• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Militar
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JACOBO BARJA DE QUIROGA LOPEZ
  • Nº Recurso: 33/2019
  • Fecha: 24/09/2019
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: La parte recurrente considera que la sentencia de instancia ha infringido: (1) los arts. 24 y 25 CE, al vulnerarse el derecho de defensa, así como el derecho a no declarar; (2) el art. 24 CE, al vulnerarse el derecho a la presunción de inocencia; (3) el art. 25 CE, por vulneración del principio de legalidad (tipicidad); y (4) el art. 25 CE, por vulneración del principio de proporcionalidad e individualización de la sanción. Puede apreciarse que existe interés casacional objetivo cuando la sentencia interprete o aplique, infringiéndolas, normas constitucionales sobre derechos fundamentales, de manera que, como el recurrente alega tales infracciones, sin prejuzgar el fondo del asunto pues únicamente se trata ahora de decidir sobre la admisibilidad del recurso interpuesto, se acepta la existencia del invocado interés casacional objetivo, por lo que el recurso debe ser admitido a trámite.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Militar
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JACOBO BARJA DE QUIROGA LOPEZ
  • Nº Recurso: 47/2019
  • Fecha: 24/09/2019
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: La parte recurrente considera que la sentencia de instancia ha infringido el art. 24 CE, al vulnerarse el derecho a la presunción de inocencia y el derecho de defensa, por denegación de la prueba solicitada. Puede apreciarse que existe interés casacional objetivo cuando la sentencia interprete o aplique, infringiéndolas, normas constitucionales sobre derechos fundamentales, de manera que, como el recurrente alega tales infracciones, sin prejuzgar el fondo del asunto pues únicamente se trata ahora de decidir sobre la admisibilidad del recurso interpuesto, se acepta la existencia del invocado interés casacional objetivo, por lo que el recurso debe ser admitido a trámite.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Militar
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JACOBO BARJA DE QUIROGA LOPEZ
  • Nº Recurso: 54/2019
  • Fecha: 24/09/2019
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: La parte recurrente considera que la sentencia de instancia ha infringido: (1) los arts. 24.1 y 25.1 CE, por infracción del principio de legalidad, en conexión con el derecho a la tutela judicial efectiva. Puede apreciarse que existe interés casacional objetivo cuando la sentencia interprete o aplique, infringiéndolas, normas constitucionales sobre derechos fundamentales, de manera que, como el recurrente alega tales infracciones, sin prejuzgar el fondo del asunto pues únicamente se trata ahora de decidir sobre la admisibilidad del recurso interpuesto, se acepta la existencia del invocado interés casacional objetivo, por lo que el recurso debe ser admitido a trámite.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Militar
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE ALBERTO FERNANDEZ RODERA
  • Nº Recurso: 13/2019
  • Fecha: 16/09/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia combatida motivó adecuadamente el rechazo de la alegación referida a la vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia, que ahora se produce, ya que se apoyó en suficiente prueba de cargo -la declaración de tres testigos presenciales- que relataron, sin la más mínima duda y en condiciones de contradicción efectiva, los hechos reflejados como probados en la sentencia de instancia. Los miembros de la Guardia Civil han de mostrar un comportamiento intachable en todo momento, no solo en acto de servicio, sino también en su relación con terceros, siendo reprochables todas las acciones que, por su trascendencia, afecten al haz de valores y virtudes que caracterizan a la Benemérita. Afecta a ese haz de valores, con claro desdoro al cuerpo al que pertenece, la conducta que justifica la sanción, como se desprende de las ofensivas expresiones que la cabo de la Guardia Civil recurrente dirigió a dos miembros de otro cuerpo policial que le exigían que se sometiera a una prueba de alcoholemia. La elección de la sanción de onerosidad intermedia entre las legalmente previstas para las faltas graves, aplicada en su extensión máxima, está cabalmente acomodada a las reglas de proporcionalidad e individualización previstas en el art. 19 LORDGC, dada la afectación que a la imagen de la Institución supuso la actitud mostrada por una cabo que, identificándose como tal, dirigió palabras de menosprecio hacia los miembros de otro cuerpo policial.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Militar
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CLARA MARTINEZ DE CAREAGA GARCIA
  • Nº Recurso: 94/2018
