• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANDRES PALOMO DEL ARCO
  • Nº Recurso: 10578/2019
  • Fecha: 19/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Salvo supuestos en que se constate irracionalidad, este cauce casacional no está destinado a suplantar la valoración por parte del Tribunal sentenciador de las pruebas. La motivación de la sentencia del Tribunal del Jurado viene precedida del acta de votación, que constituye su punto de partida, en cuanto contiene la expresión de los elementos de convicción y una sucinta explicación de las razones por las que los jurados han declarado o rechazado declarar determinados hechos como probados. Pero debe ser desarrollada por el Magistrado-Presidente al redactar la sentencia, expresando el contenido incriminatorio de esos elementos de convicción señalados por los jurados y explicitando la inferencia cuando se trate de prueba indiciaria o de hechos subjetivos.No es dable, como pretende el recurrente, prescindir del desarrollo que de la valoración probatoria contenida en el veredicto, realiza el Magistrado Presidente.La motivación del veredicto es definida en la Ley como una "explicación sucinta", pero sin embargo, en la sentencia con la complementación de la Magistrada- Presidente, el fallo debe venir cumplidamente motivado conforme a los cánones más exigentes de cualquier sentencia. En autos, la motivación del veredicto, además de sucinta, por sí sola satisfacía el canon de motivación constitucional en la determinación de la cuestión fáctica; y además fue enriquecida en complementaria tarea por la Magistrada- Presidente, como racionalmente pondera el Tribunal Superior de Justicia.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANA MARIA FERRER GARCIA
  • Nº Recurso: 3851/2018
  • Fecha: 19/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Vulneración del principio acusatorio por configuración de una condena por estafa variando sustancialmente la estructura fáctica que perfilaron las acusaciones. Los acusados se han visto impedidos de articular la prueba respecto de aspectos esenciales. Todo ello provoca la absolución por el delito de estafa y rehabilita en su eficacia el delito de fraude que se había apreciado como consumido en aquel. Prevaricación: Alcalde que a través de la gerencia Municipal de Urbanismo permuta una finca municipal con infracción de la normativa aplicable y excediendo lo establecido en el acuerdo que dio viabilidad a la misma. Al optar por tal figura jurídica se sortearon los presupuestos de publicidad y libre concurrencia que acompañan la contratación administrativa. Se infringió la legalidad en la tramitación del expediente. Cambio del título de imputación respecto a uno de los autores, también funcionario público, que carecía de competencia para dictar la resolución injusta, pero que cooperó como gerente en todo el proceso que desembocó en la misma con aportaciones indispensables. Aun cuando la acusación que se formuló contra él lo fue como autor y no como partícipe asimilado al mismo, no se infringe el principio acusatorio. No hay mutación fáctica, la posición del cooperador necesario no es más grave que la del autor directo, y la intervención en los delitos especiales ha sido admitida de forma pacífica por la doctrina y la jurisprudencia.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CARMEN LAMELA DIAZ
  • Nº Recurso: 2962/2018
  • Fecha: 18/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La indefensión con relevancia constitucional es tan sólo aquélla en la que la parte se ve privada injustificadamente de la oportunidad de defender su respectiva posición procesal, acarreándole tal irregularidad un efectivo menoscabo de sus derechos o intereses. El motivo esgrimido al amparo del artículo 849.2 LECrim exige: a) que se funde en prueba verdaderamente documental; b) que evidencia el error de algún dato o elemento fáctico o material de la Sentencia de instancia, por su propio y literosuficiente poder demostrativo directo; c) que el dato que el documento acredite no se encuentre en contradicción con otros elementos de prueba; d) que el dato contradictorio así acreditado documentalmente sea importante. El ámbito de la casación se constriñe a las cuestiones que fueron planteadas en la instancia por las partes en sus escritos de conclusiones, pero no alcanza a cuestiones nuevas que, pudiéndose haber planteado temporáneamente, afloran en este trámite casacional.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CARMEN LAMELA DIAZ
  • Nº Recurso: 2672/2018
