Resumen: Delito de abuso sexual a menor de trece años. El recurso de casación por vulneración del derecho a la presunción de inocencia: ámbito de control casacional del respeto a la presunción de inocencia. El derecho de defensa. La declaración en el Plenario del menor víctima del delito: validez como prueba de cargo. La valoración del testimonio prestado por la víctima. La credibilidad del testimonio prestado por menores de edad. El valor probatorio de las pruebas periciales de credibilidad del testimonio. El prevalimiento de la relación de parentesco: el artículo 183.4.d) del Código Penal. El prevalimiento de la situación de parentesco o superioridad como fundamento agravatorio y la prohibición del non bis in idem. El recurso de casación por infracción de Ley, al amparo de lo dispuesto en el artículo 849.1 LECrim. La individualización de la pena impuesta y el principio de proporcionalidad.
Resumen: Del hecho de la revocación de poderes en agosto de 2010, no puede deducirse inequívocamente que el acusado se apartara de la gestión de la sociedad, sino todo lo contrario; continuaba realizando gestiones y dirigiendo su actividad para conseguir la defraudación tributaria por deducción de facturas imaginarias y falsos IVA soportados. Aun cuando no conste que el acusado alterara o confeccionara materialmente las facturas, sí aportó las mismas a la gestoría o remitió al coacusado las 24 facturas para su incorporación en los libros registro de las facturas recibidas conociendo su alteración, beneficiándose con ello de las devoluciones realizadas por Hacienda. Por lo demás, el delito de falsedad documental no es un delito de propia mano. La parte recurrente integra dentro del plazo de tramitación de la causa la fecha de ocurrencia de los hechos, cuando eso no es correcto, la dilación indebida debe producirse en el curso de un procedimiento. Quien se pone en situación de ignorancia deliberada, sin querer saber aquello que puede y debe saber, está asumiendo y aceptando todas las consecuencias del ilícito actuar. Quien se encuentra en una situación que se conoce como ceguera voluntaria no está excluido de responsabilidad criminal por la acción ejecutada. En consecuencia, que aceptara participar como un administrador formal de la sociedad que pertenece, en esencia, al otro coacusado, no le releva de responsabilidad, pues con sus actos está contribuyendo a la defraudación de Hacienda.
Resumen: Derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. Antecedentes históricos. Las dilaciones injustificadas no implican un derecho a una sentencia absolutoria ni la nulidad de la resolución judicial. La opción más defendida se refiere a la proporcionalidad de la pena, lo que da origen a la aplicación de una atenuante. Presunción de inocencia: contenido de su estudio, cuando se alega en casación: existencia de prueba bastante, lícitamente obtenida y practicada y valorada con arreglo a las reglas de la lógica y a las máximas de la experiencia. Personación obligatoria del Ministerio Fiscal. Declaraciones sumariales. Validez de su lectura en el acto de la vista oral, cuando son infructuosas las gestiones para la localización del testigo y se ha asegurado la contradicción al estar presente el letrado defensor. Existencia de motivación bastante. Inclusión dentro del nuevo artículo 253 del Código Penal de la apropiación de dinero después de la reforma introducida por la LO 1/2015. Se evitan así espacios de impunidad. Error en la apreciación de la prueba. Requisitos. Casos excepcionales en los que se puede fundamentar el recurso de casación en un informe pericial. La prueba pericial es prueba personal y está, en principio, excluida de la consideración de documento. En el supuesto, no se indica error en la valoración de la prueba, sino insuficiencia por falta de otras diligencias.
Resumen: Señala la Sala que si bien en la sentencia apelada no se expresa que el recurrente fuera el autor material de la falsificación o alteración del kilometraje del vehículo, como se indica en el recurso, lo cierto es que no se le acusa ni se le condena por un delito de falsedad, sino porque ofertó un vehículo que ya no era de su titularidad, ni tenía facultad de disposición para fijar un precio afirmando unas cualidades como el señalar menor kilometraje del que tenía, revistiendo los hechos enjuiciados la comisión de un delito de estafa impropia, del art. 251 del CP, en cuanto el recurrente vendió un vehículo del que ya no era propietario, ya que lo había vendido a una entidad financiera, siendo únicamente arrendatario del mismo, con opción de compra, así como también del delito de estafa apreciado en concurso de normas, ya que el engaño no solo alcanza a vender una cosa de la que ya no se es propietario, al que se añade el perjuicio del necesario ejercicio del precio de la opción, sino que, del mismo modo, se vende un vehículo al que se le atribuye una cualidad de la que carece, como es de un kilometraje muy inferior. Se ratifica la apreciación de la atenuante de dilaciones indebidas como simple, ya que la Defensa no señala un tiempo determinado y concreto de paralización de la causa, sino que apela al transcurso del tiempo, de más de cinco años, desde la interposición de la querella hasta la celebración del juicio, lo que no justifica su apreciación como muy cualificada.
