Resumen: La sentencia desestima el recurso de casación interpuesto contra la Sentencia dictada en apelación por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que ratificó la condena por un delito de homicidio y de robo con violencia, con las agravantes de abuso de superioridad y cometer el delito por la orientación sexual de la víctima. En cuanto al abuso de superioridad, requiere para su apreciación en primer lugar de la existencia de una desproporción efectiva y real entre la parte agredida y la agresora que determine un desequilibrio a favor de esta última; en segundo lugar que ese desequilibrio se traduzca en una disminución de las posibilidades de defensa ante el ataque concreto que se ha sufrido; y en tercer lugar que el sujeto activo conozca y se aproveche de ese desequilibrio y de sus efectos para la ejecución del concreto hecho delictivo. En el caso, se valoraba que la víctima estaba dormida, y que se ve atacada por la espalda y que hubo un concierto entre los dos, se arman con piedras y atacan a la víctima de forma sorpresiva y en el estado en que se encontraba.
Resumen: Delito de difusión de pornografía infantil. Recurso de casación por vulneración del derecho a la presunción de inocencia. La prueba pericial informática. La prueba sobre la "difusión" del contenido pedófilo infantil. Análisis de la conducta descrita del artículo 189.1.b) del Código Penal. Jurisprudencia de la Sala: análisis de conceptos básicos sobre la pornografía infantil y doctrina sobre la aplicación de las modalidades agravadas. Aplicación del subtipo agravado previsto en el artículo 189.3.b) cuando los hechos revistan un carácter particularmente vejatorio. El artículo 190 del Código Penal: condena de un Juez o Tribunal extranjero a los efectos de la aplicación de la circunstancia agravante de reincidencia.
Resumen: Colisión contra la fachada de una vivienda por conducir tras haber ingerido alcohol, lo que le influía en la conducción, mermando sus capacidades. Revisada la causa, la valoración de la prueba efectuada en la sentencia se considera acertada, estimando la Sala la concurrencia de prueba suficiente para acreditar que, pese a no haberse hecho la prueba de alcoholemia por los motivos que constan detallados en el atestado, el acusado conducía el vehículo bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Además, no hay duda que la médico constató que el estado inconsciente que presentaba el acusado, en los términos que aclara en su declaración (obnubilado o durmiendo, con reacción a un mínimo estímulo) era debido a la ingesta de alcohol y no a las lesiones sufridas en el accidente, las cuales fueron leves.
Resumen: La presunción de inocencia, además de constituir criterio informador del ordenamiento procesal penal, es ante todo un derecho fundamental en cuya virtud una persona acusada de una infracción no puede ser considerada culpable hasta que así se declare en Sentencia. Una prueba testifical, aunque sea única y aunque emane de la víctima, puede ser apta para desactivar la presunción de inocencia. La Jurisprudencia exige, para la aplicación de la atenuante analógica de dilaciones indebidas, que se analice el caso concreto, siendo necesario fijarse en el perjuicio efectivo que para el acusado haya podido suponer el retraso en el pronunciamiento judicial. La doctrina de esta Sala exige distinguir situaciones, huyendo del simple automatismo cuando se quiere aplicar la agravación a parientes que no son los estrictamente mencionados en el precepto (tíos) o asimilados (relaciones afectivas con el progenitor)
Resumen: El TS absuelve al recurrente por falta de prueba de cargo al negar validez al testimonio de la víctima (hermana del acusado) prestado en sede de instrucción. En el caso concreto, afirma que la madurez del testigo para ejercer por sí mismo el derecho de renunciar a declarar es susceptible de ponderación judicial (con independencia de la edad) a cuyo efecto debe acudirse a parámetros de observación que permiten valorar el grado de madurez del testigo para que pueda ejercer personalmente la dispensa de declarar en cada caso concreto. Asimismo, advierte de la necesidad de nombrar un defensor que, en nombre del testigo menor, le represente en su opción de dispensarse de declarar recogida en el artículo 416 de la LECRIM, cuando se aprecie en ambos progenitores un conflicto con respecto a los intereses del menor representado. En este sentido, el artículo 26 de la Ley 4/2015, sobre el Estatuto de la Víctima niega que esa representación pueda ejercerse por el Ministerio Fiscal, debiendo nombrarse un defensor judicial. En caso de incumplirse las previsiones referidas, debe declararse la nulidad e imposibilidad de que se incorpore el testimonio sumarial. Imposibilidad que se hace extensiva a los testimonios recabados en sede sumarial como prueba testifical preconstituida, máxime cuando tampoco en ella se permitió ejercer el derecho de dispensa.
Resumen: El TS recuerda su doctrina relativa al derecho a la presunción de inocencia. La idea de que las contradicciones en el testimonio que puedan prestar varios testigos han de conducir, siempre y en todo caso, a una sentencia absolutoria, por imperativo del derecho constitucional a la presunción de inocencia, no se sostiene. El juicio de autoría no exige, como presupuesto de legitimidad, que los testigos sean contestes en sus respectivas versiones acerca de cómo sucedieron los hechos objeto de enjuiciamiento. Es el Tribunal a quo ante quien se practican las pruebas quien ha de valorar esas contradicciones. Cuestión distinta es que la opción por uno u otro relato esté o no apoyada por elementos corroboradores que afiancen la inferencia probatoria proclamada por el órgano sentenciador. Asimismo, y respecto del caso concreto, afirma que esos dos testigos -el lesionado y su novia- no comparecieron en juicio. El hecho de no resucitar sus declaraciones, lejos de ser censurable, constituye un criterio del Tribunal a quo que viene impuesto por el canon constitucional del derecho a la presunción de inocencia y no puede ser reprochable la supuesta omisión del deber del Tribunal de valorar una prueba testifical que sólo constaba en las diligencias previas, inicialmente incoadas para la investigación del hecho.
