• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Militar
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FRANCISCO MENCHEN HERREROS
  • Nº Recurso: 53/2018
  • Fecha: 10/04/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El plazo de caducidad debe ampliarse durante los días en que el expediente hubiese estado suspendido por acuerdo del director general de la Guardia Civl, debiendo computarse la suspensión desde la misma fecha en que fuera acordada hasta el día anterior a aquel en que el instructor reciba de nuevo el expediente. El cómputo del plazo de dos años para la prescripción de la falta grave apreciada se vio interrumpido desde la fecha en que se notificó al encartado su imputación en unas diligencias penales seguidas por los mismos hechos, interrupción mantenida hasta la firmeza de la resolución judicial absolutoria, momento a partir del que tampoco volvió a correr el indicado plazo porque, notificada la sentencia absolutoria firme, se reanudó la instrucción del expediente disciplinario. La Administración sancionadora contó con prueba de cargo incriminatoria legalmente obtenida y regularmente practicada y el tribunal de instancia, órgano competente para valorar la prueba, lo hizo de forma lógica y razonable, señalando las pruebas de cargo que resultaron decisivas, por lo que no se vio vulnerado el derecho a la presunción de inocencia. El recurrente incurrió en la falta grave apreciada, ya que, con su comportamiento -alterando una denuncia inicialmente formulada en un impreso de la Policía Local, modificando dos dígitos de la matrícula del vehículo denunciado-, afectó a valores que constituyen seña de identidad de la Guardia Civil, conducta que trascendió a personas ajenas al Instituto.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Militar
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FRANCISCO MENCHEN HERREROS
  • Nº Recurso: 92/2018
  • Fecha: 10/04/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Para determinar los dos momentos esenciales para la fijación del plazo de caducidad en el procedimiento sancionador debe tenerse en cuenta que en el dies a quo no es relevante la fecha de notificación al expedientado del acuerdo de inicio del procedimiento. Sin embargo, en el dies ad quem, la determinante es la fecha de notificación formal de la resolución sancionadora y no la del acto administrativo. El cómputo para analizar si ha transcurrido íntegramente el plazo máximo de duración del expediente debe realizarse a partir del día siguiente a la fecha del acuerdo de inicio o incoación del procedimiento, de manera que el día final coincida con el mismo número ordinal del día, mes o año correspondiente a la fecha del acuerdo de incoación, salvo que en el mes del vencimiento no hubiera día equivalente, supuesto en el que el plazo expirará el último día del mes. En el supuesto enjuiciado, la notificación de la resolución sancionadora tuvo lugar el mismo día en que expiraba el plazo. No obstante, la notificación se realizó de forma incompleta, ya que no se acompañó el texto íntegro de la resolución y el informe del asesor jurídico general, lo que provocó que, aunque el sancionado interpusiera recurso de reposición conociendo la sanción impuesta y el motivo de su imposición, la Administración ordenara repetir la notificación -al reconocer el error cometido-, resultando que la segunda notificación tuvo lugar una vez transcurrido con creces el plazo máximo de duración del expediente
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Militar
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FERNANDO PIGNATELLI MECA
  • Nº Recurso: 105/2018
  • Fecha: 09/04/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La infracción de garantías constitucionales producida en la tramitación del expediente disciplinario por denegación de prueba cuando haya producido indefensión material al sancionado solo puede ser posteriormente subsanada en vía jurisdiccional cuando de la prueba practicada en esta vía se derivan efectos favorables para el administrado pero nunca, como es el caso, cuando con su resultado se confirma la decisión desfavorable a los intereses de este. En los razonamientos de la sentencia impugnada no concurren los requisitos de aplicación de los principios lógico deductivos en el análisis de la prueba testifical practicada en sede judicial y previamente denegada en vía administrativa ni la debida y reforzada motivación que permita apreciar que en aquella denegación de prueba no se incurrió en la arbitrariedad constitucionalmente proscrita. La esposa del recurrente, pudiendo haberse abstenido de declarar, al prestar declaración lo hace con la misma obligación de decir verdad que cualquier otro testigo. La sentencia de instancia, desconociendo la doctrina de esta sala sobre el valor probatorio del parte militar, solo tuvo en cuenta la prueba perjudicial para el recurrente y no toda la existente en su globalidad, por lo que su valoración ha de ser tenida como ilógica, irracional y contraria a las reglas de la común experiencia, de forma que la presunción constitucional de inocencia no ha quedado desvirtuada, desplegando toda su eficacia a favor del recurrente.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Militar
