Resumen: En su escrito de preparación, la parte recurrente considera que el interés casacional que el caso presenta se concreta en los siguientes extremos: (1) vulneración del derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE) y jurisprudencia que lo interpreta; y (2) infracción del principio de legalidad sancionadora y su complemento de tipicidad (art. 25.1 CE) y de la jurisprudencia que lo interpreta. La sala coincide con el recurrente en cuanto a la existencia de interés casacional objetivo, en los términos en que se plantea y con los necesarios ajustes normativos y jurisprudenciales, sin perjuicio de que la sentencia que llegara a dictar la sala pueda extenderse a otras cuestiones que exija el debate finalmente trabado en el recurso.
Resumen: El tipo disciplinario aplicado exige que exista una baja cierta y no simulada y que, sin justificación alguna, se prolongue, dejando así de prestar el servicio que hubiera correspondido. La determinación de si existió o no una indebida prolongación de la situación de baja médica exige conocimientos científicos al respecto. La resolución sancionadora entiende que si el médico que trató y operó a la recurrente hubiera conocido con detalle la clase de actividad profesional que esta desarrollaba habría dicho otra cosa. Sin embargo, no repara la resolución recurrida en que, una vez concedida el alta médica sin limitaciones, el guardia civil no solo es apto para realizar el trabajo que venía desarrollando hasta entonces, sino también cualquier otro que se le pudiera encomendar. Además, el médico desestimó la petición de alta del comandante enfermero dando razones en que apoyar su decisión, razones ampliamente explicitadas en su interrogatorio. Por lo tanto, no se está ante un supuesto en que la guardia civil recurrente prolongara injustificadamente su baja ni simulara ninguna circunstancia ante el médico, sino ante una decisión médica de que continuara de baja por no encontrarse apta para el servicio.
Resumen: No resulta infringido el derecho de defensa, pues la remisión por el recurrente e incorporación al expediente de determinados documentos anunciados en el escrito de alegaciones no implicó práctica de prueba tras el trámite de alegaciones a la propuesta de resolución, sino escrupuloso respeto al contenido del art. 59.2 LORDGC. La nueva casación contencioso-administrativa está esencialmente destinada a resolver cuestiones jurídicas, aunque en la contencioso-disciplinaria cabe una interpretación más laxa y abierta. No resultó vulnerado el derecho a la presunción de inocencia, pues, valorada la prueba de cargo y de descargo, el tribunal funda su convicción dando mayor credibilidad a aquella que a esta, lo que hace de forma razonada y razonable, extrayendo conclusiones que se compadecen con las reglas de la lógica. Los hechos probados reflejados en la sentencia se subsumen en el tipo: concurre la acción típica, así como el elemento intencional o doloso de la misma, ya que la prolongación injustificada de la baja para el servicio fue resultado de una actuación engañosa o desleal del agente. Motivada adecuadamente por la autoridad sancionadora la elección de la sanción de pérdida de destino conforme a los criterios establecidos en el art. 19 LORDGC, no cabe criterio alguno de graduación de la misma, ya que no puede imponerse en extensión distinta de los 2 años previstos legalmente.
Resumen: El recurso no se ajusta a la disciplina reguladora de la nueva casación, contemplada solo por interés objetivo para la formación de la jurisprudencia, no obstante lo cual, la sala se adentra en su examen a la luz de la vulneración de derechos fundamentales en que quedó fijado el interés casacional en el auto de admisión a trámite. El relato de hechos probados de la sentencia de instancia -conforme al cual, el recurrente emitió un informe a sus superiores acerca de su participación en un rescate de menores refugiados en una cueva con un incendio en su interior, salvándoles la vida con riesgo de la suya propia, que no se ajustaba a la realidad de lo acontecido, versión que el también dio al delegado del Gobierno y a diversos medios de comunicación- se apoya de forma razonada en suficiente prueba de cargo directa y periférica, por lo que no se aprecia vulnerado el derecho a la presunción de inocencia. Ninguna razón jurídica se esgrime en apoyo de la atipicidad de la conducta más allá del mero cuestionamiento de los hechos probados. En ellos concurren todos los elementos del tipo: la emisión de un informe verbal a sus mandos sobre determinados hechos acontenidos el día de autos -versión reiterada ante la autoridad civil y diversos medios de comunicación; la falta de realidad de lo afirmado en tal informe; el elemento intencional, pues el informe se emitió a sabiendas de su mendacidad y con el presumible propósito de aparecer como autor de una meritoria acción heroica.
