• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANDRES PALOMO DEL ARCO
  • Nº Recurso: 10184/2019
  • Fecha: 19/11/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Aun cuando en esencia, los tres recursos aluden a la insuficiencia de la prueba practicada, el testimonio de un testigo protegido y la reproducción de varios testimonios preconstituidos de otros inmigrantes que viajaban en la embarcación, los matices vertidos en su argumentación, imposibilitan poder concluir que el tercer recurrente, resulta íntegramente contestado de forma tácita con la respuesta otorgada a los otros dos recurrentes. De otra parte, se desestimaba expresamente el recurso formulado por el tercer recurrente, lo que conllevaba que tampoco el recurso de complemento fuere remedio idóneo para la preterición descrita. Tanto si la aplicación de la legalidad es fruto de un error patente, como si fuere arbitraria, manifiestamente irrazonada o irrazonable no podría considerarse fundada en Derecho, dado que la aplicación de la legalidad sería tan sólo una mera apariencia.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: IGNACIO SANCHO GARGALLO
  • Nº Recurso: 1318/2017
  • Fecha: 14/11/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sala estima un recurso de casación frente a una sentencia que había acogido la acción individual de responsabilidad de un administrador, ejercitada por un acreedor de la sociedad para el cobro de su crédito. La sala reitera su jurisprudencia. Cuando un acreedor ejercita una acción individual de responsabilidad frente al administrador en la que el daño cuya indemnización se pretende es el impago de un crédito, es fácil caer en el riesgo de identificar la actuación antijurídica de la sociedad que no abona sus deudas y cuyos acreedores se ven impedidos para cobrarlas por insolvencia, con la infracción por su administrador de la ley o los estatutos, o de los deberes inherentes a su cargo. Esta concepción convertiría la responsabilidad del administrador en objetiva. Por eso, es necesario identificar una conducta propia del administrador, distinta de no haber pagado el crédito, que pueda calificarse de ilícito orgánico y a la cual pueda atribuirse la causa de no haber sido satisfecho el crédito. En el caso, el ilícito orgánico no es tan claro y sobre todo no se acredita la relación de causalidad con el impago del crédito, porque si bien es cierto que la empresa cesó en su actividad sin que se disolviera, también lo es que su no disolución se justifica por estar pendiente una reclamación judicial de un crédito perteneciente a la sociedad y, además, no consta que hubiera más activos aparte del reclamado, que en una disolución hubieran permitido cobrar el crédito del actor.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FRANCISCO MONTERDE FERRER
  • Nº Recurso: 1631/2018
  • Fecha: 13/11/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El tribunal de apelación puede rectificar el relato histórico cuando un ponderado y detenido examen de las actuaciones ponga de relieve un claro error del juzgador que haga necesaria su modificación. El único límite a esa función viene determinado por la inmediación. No es posible revocar una sentencia condenatoria en la que el tribunal de apelación reconoce que existe válida prueba de cargo, alegando una supuesta, inexistente y en cualquier caso injustificada motivación ilógica e irracional, dudando de la credibilidad de la víctima por unas pretendidas contradicciones que ni siquiera se especifican, y sustentando la absolución del acusado en lo declarado por un amigo suyo directamente implicado en los hechos, y desconociendo la existencia de otras muchas pruebas objetivas de cargo de naturaleza testifical, documental e incluso pericial; y todo ello cuando el órgano ad quem no ha presenciado la prueba desarrollada ante el órgano de enjuiciamiento. La rehabilitación en casación en contra del reo de una previa condena luego suprimida o atenuada en apelación, no tropieza con obstáculo alguno derivado de la jurisprudencia constitucional y del TEDH a tenor de la cual la revocación de una sentencia absolutoria por razones probatorias exigiría la audiencia del acusado en la fase de recurso, y en su caso, la reproducción de prueba. En este supuesto no nos enfrentamos a una decisión de condena que adoptaría ex novo esta Sala Segunda por vía de recurso.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: EDUARDO DE PORRES ORTIZ DE URBINA
  • Nº Recurso: 10121/2019
  • Fecha: 13/11/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Derecho al secreto de las comunicaciones: requisitos y presupuestos para su restricción. No caben las investigaciones meramente prospectivas. Concepto de sospechas objetivadas que legitiman la intervención. Imposibilidad del análisis descompuesto de la información de la autorización judicial. Necesidad de motivación de la resolución de interferencia. Admisión de la motivación por remisión al oficio policial. Derecho a la presunción de inocencia: alcance de estudio cuando se alega en casación. No cabe un análisis disgregado de la prueba practicada. Validez como prueba de la declaración de la víctima. Validez de las declaraciones tomadas mediante comisión rogatoria y sin contradicción. Excepciones a la prueba no practicada en la vista oral. Prueba preconstituida y validez de las declaraciones sumariales. Doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: sentencias Gani contra España y Al-Khawaja y Tahery contra el Reino Unido. Contradicción en el caso de personas residentes en el extranjero. Utilización, como regla general, al sistema de asistencia judicial internacional: videoconferencia. Principio de no indagación dentro de la Unión Europea. Elementos del delito de blanqueo de capitales: elemento característico es la entrada en el ciclo económico. Delito de prostitución coactiva. Discusión sobre el carácter laboral de los servicios sexuales. Complicidad y organización criminal. Individualización de la pena. Indefensión por denegación de preguntas. Incongruencia omisiva.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO DEL MORAL GARCIA
  • Nº Recurso: 10357/2019
