Resumen: La cuestión sobre la que se entiende existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar si a efectos de la actuación ante órganos judiciales unipersonales, la designación de letrado por el turno de oficio excluye la exigencia de otorgamiento de la representación mediante poder o comparecencia apud acta. Señala la Sección Primera la existencia de pronunciamientos de otros órganos judiciales contrarios a la doctrina fijada en interés de ley en la STS de 30 de junio de 2011 -doctrina en consonancia con la emanada por el Tribunal Constitucional sobre la interpretación pro actione de los presupuestos procesales de acceso a la jurisdicción- aconsejan un nuevo examen de la problemática planteada.
Resumen: La Sala entiende que la posibilidad de valoración de una fuente de prueba obtenida por un particular con absoluta desconexión de toda actividad estatal y ajena en su origen a la voluntad de prefabricar pruebas, no necesita ser objeto de un enunciado legal que así lo proclame. Su valoración es perfectamente posible a la vista de la propia literalidad del vigente enunciado del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y, sobre todo, en atención a la idea de que, en su origen histórico y en su sistematización jurisprudencial, la regla de exclusión sólo adquiere sentido como elemento de prevención frente a los excesos del Estado en la investigación del delito. La prohibición de valorar pruebas obtenidas con vulneración de derechos fundamentales cobra su genuino sentido como mecanismo de contención de los excesos policiales en la búsqueda de la verdad oculta en la comisión de cualquier delito. En el caso de autos no se trataba de pruebas obtenidas con el objetivo, directo o indirecto, de hacerlas valer en un proceso penal, sino que se obtuvieron casualmente al revisar la contabilidad de la sociedad, en la sede de la propia empresa.La cualidad de autoridad o funcionario público del agente es un concepto suministrado por el artículo 24 del Código Penal, bastando a efectos penales con la participación legítima en una función pública.
Resumen: Condena por delito de agresión sexual con penetración mediante violencia y sometido sobre persona especialmente vulnerable. Vulnerabilidad de la víctima. Declaración de la víctima como prueba de incriminación. Delito leve de hurto. No concurre la utilización de llaves falsas pues no consta el acceso ilícito a las llaves utilizadas. Extorsión. Descarta la continuidad delictiva al atribuir todas las extracciones y entregas al acusado a un único momento. Reincidencia. No se aprecia por rehabilitación del acusado de las condenas anteriores. Penalidad.
Resumen: La sala desestima los recursos interpuestos frente a una sentencia que rechazó una demanda en la que se solicitaba que se declarara que el expediente sancionador abierto a la demandante infringió los estatutos del partido y que las resoluciones que acordaron su expulsión eran nulas e infringieron el derecho a un proceso sancionador con todas las garantías y los derechos fundamentales a la presunción de inocencia, a la libertad de expresión y al derecho de asociación. Recurso por infracción procesal. La interpretación de una resolución dictada en un procedimiento sancionador no constituye una valoración de le prueba, sino una valoración jurídico-sustantiva. Recurso de casación. Un expediente disciplinario de un partido político debe respetar ciertas garantías ínsitas al carácter democrático de su estructura interna y de su funcionamiento, pero no se equipara a un proceso penal o a un proceso administrativo sancionador. En el caso las garantías se cumplieron, se describieron los hechos, se concedió audiencia y la posibilidad de proponer prueba y se motivó la sanción. La conducta de la demandante de presionar sobre el órgano de su partido con no votar los presupuestos autonómicos si no se solucionaba un problema de un afiliado, justifica la sanción de expulsión. Que después votara a favor no impide la sanción, al estar basada en la exteriorización de la decisión de deobedecer para favorecer los intereses de una tercera persona. La sanción no vulnera la libertad de expresión.
Resumen: No se estima que exista indefensión en la actuación del abogado de oficio que asistió al acusado ahora recurrente. No basta con la realidad y presencia de un defecto procesal si no implica una limitación o menoscabo del derecho de defensa en relación con algún interés de quien lo invoca, sin que le sean equiparables las meras situaciones de expectativa del peligro o riesgo. Respecto de los abusos sexuales, se tiene en cuenta la fecha de entrada en vigor de la reforma del C.P. por la L.O. 1/2015, que extendió la edad de la víctima hasta los 16 años, así como la edad de las menores en el momento de los hechos. Precisiones sobre la continuidad y no continuidad del delito.