Resumen: Las declaraciones incriminatorias de los coimputados son suficientes para enervar la presunción de inocencia si resultan corroboradas por otras pruebas, aunque la corroboración no sea plena. Lo que se reprocha al sancionado es la falta de autorización para utilizar en una actividad privada un vehículo oficial, correspondiéndole a él la acreditación de la existencia de autorización. La declaración del coimputado está corroborada por la circunstancia acreditada de que el recurrente estaba de permiso y fuera de servicio, por la llamada realizada por el recurrente tras el accidente al jefe de la unidad en la que reconocía que había cogido el vehículo oficial sin autorización por una urgencia -como consta en la información reservada, cuyo contenido fue ratificado ante el instructor del expediente- y por el mismo informe emitido por el oficial jefe de la unidad en el que se participa no haberse dado permiso por ningún mando para el uso particular de los vehículos camuflados. Estando el recurrente de permiso y no permitida la utilización particular de vehículos camuflados, no puede ampararse en el principio de confianza legítima, pues el mismo no protege la creación o mantenimiento de situaciones contrarias al ordenamiento jurídico, sino únicamente las legítimas esperanzas del administrado de que la conducta de los poderes públicos no sea contraria a sus actos anteriores, resultando sorprendente o incoherente, lo que no se aprecia que ocurra como consecuencia de la sanción impuesta.
Resumen: En su escrito de preparación, la parte recurrente considera que la sentencia ha infringido: (1) el principio de legalidad o tipicidad del art. 25.2 CE, en relación con el art. 7.2 LO 8/1998 y la jurisprudencia establecida en las sentencias que se citan; (2) la normativa sobre competencia sancionadora; (3) la normativa integrada por los arts. 106.2 CE y 32.1 y 34.1 de la Ley 40/2015, en materia de responsabilidad patrimonial del Estado y la jurisprudencia que se cita, en cuanto a la indemnización fijada; (4) el art. 217 LEC, en relación con el art. 457 LPM, al haberse invertido la carga de la prueba; y (5) el art. 24 CE, por haberse producido indefensión al recurrente. La sala coincide con el recurrente en cuanto a la existencia de interés casacional objetivo en los términos en que se plantea, con los necesarios ajustes normativos y jurisprudenciales.
Resumen: La parte recurrente considera que la sentencia de instancia ha infringido el art. 24 CE, al vulnerarse los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva y a la presunción de inocencia. Conforme a lo dispuesto en el art. 88.2.c) LJCA, puede apreciarse que existe interés casacional objetivo cuando la sentencia interpreta o aplica, infringiéndolos, normas constitucionales sobre derechos fundamentales. Como las alegaciones del recurrente así lo consideran, sin prejuzgar ahora el fondo del asunto -pues se trata únicamente de decidir sobre la admisibilidad del recurso interpuesto-, se acepta la existencia del referido interés casacional objetivo, lo que lleva a que el recurso deba ser admitido a trámite.
Resumen: La parte recurrente considera que la sentencia de instancia ha infringido: (1) el art. 24 CE, al vulnerarse el derecho a la presunción de inocencia; y (2) el art. 25 CE, por vulneración de los derechos fundamentales que recoge. Conforme a lo dispuesto en el art. 88.2.c) LJCA, puede apreciarse que existe interés casacional objetivo cuando la sentencia interpreta o aplica, infringiéndolos, normas constitucionales sobre derechos fundamentales. Como las alegaciones del recurrente así lo consideran, sin prejuzgar ahora el fondo del asunto -pues se trata únicamente de decidir sobre la admisibilidad del recurso interpuesto-, se acepta la existencia del referido interés casacional objetivo, lo que lleva a que el recurso deba ser admitido a trámite.
Resumen: En el escrito de preparación del recurso se aduce por el recurrente que el interés casacional que el caso presenta se concreta en loas siguientes extremos: vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en conexión con el principio de legalidad sancionadora (art. 25.1 CE) y con el derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE). La sala coincide con el recurrente en cuanto a la existencia de interés casacional objetivo en los términos planteados y con los necesarios ajustes normativos y jurisprudenciales, sin perjuicio de que la sentencia que llegara a dictar la sala pueda extenderse a otras cuestiones que exigiera el debate finalmente trabado en el recurso.
Resumen: En su escrito de preparación, la parte que recurre considera que la sentencia de instancia ha vulnerado: (1) el art. 25.1 CE (principio de legalidad en su vertiente de tipicidad) y la jurisprudencia que lo desarrolla; (2) la jurisprudencia emanada de esta sala que desarrolla la falta grave del art. 8.21 LORDGC; (3) el art. 24 CE (derecho a la defensa, a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable); (4) el art. 24 CE (derecho a la presunción de inocencia; y (5) el art. 20.1 CE (derecho a la libertad de expresión). La sala coincide con la parte recurrente en cuanto a la existencia de interés casacional objetivo en los términos en que se plantea, con los necesarios ajustes normativos y jurisprudenciales.