  • Fecha: 18/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El contenido de la obligación de indemnización respecto a los intereses, éstos comprenden los denominados procesales, originados en el propio proceso por la tardanza en la ejecución y con la finalidad de impedir retrasos en la ejecución, que surgen desde la declaración del montante indemnizatorio por el órgano jurisdiccional, y los intereses moratorios, desde la pretensión de su abono. La reparación debe comprender no sólo la devolución de lo sustraído sino también, si se trata de una cantidad de dinero, como es el caso, la ganancia dejada de percibir (lucro cesante), y para ello debe acudirse al Código Civil, que cifra dichos perjuicios en el interés legal del dinero (artículos 1100 y 1108 del Código Civil). Cuando declaran que los intereses moratorios de una cantidad líquida se devengan desde la interposición de la demanda a falta de reclamación anterior. El devengo de intereses se produce cuando el deudor incurre en mora, que superada la aplicación mecánica del brocardo in illiquidis non fit mora, acaece con la reclamación judicial o extrajudicial, cuando la cantidad reclamada sea determinada o pueda determinarse, aunque sea con aproximación, bastando que se trate de un daño preexistente, susceptible de delimitación.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CARMEN LAMELA DIAZ
  • Nº Recurso: 3368/2018
  • Fecha: 18/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El objeto material del delito del artículo 307 ter del Código Penal son las prestaciones del sistema de la Seguridad Social, sobre el que se proyecta la conducta dirigida a la obtención efectiva e indebida de tales prestaciones. La conducta desplegada por el sujeto activo, según la dicción del tipo penal, debe ir dirigida a obtener, para sí mismo o para un tercero, el disfrute o prolongación de prestaciones del Sistema de la Seguridad Social, provocando para ello un error, mediante la simulación, tergiversación u ocultación indebida de hechos (engaño), dando lugar con ello al resultado típico, esto es, la concesión efectiva de la prestación con el consiguiente perjuicio a la Administración Pública. Nos encontramos pues ante un delito de resultado, en el que la consumación solo se produce cuando se realizan todos los elementos del tipo, incluidas las condiciones especiales del autor y el resultado. A efectos de determinar las cantidades que deben computarse como defraudadas se considera que es la cantidad total de las prestaciones de la seguridad social percibidas, no solo las que se correspondan con el periodo simulado, dado que es la conducta de simulación descrita en el tipo penal la que ha permitido el acceso a las prestaciones sociales a las que no se tenía derecho sin la misma.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CARMEN LAMELA DIAZ
  • Nº Recurso: 2925/2018
  • Fecha: 18/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El TS recuerda su doctrina relativa a la validez de la diligencia de intervención telefónica, de su correcta aportación al juicio oral y de su valoración. En este sentido, afirma que la aportación de las cintas íntegras al proceso y la efectiva disponibilidad de este material para las partes junto con la audición o lectura de las mismas en el juicio oral lo que le dota de los principios de oralidad o contradicción, salvo que, dado lo complejo o extenso que pueda ser su audición, se renuncie a la misma, bien entendido que dicha renuncia no puede ser instrumentalizada por las defensas para tras interesarla, alegar posteriormente vulneración por no estar correctamente introducidas en el Plenario. No existe ningún precepto que exija la transcripción ni completa ni de los pasajes más relevantes, ahora bien, si se utilizan las transcripciones, su autenticidad, solo vendrá si están debidamente cotejadas bajo la fe del Secretario Judicial. En el caso concreto, el TS confirma que en el acto del juicio todas las cintas que pudieron ser escuchadas, lo fueron a propuesta del Ministerio Fiscal, y fueron efectivamente escuchadas, sin que los recurrentes formulasen protesta alguna al respecto, por lo que la prueba fue rectamente practicada.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CARMEN LAMELA DIAZ
  • Nº Recurso: 2624/2018
  • Fecha: 18/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se ataca por la acusación particular la absolución por un delito de apropiación indebida alegando que el razonamiento del Tribunal de instancia por el que se consideraba que las disposiciones realizadas por el acusado no tenían por finalidad buscar un beneficio económico en contra de la querellante es contraria a lógica. En particular, se hace valer que, cuando se realizaron esos actos, el poder del que disfrutaba el acusado se había extinguido por muerte de la poderdante. La vía del error de derecho o infracción de ley exige un respeto total al relato de hechos probados. El Tribunal de instancia consideró que, pese a que el día antes de la muerte de la poderdante, el acusado realizó una transferencia a su favor, no se había producido ningún desplazamiento ilegal ni concurría ánimo de lucro. Se estimaba que el acusado había obrado siguiendo las indicaciones de la poderdante, cuando estaba viva y en plenitud de facultades, y que, además, lo que se buscaba era evitar los cuantiosos impuestos vigentes en la Comunidad Andaluza. Falta de concurrencia del dolo específico. Los razonamientos se ajustan a la lógica según la percepción de la prueba que tuvo el Tribunal de instancia. Ámbito de revisión de las sentencias absolutorias en casación. Doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo al respecto. Sólo cabe cuando, sin modificar los hechos ni valorar la prueba, ha habido un error de subsunción
