Resumen: Estimada parcialmente la demanda en primera instancia, y confirmada en segunda instancia, se interpone por el demandante recurso de casación en reclamación a la aseguradora de los intereses moratorio devengados por las aportaciones reclamadas en un procedimiento previo de ejecución de títulos no judiciales, y además sobre la fijación del inicio de devengo de los intereses legales de los anticipos ahora reclamados, que se solicita que se reconozcan desde la fecha de la aportación y no desde la fecha de la reclamación extrajudicial a la aseguradora. Estimación del recurso de casación con reiteración de doctrina jurisprudencial. Procede fijar como día de comienzo del cómputo de los intereses legales devengados desde la fecha de cada anticipo, pues la garantía determinada legalmente comprende los intereses de los anticipos como frutos del dinero entregado en su momento, y al considerar que estos intereses son remuneratorios de las cantidades anticipadas y, por tanto, exigibles desde cada entrega. Desestimación del recurso extraordinario por infracción procesal: reclamadas en un proceso de ejecución previo las aportaciones garantizadas por certificado individual, la pretensión relativa a esa cantidad, con sus intereses, tanto de la Ley 57/1968 como del art. 20 LCS, quedó agotada con su ejercicio al no constar que en la demanda ejecutiva el demandante se reservase la reclamación de los intereses del art. 20 LCS para el proceso declarativo
Resumen: En el presente litigio los compradores de dos viviendas en construcción bajo el régimen de la Ley 57/1968 reclamaron de dos entidades avalistas colectivas la devolución de las cantidades entregadas a cuenta del precio. La controversia se reduce en casación a determinar si las demandadas deben responder como avalistas de las cantidades anticipadas por los demandantes y previstas en el contrato, pero no ingresadas en ninguna cuenta de la promotora. Se reitera la doctrina expresada en la sentencia 8/2020 para un supuesto sustancialmente idéntico. Conforme a la misma, la responsabilidad de la entidad avalista no es la que incumbe como depositaria a la entidad de crédito no avalista, sino la derivada de dicha garantía". En consecuencia, la entidad avalista o aseguradora, aun cuando falten los avales o certificados individuales, responde de todas las cantidades anticipadas, incluyendo sus intereses y sin que proceda respetar los límites cuantitativos del aval o de la póliza de seguro. Además, su responsabilidad respecto de las cantidades anticipadas previstas en el contrato no depende de que se ingresen o no esas cantidades en una cuenta bancaria ni al carácter de la cuenta en que se ingresen. Como la razón decisoria de la sentencia recurrida consiste en condicionar la efectividad de las garantías colectivas a que los anticipos de los compradores se ingresaran en una cuenta de la promotora, se infringe la citada doctrina. Se estima el recurso de casación.
Resumen: Adquisición de productos financieros (bonos). Acción de anulabilidad por error vicio y subsidiaria acción resolutoria contractual. Demanda desestimada en apelación por considerarse caducada la acción, computado el plazo desde que los demandantes dejaron de cobrar el cupón. También se desestimó la acción resolutoria declarando que la falta o insuficiencia de la información no puede dar lugar a la resolución. Caducidad de la acción de anulabilidad por error vicio: el plazo comienza desde la consumación, pero en la contratación de productos financieros el inicio debe situarse en el momento en que el cliente pudo tener conocimiento de la existencia del error o dolo. Los bonos adquiridos no son estructurados sino valores de renta fija simple. Se puede entender consumado el contrato en el momento de su adquisición sin perjuicio de que, si el error denunciado versa sobre el riesgo de pérdida de la inversión como consecuencia de la insolvencia del emisor, el cómputo del plazo comience cuando se advierte la existencia de ese riesgo. Falta de exhaustividad de la sentencia recurrida: resolución basada en el incumplimiento de la obligación de recompra.
