Resumen: Salvo supuestos en que se constate irracionalidad o arbitrariedad, el cauce casacional por infracción del derecho a la presunción de inocencia no está destinado a suplantar la valoración por parte del Tribunal sentenciador de las pruebas apreciadas de manera directa, como las declaraciones testificales o las manifestaciones de los imputados o coimputados, así como los dictámenes periciales, ni realizar un nuevo análisis crítico del conjunto de la prueba practicada para sustituir la valoración del Tribunal sentenciador por la del recurrente o por la de esta Sala. El delito societario de administración desleal está referido a la actuación de los administradores de hecho o de derecho o a los socios de cualquier sociedad constituida o en formación que realicen una serie de conductas causantes de perjuicios, con abuso de las funciones propias de su cargo. El delito de falsedad no constituye un delito de propia mano, sino que admite su realización a través de persona interpuesta que actúe a su instancia, por lo que la responsabilidad en concepto de autor no precisa de la intervención corporal en la dinámica material de la falsificación bastando el concierto y el previo reparto de papeles para la realización y el aprovechamiento de la documentación falseada. En los delitos de falsedad documental en fotocopia la naturaleza que era relevante era precisamente la del documento que se pretendía simular y no el medio utilizado para ello.
Resumen: La Constitución atribuye al Juez la responsabilidad de acordar la restricción del derecho al secreto de las comunicaciones telefónicas y exige que lo haga a través de una resolución suficientemente fundada. Tanto en el aspecto fáctico, respecto a los indicios de comisión de un delito y de la participación del sospechoso en él, como en relación a su necesidad en el caso. Al tiempo se exige que la restricción sea proporcional al fin perseguido, y que se contraiga a hechos concretos suficientemente identificados. La sospecha acerca de la comisión del delito o de la participación del sospechoso no puede ser considerada un indicio, por más contundente que sea su expresión, ni tampoco, consecuentemente, puede serlo la afirmación de la existencia del delito y de la participación; o de su posibilidad o probabilidad. Por el contrario, lo que se exige son datos o elementos, que, desde una perspectiva objetiva justifiquen la sospecha. Es decir, que para cualquiera sean indicativos de la comisión de un delito. Y ha exigido que se trate de datos objetivos, accesibles por terceros, verificables, seriamente sugestivos de la comisión del delito y de la participación del sospechoso, y que estén al alcance del Juez en el momento previo a su decisión, de modo que éste los conozca y los pueda valorar; y que se expresen de tal forma en su resolución que aquella valoración pueda luego ser controlada, en su racionalidad, por otro Tribunal.
Resumen: Contenido de estudio del derecho a la presunción de inocencia cuando se alega en casación. Existencia de prueba de cargo bastante testifical y documental. Acreditación bastante de la existencia de engaño. Concepto de engaño. Teoría de la autoprotección: exclusión en casos excepcionales de engaños burdos. Casos de puesta de peligro por la propia víctima. Exclusión de la responsabilidad cuando el desplazamiento patrimonial es imputable totalmente al comportamiento del perjudicado. Desarrollo de los modelos de autocompliance. La ausencia de controles de compliance ad intra no implica una exculpación de quienes establecen mecanismos de fraude. Sin embargo, la ausencia de medios de compliance ad extra puede dar lugar a la exclusión de la responsabilidad civil. La autotutela no puede conducir a imponer en el tráfico mercantil actitudes de extrema suspicacia. Idoneidad del engaño. Acuerdo del Pleno no Jurisdiccional de 30 de octubre de 2007: compatibilidad entre el delito continuado y el subtipo agravado de especial gravedad por la cuantía. Unidad natural de acción, unidad jurídica de acción y delito continuado. Denegación de diligencia de prueba. Prueba intranscendente. Responsabilidad civil. Principio de rogación. Se requiere una renuncia expresa del ofendido para no pronunciarse sobre la acción civil. Legitimación para recurrir en casación. Sucesión procesal. Diferencia entre ofendido y perjudicado. Dilaciones indebidas: no procede cuando se alega por el actor civil.