Resumen: Formulada demanda en la que se insta la nulidad, por abusivas, de varias condiciones generales, se dictó sentencia en primera instancia que estima parcialmente la demanda, frente a la que interpone recurso la actora. La sentencia de apelación, que estima en parte el recurso, declara la nulidad de la comisión por vencimiento anticipado, por producirse de forma automática, por el simple hecho de dar por vencido anticipadamente el préstamo; la comisión por certificación de saldo, por constituir la certificación un acto debido que es consecuencia directa de su condición de acreedor y trasladar al prestatario una carga que pesa sobre el prestamista; la imposición de costas, por estar regulada en la legislación procesal; en cuanto la renuncia a la notificación de la cesión de crédito, señala que la cesión de crédito, admitida con carácter general en nuestro derecho sin necesidad de consentimiento del deudor, no puede perjudicar los derechos del cedido, que la LH la admite si se hace en escritura pública, se da conocimiento al deudor y se inscribe en el Registro, que la falta de notificación no afecta a la validez y que es criterio del TS que la renuncia anticipada a la notificación, prevista en el RH, en tanto que priva de las posibilidades jurídicas anteriores a la misma (conocimiento) y supone una merma los derechos del deudor cedido, no prevalece sobre la LGDCU y por tanto, al no constar que hubiera sido negociada individualmente se declara nula por abusiva.
Resumen: Delito de estafa en grado de tentativa. Recurso de casación frente a pronunciamientos absolutorios. Contenido del derecho a la tutela judicial efectiva. Recurso de casación por infracción de Ley, al amparo de lo dispuesto en el artículo 849.1 LECrim.: intangibilidad de los hechos declarados probados. Recurso de casación por vulneración del derecho a la presunción de inocencia: ámbito de control a través del recurso de casación del respeto a la presunción de inocencia.
Resumen: Concurren en la declaración del menor los requsiitos que la hacen apta como prueba de cargo: a) Ausencia de incredibilidad subjetiva, derivada de las relaciones entre acusado y víctima; b) En cuanto a la verosimilitud, todas las corroboraciones periféricas abonan por la realidad del hecho; c) Por lo que se refiere a la persistencia y firmeza del testimonio, el testimonio del menor ha sido coincidente tantas veces cuantas ha sido explorado, sin variaciones sustanciales. Hubo además corroboraciones: el testimonio de la madre, que vio como ponía la mano en los genitales de su hijo y que relató lo que éste le contó al salir del karaoke. Después, en la declaración del amigo de la víctima, igualmente menor de edad y que se encontraba en lugar de los hechos, quien narró que inicialmente se lo había contado y que después él también vio como le tocaba. Finalmente, en la pericial judicial de la psicóloga que hizo la exploración mediante cámara Gesell. El principio in dubio pro reo no es aplicable a aspectos jurídicos como el de la imposición de la pena. En el caso, no se explica la desproporción alegada y no procede la estimación del recurso.
Resumen: El Tribunal considera que en el delito de maltrato habitual el bien jurídico protegido no es la integridad física de los agredidos, sino la paz familiar, sancionando aquellos actos que exteriorizaran una actitud tendente a convertir el ámbito familiar en un microcosmos regido por el miedo y la dominación, porque en efecto nada define mejor el maltrato familiar que la situación de dominio y de poder de una persona sobre su pareja y los menores convivientes. La autonomía del bien jurídico protegido unido a la situación de habitualidad son las características del tipo penal referido. Y en relación con la habitualidad, recuerda que es una exigencia típica un tanto imprecisa que ha originado distintas corrientes interpretativas, aunque la mas consolidada ha venido entendido que lo relevante para apreciar la habitualidad, más que la pluralidad en sí misma, es la repetición o frecuencia que suponga una permanencia en el trato violento, siendo lo importante que el Tribunal llegue a a la convicción de que víctima viene en un estado de agresión permanente. En esta permanencia radica el mayor desvalor que justifica una tipificación autónoma por la presencia de una gravedad mayor que la que resultaría de la mera agregación de las desvaloraciones propias de cada acción individual. Por esta razón el Tribunal considera irrelevante que algunos de los episodios tenidos en cuenta pudieran estar prescritos como delitos autónomos y no aprecia la excepción de cosa juzgada.
Resumen: La AP confirma sentencia condenatoria por delitos de hurto y amenazas. En el delito de amenazas el bien jurídico protegido es la libertad de la persona y el derecho que a la tranquilidad persona, siendo un delito de simple actividad de expresión o peligro que no exige una lesión material en la víctima, lesión que de producirse actuará como complemento del tipo. El delito de amenazas exige: a) anuncio, mediante hechos o expresiones, de causar a otro un mal que constituya delito de los enumerados en el precepto; b) que este anuncio ha de ser serio, real y perseverante; c) el mal ha de ser futuro, injusto, determinado y posible, dependiente exclusivamente de la voluntad del sujeto activo y productor de intimidación en el amenazado; d) dolo especifico consiste en ejercer presión sobre la víctima, atemorizándola y privándola de su tranquilidad, dolo que encierra un plan premeditado de actuar con tal fin o animo intimidatorio contra la víctima. Es un delito eminentemente circunstancial, debiendo tenerse valorarse para su calificación la ocasión en que se profiera, personas intervinientes, actos anteriores, simultáneos y sobre todo posteriores al hecho material de la amenaza. Los elementos indicados quedan acreditados por la declaración de la víctima (ausente de incredibilidad subjetiva, verosímil y persistente a lo largo de las actuaciones), acreditándose como el acusado, portando en sus manos dos botellas rotas y le dijo que le iba a rajar y a cortar el cuello.
Resumen: Agresión mutua o recíproca entre ambas partes, en el ámbito de la violencia intra familiar. Es irrelevante que la prueba practicada no permita establecer cuál de los implicados inició la agresión, cuando ambos superan la actuación meramente defensiva. Ambas conductas mantiene su condición ilícita de forma independiente, aunque confluyan en el tiempo y en un resultado plural. La legítima defensa queda excluida en los casos de riña mutuamente aceptada como es el caso.