Resumen: La sentencia analizada resuelve recurso de apelación interpuesto contra la dictada en primera instancia, que desestimó la demanda presentada para solicitar la nulidad de dos seguros de amortización de préstamo hipotecario de prima única (seguros de vida). El tribunal de apelación estimó el recurso de apelación, revocó la sentencia recurrida y acordó estimar la demanda por abusividad en la suscripción de los seguros de amortización del préstamo, con la consiguiente nulidad del pago de las primas y la condena de la prestamista a la devolución de la cantidad resultante de reducir la parte proporcional de la prima de cada seguro al tiempo transcurrido desde la contratación hasta la Sentencia. El tribunal de apelación considera práctica abusiva el pago de primas de seguro de amortización del préstamo cuando la actuación se realiza sin la debida transparencia. En el caso concreto, no consta referencia alguna a los seguros de protección de pagos en la escritura, pero toda la contratación se lleva a cabo en el marco del seguro de amortización de préstamos de prima única financiada para prestatarios clientes de la entidad, con referencias directas al préstamo en las solicitudes de seguro, lo que muestra la expresa y clara vinculación que existe en la contratación del seguro y del préstamo. La omisión del coste de las primas de seguro para el cálculo de la TAE revela falta de transparencia, al no indicar el coste real de la operación de financiación.
Resumen: La Audiencia se pronuncia sobre si el art. 241 bis LSC ha de aplicarse tanto a la responsabilidad de los administradores sociales social e individual subjetiva o también a la objetiva. Expone argumentos a favor y en contra y se inclina por no aplicar los criterios del art. 241 bis a la responsabilidad objetiva. Utiliza argumentos de naturaleza sistemática ( la ubicación del precepto en un título distinto de la LSC). La no derogación expresa del art 949 del C. com.; el diferente dies a quo del cómputo, que daría lugar a dificultades en su aplicación. Una cosa es el conocimiento de la situación que permite reclamar y otra el cese del administrador social. Ambos tipo de responsabilidades tienen regímenes jurídicos y razones de ser distintos. Uno es responsabilidad por deudas y otro por deuda ajena. La solidaridad ex lege del supuesto del art 367 LSC alcanza a todas las deudas de la sociedad; también, por tanto, a los intereses de la ley 3/2004.
Resumen: La compraventa de acciones no es un producto complejo, pues es de conocimiento público. Pero la información que se ofrece ha de ser veraz a fin de que le comprador pueda confiar en la imagen de solvencia que se presenta. El núcleo de la sentencia se dedica a estudiar la legitimación activa del accionista que, como consecuencia de la situación del banco emisor de las acciones se ha visto privado de ellas al haberse amortizado definitivamente, extinguidas antes de que el accionista interpusiera la demanda. Hace alusión al respecto al proceso seguido en aplicación de la ley 11/2015 de resolución de entidades de crédito.. No obstante lo cual no considera que hay legitimación activa, aplicando el art. 1308 Código civil. Tampoco legitimación pasiva del banco de Santander, ya que la sucesión universal de éste respecto al banco Popular no afecta a los tenedores de instrumentos de capital, ya que estos sí que resultan afectados por el proceso de insolvencia abierto por la JUR. Y porque se entiende la transmisión del negocio bancario se produce sin asunción de cargas, al modo de la transmisión de la unidad productiva en la ley concursal.
Resumen: La sentencia analizada resuelve recurso de apelación interpuesto contra la dictada en primera instancia, que estimó la demanda presentada para solicitar la declaración de usurario del tipo de interés remuneratorio y la condena de la demandada restituir todos los intereses aplicados. El tribunal de apelación desestimó el recurso de apelación y confirmó la sentencia recurrida. En la sentencia se aplica en nuevo criterio jurisprudencial que el tribunal de apelación asume: para valorar el carácter usurario del tipo de interés se han de tener en cuenta las referencias estadísticas correspondientes al año de la contratación y a la calificación del crédito; en este caso, a los boletines estadísticos para tarjetas de crédito de pago aplazado. Conforme al criterio jurisprudencial, un desvío significativo del promedio permite calificar el tipo de interés como usurario, sin necesidad de que se sea especialmente relevente. En este caso, el promedio se sitúa en el 20,37% y se aplicó un tipo de interés del 26,82%, por lo que se califica como usurario.
Resumen: La sentencia de apelación estima en parte el recurso y deja sin efecto la condena en costa que la sentencia apelada impone a la parte demandada y mantiene el pronunciamiento por el que declara nula por abusiva la cláusula sobre repercusión de gastos contenida en la escritura de préstamo hipotecario suscrito entre las partes. Argumenta la Sala que cuando se acuerda una novación junto con la subrogación interviene la prestamista que traslada sus condiciones generales, por lo que se trata de una novación subjetiva, por cambio del prestatario, y objetiva, por cambio de las condiciones financieras y ampliación del préstamo. En definitiva, se trata de una modificación consensuada del contrato (novación subjetiva y objetiva). En estos casos, cualquier cláusula que se imponga al prestatario, y que no pueda rechazar sin posibilidad de negociación, es una condición general sometida al control de abusividad. La mera declaración de nulidad de la cláusula gastos no responde a un interés en la tutela judicial si no es por los pagos amparados en dicha cláusula y la restitución de las sumas abonadas, por lo tanto, la estimación de la demanda no es sustancial sino parcial por razones cuantitativas, al ser excluido el reintegro de casi la mitad de las sumas reclamadas.
