• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SUSANA POLO GARCIA
  • Nº Recurso: 1499/2018
  • Fecha: 24/10/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Delito continuado de estafa agravada por razón de la cuantía defraudada. Análisis de la suficiencia de la prueba practicada.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MIGUEL COLMENERO MENENDEZ DE LUARCA
  • Nº Recurso: 1696/2018
  • Fecha: 24/10/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Sentencia absolutoria. Delito de estafa, administración desleal y falsedad en las cuentas anuales. Revocación de pronunciamientos absolutorios a través del recurso de casación. Recurso de casación por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva. El dolo defraudatorio en el delito de estafa: jurisprudencia de la Sala. El delito societario de falsedad contable del artículo 290 del Código Penal y el delito societario de administración desleal del artículo 252 del Código Penal. La conducta típica se concentra en la disposición fraudulenta de los bienes de la sociedad o en contraer obligaciones a cargo de la misma. Es preciso, además, que se actúe con abuso de las funciones propias del cargo y que se cause un perjuicio. En el tipo subjetivo, es preciso el conocimiento del significado de la operación de que se trate; de que se actúa abusando de las funciones propias del cargo; y de que con esa actuación se causa un perjuicio. Es igualmente exigible que se actúe en beneficio propio o de tercero.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JULIAN ARTEMIO SANCHEZ MELGAR
  • Nº Recurso: 1568/2018
  • Fecha: 24/10/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La condena por un delito de blanqueo de capitales no requiere la descripción detallada de la previa actividad delictiva. Basta con la constatación de que el dinero proviene de una actividad criminal. Pero esa actividad criminal debe concretarse aunque sea mínimamente. La acción sancionada como delito de blanqueo no consiste en el simple hecho de adquirir, poseer o utilizar los beneficios adquiridos sino, como precisa el tipo, en realizar estos u otros actos cuando tiendan a ocultar o encubrir el origen ilícito de las ganancias. El único dolo exigible al autor y que debe objetivar la Sala sentenciadora es precisamente la existencia de datos o indicios bastantes para poder afirmar el conocimiento de la procedencia de los bienes de un delito grave. Este conocimiento exige certidumbre sobre el origen, si bien no es necesario el conocimiento de la infracción precedente en todos sus pormenores o con todo detalle, aunque no es suficiente la mera sospecha. En los supuestos de dolo eventual se incluyen los casos en que el sujeto no tiene conocimiento concreto y preciso de la procedencia ilícita de los bienes, pero sí es consciente de la alta probabilidad de su origen delictivo, y actúa pese a ello por serle indiferente dicha procedencia. En la imprudencia se incluyen los supuestos en los que el agente actúa sin conocer la procedencia ilícita de los bienes, pero por las circunstancias del caso se encontraba en condiciones de sospechar fácilmente la ilícita procedencia.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANDRES PALOMO DEL ARCO
  • Nº Recurso: 10243/2019
  • Fecha: 24/10/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Quebrantamiento de forma por haberse denegado una diligencia una prueba propuesta en tiempo y forma, consistente en la solicitud de remisión desde el Aeropuerto de Lima de las grabaciones de las cámaras de seguridad. Irrelevancia de la prueba solicitada. La prueba no hubiese tenido repercusión en el resultado del procedimiento. Es insostenible que las cámaras hubiesen grabado todo el tiempo de permanencia de la maleta en el Aeropuerto. Es preciso, además, que la denegación haya producido indefensión, de manera que el motivo exige demostrar la relevancia de la prueba. Error en la apreciación de la prueba: no se precisa qué apartado fáctico de esos documentos demuestra el error en la valoración de la prueba. Presunción de inocencia: se alega quebrantamiento de la cadena de custodia. Doctrina de la cadena de custodia: no es una prueba en sí misma, sino que es garantía formal de la autenticidad e indemnidad de la prueba pericial. Acreditación del mantenimiento de la cadena de custodia. Identificación de todos y cada uno de los pasos desde la intervención de la sustancia hasta su análisis por el Laboratorio oficial, sin que pudiese ser objeto de manipulación. Explicación de la diferencia notable en el peso de la sustancia, basada en los distintos medios de pesaje y su diferente grado de precisión. Pese a ser un detalle lamentable, no existe base para dudar razonablemente de la identidad de las drogas ocupadas. La cadena de custodia no tiene sino un carácter meramente instrumental.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: PABLO LLARENA CONDE
  • Nº Recurso: 1513/2018
