• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANDRES MARTINEZ ARRIETA
  • Nº Recurso: 2339/2018
  • Fecha: 20/11/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Correcta apreciación del delito de abusos sexuales con prevalimiento. Notable diferencia de edad y de status entre la menor y el acusado, que era 34 años mayor que ella y que era el compañero de su madre. Procedencia de la declaración de responsabilidad civil contra de todo condenado como obligación de reparación de los daños causados por su conducta delictiva. En el caso, los hechos fueron denunciados por el organismo público encargado de la guardia y custodia de la menor en situación de riesgo. Error en la apreciación de la prueba: requisitos para el éxito de la vía empleada. Una carta manuscrita, en la que la menor se interesa por el estado y situación del acusado, no constituye documento a los efectos de la vía del artículo 849.2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Acreditación de la vulnerabilidad de la víctima y concurrencia del elemento característico de prevalimiento. Características: constituye un elemento que impide la libre formación del consentimiento preciso para el mantenimiento de relaciones sexuales. Predeterminación: el término someter no pertenece exclusivamente al mundo jurídico. Incongruencia omisiva: respuesta suficiente a las cuestiones jurídicas planteadas. Recurso formulado por el Ministerio Fiscal contra la absolución respecto de otra menor, hija de la mujer del acusado por falta de la condición de procedibilidad. El origen de las actuaciones no es la denuncia de la menor, sino una denuncia de la exmujer. Estudio de la condición de perseguibilidad.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: VICENTE MAGRO SERVET
  • Nº Recurso: 1843/2018
  • Fecha: 19/11/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La doctrina del TEDH permite la revisión de sentencias absolutorias cuando el Tribunal Supremo actúa dentro de los márgenes de la infracción de ley, revisando cuestiones puramente jurídicas. Es decir cuando se limita a corregir errores de subsunción y a fijar criterios interpretativos uniformes para garantizar la seguridad jurídica, la predictibilidad de las resoluciones judiciales, la igualdad de los ciudadanos ante la ley penal, y la unidad del ordenamiento penal y procesal penal, sin alterar ningún presupuesto fáctico; pero no procede la condena ex novo en casación de un acusado que haya resultado absuelto en el juicio de instancia cuando la condena requiere entrar a examinar y modificar la convicción sobre los hechos, dado que ello exigiría la celebración previa de una comparecencia del acusado para ser oído, eventualidad que no está prevista actualmente en la sustanciación procesal del recurso de casación, por lo que habría que establecer un trámite específico para ello, alterándose en cualquier caso la naturaleza del recurso de casación.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CARMEN LAMELA DIAZ
  • Nº Recurso: 2085/2018
  • Fecha: 19/11/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se analiza el valor de la declaración del coacusado. Se aprecia la atenuante de dilaciones indebidas. Un año para dictar sentencia y 5 años para la tramitación de la causa. Se rebaja la pena impuesta. Se trata sobre el principio Acusatorio. Se concluye la homogeneidad de los delitos de lesiones dolosas e imprudentes. Se analiza e interpreta el delito de lesiones imprudente.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANDRES MARTINEZ ARRIETA
  • Nº Recurso: 2081/2018
  • Fecha: 19/11/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Falta de claridad en los hechos probados. La argumentación del recurrente no guarda relación con el motivo invocado y no afecta a la comprensión del hecho probado. Imparcialidad del Juez: incidencia de las preguntas dirigidas a los testigos y peritos por el Presidente del Tribunal. Estudio del artículo 708 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Se alega que el Magistrado se excedió de sus funciones. El Tribunal Supremo defiende una interpretación estricta del artículo 708 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por respeto al principio acusatorio. Su utilización ha de ser excepcional y referida a extremos sobre los que los testigos, peritos o imputados hayan declarado. No cabe referirlos a hechos nuevos. El Juez no pueda asumir procesalmente funciones de parte. Precedentes en los que se ha considerado vulnerado el derecho a un proceso con todas las garantías. Precedentes en los que se pone el acento en el significado procesal de la formulación de preguntas por el Presidente. No hay una incompatibilidad absoluta entre el principio de imparcialidad y la posibilidad del Magistrado de formular preguntas. El descubrimiento de la verdad material justifica esa posibilidad de formular preguntas. Las preguntas planteadas por el Presidente en el caso concreto, no vulneran el principio de imparcialidad por no exceder de los datos fácticos sobre los que depusieron los testigos. Contradicción: no se vulneró. Expresión racional y suficiente de los razonamientos valorativos de la prueba.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SUSANA POLO GARCIA
  • Nº Recurso: 2065/2018
  • Fecha: 19/11/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se analiza un supuesto de posesión de sustancias estupefacientes por un consumidor. Se precisan las cantidades que pueden estimarse destinadas exclusivamente al autoconsumo (heroina).