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FRANCISCO MENCHEN HERREROS
  • Nº Recurso: 62/2018
  • Fecha: 08/04/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La función del órgano jurisdiccional al controlar la medida cautelar de cese en funciones se contrae a verificar si concurren los elementos que la autorizan, si se han observado los componentes reglados del acto, así como la justificación del acuerdo y su motivación razonable. La motivación de la resolución impugnada se apoya solo en dos circunstancias: que no era la primera vez que el guardia protagonizaba un incidente similar; y que estaba previsto que los guardias afectados realizaran un nuevo servicio conjunto, por lo que había riesgo de que se volvieran a producir hechos similares. En cuanto al primer argumento, debe tenerse en cuenta que las circunstancias a valorar para la adopción de la medida son las propias de la presunta falta cometida, no las de conductas anteriores, que podrían ser tenidas en cuenta a la hora de individualizar la medida. Respecto del segundo, el riesgo podía evitarse por otros medios, como, por ejemplo, la asignación de otro guardia para realizar el servicio previsto. Por otra parte, la adopción de la medida no cumple el requisito de la inmediatez -pues se impuso una vez transcurridos doce días desde que se cursó el parte correspondiente- ni la exigencia de razonamiento reforzado que justifique la imposición de la medida en la extensión más larga y gravosa que la ley posibilita, ausencia de motivación que afecta a la proporcionalidad de la medida como cuestión de legalidad ordinaria y a los derechos a la defensa y a la tutela judicial efectiva.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Militar
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FRANCISCO MENCHEN HERREROS
  • Nº Recurso: 32/2018
  • Fecha: 04/04/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El derecho de defensa del encartado no se vio afectado, pues conoció los hechos por los que era expedientado desde el inicio del expediente, presentó alegaciones frente a los mismos y, además, reconoce que los hechos declarados probados en la resolución sancionadora son idénticos a los del pliego de cargos y la propuesta de resolución, permaneciendo inalterados en la resolución ministerial que, estimando su recurso de alzada, anuló la tipificación por falta muy grave por la que se le había sancionado inicialmente y consideró que los hechos eran constitutivos de una negligencia grave en el cumplimiento de las obligaciones profesionales. Aunque en el libro de providencias de las revistas efectuadas al destacamento no conste observación negativa alguna sobre la forma de nombramiento de los servicios, sí consta por otra documental practicada que el encartado actuó de forma reiterada con notorio desequilibrio y falta de imparcialidad en la asignación de los servicios a sus subordinados, tras ser advertido por sus superiores en diversas ocasiones. Esta prueba, valorada por la autoridad sancionadora conforme a las reglas de la lógica, permitió alcanzar un relato de hechos probados que se incardina en la falta apreciada, al haber asignado el recurrente los servicios con notorio desequilibrio entre sus subordinados y falta de imparcialidad, infringiendo las exigencias de imparcialidad y no discriminación contempladas en los arts. 14 CE y 18 LO 11/2007, de derechos y deberes.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Militar
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANGEL CALDERON CEREZO
  • Nº Recurso: 86/2018
  • Fecha: 03/04/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El nuevo recurso de casación contencioso administrativo se erige sobre el interés casacional que presente el caso, interés que se fija en el auto de admisión, mediante la concreción de las cuestiones de derecho que han de ser objeto de interpretación, con exclusión de las meramente fácticas -sin perjuicio de la posible integración de hechos omitidos en la sentencia y que se encuentren suficientemente justificados-. La infracción de la legalidad sancionadora, en su vertiente de tipicidad, se denuncia en el recurso como cuestión nueva, a pesar de lo cual, se da respuesta al recurrente para apurar la tutela que demanda. La sanción impuesta se apoyó en sufientente prueba de cargo -parte disciplinario, cuyo contenido fue corroborado por dos testigos- con aptitud de enervar la presunción de no culpabilidad más allá de cualquier duda razonable, lícitamente obtenida, regularmente practicada y valorada de forma razonable, conforme a las reglas de la logica y la experiencia. El inamovible relato de hechos probados se subsume adecuadamente en el tipo apreciado, pues el mando emitió, en forma adecuada y dentro de sus atribuciones, una orden lícita, legal y legítima, dada directamente y en términos inequívocos, para que el recurrente volviera al sitio que venía ocupando durante un ensayo de la Unidad de Música de la Guardia Real, infringiendo el obligado su deber de obediencia, por lo que, con su conducta, se vio afectado el valor disciplina, consustancial a la organización castrense.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Militar