Resumen: Recurso de casación frente a pronunciamientos absolutorios. El derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías. La motivación de las resoluciones judiciales. El control casacional de la valoración de la prueba practicada en la instancia. Contenido y alcance del derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable. La condena en costas: análisis del artículo 123 del Código Penal. Las costas generadas por la intervención de la acusación particular.
Resumen: Delito de lesiones, supuesto de contagio de enfermedad de transmisión sexual. Transmisión del VIH en supuestos en los que el infectado conocía la enfermedad de su pareja y aceptó mantener relaciones sexuales en forma que entrañaba un riesgo de contagio. El TS establece doctrina relativa a la diferenciación entre la respuesta penal que debe darse a quien dolosamente coopera con una situación de peligro desarrollada por alguien que termina sufriendo la consecuencia del riesgo (cooperación a la autopuesta en peligro), y el tercero que es responsable de asumir y desarrollar personalmente la situación de peligro cuando ha sido consentida por quien resulta perjudicado (heteropuesta en peligro consentida). En el caso concreto, el TS afirma, de un lado, que de forma excepcional cabe sostener (como se hace en el caso concreto) que las dudas del Tribunal sobre un hecho determinante de la antijuricidad material del comportamiento, pueda plasmarse en un pronunciamiento de no culpabilidad del acusado. Y, de otro, que no cabe acudir al consentimiento de la víctima para excluir la responsabilidad del autor del hecho pues no resulta adecuado por eludir que la plenitud de la adhesión exigiría que se proyectara sobre el resultado lesivo que se enjuicia y, aun en ese caso, que el criterio normativo fijado en el artículo 155 del Código Penal atribuye al consentimiento una minoración de la penalidad que reside en el menor desvalor de la acción, pero en modo alguno una irrelevancia penal.
Resumen: Si al tribunal de instancia le corresponde la valoración de la prueba en los términos que se derivan de la percepción inmediata de la prueba propuesta por las partes, al tribunal de la apelación le compete un análisis completo de la actividad probatoria, cuando se trata de sentencias condenatorias. Ante el Tribunal Supremo, tras la doble evaluación, la capacidad de revisión queda limitada a la comprobación de la racionalidad de los criterios de motivación expuestos en la sentencia. La eximente incompleta de enajenación mental se desestima por falta de prueba. La atenuante de dilaciones indebidas se desestima porque la jurisprudencia exige que quien la reclama, exponga y concrete los espacios temporales constitutivos de una demora y su carácter de indebido para que pueda valorarse su gravedad y su justificación.
Resumen: El CP de 1995 ha castigado siempre el delito de agresión sexual con penetración, cuando afecta a víctimas especialmente vulnerables con pena de prisión de 12 a 15 años. Pena que, en caso de continuidad delictiva, desde el 1-10-2004 que entró en vigor la LO 15/2003 puede llegar hasta los 17 años y 6 meses. Precisamente esta última norma modificó el art. 74 CP para permitir la elevación penológica del delito continuado hasta la mitad inferior de la pena superior en grado. En ambos casos el plazo de prescripción es el mismo, 20 años. Y ese mismo plazo de 20 años es el que determinaba la prescripción del delito según la legislación vigente a la fecha de los hechos, el CP de 1973, a partir de que la LO 8/1983 modificó el art. 69 para permitir la elevación de la pena del delito continuado hasta el grado medio de la pena superior en grado. Cualquiera que sea la legislación porla que optemos, el delito no ha prescrito. Rechazó el Tribunal sentenciador que el tiempo transcurrido hasta que la víctima denunció los hechos afectase a la credibilidad. Criterio razonable a partir de las circunstancias que rodearon los distintos acometimientos, que se sucedieron durante varios años cuando el afectado todavía no había alcanzado la suficiente madurez. Los distintos informes explicaron como las rutinas traumáticas que le fueron impuestas de manera continuada hasta los 16 años, quedaron contenidas y bloqueadas en su psiquismo hasta que se produjo un suceso que provocó su eclosión.
