Resumen: La indemnización correspondiente a la intervención quirúrgica, concepto novedoso introducido en el baremo por la Ley 35/2015 y que el artículo 140 define como el perjuicio personal particular que sufre el lesionado por cada intervención quirúrgica a la que se somete en atención a las características de la operación, complejidad de la técnica quirúrgica y tipo de anestesia, indemnización por cuantía única y que no tiene en cuenta la edad del lesionado. Por ello, como quiera que el baremo tiene la consideración de "cuadro de mínimos" en los delitos dolosos es necesario incluir en el quantum indemnizatorio fijado este concepto. Supone reconocer un plus aflictivo del lesionado que se ve obligado a someterse a intervenciones quirúrgicas, lo que supone una diferencia frente a la generalidad de lesionados que no puede desdeñarse. Y es que el lesionado que tiene que someterse a una intervención quirúrgica, más si son varias, padece un daño moral propio más gravoso.
Resumen: El condenado recurre la sentencia, interesando en relación con el delito de conducción sin permiso, la aplicación de la atenuante de confesión del art. 21.4 CP; en relación con el delito de agresión sexual, denuncia vulneración de la presunción de inocencia, e indebida aplicación del art. 178 CP. En cuanto a la confesión, el motivo se desestima. El acusado se limitó a reconocer ya iniciado el procedimiento contra él, un dato, la falta de vigencia del permiso de conducir, fácilmente comprobable, sin que ello haya facilitado en modo alguno la persecución penal, o el esclarecimiento de los hechos como exige la doctrina del TS para la llamada confesión tardía. En cuanto a la vulneración del principio de presunción de inocencia, la discusión que contiene el recurso sobre los diferentes medios probatorios -declaración de la víctima, testifical, periciales- cuya realidad no niega, muestra que no se está ante el supuesto de alegato de falta de base razonable del pronunciamiento condenatorio por razón de elementos de prueba incriminatorios obtenidos e incorporados al proceso con sujeción a la ley, sino ante la discrepancia con la valoración de la prueba. Señala la Sala que la declaración de la víctima, en casos de abusos sexuales, es prueba hábil para destruir la presunción de inocencia cuando se aprecie en su relato los elementos de veracidad subjetiva, verosimilitud del relato, persistencia en la narración, falta de elementos espurios y corroboraciones periféricas, como aquí sucede.
Resumen: Cuando se trata del recurso de casación promovido frente a una sentencia dictada en grado de apelación por el Tribunal Superior de Justicia, la valoración de la prueba efectuada por el órgano de instancia ya ha sido objeto de fiscalización. El control que corresponde al Tribunal Supremo, cuando se alega vulneración del derecho a la presunción de inocencia consiste en verificar si la respuesta que ha dado el Tribunal de apelación ha sido racional y ha respetado la doctrina del Tribunal Constitucional y de esta Sala sobre el alcance de la revisión, sobre la motivación y sobre la validez de las pruebas. En definitiva, se materializa en cuatro puntos: a) en primer lugar, si el Tribunal Superior de Justicia, al examinar la sentencia de la Audiencia Provincial, se ha mantenido dentro de los límites de revisión que le corresponden; b) en segundo lugar, si ha aplicado correctamente la doctrina de esta Sala y del Tribunal Constitucional sobre la necesidad de motivar la valoración de la prueba, tanto al resolver sobre la queja de falta de motivación, en su caso, como al fundamentar sus propias decisiones; c) en tercer lugar, si ha respetado la doctrina de esta Sala y del Tribunal Constitucional acerca de las garantías y reglas relativas a la obtención y práctica de las pruebas, con objeto de determinar su validez como elementos de cargo; d) en cuarto lugar, si el Tribunal de la apelación ha resuelto las alegaciones del recurrente sobre la existencia de prueba de forma racional.
