Resumen: En relación a los menores víctimas de abuso sexual, el principal factor de victimización secundaria sería su sobreexposición a distintas evaluaciones. Estas circunstancias se han producido con el sufrimiento de la menor en la ejecución de los hechos y el carácter titubeante de su declaración judicial. Pero ese sufrimiento puede detectarse, siendo destacado por el Tribunal, pero como factor a tener en cuenta dentro de las particularidades de las declaraciones de los menores víctimas de delitos sexuales. Consta la materialización de los actos sexuales sobre la menor, en días sucesivos desde el mes de noviembre hasta el de diciembre de 2016, aprovechando idéntica ocasión con semejanza comisiva y sobre la misma base de dominio sobre la víctima, de tal manera que no cabe considerar que se tratase de actos aislados. La sentencia hace mención a la reiteración de las conductas que han llevado a apreciar la continuidad delictiva y que se refiere a menores de edad, lo que lleva consigo la agravación de una conducta que perjudica notablemente a la salud de los menores de edad, destruyendo este argumento el expuesto en cuanto al nulo o reducido perjuicio a la salud alegado cuando esa entrega de drogas, como aquí consta la transmitida, se hace a menores de edad, y el evidente y grave perjuicio a la salud que a estos se les causa, no comparable en cantidades que en igual suma se entregan a mayores de edad, que es a donde hay que aplicar la tesis del principio de insignificancia.
Resumen: Confirma parcialmente la condena impuesta por Juez Penal por delito contra la salud pública referido a sustancia que no causan grave daño a la salud con la agravante de haberse cometido en establecimiento abierto al público. La conducta atribuida al acusado procede de la incautación de una partida de hachís dentro de un bar en el que el acusado trabajaba como camarero. Además se incautaron en las dependencias del establecimiento dinero en efectivo y bascules. Presunción de inocencia y prueba de indicios suficientes para su destrucción. Agravante de comisión del hecho en un establecimiento público. Reclama la constatación fáctica, transpuesta a la sentencia, de que el acusado se ha valido del establecimiento para los fines del comercio ilícito. Estima parcialmente el recurso para descartar la aplicación de esta modalidad agravada, al no contener la sentencia recurrida mención alguna, ni en los hechos probados ni en la fundamentación jurídica, sobre esta exigencia. Tipo atenuado de menor gravedad del hecho. No concurre.
Resumen: Se denuncia vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, al no haberse citado y emplazado la entidad aseguradora, para el acto de la vista oral, en su calidad de responsable civil subsidiario. Hubo ciertamente irregularidades en la forma de realizar el emplazamiento de la compañía de seguros, pero hubo una subsanación en tiempo hábil para preparar la defensa. No ha habido, por lo tanto, indefensión. Se invoca el principio acusatorio pero la relación entre la compañía de seguros y el responsable penal es un contrato de seguro, de naturaleza civil y, por eso, el principio que rige su solicitud no es el acusatorio, sino el de rogación. Se alega que el límite contratado en el seguro era de 150.000 euros, y que, por lo tanto, con base en el principio de autonomía de la voluntad, no se puede superar ese límite. La conducta del asegurado, calificado responsable penal, lo es un por un delito continuado de estafa, por lo que la condena se refiere a una pluralidad de actos realizados en aprovechamiento de circunstancias idénticas. Quebrantamiento de forma por falta de claridad y contradicción en los hechos probados: no concurre. No hay contradictio in terminis. Error en la apreciación de la prueba: los documentos designados no evidencian error alguno. Presunción de inocencia: existencia de prueba bastante. Deferir la determinación de la indemnización la fase de ejecución no lesiona ningún derecho. Prinicpio de igualdad.
Resumen: La reforma operada en el art 847 de la LECr por la Ley 41/2015, generalizó la segunda instancia penal y posibilitó el acceso a la casación de las sentencias dictadas en grado de apelación por las Audiencias Provinciales y la Audiencia Nacional, respecto de las dictadas en primera instancia por los Juzgados de lo Penal y Juzgado Central de lo Penal, con exclusión de las recaídas en delitos leves. El motivo formulado al amparo del art. 849.1 LECr. es el camino hábil para cuestionar ante el Tribunal de casación si el Tribunal de instancia ha aplicado correctamente la Ley, es decir, si los preceptos aplicados son los procedentes o si se han dejado de aplicar otros que lo fueran igualmente, y si los aplicados han sido interpretados adecuadamente, pero siempre partiendo de los hechos que se declaran probados en la sentencia, sin añadir otros nuevos, ni prescindir de los existentes. En la casación, solo cabe examinar la aplicación del principio in dubio pro reo cuando dentro de la sentencia impugnada se refleje alguna duda sobre la existencia de los hechos constitutivos de la infracción que se sanciona.
Resumen: Las cuestiones relativas a la interpretación de las normas sobre atribución de competencias a los órganos jurisdiccionales son, en principio, cuestiones de legalidad ordinaria. Ajenas, por tanto, al derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, salvo que esa interpretación suponga una manipulación manifiestamente arbitraria de las reglas legales sobre atribución de competencias. Aun cuando corresponde a la parte acusadora la prueba de la legitimidad de los medios de prueba con los que pretenda avalarse una pretensión de condena, la ley no ampara el silencio estratégico del acusado; de suerte que, como aquí ha acontecido, si en la instancia no se promueve el debate sobre la legalidad de una determinada prueba, esa impugnación no podrá hacerse valer en ulteriores instancias. El delito contra la salud pública es de tracto sucesivo o integrante de conceptos globales. Integran una única actuación delictiva todos los comportamientos favorecedores del tráfico de drogas, hasta el momento en que se produce una intervención policial o judicial orientada a ponerle término. El delito contra la salud pública es de consumación anticipada. No existe consumación si no hay posesión inmediata o mediata de la droga. Es apreciable el delito imposible si la participación sobreviene con posterioridad a la intervención policial de la sustancia.