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FERNANDO PIGNATELLI MECA
  • Nº Recurso: 13/2019
  • Fecha: 02/04/2019
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: El recurso presenta interés casacional objetivo que el recurrente concreta en su escrito de preparación en la infracción: (1) del art. 24 CE, al vulnerarse el derecho fundamental a la presunción de inocencia; (2) del art. 25 CE, por conculcación del principio de legalidad, por inexistencia de prueba de cargo que sustente la infracción por falta de los requisitos establecidos para la subsunción en el art. 8.1 LORDGC, en concreto, el non bis in ídem; y (3) del art. 19 LORDGC, referido a la individualización y proporcionalidad de la sanción. La sala coincide con la parte recurrente en cuanto a la existencia de interés casacional objetivo, en los términos en que se plantea, con los necesarios ajustes normativos y jurisprudenciales y sin perjuicio de que la sentencia que se llegara a dictar pueda extenderse a otras cuestiones exigidas por el debate finalmente trabado en el recurso.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Militar
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JACOBO BARJA DE QUIROGA LOPEZ
  • Nº Recurso: 14/2019
  • Fecha: 02/04/2019
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: El recurrente concreta la existencia de interés casacional objetivo en la infracción: (1) del art. 24 CE, en relación con los derechos a la presunción de inocencia y a la defensa; (2) del art. 25 CE, en lo relativo al principio de legalidad, por falta de tipicidad; y (3) del art. 218 LEC, en cuanto a la valoración de la prueba según las reglas de la lógica y la razón. La existencia de interés casacional objetivo puede apreciarse cuando la sentencia de instancia interprete o aplique el derecho con infracción de normas constitucionales sobre derechos fundamentales, alegaciones articuladas por el recurrente, por lo que la sala, sin prejuzgar el fondo del asunto, acepta la existencia de interés casacional.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Militar
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JACOBO BARJA DE QUIROGA LOPEZ
  • Nº Recurso: 11/2019
  • Fecha: 02/04/2019
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: El recurrente concreta la existencia de interés casacional objetivo en la infracción: (1) del art. 24 CE, en relación con el derecho a la presunción de inocencia, por inexistencia de prueba de cargo; (2) del art. 19 LORDGC, en relación con el art. 29 Ley 40/2015, al vulnerarse el principio de proporcionalidad; y (3) del art. 25 CE, en lo relativo al principio de legalidad, por falta de tipicidad. La existencia de interés casacional objetivo puede apreciarse cuando la sentencia de instancia interprete o aplique el derecho con infracción de normas constitucionales sobre derechos fundamentales, alegaciones articuladas por el recurrente, por lo que la sala, sin prejuzgar el fondo del asunto, acepta la existencia de interés casacional.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Militar
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FERNANDO PIGNATELLI MECA
  • Nº Recurso: 63/2018
  • Fecha: 27/03/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: En el auto de admisión del nuevo recurso contencioso-administrativo se fija el interés casacional que presenta el recurso para la formación de la jurisprudencia, identificando las normas jurídicas que, en principio, han de ser objeto de interpretación, ya que están en él excluidas las cuestiones fácticas -a salvo de la excepcional integración de hechos acreditados y omitidos en la sentencia recurrida-. No concurre la caducidad del procedimiento, pues el mismo estuvo suspendido por 2 veces en virtud de 2 acuerdos motivados, como consecuencia de las dificultades de notificación imputables al expedientado. No concurre la prescripción de la infracción, cuyo plazo de 2 años quedó interrumpido el día en que se notificó la orden de proceder en el expediente disciplinario abierto, cuya resolución sancionadora recayó dentro del plazo de 6 meses previsto legalmente y sin que, por lo tanto, llegara a reanudarse el plazo de prescripción. El inamovible relato de hechos probados se incardina en la falta apreciada, pues la falta se consumó como consecuencia de la trascendencia de la conducta a personas ajenas al instituto armado, que, además, conocieron, no solo los hechos, sino la condición de miembro del cuerpo de su autor.

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