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: PABLO LLARENA CONDE
  • Nº Recurso: 10496/2019
  • Fecha: 18/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La alevosía agrava el delito de homicidio cuando el dolo del autor abarca, no solo el hecho de la muerte, sino también el particular modo en que la alevosía se manifiesta, queriendo dar muerte a su víctima aprovechando una situación de indefensión en la que pueda encontrarse. Ni el relato histórico de la sentencia proyecta el aspecto subjetivo que precisaría la aplicación de la circunstancia de cualificación, esto es, el conocimiento y la voluntad del recurrente de aprovechar una situación de indefensión de su víctima para ejecutar con éxito la agresión, ni refleja tampoco el aspecto objetivo, en el sentido de que el ataque se ejecutara de un modo que asegurara el resultado homicida que se buscaba y que excluyera cualquier riesgo para el agresor proveniente de la defensa que pudiera hacer la víctima. Antes al contrario, el relato histórico refleja que las puñaladas se propinaron a pesar de que la víctima forcejeó con el acusado, mostrando con ello una capacidad de respuesta.La esquizofrenia paranoide es una enfermedad mental que no tiene por qué afectar siempre a las facultades sensoriales o de percepción de la persona que la padece, si bien existe un residuo patológico llamado defecto esquizofrénico que afecta al que sufre la enfermedad,. En el supuesto concreto no hubo brote y tampoco se apreció un comportamiento anómalo derivado de la enfermedad, por lo que nos encontraremos ante una atenuante analógica del núm. 7.º del artículo 21 del Código Penal.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: PABLO LLARENA CONDE
  • Nº Recurso: 10719/2019
  • Fecha: 18/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El TS afirma que, además de no estar acreditada la incorporación de los jurados suplentes y su participación en la deliberación, la declaración de nulidad exigiría que la incorporación hubiese causado una material indefensión del acusado o una efectiva perturbación de la libre deliberación de los jurados titulares. La presencia de los jurados suplentes durante la deliberación constituye una irregularidad procesal por contravención legal. Sin embargo, para que pueda calificarse como una vulneración constitucional del derecho a un juicio con todas las garantías, con la drástica consecuencia de la anulación y repetición del juicio por otro Tribunal distinto, es necesario que esta irregularidad formal materialmente menoscabe la posición del recurrente respecto de su derecho a obtener un pronunciamiento imparcial. Asimismo, el TS recuerda su doctrina para que las declaraciones autoinculpatorias puedan ser valoradas como pruebas de cargo única para desvirtuar el derecho a la presunción de inocencia, de conformidad con la doctrina constitucional.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: VICENTE MAGRO SERVET
  • Nº Recurso: 2897/2018
  • Fecha: 18/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Error en la apreciación de la prueba: debe basarse en documento bastante que demuestre la equivocación del juzgador. Requisitos. Existencia de prueba de signo contrario que acredita que el recurrente tenía competencias y responsabilidad en el marco de sus atribuciones. Infracción de ley: su planteamiento en casación exige el pleno respeto a los hechos declarados probados. Uno de los delitos imputados es el de falsedad en documento mercantil cometido por particular, en el que la actuación del recurrente en su calidad de funcionario constituye inducción. El tipo penal del artículo 390 del Código Penal no es una agravación del 392 por la condición del sujeto, sino un delito distinto que exige que el autor sea un funcionario o autoridad. Concepto de documento mercantil. Elementos del delito de falsedad del artículo 392 del Código Penal. No es preciso un dolo superior al falsario. Homogeneidad entre los delitos del artículo 390 y 392 del Código Penal, con la agravante de ser el autor funcionario del artículo 22.7º. Delito de fraude a la Administración: se estima el recurso por no concurrir el ánimo de defraudar. La finalidad del pago era adelantar un pago para conseguir otro aparato distinto. El delito de fraude exige la connivencia y el uso de un artificio. Presunción de inocencia: contenido de estudio en casación. Deber de motivación: se satisface. Principio acusatorio: la falta de confección material por el recurrente carece de relevancia por la existencia de concierto.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.