  • Fecha: 23/10/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Cabe un control casacional de la excepción de cosa juzgada, tanto cuando se entienda indebidamente aplicada como artículo de previo pronunciamiento o como cuestión previa, como en aquellos supuestos en los que no se hubiere reconocido su operatividad pese a resultar procedente. Para que opere la cosa juzgada, siempre habrán de tenerse en cuenta cuáles son los elementos identificadores de la misma en el ámbito del proceso penal, y frente a la identidad subjetiva, objetiva y de causa de pedir, exigida en el ámbito civil, se han restringido los requisitos para apreciar la cosa juzgada en el orden penal, bastando los dos primeros, careciendo de significación, al efecto, tanto la calificación jurídica como el título por el que se acusó, cuando la misma se base en unos mismos hechos. La imputación de los mismos hechos a la misma persona debe contemplarse entendiendo los hechos en un sentido no puramente naturalista, sino matizado por la óptica jurídico-penal desde la que los hechos deben ser contemplados. El bien jurídico protegido en el delito de prevaricación administrativa es el correcto ejercicio de la función pública. El delito de prevaricación no se refiere de modo expreso a resoluciones administrativas, sino a resoluciones arbitrarias dictadas en un asunto administrativo. La condición de funcionario público que se exige para poder ser sujeto activo del delito es propia del orden penal y no vicario del derecho administrativo.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: RAFAEL TOLEDANO CANTERO
  • Nº Recurso: 51/2018
  • Fecha: 23/10/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Error judicial. Falta de agotamiento de los recursos previstos en el ordenamiento por no haber interpuesto incidente de nulidad contra el auto que denegó el derecho a justicia gratuita. Desestimación.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Toledo
  • Ponente: JUAN RAMON BRIGIDANO MARTINEZ
  • Nº Recurso: 147/2018
  • Fecha: 23/10/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Confirma la condena impuesta por Juez Penal por delito contra la salud pública referido a sustancias que no causan grave daño a la salud. Conducta de cultivo y tenencia de varias plantas de marihuana con destino previsto al tráfico. Presunción de inocencia y prueba de indicios. Acreditación del destino previsto para la sustancia cultivada a partir de un único indicio. Los valores cuantitativos de la sustancia detentada, cuando resultan muy elevados en relación con el consumo razonable de una persona pueden resultar suficientes para elaborar la inferencia racional de que su destino previsto es el comercio ilícito. En este caso se añade la declaración sumarial del acusado en que había admitido dedicarse al comercio de hachís que, aunque negó en el juicio, no logró explicar los motivos de su declaración sumarial. Atenuante de dilaciones procesales indebidas. No puede operar como muy cualificada por el mero hecho de que se trata de dilaciones extraordinarias, pues se trata de una exigencia incluida por el legislador para la atenuante básica.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JUAN RAMON BERDUGO GOMEZ DE LA TORRE
  • Nº Recurso: 1589/2018
  • Fecha: 23/10/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Analiza el derecho a la presunción de inocencia en la casación, tras la reforma Ley 41/2015 y la instauración de un previo recurso de apelación. El quebrantamiento de forma por contradicción de los hechos probados. Requisitos. Analiza la distinción del dolo civil y dolo penal en la estafa y la estafa omisiva. Suficiencia del engaño y autoprotección de la víctima. Imputación objetiva. Delito continuado y unidad natural de acción. Limites para la apreciación del delito continuado y el tipo agravado del art. 250.1-5 CP. El acusado no se encuentra legitimado para solicitar la condena de una persona jurídica.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: WENCESLAO FRANCISCO OLEA GODOY
  • Nº Recurso: 3352/2019
  • Fecha: 23/10/2019
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: La cuestión en la que existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar si a los efectos de acceso a la profesión de abogado resulta exigible haber obtenido la convalidación del título habilitante obtenido en el extranjero para ser admitido en los cursos de formación específicos (Máster) o, por el contrario, resulta factible la realización simultánea de ambas formaciones.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE LUIS REQUERO IBAÑEZ
  • Nº Recurso: 438/2019
  • Fecha: 21/10/2019
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: La Sala admite la casación contra sentencia de TSJ que confirmó la resolución del Colegio de Procuradores que acordó la baja en el ejercicio de la profesión de la Procuradora de la recurrente por impago de cuotas colegiales obligatorias y variables. La Sala entiende que tienen interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia las cuestiones atinentes a: a) Si, tras la anulación jurisdiccional de los Estatutos del Colegio de Procuradores de Madrid, cabe entender que el artículo 20.1.c) del Estatuto General de los Procuradores de España otorga sustento normativo habilitante a los acuerdos de baja colegial por impago de las cuotas colegiales contempladas en el Reglamento de Cuotas Colegiales del Colegio de Procuradores de Madrid; b) Si, tras la anulación jurisdiccional de los Estatutos del Colegio de Procuradores de Madrid de 25 de enero de 2011, cabe entender que los Estatutos del Colegio de Procuradores de Madrid han recobrado su vigencia, y, si el artículo 73.1.c) de dichos Estatutos otorga sustento normativo habilitante a los acuerdos de baja colegial por impago de las cuotas colegiales contempladas en el Reglamento de Cuotas Colegiales del Colegio de Procuradores de Madrid.

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