Resumen: Admisión. Posibilidad de subsanar la falta de poder del procurador con posterioridad a la presentación del escrito de interposición del recurso contencioso-administrativo y transcurrido el plazo de interposición, cuando su otorgamiento se efectúa "apud acta" y, a tal efecto, es requerido por el Letrado de la Administración de Justicia. Antecedentes de admisión: AATS de 18 de julio de 2018 (RRCA 4715/2017 y 4743/2017) y de 18 de marzo de 2019 (RCA 687/2019) y SSTS de 13 de mayo de 2020 (RRCA 4715/2017 y 4743/2017) y de 27 de mayo de 2020 (RCA 687/2019). La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar si la nueva redacción del artículo 24 LEC en relación con el artículo 23 LJCA permite subsanar la falta de poder del procurador con posterioridad a la presentación del escrito de interposición del recurso contencioso-administrativo y transcurrido el plazo de interposición, cuando su otorgamiento se efectúa "apud acta" y, a tal efecto, es requerido por el Letrado de la Administración de Justicia.
Resumen: Incautación en una casa de campo de gran cantidad de canabis, resultando que la sustancia intervenida hubiera alcanzado en el mercado ilícito 22.724,095 euros. Acreditados los hechos, las solas manifestaciones de los acusados no son suficientes para acreditar el carácter de consumidores y pretender -en el caso de uno de los coacusados - la exculpación o, subsidiariamente, la aplicación de la atenuante de drogadicción.
Resumen: Ningún error cabe declarar, ni en la calificación jurídica, ni aun considerando que lo que pretende denunciar es un error derecho basado en documentos acreditativos de un error de valoración. El hecho probado dice lo que resulta de la documentación y es lo que el propio recurrente señala, que el dinero fue una inversión para la adquisición de embarcaciones y que se desvió del destino pactado. Se ha comprobado la correcta enervación del derecho fundamental invocado a partir de la expresión de las fuentes de prueba y el razonamiento lógico contenida la motivación de la sentencia. La expresión de la duda razonable con el que el recurrente pretende hacer valer su derecho a la presunción de inocencia, se desvanece cuando el tribunal afirma que la prueba es concluyente y que no es verdad las manifestaciones y las dudas que declara existentes. Se denuncia la vulneración del derecho proceso sin dilaciones. Argumentan que el proceso ha durado más de 10 años y que la causa no es especialmente compleja. Declara la sentencia la concurrencia de la atenuante de dilaciones indebidas y le atribuye la calificación de simple y no cualificada. Es cierto que la causa es compleja pero la circunstancia en el retraso ha sido el ejercicio del derecho y la preservación de las garantías procesales del enjuiciamiento al anular el juicio por indefensión, lo que no supone sino el ejercicio de un derecho y un enjuiciamiento y acomodado a las exigencias legales y constitucionales del proceso debido.
Resumen: Agente forestal que redactó un boletín de denuncia que dio lugar a un proceso sancionador en el que ,sin ser ciertos los hechos y faltando íntegramente a la verdad, expresaba que su hermano , careciendo de los permisos especiales necesarios y con especial desvalor por afectar a una vía pecuaria, había procedido en el precitado día a talar una encina seca en el paraje denominado la Cañada Real de Gata,sito en el término municipal de Membrio. Por ello se incurrió en la falsedad prevista en el apartado 4º del art.390 .1.faltar a la verdad en la narración de los hechos, que exige que lo que se reputa falso sea la consignación de un determinado hecho en el documento ..." ,esto es y no en su totalidad .
Resumen: Recuerda la jurisprudencia relativa a la referida circunstancia atenuante y afirma que se ha apreciado la atenuante con el carácter de muy cualificada en supuestos en los que se habían producido paralizaciones de notable consideración, por espacio de varios años.