Resumen: El TS, en primer lugar, recuerda los límites revisorios del Tribunal de casación cuando la sentencia recurrida es absolutoria. En este sentido, afirma que los márgenes de la facultad de revisión por esta Sala de sentencias absolutorias a través del cauce casacional de infracción de ley no cabe cuando la condena exige una reconsideración de la prueba practicada para modificar los presupuestos fácticos de los elementos subjetivos de la conducta enjuiciada. Resulta evidente que, en este caso, el Tribunal ha llevado a cabo un análisis del material probatorio y ha llegado a una conclusión absolutoria, que no es modificable por este Tribunal a través del recurso de casación, sin práctica de prueba y sin escuchar a los acusados. Y, en segundo lugar, recuerda su doctrina relativa a la imposición de costas por mala e o temiridad: 1) La prueba de la temeridad o mala fe, corresponde a quien solicita la imposición de las costas; 2) No es determinante al efecto que la acusación no oficial haya mantenido posiciones en el proceso diversas, incluso contrapuestas, a la de la acusación oficial; y 3) El Tribunal a quo ha de expresar las razones por las que aprecia la la concurrencia de un comportamiento procesal irreflexivo.
Resumen: Delito de apropiación indebida. Artículos 250.1.6º y 252 del Código Penal. Delito de falsedad en documento mercantil. Artículos 390 y 393 del Código Penal. Concurso medial de delitos. Recurso de casación por vulneración del derecho a la presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva. La continuidad delictiva en los delitos patrimoniales. La aplicación de los artículos 250.1.6º y 74 del Código Penal. El principio non bis in ídem. Prescripción del delito. Las partes en el proceso penal: la acusación particular. El perjudicado.
Resumen: La parte recurrente considera que la sentencia de instancia ha infringido: (1) el principio de proporcionalidad, conforme al art. 22 LORDFA; (2) el art. 14 CE, al vulnerarse el principio de igualdad; y (3) el art. 24 CE, por vulneración del derecho de defensa, por inadmisión de pruebas. Conforme a lo dispuesto en el art. 88.2.e) LJCA, puede apreciarse que existe interés casacional objetivo cuando la sentencia interprete o aplique, infringiéndolas, normas constitucionales sobre los derechos fundamentales, de manera que, como las alegaciones del recurrente así lo afirman, sin prejuzgar ahora el fondo del asunto -pues se trata únicamente de decidir sobre la admisibilidad del recurso interpuesto-, se acepta la existencia de tal interés casacional objetivo, por lo que el recurso debe ser admitido.
Resumen: Las declaraciones prestadas ante la policía, su grabación audiovisual o su documentación por escrito carecen de valor probatorio alguno, porque no han sido realizadas a presencia judicial. Sólo en el caso de que hayan sido ratificadas a presencia judicial y con intervención de las partes, pueden acceder al juicio oral, bien por el cauce del artículo 730 de la LECrim, en el caso de que el declarante no pueda comparecer en juicio, bien por el cauce del artículo 714 del mismo texto legal, cuando se aprecien contradicciones entre lo declarado en fase sumarial y lo declarado en el juicio. Las declaraciones prestadas en sede policial sin intervención judicial, cuando no han sido ratificadas durante la fase de instrucción, ni siquiera pueden acceder al juicio a través de los testimonios de referencia de los agentes policiales que las tomaron o presenciaron. Ello no significa negar toda eficacia probatoria a las diligencias policiales que constan en el atestado, pues, por razón de su contenido, pueden incorporar datos objetivos y verificables, como croquis, planos, fotografías, que pueden ser utilizados como elementos de juicio siempre que, concurriendo el doble requisito de la mera constatación de datos objetivos y de imposible reproducción en el acto del juicio oral, se introduzcan en éste como prueba documental y garantizando de forma efectiva su contradicción. El valor del testimonio de referencia es el de prueba complementaria.
Resumen: Derecho a la presunción de inocencia: contenido de su examen en casación. Existencia en el caso objeto de recurso de prueba de cargo bastante de la existencia de engaño. Correcta inferencia de que los hechos configuraban un delito de estafa bajo la modalidad de contrato jurídico criminalizado. No se trató de un simple incumplimiento, sino que, desde el inicio, el acusado tuvo la intención de lucrarse con la contraprestación de la parte contraria, sin cumplir la suya. Engaño: delimitación del dolo penal y el dolo civil en los delitos contra el patrimonio. Esta modalidad de estafa aparece cuando el autor simula un propósito serio de contratar, cuando en realidad sólo pretende aprovecharse del cumplimiento de las prestaciones de las otras partes. En el caso, el recurrente entregó trece pagarés inválidos desde el origen, firmados aparentando una legitimidad de la que carecía y recibió en contraprestación la posesión del local con todas sus existencias. Subtipo agravado de especial perjuicio: no se concreta en el relato de hechos probados, el perjuicio patrimonial ocasionado, que se acuerda que se determine en ejecución de sentencia. El Tribunal no menciona el importe de los pagarés, lo que es lógico, porque se recuperó el local antes de su vencimiento. Por otra parte, de las cantidades a las que se refiere el Tribunal de instancia no pueden tenerse en cuenta ni el lucro cesante ni el importe de las obras de reparación. Por ello, se estima el motivo respecto del subtipo agravado.