Resumen: Daños por productos defectuosos. Prótesis de cadera defectuosa. Grupos de empresas. Levantamiento del velo. Responsabilidad de la distribuidora que pertenece al mismo grupo que la fabricante. Productor aparente. El legislador europeo fijó la responsabilidad en la persona del productor (fabricante), dejando fuera al distribuidor (proveedor o suministrador) del producto defectuoso, al considerar que carece de la posibilidad de intervenir en el producto y no tiene los conocimientos ni la oportunidad para inspeccionar los bienes con los que comercia. El distribuidor responde excepcionalmente, solo en el caso de que el productor (fabricante) no pueda ser identificado y el distribuidor no lo identifique, o no identifique a quien, a su vez, le suministró el producto a él mismo. En el presente caso la distribuidora cumplió su obligación de informar al demandante sobre la identidad del fabricante de la prótesis en el plazo de tres meses desde que se le reclamó por los daños. La mera pertenencia a un mismo grupo empresarial no determina, por sí sola, que se extienda a la distribuidora la responsabilidad que la fabricante pudiera tener por los daños causados por los defectos de sus productos. No puede considerarse que la inclusión en las etiquetas de las prótesis del nombre del fabricante en el que se hace referencia a que es una empresa del grupo Johnson and Johnson haya creado la apariencia de que la fabricante es Johnson and Johnson S.A., filial española del mismo grupo.
Resumen: Se estima el recurso de casación interpuesto frente a una sentencia que había rechazado la nulidad parcial de un préstamo multidivisa entendiendo que las circunstancias concurrentes (la iniciativa en la contratación provino del demandante, en atención a la información que había recibido de compañeros de trabajo; en una reunión previa con el director del banco se le hizo una comparativa entre lo que iba a pagar en euros y en francos suizos, y durante los primeros años pagó hasta cinco veces menos de interés) implicaban la superación del control de transparencia. Se reitera la doctrina jurisprudencial sobre el préstamo multidivisa. No es un servicio de inversión, por lo que no resulta aplicable la normativa MiFID. Tampoco cabe anular el contrato por error en el consentimiento, ya que su apreciación viciaría la totalidad del contrato y los demandantes han ejercitado una acción de nulidad parcial que afectaría sólo a la moneda en que se concertó el préstamo y al cambio de divisa. Sin embargo, la sentencia recurrida no ha aplicado correctamente el control de transparencia. El hecho de que fueran los demandantes los que hubiesen solicitado el préstamo por recomendación de unos compañeros, aunque constituye un elemento para ponderar la buena fe del predisponente, no permite presumir que no precisaban de esa información para comprender los riesgos que entrañaba, ni que bastara para ello la mera lectura de la escritura pública. Se estima la demanda.
Resumen: Eficacia, en el ámbito de unas compraventas de viviendas en construcción sometidas al régimen de la Ley 57/1968, de unos documentos según los cuales los respectivos compradores reconocían haber recibido todas las cantidades avaladas entregadas a cuenta y liberaban al banco avalista de cualquier responsabilidad por este concepto, pese a que las cantidades entregadas a cuenta excedían de las constatadas en aquellos documentos. El carácter irrenunciable de los derechos de los compradores no excluye la transacción y la renuncia del comprador a recuperar la totalidad de las cantidades anticipadas. En los "recibís" firmados por los compradores, de redacción clara y fácilmente comprensible, se libertaba al banco de cualquier responsabilidad. La interpretación de los mismos no fue ilógica ni arbitraria ya que la mención de "todas las cantidades avaladas entregadas a cuenta", unida a la liberación del banco avalista "por este concepto", permite considerar comprendidas también las cantidades no avaladas mediante los mencionados certificados individuales. Tampoco infringió el tribunal sentenciador las normas relativas a la transacción, pues la liberación del banco tuvo como contrapartida el pago inmediato de las cantidades avaladas en los certificados individuales, evitando así a los compradores el tener que acudir a su ejecución ante los tribunales. Validez de la renuncia de los compradores mediante un acuerdo igualmente válido con el banco avalista.
Resumen: Reclamación por intromisión en el derecho al honor de los demandantes -detectives de una reconocida agencia del sector- como consecuencia de la mención que se hace de ellos en un libro escrito y editado por los demandados, imputándoles diversas conductas delictivas y dedicarse al espionaje. Respeto a los hechos probados en casación, también en procesos sobre derechos fundamentales. Protección del derecho al honor de las personas jurídicas: ámbito y límites. El derecho a la propia estimación o al buen nombre o reputación en que consiste el honor no es patrimonio exclusivo de las personas físicas. Ahora bien, en atención a los fines propios de la persona jurídica afectada por la intromisión y la naturaleza del derecho al honor, la jurisprudencia ha compatibilizado el reconocimiento del derecho con la necesidad de aplicar parámetros de ponderación diferenciados de los propios de las intromisiones al honor de las personas físicas. La proyección exclusivamente externa del derecho al honor de las personas jurídicas ha determinado paralelamente la afirmación de una menor intensidad en su protección. El honor de las personas jurídicas y su prestigio no puede confundirse con el de sus socios o administradores, como tampoco el honor de estos queda confundido entre sí. No hay lugar a que prospere ninguna acumulación de pretensiones de los socios con la sociedad, basadas en los mismos hechos. Inexistencia de reportaje neutral. Libertad de expresión: exige una base fáctica suficiente.
