Resumen: Al acudir ante la sala, desenfoca el recurrente el objeto de su impugnación -circunscrita a la resolución de inadmisibilidad del trámite revisorio pretendido ante la administración-, insistiendo en atacar la actuación disciplinaria que ya había concluido con la sanción de separación del servicio. Ciñendo el examen del recurso a su objeto real, debe recordarse que la cosa juzgada se produce con la existencia de una resolución judicial firme que haya desestimado la misma petición. La cosa juzgada opera con efectos preclusivos respecto de la posible revisión de oficio del acto administrativo contemplada en el art. 126 de la Ley 39/2015, porque, en los supuestos de confirmación judicial del acto administrativo, lo revisable ya no es este sino la propia sentencia, en el caso, a través del recurso extraordinario de revisión previsto en los arts. 504 y ss. LPM. El criterio de la administración militar sobre la falta de fundamento de la solicitud deducida ante ella es correcto, por cuanto que los motivos alegados con pretendida eficacia revisoria ya fueron rechazados en la sentencia de esta sala que confirmó la resolución sancionadora, debiéndose confirmar, por lo tanto, la declaración de inadmisibilidad acordada.
Resumen: Analizada la entidad del concreto centro de movilización del Mando Aéreo General del Ejército del Aire -MAGEN- en que estaba destinada la recurrente, el sargento jefe que se encuentra a su mando carece de competencia para imponer todas las sanciones por falta leve que el apartado 4 del art. 32 LORDFA atribuye a los jefes de regimiento o unidad. Únicamente tiene facultad para imponer las sanciones que el art. 32.8 atribuye a los jefes de pelotón, es decir, la sanción de reprensión. No obstante, en el caso, el sargento jefe del centro de movilización no es órgano manifiestamente incompetente, pues aun careciendo de competencia para imponer la sanción de arresto, sí tiene potestad disciplinaria sobre el personal a sus órdenes, por lo que la sanción impuesta no es nula de pleno derecho, como pretende la recurrente, sino anulable y, en consecuencia, susceptible de ser convalidada por el general jefe del MAGEN al resolver el recurso de alzada. Ahora bien, la eficacia del acto convalidante se produce desde su fecha, pero ha de tener lugar antes de que transcurra el plazo de prescripción previsto para las faltas leves, análisis que procede realizar de oficio conforme a constante jurisprudencia, habida cuenta de la naturaleza material y contenido sustantivo del instituto de la prescripción. Cuando se resolvió el recurso de alzada habían transcurrido más de dos meses desde que se cometió la falta, por lo que esta estaba prescrita y la responsabilidad disciplinaria extinguida.
Resumen: En el escrito de preparación del recurso, el recurrente aduce que el interés casacional que el caso presenta se concreta en los siguientes extremos: (1) vulneración de la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE); (2) vulneración de la presunción de inocencia (art. 24.2 CE); (3) vulneración del principio de legalidad (art. 25 CE), en su vertiente de tipicidad; y (4) vulneración del art. 24.2 CE, derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de derecho a un proceso justo y con todas las garantías. La sala coincide con el recurrente en cuanto a la existencia del interés casacional objetivo (art. 90 LJCA), en los términos en que se plantea y con los necesarios ajustes normativos y jurisprudenciales, sin perjuicio de que la sentencia que llegara a dictarse pudiera extenderse a otras cuestiones que exigiera el debate finalmente trabado en el recurso.
Resumen: En el escrito de preparación del recurso, el recurrente aduce que el interés casacional que el caso presenta se concreta en los siguientes extremos: (1) vulneración del derecho fundamental a obtener tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en relación con el derecho fundamental a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE); (2) vulneración del derecho a la tutela judicial en relación con la valoración de las pruebas (art. 24.1 CE); (3) vulneración del derecho a la presunción de inocencia; y (4) infracción del principio de legalidad sancionadora (art. 25.1 CE). La sala coincide con el recurrente en cuanto a la existencia del interés casacional objetivo (art. 90 LJCA), en los términos en que se plantea y con los necesarios ajustes normativos y jurisprudenciales, sin perjuicio de que la sentencia que llegara a dictarse pudiera extenderse a otras cuestiones que exigiera el debate finalmente trabado en el recurso.
Resumen: En el escrito de preparación del recurso, el recurrente aduce que el interés casacional que el caso presenta se concreta en los siguientes extremos: (1) infracción del art. 25 CE, sobre el principio de legalidad, en su vertiente de falta de tipicidad; y (2) vulneración del art. 24 CE, sobre la presunción de inocencia. La sala coincide con el recurrente en cuanto a la existencia del interés casacional objetivo (art. 90 LJCA), en los términos en que se plantea y con los necesarios ajustes normativos y jurisprudenciales, sin perjuicio de que la sentencia que llegara a dictarse pudiera extenderse a otras cuestiones que exigiera el debate finalmente trabado en el recurso.
Resumen: En el escrito de preparación del recurso, el recurrente aduce que el interés casacional que el caso presenta se concreta en los siguientes extremos: (1) vulneración de la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE); y (2) infracción del principio de legalidad sancionadora en su vertiente de tipicidad (art. 25 CE). La sala coincide con el recurrente en cuanto a la existencia del interés casacional objetivo (art. 90 LJCA), en los términos en que se plantea y con los necesarios ajustes normativos y jurisprudenciales, sin perjuicio de que la sentencia que llegara a dictarse pudiera extenderse a otras cuestiones que exigiera el debate finalmente trabado en el recurso.