  • Fecha: 12/09/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La convicción sobre la comisión de la infracción por la que el recurrente impidió que fuera tramitado el boletín de denuncia formulado contra una persona a la que conocía con anterioridad no se obtuvo del informe emitido por él sin haber sido advertido de su derecho a no declarar contra sí mismo, sino de las declaraciones de los guardias civiles encargados del asunto y del hecho irrefutable de que la denuncia nunca llegara a tramitarse en el plazo correspondiente, por lo que la nulidad del expediente acordada por el tribunal de instancia respecto de la otra falta inicialmente apreciada no puede extenderse a esta. Las reiteradas denuncias del recurrente sobre la nulidad del expediente ya obtuvieron razonada respuesta por el tribunal de instancia, tanto en lo relativo a la competencia del oficial que llevó a efecto la información reservada, a la forma, contenido y extensión de esta, así como a las notificaciones de los acuerdos del instructor del expediente. Al ser de muy distinta naturaleza las sanciones previstas para la infracción apreciada, la de pérdida de destino está indicada para un supuesto como el enjuiciado, en el que alejar al sancionado del destino que tenía redunda en beneficio de la institución: la continuidad del recurrente al frente del destacamento supondría perpetuar la lesión a la disciplina derivada de su conducta, ya que se prevalió de su condición de jefe de unidad para evitar que una denuncia formulada por un subordinado recibiese el trámite previsto.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Militar
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CLARA MARTINEZ DE CAREAGA GARCIA
  • Nº Recurso: 104/2018
  • Fecha: 11/09/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La imposición a la recurrente de la sanción de resolución de compromiso aparece adecuadamente razonada en la resolución sancionadora, por considerarla la más proporcionada en atención a la gravedad de los hechos y el daño ocasionado al bien jurídico protegido, esto es, el interés, la integridad y el correcto desempeño del servicio, que ha de prestarse en plenitud de condiciones físicas y psíquicas, lo que no tuvo lugar en el caso de la recurrente, que resultó exonerada de la realización de servicios de guardia, de armas, de conducción de vehículos y de participación en ejercicios tácticos. Los 4 consumos detectados lo fueron a cocaína, sustancia calificada como gravemente perjudicial para la salud -por alterar notablemente la capacidad de la persona y ser altamente adictiva-, lo que permite justificar la imposición de la más grave de las sanciones legalmente previstas. Para estimar la queja relativa a la infracción del principio de igualdad no resulta suficiente alegar soluciones distintas a casos semejantes si la desigualdad de la decisión cuenta con justificación objetiva y razonable. La denegación de la prueba propuesta por el recurrente, consistente en la incorporación de 7 expedientes seguidos contra otros compañeros de la misma unidad, se basó en que no guardaba relación con el thema probando, lo que no es arbitrario o irrazonable, pues la individualización de la sanción depende, entre otros factores, de las circunstancias personales concurrentes en cada caso.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Militar
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CLARA MARTINEZ DE CAREAGA GARCIA
  • Nº Recurso: 14/2019
  • Fecha: 10/09/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Aunque algunos testigos declararan no haber oído o presenciado las manifestaciones vejatorias toleradas por el recurrente, en el trámite casacional la sala no puede hacer una nueva valoración de las pruebas testificales, contrastando las de cargo y las de descargo, sino que debe limitarse a constatar la existencia de prueba de cargo válida y suficiente y su razonable apreciación por la sala de instancia. El tribunal sentenciador enlazó, a través de un discurso que se compadece con las reglas de la lógica, la actividad probatoria de cargo con el relato fáctico que dio por probado, por lo que no vulneró el derecho a la presunción de inocencia. Que el oficial designado para instruir el expediente fuera subordinado del coronel jefe donde estaba destinado el recurrente no afecta a su imparcialidad. No consta ni se ha acreditado ningún perjuicio real y efectivo ocasionado al recurrente por las supuestas irregularidades que se denuncian sobre la práctica de la prueba. La conducta del recurrente integra los elementos del tipo disciplinario apreciado: la condición de militar del sujeto activo; el atentado cometido en su presencia frente a la dignidad de la perjudicada por otro militar de menor rango -que se refería a ella de modo jocoso y denigrante por su condición de mujer- y la tolerancia del recurrente como superior jerárquico, que no le llamó la atención, sino que rió sus gracias.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Militar