Resumen: Cláusula suelo. Control de transparencia. No solo es necesario que las cláusulas estén redactadas de forma clara y comprensible, sino también que el adherente pueda tener un conocimiento real de las mismas, de forma que un consumidor informado pueda prever, sobre la base de criterios precisos y comprensibles, la carga jurídica y económica del contrato. Este control de transparencia tiene por objeto que el adherente pueda conocer con sencillez tanto la carga económica que realmente le supone el contrato celebrado, lo que excluye que pueda agravarse la carga económica que el contrato supone para el consumidor mediante la inclusión de una condición general que supere los requisitos de incorporación, pero cuya trascendencia jurídica o económica pasó inadvertida al consumidor porque se le dio un inapropiado tratamiento secundario y no se facilitó al consumidor la información clara y adecuada sobre las consecuencias jurídicas y económicas de dicha cláusula. En cuanto a la suficiencia de la escritura pública, no basta con la simple claridad gramatical, que solo permite pasar el control de incorporación. En el presente caso no consta la existencia de una información previa al acto de otorgamiento de la escritura con antelación suficiente de modo que el consumidor pudieran conocer su existencia y trascendencia y comparar distintas ofertas. Se estima el recurso de casación contra la sentencia que había denegado la nulidad de la cláusula suelo.
Resumen: Nulidad de orden de compra de obligaciones subordinadas y subsidiaria, indemnización de daños y perjuicios basada en el incumplimiento por el banco de sus obligaciones de asesoramiento e información. El importe del perjuicio reclamado fue la pérdida de la inversión realizada, representada por la diferencia entre el precio pagado por las subordinadas y la cantidad recuperada tras la intervención del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. En primera instancia se estimó la acción indemnizatoria. Recurrida en apelación por el banco se desestimó el recurso al no considerar procedente que se descontaran los rendimientos obtenidos durante la vigencia de los productos financieros. Interpuesto recurso de casación por el banco, se estima reiterando la jurisprudencia de la sala contenida en la STS 81/2018 de 14 de febrero, según la cual como la obligación de indemnizar los daños y perjuicios causados resarce económicamente el menoscabo patrimonial producido al perjudicado, este se concreta en la pérdida de la inversión compensada con la ganancia obtenida que tuvo la misma causa negocial. Para este cálculo, a la suma inicialmente invertida hay que descontar el importe rescatado tras la intervención del Fondo de Reestructuración Ordenada bancaria y los rendimientos generados a favor del cliente durante la vigencia de los productos financieros. Casación de la sentencia, asunción de la instancia y desestimación del recurso de apelación y de la demanda al no acreditarse el perjuicio.
Resumen: En el litigio, sobre un seguro de accidente que cubría como riesgo asegurado la invalidez permanente, el hecho cuya calificación como accidente resulta controvertido consistió en que el asegurado descubrió ahorcado a su único hijo e intentó reanimarlo sin éxito; ello provocó un diagnóstico de trastorno por estrés postraumático grave y depresión mayor, padecimientos que justificaron la declaración de invalidez permanente absoluta derivada de accidente no laboral por la jurisdicción social. La Sala parte del ámbito objetivo del seguro de accidentes y de los elementos constitutivos del concepto legal de "accidente" como evento involuntario, externo, violento súbito, así como del concepto legal de "lesión corporal" a los efectos del seguro de accidentes. Se confirma la sentencia recurrida en la medida en que extiende el concepto de accidente, a los efectos del seguro de tal clase, a los hechos descritos y acreditados en la instancia, y cuya relación causal con la patología y la posterior invalidez sufrida por el actor es un hecho probado, al concurrir todos los requisitos legales para ello. Sí se estima el motivo del recurso respecto a la condena a la aseguradora al pago de los intereses de demora del art. 20 LCS, al concurrir causas que justifican la exoneración de dichos intereses. El voto particular considera que los hechos objeto del proceso no pueden ser considerados como accidente a los efectos del art. 100 LCS.