Resumen: La sala después de reseñar la doctrina constitucional acerca de las fases objetiva y subjetiva en las que se desenvuelve la valoración de la prueba y destacar que es en la primera donde opera la presunción de inocencia y en la segunda el principio in dubio pro reo sostiene que en la instancia se practicó prueba de cargo (el interrogatorio del acusado y las testifícales) adecuada y suficiente, obtenida constitucionalmente y practicada legalmente, al haberse respetado el derecho al proceso con todas las garantías, prueba que fue valorada y permitió llegar al pronunciamiento condenatorio que ahora se cuestiona. Ninguna duda cabe de la validez de la prueba indiciaria para alcanzar la convicción de que el ánimo que guiaba al acusado el ánimo de lucro propio de los delitos contra el patrimonio, consistente en cualquier provecho o utilidad que de la cosa apropiada pretenda obtener el sujeto activo. Bien al contrario, como quiera que la voluntad del sujeto activo pertenece a su esfera más íntima y persona, lo habitual en este tipo de delitos es que su existencia deba probarse acudiendo a la prueba de indicios y atendiendo a los actos simultáneos y posteriores al desplazamiento patrimonial.
Resumen: La sentencia de suplicación confirmó la de instancia que declaró la improcedencia del despido impugnado. En casación para unificación de doctrina el empresario solicita la nulidad de actuaciones alegando que no recibió la citación para juicio y que no conoce a la persona que figura como receptor de la notificación en el acuse de recibo, ni consta la relación de tal persona con el destinatario. La sala IV, tras apreciar contradicción en la infracción procesal denunciada, estima el recurso formulado por la empresa. Razona que para que el derecho a la defensa que consagra el art. 24 CE se haga efectivo en cada caso, resulta preciso que se tenga noticia de la existencia del litigio y de los distintos aconteceres procesales, de ahí la especial trascendencia de los actos de comunicación del órgano judicial con las partes; y respecto de los efectuados por correo certificado, para su validez y eficacia es de todo punto necesario que quede en los autos constancia de su práctica y de las circunstancias esenciales de la misma, que, según establece literalmente el art. 56.3 LRJS, son las circunstancias personales de quien recibió la notificación(nombre, documento de identificación y domicilio), así como su relación con el destinatario interesado. Estas exigencias son comunes, sea cual sea el destinatario y su forma jurídica, y no pueden ser obviadas, so pena de que se incumpla la norma y se pongan en peligro los derechos de defensa del destinatario.
Resumen: La entidad recurrente, empresa cuyo objeto social es la distribución y comercialización de vehículos de motor de la marca CHEVROLET, de la que es concesionaria, impugna la resolución de la CNMC por la cual se le impuso una sanción de multa al considerar acreditada la comisión de una infracción prevista en el artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia. La Sala analiza las alegaciones exculpatorias de la sociedad actora que finalmente acoge al considerar que no ha quedado acreditada de modo suficiente, con las pruebas incorporadas al expediente administrativo, la conducta colusoria que se le imputa. Concluye así que los datos que se contienen en el acuerdo sancionador, o mejor dicho su ausencia, evidencian una magra carga probatoria en su redacción de la resolución, lo que difícilmente permite constatar la motivación de la participación y culpabilidad de la sancionada.
Resumen: El contexto en que fueron proferidas las expresiones justifica cierto enfado, pero no las expresiones injuriosas que se declaran probadas. Animo de ofender: resulta del propio tenor de las expresiones proferidas. Las eximentes y atenuantes deben probarse como el hecho mismo.
Resumen: Delito de estafa. El TS desestima el recurso fundado en tres motivos: vulneración del derecho a la presunción de inocencia; indebida aplicación de los artículos 390.1.3 y 392 en relación con el 249 CP; e indebida aplicación de la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas como muy cualificada con rebaja de dos grados. Respecto de este último reproche, la Sala recuerda que sólo en supuestos muy extraordinarios, ha reducido en dos grados una pena en virtud de la aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas, pues ello supone en la práctica desactivar de forma sustancial y determinante los fines de la pena con respecto a delitos que contienen un grado de ilicitud notable, sin que se den razones de una excepcionalidad extraordinaria que fundamenten una atemperación tan exorbitante y magnánima del quantum de la pena. En el caso concreto, concluye la imposibilidad de su aplicación.