Resumen: La circunstancia de que los dos implicados pertenezcan al cuerpo de la Guardia Civil y que en el momento de los hechos estuvieran realizando un servicio no altera la naturaleza de la conversación mantenida entre ellos, al no tratarse de una grabación realizada en el marco de una investigación policial o judicial en la que se escucharan conversaciones entre terceras personas. Por lo tanto, la grabación de los insultos que le dirigió su subordinado realizada por el cabo primero no conculca derecho constitucional alguno, al realizarse por uno de los interlocutores de la conversación. El recurrente no aporta dato alguno del que pueda inferirse la posible alteración en la transcripción de la grabación, sin perjuicio, además, de que la principal prueba de cargo la constituye la declaración del cabo primero. Los pormenores de la relación del cabo primero con el recurrente no afectan a su testimonio, que mantiene, en principio, toda su credibilidad. El hecho de que el cabo primero acudiera a la prestación del servicio con una grabadora y de que comenzara a grabar la conversación mantenida con su subordinado no evidencia móvil espúreo o de resentimiento alguno, sino la intención de documentar las faltas de subordinación que venía observando en el proceder del recurrente de cara a instar la adopción de las correspondientes medidas disciplinarias. El relato del cabo primero es corroborado, además, por la declaración del teniente comandante de puesto y por el contenido de la grabación.
Resumen: Se reiteran en el recurso las cuestiones ya alegadas y resueltas razonadamente en la sentencia de instancia, sin atacar los argumentos de esta, lo que, ya de por sí, hace acreedor de desestimación al recurso. La desconsideración o incorrección típica consiste en una actuación que, por su forma o contenido, supone un menoscabo en la consideración, honor, buen nombre y prestigio del sujeto pasivo, siempre que se realice por el sujeto activo en el ejercicio de sus funciones, con ocasión de ellas o vistiendo de uniforme. El bien jurídico protegido es la disciplina, esencial en la organización militar. Del respeto a tal bien jurídico se desprende que la consideración constituye un plus exigible en el trato con los superiores en el empleo militar. Por todo ello, la conducta del recurrente contenida en el relato de hechos probados -conforme al cual, el encartado solicitó al médico de la Comandancia que le diera el alta médica porque "el teniente le había comunicado que si continuaba de baja le iba a corregir y que si no le corregiría por eso ya le corregiría otro día por otra cosa"- se subsume adecuadamente en el tipo disciplinario apreciado. La atribución por el recurrente a su superior, de forma consciente y pública, de una conducta que, en caso de ser cierta, podría llegar a integrar alguna de las infracciones que sancionan el abuso de autoridad, buscaba menospreciar o comprometer la probidad u honradez de su superior y, con ello, afectar a su honorabilidad.
Resumen: La asistencia letrada en el ámbito disciplinario militar es una opción del expedientado que, una vez decidida, no puede ser negada ni obstaculizada. La ausencia de letrado en la audiencia del encartado se debió más a la defectuosa solicitud de segunda suspensión que al rigor del instructor. En cualquier caso, no se acredita en qué modo se causó indefensión real, material y efectiva, con relevancia constitucional, a la vista del interrogatorio de preguntas y la reiterada negativa a declarar del interrogado. La interposición de demanda de amparo ante el TC con solicitud de suspensión de la ejecución de sentencia -cuya admisión a trámite tampoco consta- no afecta a la firmeza de la sentencia condenatoria a los efectos de entenderse perfeccionado el tipo disciplinario. Los delitos por los que fue condenado el recurrente causaron daño a los ciudadanos, a pesar de que tres de ellos -de asesinato- fueran en grado de tentativa, como se desprende de la condena al pago de responsabilidad civil por el daño moral causado a los perjudicados. El legítimo interés de la Administración en la irreprochabilidad penal de los servidores públicos hace inviable la continuidad en el cuerpo de la Guardia Civil de uno de sus miembros condenado por tantos y tan graves delitos -tres asesinatos en grado de tentativa, un allanamiento de morada continuado y un delito continuado y agravado contra la intimidad-, por los que le fue impuesta pena privativa de libertad de 22 años de duración.
Resumen: Las necesidades de militares profesionales de las FF.AA. son cubiertas por militares de carrera, militares de tropa y marinería y, en determinados supuestos, militares de complemento. Estos traban una relación de servicios profesionales con la finalidad de atender necesidades específicas de las FF.AA., adscribiéndose al cuerpo que corresponda de acuerdo con los cometidos inherentes al mismo. La LRDFA no prohíbe que los oficiales de complemento sean adscritos al Cuerpo Jurídico Militar para la instrucción de expedientes disciplinarios, por lo que, en el caso, la instrucción por un capitán de complemento no comporta nulidad del procedimiento, ni por la intervención de órgano manifiestamente incompetente -incompetencia que ha de ser manifiesta, patente, evidente, clara u ostensible- ni por suponer ninguna indefensión o conculcación de derechos al expedientado. Ninguna vulneración de derechos se produce por haberse recibido nueva declaración al encartado respecto de otros dos positivos detectados tras la incoación del expediente disciplinario como consecuencia de los tres primeros, pues respecto de todos los positivos pudo alegar cuanto a su interés conviniese. Habiéndose detectado cinco positivos a cocaína, droga de las denominadas "duras", cuyo consumo produce una especial negativa incidencia en las facultades psicofísicas de las personas, procede imponer la separación del servicio, al resultar los hechos absolutamente incompatibles con la condición militar.