  • Fecha: 12/11/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Delito de terrorismo. Depósito de explosivos. El TS desestima el recurso interpuesto y recuerda su doctrina relativa a la prueba indiciaria en virtud de la cual el Tribunal sentenciador llegó a la convicción de que el recurrente realizó los hechos por los que fue condenado. En este sentido afirma que la convicción de culpabilidad se edifica sobre la base de una prueba indiciaria que se ha dejado expuesta a través de la reproducción de un largo pasaje de la sentencia de instancia. La Audiencia efectúa su deducción a partir de indicios. La categorización de esta modalidad probatoria -prueba indiciaria- tiene utilidad práctica por cuanto permite articular protocolos de control y de suficiencia. Finalmente, recuerda la doctrina del Tribunal Constitucional y afirma que a falta de prueba directa de cargo, también la prueba indiciaria puede sustentar un pronunciamiento condenatorio sin menoscabo del derecho a la presunción de inocencia, siempre que se cumplan unos requisitos: a) el hecho o los hechos base (indicios) han de estar plenamente probados; b) los hechos constitutivos del delito deben deducirse precisamente de estos hechos base; c) para que se pueda comprobar la razonabilidad de la inferencia es preciso tanto que el órgano judicial exponga los indicios como que aflore el razonamiento o engarce lógico entre los hechos base y los hechos consecuencia; y, finalmente, d) que este razonamiento esté asentado en las reglas del criterio humano o de la experiencia común.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FRANCISCO MONTERDE FERRER
  • Nº Recurso: 1909/2018
  • Fecha: 12/11/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Análisis de la responsabilidad penal en el caso de ser el acusado el yerno de la víctima, que vivían juntos en la época de los hechos, que son anteriores a la entrada en vigor de la reforma del CP. Parentesco por afinidad en primer grado. Se estima que el fallecimiento de la esposa del primero e hija de la segunda no extingue la referida relación parental. Cambio de criterio jurisprudencial. Se aprecia el motivo del recurrente, se le exonera de pena, pero se mantiene su condena al pago de las responsabilidades civiles.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FRANCISCO MONTERDE FERRER
  • Nº Recurso: 1972/2018
  • Fecha: 12/11/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El delito de falsedad tienen la naturaleza de un delito de peligro y no de lesión, y se consuma desde el momento en que se realiza la alteración o mutación de la verdad en el documento, añadiendo que en estos delitos no se exige una incidencia del documento falso en el tráfico jurídico, "bastando que exista un daño potencial cuando el documento tenga aptitud para poder incidir negativamente en dicho ámbito...quedando consumados estos delitos desde el momento en que se produce la alteración prevista como típica en las modalidades previstas en el Código, es decir, una vez que alcanzan esa posibilidad de incidencia en el tráfico jurídico". También se ha precisado que no es menester que concurra el ánimo de lucro ni otro especial, a diferencia de lo que ocurre cuando se trata de documentos privados. Si el acusado hubiera estampado de forma falsaria la firma de la presidenta de la Comunidad para hacer posible su cobro, aunque no esté acreditado quién haya sido el beneficiario, se hubieran cumplido los requisitos requeridos por el delito de falsedad. La pericial caligráfica, corroborada en el acto de la vista, en ningún momento determina -como establece la sentencia de instancia-que la firma correspondiente a la Presidenta de la Comunidad, obrante en los cheques , sea obra del acusado. Sólo se reconoce en los informes, como efectuada por el acusado, la que obra en la parte izquierda de los documentos donde debía figurar como mancomunada su firma.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CARMEN LAMELA DIAZ
  • Nº Recurso: 2125/2018
  • Fecha: 12/11/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Estamos ante una modalidad del recurso que enlaza más con el artículo 9.3 de la Constitución (seguridad jurídica) que con el artículo 24.1 (tutela judicial efectiva). El recurso planteado al amparo del artículo 849.1 LECrim debe respetar el relato de hechos probados. El hecho de que por tres condenas anteriores por delitos leves de hurto se pueda aplicar un tipo hiperagravado que permita convertir una multa máxima de tres meses en una pena de prisión que puede alcanzar hasta los tres años, con un suelo de un año, resulta sustancialmente desproporcionado.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANDRES PALOMO DEL ARCO
  • Nº Recurso: 1673/2018
  • Fecha: 12/11/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Delito contra la seguridad social. Artículo 307 del Código Penal. Recurso de casación por vulneración del derecho a la presunción de inocencia. El control de la existencia de prueba de cargo y el control sobre su suficiencia. La continuidad delictiva en el delito de fraude contra la Seguridad Social. La temporalidad en la comisión delictiva y el importe de las cuantías defraudadas. La aplicación de la ley penal más favorable. Las agravaciones específicas en el delito contra la Seguridad Social: el artículo 307.1. a) y b) del Código Penal. Estas agravaciones aparecen tanto en la redacción original de 1995 como de 2003 y determinaban una pena de de prisión de dos años y seis meses a cuatro años y multa del triplo y medio al séxtuplo de la cuantía defraudada.Tras la reforma de la LO 7/2012, son parcialmente coincidentes y se sancionan en su umbral mínimo, de forma algo más liviana.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: WENCESLAO FRANCISCO OLEA GODOY
  • Nº Recurso: 4264/2019
  • Fecha: 12/11/2019
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Devolución del recurrente a su país de origen. Recurso de casación contra sentencia que acuerda el archivo de las actuaciones al no acreditarse la representación del letrado del recurrente. Admisión a trámite del recurso de casación. La cuestión sobre la que se entiende existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar si a efectos de la actuación ante órganos judiciales unipersonales, la designación de letrado por el turno de oficio excluye la exigencia de otorgamiento de la representación mediante poder o comparecencia apud acta.

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