Resumen: El quebrantamiento de forma por el que insta la nulidad de la sentencia dictada exige que la sentencia no dé respuesta a las pretensiones jurídicas oportunamente deducidas por una de las partes procesales al tiempo del enjuiciamiento de los hechos. Tal quebrantamiento de forma, para que sea procedente la nulidad, exige que las pretensiones sean oportunamente deducidas en los escritos de calificación definitiva de los hechos, sin que pueda incluirse en el vicio de la incongruencia omisiva las divergencias sobre valoraciones probatorias, hechos o calificaciones de los hechos. El recurso de casación es un recurso extraordinario a sometido a unas reglas de actuación que exige, cuando se trata de una infracción de ley por error de hecho la valoración de la prueba, designar un documento, ponerlo en relación con el hecho probado para discutir su contenido fáctico o para incorporar un contenido fáctico que sea relevante en la calificación de los hechos. El error de derecho, que fundamenta la impugnación, exige un absoluto respeto al hecho probado discutiendo, desde la asunción del relato fáctico, la subsunción en el tipo penal que designa como indebidamente aplicado o inaplicado. El relato fáctico describe, con claridad, un hecho subsumible en el tipo penal objeto de la condena.
Resumen: Es verdad que el factum consigna que el ataque se produjo con un cuchillo, lo que no era esperado por ella -que se hallaba desprevenida con respecto a la utilización del arma blanca-, sin que la víctima tuviera posibilidad alguna de defensa eficaz. Este último apartado es una consecuencia que debería integrarse en la fundamentación jurídica, pero, de todos modos, excluido tal aserto, el ataque es patentemente alevoso. No existió motivo alguno que disminuyera la imputabilidad del agente, del modo que sirviera de estímulo tan importante que provocara arrebato, obcecación u otro estado pasional semejante, pues obsérvese que la atenuación por arrebato reclama la identificación precisa de "las causas o estímulos tan poderosos" que lo hayan provocado. Y es obvio que la previa agresión hacia el recurrente no ha sido considerada probada. El fundamento de la agravante de género reside en el mayor reproche penal que supone que el autor cometa los hechos motivado por sentirse superior a la víctima y como medio para demostrar que la considera un ser que debe ser dominado. La sentencia identifica una motivación de dominación en la conducta del recurrente porque el jurado declaró como probado que éste agredió a la víctima "por ser mujer y con la intención de hacer patente su sentimiento de superioridad". La pena ha sido fijada en función del mayor o menor desvalor del resultado y de las características correspondientes a la culpabilidad del sujeto activo de la acción.
Resumen: Delito contra la fauna. Sentencia de Pleno. Recurso contra una sentencia dictada en apelación por una Audiencia Provincial. Pleno no jurisdiccional de la Sala IIª de 9 de junio de 2016: interpretación del artículo 847.1º letra b) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Solamente cabe recurso por infracción de ley. Debe también reunir interés casacional. Requisitos para estimar que el recurso tiene interés casacional. Se inadmite el primer motivo por referirse a un tema de presunción de inocencia. Se sostiene por el recurrente que la caza de una especie para la que existe periodo de veda, y por lo tanto, otro periodo en que puede ser cazada, es una infracción administrativa y no penal. Deficiente técnica en la redacción del artículo 335 del Código Penal. Aplicación heterogénea por las Audiencias Provinciales. Problemas interpretativos a raíz de su modificación por la Ley Orgánica 15/2003. Nuevo enunciado: caza o pesza de especies expresamente prohibidas. Dos elementos del tipo: acción de caza sobre especies no protegidas y sobre animales cuya caza estuviera expresamente prohibida. Norma penal en blanco: hay que acudir a numerosas normas de protección estatales y autonómicas. Compatibilidad con el principio de taxatividad. Razonabilidad de la imposición de vedas para la recuperación de la especie según su ciclo biológico. Se precisa un plus de ofensividad para que la infracción de las normas de todo tipo de caza adquiera dimensión penal, que se da en el supuesto de hecho.
Resumen: La trata de seres humanos con fines de explotación sexual, consiste, en este caso, una vez en nuestro país las personas violentadas, son obligadas a ejercer la prostitución en diversos lugares, en este caso en la calle, dentro de un polígono industrial, a modo de lugares en donde la dignidad humana carece de la más mínima significación, con tal de obtener el beneficio para el cual las mujeres han sido traídas como si fueran seres cosificados, de los que se intenta obtener el máximo rendimiento económico, mientras tales personas se encuentren en condiciones de ser explotadas.