Resumen: El TS, después de recordar su doctrina relativa la deber de motivación en relación con la determinación de la extensión de la pena afirma que, en el caso concreto, la pena ha sido correctamente impuesta por el Tribunal. No se trata de aplicar primero la regla del art. 66.1.2ª por la concurrencia de la atenuante cualificada, y después la regla 1ª del citado artículo por la concurrencia de una atenuante simple, sino que el Tribunal debe tener en cuenta el total de las atenuantes concurrentes y su entidad, para rebajar la pena en uno o dos grados, y para individualizarla, por aplicación del art. 66.1.2ª. Dentro de la argumentación jurídica existen elementos de donde se puede deducir la individualización en relación a la bajada de la pena en un solo grado, aunque sea implícitamente, así como en relación a la concreta fijación de las penas, donde expresamente se hace referencia al total de la cantidad defraudada y a las múltiples falsificaciones llevadas a cabo, por lo que teniendo en cuenta que corresponde al tribunal de instancia la individualización de la pena.
Resumen: El tribunal encargado de la apelación expresa sus dudas sobre la veracidad y credibilidad en el testimonio de la víctima, única prueba sobre el origen de las lesiones y lo hace argumentando sobre la falta de coherencia de la declaración de la víctima, pues carece de congruencia afirmar que el acusado la obligó a no incriminarle y, al mismo tiempo, afirmar que llegó al hospital privada de conocimiento y que al despertar narró que había sido una amiga que le causó las lesiones. Por otra parte, no contribuye a esa credibilidad en el testimonio el hecho de afirmar que el origen radicaba en la obligación a la prostitución ejercida por el acusado. Y al mismo tiempo, declarar que esa obligación no se produjo. En cuanto a la corroboración del testimonio expresado por el parte médico éste no tiene el sentido incriminatorio hacia el acusado pues lo que relata que es el carácter agresivo de la lesión. El tribunal concluye la motivación de su convicción absolutoria afirmando "que el testimonio de la víctima no aparece revestido de poder conclusivo suficiente para desvirtuar, más allá de toda duda razonable, la presunción constitucional de inocencia", con una motivación razonable sobre la base de lo documentado en el juicio y una vez conocida el contenido de la sentencia que revisa. La motivación es razonable del tribunal ha satisfecho las garantías del contenido esencial del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva al proporcionar una explicación razonable.
Resumen: El caso examinado consistió en que el denunciante fue fotografiado, sin su consentimiento, por una tercera persona mientras practicaba actos de carácter sexual (art. 197.1 y 6 CP) y, después, la acusada le exigió la entrega de 60.000 euros con la amenaza de que, de no hacerlo, haría llegar las fotos a su familia (Art. 171.2 CP). El TS afirma que la relación entre los arts. 197.7 -actual art. 197.6- y 171.2 es la propia de un concurso de normas a resolver conforme a la regla de especialidad. Y en este caso, la ley especial -art. 171.2- deroga a la ley general -art. 197.7-. El legislador ha querido agravar, mediante la aplicación del art. 197.7 -actual art. 197.6-, aquellas conductas en las que la vulneración del derecho a la intimidad esté filtrada por un propósito lucrativo. Quien obtiene o cede imágenes que comprometen la intimidad de la persona afectada y lo hace a cambio de dinero, incurre en un tipo agravado que suma a la ofensa del bien jurídico protegido, el especial reproche de la motivación económica. Sin embargo, el art. 171.2 del CP entra en juego cuando a la vulneración de la privacidad sigue un atentado a la libertad, al sosiego, al equilibrio anímico de la víctima, a la que se amenaza con difundir las imágenes si no se aviene a pagar.