Resumen: La parte recurrente considera que la sentencia de instancia ha infringido: el principio de legalidad, consagrado en el art. 25.1 CE, en su vertiente de tipicidad, del principio de taxatividad penal y prohibición de aplicación extensiva de la norma de naturaleza sancionadora; y el derecho a la tutela judicial efectiva previsto en el art. 24.2 CE, aludiendo a la inexistencia de jurisprudencia del TS en la aplicación del art. 7.30 LORDFAS. Conforme a lo dispuesto en el art. 88.2.e) LJCA, puede apreciarse existencia de interés casacional objetivo cuando la sentencia interprete o aplique, infringiéndolas, normas constitucionales sobre derechos fundamentales; como las alegaciones del recurrente se centran en ello, sin prejuzgar ahora el fondo del asunto -pues se trata únicamente de decidir sobre la admisibilidad del recurso interpuesto-, procede aceptar la existencia del referido interés casacional objetivo, sin perjuicio de que la sentencia que llegara a dictar la sala pudiera extenderse a otras cuestiones que exigiera el debate finalmente trabado en el recurso.
Resumen: La presunción de inocencia no resultó afectada, ya que existió prueba de cargo suficiente, válida en su obtención, práctica y apreciación, ni se infringió la tutela judicial efectiva en relación con el anterior derecho presuntivo, ya que la valoración probatoria fue razonablemente motivada. El inamovible relato de hechos probados se incardina adecuadamente en la falta grave apreciada, habida cuenta de la frontal oposición del recurrente a dar cumplimiento a una orden no ilegítima ni arbitraria y, por ello, de obligado cumplimiento, directa y personal, sobre un asunto del servicio, recibida de un superior, que la emitió en el ejercicio de su competencia. No resultó infringido el derecho a un proceso con todas las garantías, ya que el expedientado estuvo presente en las testificales prestadas ante el instructor, sometiendo a contradicción los testimonios, sin que tenga soporte alguno la queja relativa al carácter sugestivo de las preguntas formuladas por el instructor. Lo afirmado en la información reservada abierta para el inicial esclarecimiento de los hechos que pudieran tener relevancia disciplinaria y la determinación de sus posibles responsables carece de valor probatorio si no es posteriormente ratificado ante el instructor. El tribunal de instancia fundamentó la existencia de prueba de cargo en las manifestaciones habidas en el seno del expediente, practicadas en condiciones de efectiva contradicción, por lo que no resultó afectado el derecho de defensa.
Resumen: La presunción de inocencia no resultó afectada, pues, como con acierto motiva la sentencia impugnada, la convicción sobre cómo acaecieron los hechos se desprende claramente de los particulares del expediente disciplinario y de la prueba practicada en el proceso -documental consistente en papeleta y nombramiento del servicio, cuadrante de servicios, parte disciplinario ratificado en el expediente, así como declaraciones testificales practicadas en condiciones de efectiva contradicción-. No presentarse en el lugar donde debía prestarse el servicio, retrasándose más de una hora, integra el primer ilícito disciplinario apreciado, siendo irrelevante que la conducta se desplegara de forma dolosa o negligente, concurriendo, asimismo, la gravedad que exige la previsión típica por el claro perjuicio generado al servicio. Sin embargo, la omisión en el sistema SIGO del retraso en la incorporación al servicio en que incurrió el recurrente -limitándose a registrar un desempeño del servicio «sin novedad»-, cuando el mando ya conocía su retraso inicial y la afectación que el mismo produjo en el servicio -lo que justificó la imposición de otra sanción-, no es constitutiva de la segunda infracción estimada, por lo que debe ser anulada la sanción impuesta por ella. El expediente se tramitó con todas las garantías, en cuanto que la inasistencia del interesado a determinadas actuaciones obedeció a su sola voluntad. La sanción elegida es proporcionada a todas las circunstancias concurrentes.
Resumen: La valoración de la prueba de descargo es un presupuesto inexcusable del deber de motivación de la convicción fáctica, de forma que la omisión de este deber constitucional representa un déficit de otorgamiento de la tutela judicial a la parte pasiva del proceso, cuya subsanación corresponde realizar al tribunal de instancia mediante una valoración razonada de la prueba de descargo sobre la que no hubiera habido pronunciamiento previo en sede disciplinaria. La sala de instancia quebrantó el derecho a la tutela judicial efectiva del recurrente, al no explicar las razones por las que no tomó en consideración las declaraciones prestadas por dos testigos en el seno del proceso contencioso-disciplinario sobre la duración y objeto de la actividad desplegada por el recurrente en el interior de una casa rural, ya que la cuestión resultaba relevante para determinar si este desatendió o no el servicio encomendado a patrulla de la Guardia Civil en la que estaba integrado durante la visita practicada a la referida casa rural. No se está tanto ante una irracional valoración de la prueba en su conjunto como ante una ausencia de valoración de la prueba de descargo, lo que impide comprobar la racionalidad del proceso deductivo llevado a cabo por el tribunal sentenciador. Ese déficit de otorgamiento de la tutela judicial comporta la anulación de la sentencia y la devolución al tribunal de instancia para que dicte nueva sentencia debidamente motivada.