Resumen: Asociaciones cannábicas. La Sala de instancia consideró concurrente el error vencible de prohibición, por lo que se impone una pena inferior en un grado. Doctrina jurisprudencial sobre el error: diferentes hipótesis. La esperanza en que su actuación podría ser tolerada o la confianza en que algunos órganos judiciales aceptarían la tesis de la irrelevancia penal es una actuación nada prudente, casi temeraria. Es patente es la contradicción con la legalidad de la actividad desplegada. Importancia en el posible error de la sentencia del Tribunal Constitucional, declarando la constitucionalidad del artículo 83 de la Ley 1/2016. No significa la liberalización de las asociaciones cannábicas. Necesidad de colaboración con la Administración. Inexistencia del error de tipo. Presunción de inocencia: la asociación no era más que una fachada para la legalidad a una actividad de cultivo y para dar visos de legalidad. Error en la apreciación de la prueba: los documentos no son literosuficientes. Dilaciones indebidas: se estima, dada el plazo de tiempo transcurrido para dictar sentencia. Infracción de ley: ilegalidad de las asociaciones cannábicas, conforme a numerosas resoluciones del Sala II. Doctrina del consumo compartido: requisitos jurisprudenciales. Influencia de la sentencia del Tribunal Constitucional: son legales las asociaciones cannábicas, cuando tengan por finalidad informar o elaborar estudios, pero no cuando se introducen estos fines en los Estatutos como pantalla.
Resumen: En un hospital morían inexplicablemente pacientes ingresados de una muerte rápida de origen desconocido, pero de etiología violenta, homicida, razón por la cual, en la investigación policial, se colocó, con autorización judicial, una cámara y pudo detectarse la presencia de la acusada, auxiliar de clínica, en momentos previos a los fallecimientos. Se dictó veredicto de culpabilidad exclusivamente respecto de uno de los asesinatos consumados, que es el que es objeto de este recurso de casación. Se recure la instalación de cámaras ocultas de vídeo-vigilancia. Se desestima al haberse considerado que: a) La investigación era por graves delitos. b) la medida que afectaba derechos fundamentales, fue autorizada judicialmente. c) La adopción de tal medida cumplía los requisitos de necesidad, proporcionalidad, especialidad e idoneidad, bajo un juicio de comparación de los bienes jurídicos en juego. d) La colocación de cámaras de vigilancia en el pasillo de distribución a las habitaciones del hospital, es una medida que invade de forma menos trascedente la intimidad de las personas, pues no se afectan lugares de mayor intensidad, lo que precisaría una mayor exigencia en el control de su necesidad. e) En el caso, la autoridad judicial valoró todas esas circunstancias. Se analiza la suficiencia de la prueba y la proporcionalidad de la pena impuesta.
Resumen: Derecho de defensa: incumplimiento por el Juzgado de hacer saber al procesado si el Letrado designado había aceptado la defensa y de darle traslado de las actuaciones. Todas las actuaciones se llevaron a cabo con el Abogado de oficio, con el que el recurrente manifestaba no haber tenido nada más que una ligera entrevista antes del juicio oral. Se alega indefensión. Se desestima el motivo: la indefensión con repercusión constitucional debe ser una mengua efectiva y material, no simplemente formal, de las posibilidades defensivas de una de las partes. La denegación de la asistencia letrada no conlleva sin más una vulneración del derecho de defensa. Es necesario que la falta de letrado de oficio solicitado, en atención a las circunstancias concurrentes del caso, haya producido al solicitante una real y efectiva situación de indefensión material. Obligación de los órganos judiciales de velar para evitar la indefensión. Se requiere proporcionar asistencia letrada real y operativa. Doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo sobre el derecho de defensa. Sin embargo, este derecho no ampara maniobras dilatorias del acusado. Limtaciones al cambio o nombramiento de letrado defensor. Inexistencia del deber de comunicar la aceptación por el defensor designado. La situación denunciada deriva de la propia conducta de descuido del recurrente. Su defensa no hizo valer alegación alguna en el acto de la vista oral.