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CLARA MARTINEZ DE CAREAGA GARCIA
  • Nº Recurso: 73/2018
  • Fecha: 29/07/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sala comparte el correcto criterio del tribunal de instancia, que anuló la sanción de 20 días de arresto en establecimiento disciplinario militar impuesto al recurrente, al estimar que la orden de incoación del nuevo expediente disciplinario por falta grave abierto tras haber sido sancionados los hechos como falta leve carece de cobertura legal y resulta, por ello, inválida, al haberse notificado al interesado la orden de incoación fuera del plazo de 10 días legalmente previsto, lo que permite concluir que la facultad revisora de la Administración se ejerció una vez extinguida. El mecanismo compensatorio establecido en los arts. 31.3 y 51.3 LRDFFAA -previsto para casos de arrestos preventivos finalmente no confirmados o declarados excesivos- debe aplicarse también a los supuestos de revocación en sentencia de resoluciones que hubiesen impuesto sanciones privativas de libertad, por evidentes razones de igualdad. Y este derecho debe reconocerse pese a que el demandante no haya pretendido de forma expresa el resarcimiento de los daños morales derivados de la ejecución del arresto indebidamente sufrido, pues en aquellos preceptos se establece la indemnización de forma claramente imperativa o mecánica. Así, la declaración del derecho a la indemnización moral debe entenderse comprendida entre los pronunciamientos añadidos a que se refiere el suplico de la demanda.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Militar
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CLARA MARTINEZ DE CAREAGA GARCIA
  • Nº Recurso: 84/2018
  • Fecha: 29/07/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: No concurre caducidad del expediente, pues la Administración intentó notificar la resolución sancionadora dentro del plazo máximo de duración del procedimiento mediante el trámite de notificación domiciliaria a través de más de dos intentos llevados a cabo en momentos diferentes por término de tres días en cada uno de los domicilios facilitados por el recurrente. No se ve afectado el derecho de defensa por la circunstancia de que el recurrente haya prestado declaración testifical en un previo juicio civil, pues la fijación de los datos fácticos que sirven de base al reproche disciplinario puede extraerse de una previa sentencia firme. Aunque el recurrente no fuera el autor de la nota publicada en la página web de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, el hecho de poner en conocimiento de la asociación ciertos comportamientos en los que se descalificaba gravemente a su superior comporta una clara manifestación contraria a la disciplina, pues si tal comportamiento era susceptible de reproche disciplinario, el recurrente debió cursar el correspondiente parte disciplinario. También resulta adecuada la calificación de los hechos como grave desconsideración, pues ambos tipos son homogéneos y afectan al bien jurídico de la disciplina. La sanción de pérdida de destino es adecuada al grado de culpabilidad del autor y a los factores que pueden afectar a la disciplina y al interés del servicio, habida cuenta de la situación de enfrentamiento entre el expedientado y su jefe.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Militar
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FRANCISCO MENCHEN HERREROS
  • Nº Recurso: 100/2018
  • Fecha: 19/07/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Aunque es cierto que la sentencia recurrida no alude en ningún momento a la pretendida vulneración del derecho de petición a que se refiere el recurrente -lo que ahora se convierte en única argumentación del recurso-, la sanción impuesta, de la que trae causa la sentencia recurrida, no deriva del escrito de queja elevado por el recurrente, sino de otros comportamientos anteriores al mismo que ponen de manifiesto la desconsideración con sus superiores en el ejercicio de sus funciones por la que fue sancionado. No resultó infringido el derecho a la tutela judicial efectiva por incongruencia omisiva, pues ante el tribunal de instancia no se planteó el ejercicio de ninguna petición basada en la LO 4/2001. Del escrito presentado por el recurrente no cabe deducir, en modo alguno, el ejercicio del derecho de petición, sino la presentación de una mera queja. La sentencia recurrida señala como probados una sucesión de hechos que tuvieron lugar respecto de varios oficiales en diversas fechas anteriores a la de la presentación del escrito de queja, hechos que constituyen la falta leve apreciada, por lo que la sanción impuesta al recurrente no derivó del contenido de su escrito. En consecuencia, no puede entenderse infringido el derecho fundamental de petición que, además de no haberse ejercido, no correspondería ser planteado ante esta jurisdicción.

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