Resumen: Recurso formulado por dos personas. Se estima el de una de ellas. Intervenciones telefónicas acordadas en otro procedimiento. No se vulnera ningún derecho fundamental, cuando, en el curso de unas intervenciones telefónicas acordadas lícitamente para la investigación de unos hechos, se desvelan otros relacionadoas con otro delito. Doctrina del hallazgo casual. Correcta inferencia del ánimus necandi: correcta calificación de los hechos como asesinato. La deducción de la actuación inductora de la recurrente se basa en la acreditación de que la acusada dirigió a las víctimas amenazas referidas a los hechos que luego sucedieron. Discusión doctrinal sobre la punibilidad de la inducción. La inducción requiere la causalidad psíquicamente actuada, esto es, determinar o mover a una persona a que ejecute un hecho delictivo concreto, aunque estuviera su ánimo más o menos predispuesto. No cabe la inducción, en los denominados supuestos de omnimodo facturus, cuando la persona estuviese decidida desde el primer momento a cometer el delito. Posibilidad de cooperación psicológica. Se descarta en el caso la inducción, por la posibilidad de que el inducido se encontrase decidido a actuar de cualquier manera. No cabe la condena por amenazas, por inexistencia en el hecho probado, sino en la fundamentación jurídica. No cabe tampoco la complicidad "psicológica". Se estima el recurso de la recurrente por la debilidad de los elementos de convicción tomados en consideración para estimar la inducción
Resumen: La expresión negocio jurídico criminalizado no es correcta pues no existe, como tal, negocio jurídico, sino una apariencia de negocio en el cual uno de los contratantes ha actuado engañando al otro sobre un elemento esencial del contrato. Ahora bien, el dolo no se satisface sólo con la exigencia de dolo directo de primer grado, cuando el acusado no tiene intención de incumplir el contrato, sino que también se colma la tipicidad subjetiva del delito de estafa con el dolo eventual. El carácter anticipado el dolo viene referido no necesariamente al momento de la contratación, sino al tiempo del desplazamiento patrimonial. Es perfectamente imaginable un contrato lícito en su origen que se transmuta en medio defraudatorio cuando una de las partes sabedor de que su propósito inicial de atender las obligaciones contraídas deviene imposible, calla y oculta circunstancias relevantes o aparentar que nada ha cambiado, para prolongar la percepción de fondos, servicios o mercancías o materiales pactados a pesar de prever y asumir que no habrá contraprestación.
Resumen: Sentencia absolutoria por delito de estafa. Inexistencia en favor de la acusación de un derecho a la presunción de inocencia invertida. Aunque medie actividad fraudulenta, si quien realiza el desplazamiento patrimonial no lo hace movido por error generado por el engaño no se cumplimentan los elementos de la estafa típica, objeto de acusación. En las dos disposiciones patrimoniales recogidas en el relato de hechos probados, ninguna de las enajenantes (que obraban en nombre propio o en representación societaria) obraban bajo error consecuencia de engaño alguno, tuvieran o no intención de perjudicar. Ciertamente existen otras modalidades de estafa (artículo 251 CP) donde el perjudicado puede ser un tercero ajeno al negocio, y esa persona ni es engañada ni realiza un acto de disposición patrimonial. Pero problemas derivados del principio acusatorio y de la dificultad de revocación de sentencias absolutorias, cuando conlleva alteració,n no ya solo de los hechos probados, sino de cualquier elemento factual que se despliegue en su fundamentación, impide analizar su potencial subsunción.
Resumen: En la "intimidación", vis compulsiva o vis psíquica, se compele a ceder a los lascivos propósitos del agente mediante la coacción psicológica ejercida sobre la víctima, y que suponga el anuncio de un mal inminente y grave, personal y posible, racional y fundado. El delito de agresión sexual requiere violencia (o intimidación), pero en modo alguno que se ocasionen lesiones. En la doctrina jurisprudencial la relevancia de los trastornos de la personalidad en la imputabilidad no responde a una regla general. No cabe hablar de exención completa, pues no anulan el conocimiento ni la voluntad. Debe concurrir el requisito cronológico, consistente en que la confesión no tendrá que haberse hecho antes de conocer el confesante que el procedimiento se dirigía contra él, habiéndose entendido que la iniciación de diligencias policiales ya integra procedimiento judicial, a los efectos de la atenuante. La prueba pericial, como destaca la doctrina, es una prueba de apreciación discrecional o libre y no legal o tasada, por lo que, desde el punto de vista normativo, la ley precisa que el Tribunal valorará los dictámenes periciales según las reglas de la sana crítica
Resumen: Vulneración del derecho a la libertad personal (art. 17 CE): compatibilidad de los plazos de los artículos 520 y 497 de la LECr., si hay previa detención policial, sin orden judicial. Vulneración del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones. Incorporación del resultado de las escuchas obtenidas en otro procedimiento. Acuerdo de Pleno de 26 de mayo de 2009, sus fragmentos más relevantes a los efectos discutidos son los siguientes: "en los procesos incoados a raíz de la deducción de testimonios de una causa principal, la simple alegación de que el acto jurisdiccional limitativo del derecho al secreto de las comunicaciones es nulo, porque no hay constancia legítima de las resoluciones antecedentes, no debe implicar sin más la nulidad".