Resumen: Se estima en parte el recurso de la entidad demandada, sin costas, y se revoca la sentencia apelada solo en cuanto a los gastos de gestoría impuestos a esa parte en su totalidad, declarando que la repercusión de los mismos será solo del 50%. Rechaza la Sala el motivo del recurso referido a la validez y eficacia de la cláusula suelo y aplica la doctrina jurisprudencial sobre el control de transparencia en esa cláusula. Concluye que la cláusula controvertida no supera el doble control de transparencia, lo que también debe aplicarse a las ulteriores novaciones del préstamo. Tampoco acoge el motivo del recurso sobre la eficacia y validez de las cláusulas referidas a gastos notariales y registrales, al tener en cuenta la doctrina jurisprudencial existente sobre la materia. Los aranceles notariales se deben abonar a partes iguales, salvo las copias expedidas para cada parte, a cargo únicamente del aquel en cuyo favor se libren. Los gastos registrales se pagarán por aquél o aquéllos a cuyo favor se inscriba o anote inmediatamente el derecho, siendo exigibles también a la persona que haya presentado el documento. Respecto a los gastos de gestoría, cambia la Sala su anterior criterio para ajustarse al del Tribunal Supremo que establece que las gestiones se realizan en interés o beneficio de ambas partes y el gasto generado por este concepto deberá ser sufragado por mitad. No hay infracción de la doctrina de los actos propios y del retraso desleal por ser cuestiones nuevas.
Resumen: Se desestima el recurso de la entidad demandada, con imposición de costas de la alzada, y se confirma la sentencia apelada, que estima la demanda, declara la nulidad del clausulado multidivisa, por su abusividad, falta de claridad y transparencia, teniéndolo por no puesto, y se considerará que el nominal prestado lo fue en euros, produciéndose el devengo y cálculo de intereses; se condena a la demandada a realizar el recálculo de las cuotas y cuadro de amortización, imponiéndole también las costas de primera instancia. Recoge la Sala la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo sobre la materia. Así, señala que el préstamo hipotecario en divisas no es un instrumento financiero regulado por la Ley del Mercado de Valores. Las "cláusulas multidivisa" del contrato celebrado por las partes son condiciones generales de la contratación. El control de transparencia y abusividad de las cláusulas relativas a la denominación del préstamo en divisa y al cambio de una divisa a otra. La entidad debe proporcionar información al consumidor sobre los riesgos derivados del tipo de cambio y de la incidencia, tanto en la cuota como en el capital pendiente de devolución, de la fluctuación de las divisas.
Resumen: Formulada demanda por aseguradora contra la conductora del vehículo causante del siniestro y su aseguradora, en reclamación de la indemnización abonada a tercero perjudicado que, en virtud del contrato de aseguro, a la que opuso la aseguradora carencia de cobertura por impago de la prima, la sentencia de primera instancia estima íntegramente la demanda y condena a solidariamente a los demandados a abonar a la aseguradora demandante la cantidad reclamada. La sentencia de apelación, que desestima el recurso de la aseguradora demandada, señala que conforme a la jurisprudencia que cita, en caso de impago de prima que no corresponde a la primera anualidad, transcurrido un mes desde el día de vencimiento, la cobertura del asegurador queda suspendida y si el asegurador no reclama el pago dentro de los seis meses siguientes al vencimiento de la prima se entenderá que el contrato quedara extinguido de modo que en caso de acaecimiento del siniestro durante el primer mes, la compañía está obligada a indemnizar al asegurado en los términos del contrato y responde frente al tercero que ejercite la acción directa, pero si el siniestro acaece en los cinco del siguientes, mientras el asegurador no haya resuelto el contrato, la suspensión de la cobertura no opera frente al tercero y el asegurador se verá obligado a indemnizarle sin perjuicio del derecho de repetición, siendo de aplicación el mismo criterio en caso de fraccionamiento del pago de la prima.
Resumen: La sentencia analizada resuelve recurso de apelación interpuesto contra la dictada en primera instancia, que desestimó la demanda presentada frente a TWITTER para declarar que la suspensión de la cuenta abierta por el demandante vulnera su derecho a la libertad de expresión y la nulidad de la cláusula que facultad a la titular de la red social a eliminar, negarse a distribuir, cancelar o suspender cualquier contenido, así como pedir la condena de la demandada indemnizar por daño moral. El tribunal de apelación desestimó el recurso de apelación: expone el tribunal los criterios jurisprudenciales delimitadores de la libertad de expresión y sus límites. Considera justificada la suspensión de la cuenta por mensajes de incitación al odio (vinculación de la pederastia con la homosexualidad) y expresiones amenazantes y de contenido violento. Rechaza, igualmente, el incumplimiento del contrato por la demandada o la vulneración de normas de la Ley de servicios de la sociedad de la información y del comercio electrónico. También rechaza la nulidad de la cláusula que faculta a la demandada para suspender una cuenta en caso de incumplimiento de las normas por parte del usuario.
Resumen: La sentencia analizada resuelve recurso de apelación interpuesto contra la dictada en primera instancia, que desestimó la demanda presentada para solicitar la nulidad por vicio de consentimiento en la adquisición de un Depósito Estructurado denominado "Contrato Financiero a Plazo" y, subsidiariamente, indemnización por daños y perjuicios. El tribunal de apelación estimó el recurso de apelación interpuesto, revocó la sentencia recurrida y acordó estimar la petición subsidiaria de la demanda y condenar a la demandada a pagar la suma que resultara de restar del importe de la inversión inicial el valor de las acciones recibidas en la fecha de vencimiento del producto estructurado, más el interés legal del saldo resultante. Considera el tribunal que la acción de anulación está caducada, pero no así la de responsabilidad de la prestadora del servicio de inversión. En relación con esta acción, el tribunal afirma que no es procedente la resolución del contrato, como se indica en la sentencia recurrida, pero se deduce una pretensión subsidiaria por incumplimiento de los deberes de información en el marco de una relación de asesoramiento, lo que supone una actuación negligente causante del daño por el que se reclama.