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SUSANA POLO GARCIA
  • Nº Recurso: 1828/2018
  • Fecha: 19/11/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: No es razonable confundir los indicios necesarios para irrumpir en el derecho al secreto de las comunicaciones, con los que pueden servir de base a un auto de procesamiento o a una inculpación formal. Los que legitiman la autorización judicial de intervención telefónica han de representar algo más que simples conjeturas o suposiciones, más o menos aventuradas. Pero no puede exigirse de ellos la solidez de una "provisional cuasi certeza". Aunque es deseable que la resolución judicial contenga en sí misma todos los datos anteriores, nuestra jurisprudencia ha admitido la motivación por remisión, de modo que la resolución judicial puede considerarse suficientemente motivada si, integrada con la solicitud policial, a la que puede remitirse, contiene todos los elementos necesarios para llevar a cabo el juicio de proporcionalidad. Para la validez formal de los autos sólo exige la firma del Juez o Magistrado que los dictan, siendo la dación de fe del secretario el medio propio para dar fehaciencia a la existencia de la resolución en la causa. La intervención telefónica es una medida temporal, el propio art. 579-3º LECrim. fija el periodo de tres meses, sin perjuicio de prórroga. La conducta llevada a cabo por la acusada no puede calificarse de complicidad, pues la acusada favorecía y facilitaba directamente el consumo ilegal, lo que excluye la citada forma de participación.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: EDUARDO DE PORRES ORTIZ DE URBINA
  • Nº Recurso: 2136/2018
  • Fecha: 19/11/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Asociación cannábica. Existencia de prueba de cargo bastante, a raiz de los resultados de las entradas y registros practicadas. Las pruebas tienen un contenido incriminatorio innegable y contundente. No admisión de la presunción en contra del reo de algún elemento del delito. Predeterminación: requisitos que han de concurrir para su apreciación. La expresión "tráfico ilícito" tiene connotación jurídica, pero pertenece también al lenguaje común. Amplitud del término "consumo ilegal". Doctrina del Tribunal Constitucional: el articulo 368 del Código Penal, no contraviene el principio de legalidad. Contenido del principio de legalidad: triple exigencia de lex certa, lex previa y lex scripta. Licitud del empleo de términos generales o relativamente imprecisos. Concepto e interpretación del "consumo ilegal". El consumo no está sancionado penalmente, sino la difusión o promoción. Atipicidad el consumo compartido. Requisitos, que no se cumplen en el presente caso. Principio de proporcionalidad de las penas: le corresponde su dosimetría al legislador. Retroactividad de la ley penal. Doctrina del TEDH: relevancia de la aplicación jurisprudencial, no sólo su contenido formal. Inexistencia de cambio jurisprudencial en España respecto de la distribución de cannabis. Error vencible de prohibición: características. Improcedencia. Asociación ilícita: elementos. Dilaciones indebidas: requisitos. No concurrencia en el presente caso. Individualización de la pena: suficiente motivación.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JULIAN ARTEMIO SANCHEZ MELGAR
  • Nº Recurso: 1598/2018
  • Fecha: 19/11/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El TS afirma que el Tribunal Superior de Justicia (como Tribunal de apelación) estimó de forma correcta la práctica en el plenario de la prueba preconstituida de conformidad con lo dispuesto en el art. 730 de la LECRIM y, en todo caso, que el Tribunal de enjuiciamiento llegó al convencimiento condenatorio en virtud de la valoración conjunta de numerosa prueba de cargo distinta de la señalada prueba preconstituida. En relación con el delito de trata de seres humanos recuerda que la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, consiste, una vez en nuestro país las personas violentadas, en obligarlas a ejercer la prostitución en diversos lugares para obtener un beneficio.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANDRES PALOMO DEL ARCO
  • Nº Recurso: 10184/2019
  • Fecha: 19/11/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Aun cuando en esencia, los tres recursos aluden a la insuficiencia de la prueba practicada, el testimonio de un testigo protegido y la reproducción de varios testimonios preconstituidos de otros inmigrantes que viajaban en la embarcación, los matices vertidos en su argumentación, imposibilitan poder concluir que el tercer recurrente, resulta íntegramente contestado de forma tácita con la respuesta otorgada a los otros dos recurrentes. De otra parte, se desestimaba expresamente el recurso formulado por el tercer recurrente, lo que conllevaba que tampoco el recurso de complemento fuere remedio idóneo para la preterición descrita. Tanto si la aplicación de la legalidad es fruto de un error patente, como si fuere arbitraria, manifiestamente irrazonada o irrazonable no podría considerarse fundada en Derecho, dado que la aplicación de la legalidad sería tan sólo una mera apariencia.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: IGNACIO SANCHO GARGALLO
  • Nº Recurso: 1318/2017
  • Fecha: 14/11/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sala estima un recurso de casación frente a una sentencia que había acogido la acción individual de responsabilidad de un administrador, ejercitada por un acreedor de la sociedad para el cobro de su crédito. La sala reitera su jurisprudencia. Cuando un acreedor ejercita una acción individual de responsabilidad frente al administrador en la que el daño cuya indemnización se pretende es el impago de un crédito, es fácil caer en el riesgo de identificar la actuación antijurídica de la sociedad que no abona sus deudas y cuyos acreedores se ven impedidos para cobrarlas por insolvencia, con la infracción por su administrador de la ley o los estatutos, o de los deberes inherentes a su cargo. Esta concepción convertiría la responsabilidad del administrador en objetiva. Por eso, es necesario identificar una conducta propia del administrador, distinta de no haber pagado el crédito, que pueda calificarse de ilícito orgánico y a la cual pueda atribuirse la causa de no haber sido satisfecho el crédito. En el caso, el ilícito orgánico no es tan claro y sobre todo no se acredita la relación de causalidad con el impago del crédito, porque si bien es cierto que la empresa cesó en su actividad sin que se disolviera, también lo es que su no disolución se justifica por estar pendiente una reclamación judicial de un crédito perteneciente a la sociedad y, además, no consta que hubiera más activos aparte del reclamado, que en una disolución hubieran permitido cobrar el crédito del actor.

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