Resumen: La prueba es adecuada cuando ha sido obtenida con respeto a los principios estructurales que informan el desarrollo de la actividad probatoria ante los órganos jurisdiccionales. Y la prueba es bastante cuando su contenido es netamente incriminatorio. Quien resulta judicialmente designado para el ejercicio de esa función asistencial, tiene la obligación legal de rendir cuentas de los gastos. Constituye el único medio para acreditar que el desempeño de la tutela se está ejerciendo en interés y beneficio de los menores. No puede recurrir a un sistema de pagos al contado del que no quede constancia documentada. De hacerlo así corre el riesgo de incurrir, no ya en un delito de apropiación indebida por el que ha sido condenado, sino también en un delito contra los derechos y deberes familiares, previsto y penado en el art. 226 del CP. El acuerdo de Pleno de 20 de octubre de 2007 continúa la interpretación mediante la cual se venía solucionando los problemas derivados de la valoración de la cuantía para construir el delito continuado y el tipo agravado. Ese acuerdo tomó como punto de inspiración el deseo de evitar, en perjuicio del reo, una doble valoración del importe de lo defraudado. A tal efecto, la regla primera del artículo 71 del código Penal quedará sin efecto cuando su aplicación fuera contraria a la prohibición de doble valoración.
Resumen: Salvo supuestos en que se constate irracionalidad o arbitrariedad, el cauce casacional por infracción del derecho a la presunción de inocencia no está destinado a suplantar la valoración del Tribunal sentenciador de las pruebas apreciadas de manera directa, ni realizar un nuevo análisis crítico del conjunto de la prueba practicada para sustituir la valoración del Tribunal sentenciador por la del recurrente o por la de la Sala Segunda, siempre que el Tribunal de Instancia haya dispuesto de prueba de cargo suficiente y válida, y la haya valorado razonablemente. Recuerda que solo en supuestos específicos puede efectuarse en casación la revisión de la cuantía indemnizatoria: 1) cuando se rebase o exceda lo solicitado las acusaciones; 2) cuando se fijen defectuosamente las bases correspondientes; 3) cuando quede patente una evidente discordancia entre las bases y la cantidad señalada como indemnización; 4) cuando se establezcan indemnizaciones que se aparten de modo muy relevante de las señaladas ordinariamente por los Tribunales en supuestos análogos; 5) en supuestos de error notorio, arbitrariedad de la cuantía fijada; 6) en los supuestos de aplicación necesaria del Baremo, cuando se aprecia una defectuosa interpretación del mismo; y 7) en los supuestos dolosos, o imprudentes ajenos a la circulación, en los que el Baremo solo es orientativo, cuando el Tribunal señale expresamente que establece las indemnizaciones conforme al baremo, y sin embargo lo aplique defectuosamente.
Resumen: Delito de falsedad. Art. 392 CP. El TS estima el recurso. El TS examina diversas cuestiones de orden procesal. Entre otras, la relativa al eventual grado de vinculación de las acusaciones a los hechos recogidos en el llamado auto de transformación concluye que nos hallamos ante una vinculación débil o atenuada pues es exigible cierta congruencia entre ese auto y los escritos de acusación pero no un mimetismo absoluto, no una vinculación fuerte o rígida que impediría variar ni un ápice lo narrado en el auto de transformación. Su función no consiste en perfilar en sus últimos detalles los hechos, sino dar paso a la fase de enjuiciamiento de un material fáctico que en lo sustancial ha de ser respetado pero que puede ser objeto de matizaciones, modulación o transformaciones siempre que no supongan un cambio esencial del objeto procesal. En relación con el delito de falsedad señala que para colmar el tipo subjetivo del art. 392 CP no es necesario un ánimo defraudatorio. Basta con la voluntad consciente de introducir un documento falsario en el tráfico jurídico, sin que se exija un móvil específico. En relación con el delito de estafa, el TS absuelve a la recurrente al estimar que la sentencia no aporta la base probatoria y fáctica suficiente para estimar acreditado el dolo antecedente. Y el dolo antecedente es requisito sine qua non de los negocios jurídicos criminalizados.
Resumen: Delito de apropiación indebida. Aplicación del subtipo agravado del artículo 250.1.5 del Código Penal. La continuidad delictiva en los delitos contra el patrimonio. Recurso de casación por denegación de diligencia de prueba: requisitos de prosperabilidad. Recurso de casación por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de necesidad de motivación de las resoluciones judiciales. Recurso de casación por quebrantamiento de forma, al amparo de lo dispuesto en el artículo 851.1 y 3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por falta de claridad en la declaración de hechos probados. La legitimación de la acusación particular. La teoría del levantamiento del velo.