Resumen: Se limita el recurrente a reproducir en casación el debate ya planteado y resuelto en la instancia, lo que lleva a la necesaria desestimación del recurso, aunque la sala examina las alegaciones del recurrente para agotar la más amplia tutela judicial. No resultó afectado el derecho a la presunción de inocencia, porque existió prueba de cargo suficiente -documental y coincidentes testificales-, válida en su obtención, práctica y valoración, sin que resultara tampoco afectado el derecho a la tutela judicial efectiva, porque la valoración de la prueba fue razonablemente motivada y se extendió a la prueba de descargo. Los hechos declarados probados por la sentencia de instancia se incardinan adecuadamente en la falta apreciada, ya que concurren en ellos todos los elementos del tipo: la condición de guardia civil del sujeto activo; la descripción de una conducta consistente en la promoción, provocación o aliento de un altercado o disputa; un elemento culpabilístico; y la gravedad de la conducta, que se desprende, por una parte, de la reiteración de los altercados, expresiones amenazantes e insultos proferidos por el recurrente hacia su compañero, con independencia de que fueran provocados y contestados por este, y, por otra, del ejercicio del mando por el recurrente, al ser el jefe de pareja, con afectación grave con sus continuas discusiones a los servicios prestados, hasta el punto de derivar en su interrupción.
Resumen: En su escrito de preparación, el recurrente considera que el interés casacional que el caso presenta se concreta en los siguientes extremos relativos a la sentencia impugnada: por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, en lo relativo a la formación de la misma, por haber infringido el ordenamiento jurídico en materia de motivación, congruencia, claridad y precisión, con la consiguiente vulneración del art. 24.2 CE; por considerar vulnerado el art. 24.2 CE y el derecho a la presunción de inocencia, por inexistencia de prueba de cargo y por haber incurrido el tribunal de instancia en error manifiesto, a través de una ilógica y errónea valoración de la prueba; por considerar vulnerado el art. 25.1 CE y el principio de legalidad, en su vertiente de tipicidad, por indebida aplicación del art. 8.2 LORDGC. La sala coincide con el recurrente en cuanto a la existencia de interés casacional objetivo (art. 90 Ley 29/1998, reformada por la LO 7/2015, de 21 de julio), en los términos en que se plantea y con los necesarios ajustes normativos y jurisprudenciales, sin perjuicio de que la sentencia que llegara a dictar la sala pudiera extenderse a otras cuestiones que exigiere el debate finalmente trabado en el recurso.
Resumen: En su escrito de preparación, el recurrente considera que el interés casacional que el caso presenta se concreta en los siguientes extremos relativos a la sentencia impugnada: vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva y a la presunción de inocencia reconocidos en el art. 24 CE; infracción del principio de legalidad previsto en el art. 25 CE, en relación con los arts. 8.21 y 40 LORDGC y 38 RROO para las Fuerzas Armadas. La sala coincide con el recurrente en cuanto a la existencia de interés casacional objetivo (art. 90 Ley 29/1998, reformada por la LO 7/2015, de 21 de julio), en los términos en que se plantea y con los necesarios ajustes normativos y jurisprudenciales, sin perjuicio de que la sentencia que llegara a dictar la sala pudiera extenderse a otras cuestiones que exigiere el debate finalmente trabado en el recurso.
Resumen: No concurre nulidad en las notificaciones realizadas por el secretario del expediente ni puede apreciarse la caducidad del expediente en razón de tal nulidad. Cuando, antes de que se constaten los hechos que motivaron la incoación de un expediente de determinación de insuficiencia de condiciones psicofísicas, se instruya procedimiento judicial por delito o expediente disciplinario por falta muy grave, quedará aquel en suspenso hasta que se dicte resolución definitiva en el procedimiento judicial penal y se depure la eventual responsabilidad disciplinaria por la condena o bien se dicte resolución en el expediente disciplinario por falta muy grave. En todo caso, cuando concurren ambos expedientes, debe otorgarse prioridad al disciplinario sancionador, con suspensión del destinado a conocer el estado psicofísico del militar, pues lo contrario supondría un fraude de ley. No se vio afectado en el expediente el derecho de defensa, pues, al formular alegaciones a la propuesta de resolución del instructor, el demandante -o su asesor militar- se aquietó a ella en lugar de contradecir el contenido de un informe que le resultaba desfavorable. La sanción de separación del servicio resulta proporcionada a la naturaleza y gravedad de los hechos y del delito objeto de la condena -homicidio intentado-, con independencia de la extensión de la pena impuesta. La resolución sancionadora contiene la motivación reforzada propia de la imposición de la sanción más aflictiva de entre las posibles.
Resumen: En su escrito de preparación, la parte que recurre considera que la sentencia de instancia ha infringido: lo dispuesto en el apartado 9 del art. 8 de la LO 8/2014, de 4 de diciembre, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas. La sala coincide con el recurrente en cuanto a la existencia de interés casacional objetivo (art. 90 Ley 29/1998, reformada por la LO 7/2015, de 21 de julio), en los términos en que se plantea y con los necesarios ajustes normativos y jurisprudenciales, sin perjuicio de que la sentencia que llegara a dictar la sala pudiera extenderse a otras cuestiones que exigiere el debate finalmente trabado en el recurso.
Resumen: En su escrito de preparación, la abogada del Estado considera que el interés casacional que el caso presenta se concreta en los siguientes extremos relativos a la sentencia impugnada: infracción del art. 7.13 LORDGC y de la jurisprudencia existente al respecto. La sala coincide con el recurrente en cuanto a la existencia de interés casacional objetivo (art. 90 Ley 29/1998, reformada por la LO 7/2015, de 21 de julio), en los términos en que se plantea y con los necesarios ajustes normativos y jurisprudenciales, sin perjuicio de que la sentencia que llegara a dictar la sala pudiera extenderse a otras cuestiones que exigiere el debate finalmente trabado en el recurso.
