente resolución hasta su completo pago. Aplica la Sala la doctrina jurisprudencial sobre la cuestión controvertida, e indica que no hay constancia de que la cláusula suelo haya sido objeto de una información específica en la fase precontractual previa a la formalización de la referida escritura e igualmente que la ubicación y redacción en la escritura y su lectura notarial son insuficientes para superar el control de transparencia. Reitera que la supresión mediante la novación del préstamo despliega sus efectos según lo pactado, sin efecto sanador retroactivo, pues no cabe convalidación alguna al impedirlo el art 1.301 CC, ya que ello se predica de contratos anulables y la nulidad de la cláusula examinada es de pleno derecho. Tampoco aprecia dudas de derecho para exonerar de costas.
Resumen: Formulada demanda contra una mercantil que explota un circuito de karts y su aseguradora, en reclamación de indemnización por lesiones sufridas por un menor, en accidente acontecido mientras pilotaba un kart en el circuito infantil, la sentencia de primera instancia desestima la demanda por ausencia de prueba de defecto de funcionamiento del kart, de falta de medidas de seguridad y de insuficiencia de instrucciones. La sentencia de apelación, que la revoca y estima la demanda, señala que la conducción de karts es una práctica de riesgo razonablemente asumido, lo que no implica renunciar a que las instalaciones, la pista, el vehículo y las circunstancias concurrentes estén controladas para minimizar el riesgo con la adopción de las adecuadas medidas de seguridad, que en orden a la relación causal y a los criterios de imputación desde la llamada previsibilidad objetiva del resultado, la falta de la diligencia debida en el sujeto introduce un elemento de predicibilidad del daño en el momento de actuar y crea o incrementa el riesgo cuando una actuación por parte de quien explota el circuito en aras al desarrollo de la actividad en parámetros de seguridad y normalidad, puede favorecer o determinar el daño evitable por el hecho de no haber agotado la diligencia exigible para que el daño no se produzca; en el caso aprecia insuficiencia de las barreras de protección para evitar la salida del circuito de un menor de 8 años cuyo comportamiento es impredecible
Resumen: La sentencia de apelación confirma la de instancia que estima la demanda y declara resuelto el contrato de préstamo personal suscrito entre las partes condenando a la parte demandada a abonar a la actora la suma correspondiente al capital impagado vencido y por vencer e intereses Argumenta la Sala que lo alegado por el demandado recurrente bien se califique de error, bien de engaño, exigiría una prueba a cargo de quien lo invoca ,de acuerdo con el sistema de carga probatoria que establece el articulo 217 LEC Y ninguna prueba intentó, el demandado a fin de acreditar su tesis salvo la documental ,y esta constituida , por la escritura, titulada de compraventa de inmueble con subrogación, es clara en el sentido de que el precio de la venta era el saldo entonces existente derivado del préstamo hipotecario, del que el demandado quedaba plenamente liberado Esa dación en pago sólo afectaba al préstamo garantizado con hipoteca como se desprende con nitidez, del expositivo de la misma escritura. Nada, pues, permite pensar que comprendiera también el préstamo personal que es objeto de la presente reclamación.El hecho de que el Banco haya soportado impagos durante casi año y medio antes de reclamar la deuda, en modo alguno revela mala fe por su parte ni es indiciario de que hubiera incumplido sus obligaciones.
Resumen: Reclamación de cantidades anticipadas por compradores de viviendas en construcción. Cantidades ingresadas en cuenta de la promotora en otra entidad bancaria distinta de la avalista colectiva. Admisibilidad del recurso de los compradores, al ser suficiente la identificación del problema jurídico y una exposición adecuada que ponga de manifiesto la consistencia de las razones de fondo del recurso partiendo del respeto a los hechos probados. Se reitera la jurisprudencia que establece que la entidad avalista o aseguradora, aun cuando falten los avales o certificados individuales, responde de todas las cantidades anticipadas, incluyendo sus intereses legales, sin sujeción a los límites cuantitativos del aval o de la póliza de seguro y sin que su responsabilidad respecto de las cantidades anticipadas previstas en el contrato dependa de que se ingresen o no en una cuenta bancaria ni del carácter, especial o no, de la cuenta en que se ingresen, sin que ni siquiera pueda exonerarse de responsabilidad al banco avalista por la circunstancia de que los pagos se hubieran hecho en metálico y no se ingresaran en cuenta alguna de la promotora, salvo que se hubiera probado que, por tratarse de pagos de cantidades no previstas en el contrato. En este caso el banco avalista colectivo responde también de todos los anticipos, cuya realidad y cuantía no se discute, ni su correspondencia con las sumas previstas en los respectivos contratos como parte del precio.
