Resumen: Dolo antecedente. Presunción de inocencia: alcance cuando se alega en casación. Triple comprobación: existencia de prueba de cargo bastante; practicada lícitamente; y valorada con arreglo a las reglas de la lógica y a las máximas de la experiencia. Atribución de credibilidad al denunciante. Expresión de los indicios por los que la Sala de instancia estimaba que el acusado incumplió su contraprestación y por los que consideraba que aquél solamente pretendía lucrarse a costa de la otra parte. Distinción entre el dolo civil y el dolo penal. Negocio jurídico criminalizado: modalidad de estafa caracterizada por la concertación simulada de un negocio jurídico, en la que el autor, desde el principio, no pretende dar cumplimiento a su prestación y aprovecharse de la prestación de la otra parte. Engaño bastante: concepto esencial del delito de estafa. Sólo se excluyen del concepto de engaño bastante los manifiestamente burdos o esperpénticos. Validez de la declaración de coimputados como prueba de cargo bastante. Necesidad de corroboraciones periféricas. Control constitucional de la solidez y racionalidad de las inferencias valorativas de los indicios. Se deben excluir las inferencias ilógicas, no concluyentes, o excesivamente abiertas. Inexistencia de corroboraciones bastantes en la declaración de uno de los coimputados, que servía de base para dictar sentencia condenatoria en contra del otro coimputado, por lo que se estima el motivo y se le absuelve.
Resumen: La apreciación del delito continuado en el delito de trata de seres humanos en el que existen varias víctimas vulneraría abiertamente la doctrina jurisprudencial. La cuestión fue debatida y resuelta por la Sala en el Pleno no jurisdiccional para unificación de criterios, que se celebró el día 31 de mayo de 2016, adoptándose el siguiente acuerdo: "el delito de trata de seres humanos definido en el art. 177 bis del Código Penal, reformado por LO 1/2015 de 30-3, obliga a sancionar tantos delitos como víctimas, con arreglo a las normas que regulan el concurso real". Las sucesivas reformas aprobadas por LO 5/2010, 22-6 y 1/2015, 30-3, en cumplimiento de las previsiones de la Directiva 2011/36/UE y del Protocolo de Palermo de 2000, han enriquecido el espacio de protección. Algunos de los fines que han de estar presentes en la realización del tipo objetivo y que ahora definen los cinco apartados que integran el art. 177 bis.1º CP, añaden otras manifestaciones de la libertad -como la que permite a toda persona decidir el cambio de estado civil- e incluso de la integridad física -menoscabada cuando se impone la extracción de órganos corporales-. Habrá tantos delitos -en concurso real- como víctimas. La cosificación de una persona, su trágica degradación a la condición de objeto despojado de toda dignidad, no puede ser valorada en términos difusos. Se admite la aplicación de la atenuante de reparación del daño a delitos no patrimoniales con el fin de proteger a la víctima.
Resumen: Para que pueda prosperar un motivo por denegación de prueba hay que valorar no solo su pertinencia sino también y singularmente su necesidad; más aún, su indispensabilidad en el sentido de eventual potencialidad para alterar el fallo. La prueba podía ser en verdad pertinente. Pero desde luego, su necesidad es muy cuestionable. La presencia de otras periciales analizando la sustancia convierte esta hipotética indagación en una diligencia totalmente prescindible.Un auto no firmado no equivale a inexistencia de una decisión judicial. Lo realmente determinante no es que la intervención telefónica (o cualquier otra decisión jurisdiccional) aparezca en un escrito rubricado por un juez, sino que lo haya decidido un Juez de forma racional y motivada.La firma no es lo que confiere vida jurídica a la decisión. Eso no significa que no sea importante; y que no se deba extremar el cuidado. la mayoría de los cinco autos no firmados por el Instructor sí recogen una diligencia consecutiva firmada por el Letrado de la Administración de Justicia que minimiza en alguna medida aquella omisión -ausencia de firma del Instructor-: no es que la subsane o sirva para suplirla, pero sí acredita que el Letrado da fe de que el Auto fue dictado por el Instructor y por ello se procede a ejecutar lo resuelto.El silencio del acusado sirve como dato corroborador de su culpabilidad, pero no como medio para suplir o complementar la insuficiencia de prueba de cargo contra él.
Resumen: Práctica de prueba: La prueba se ha podido proponer y practicar en vía jurisdiccional, por lo que no cabe entender que se haya producido una vulneración procedimental que como tal haya ocasionado indefensión. Presunción de inocencia: la sanción se impone por negarse a mostrar su documentación al Agente Medioambiental. No puede entenderse que existiera una negativa, al existir motivo suficiente como era la existencia del riesgo creado por los perros acercándose a la carretera, causa suficientemente acreditada y que ha de operar a modo de excusa absolutoria, pues, en todo caso, ha resultado acreditado que antes del inicio de la cacería el ahora recurrente estaba perfectamente identificado tanto ante los Guardias Civiles que habían acudido al control previo como ante los Agentes Medioambientales y que además, una vez controlados los perros no tuvo inconveniente en su nueva identificación,
Resumen: Abogado en ejercicio que es designado perito contador-partidor, en un procedimiento de liquidación de sociedad de gananciales. Retribución. El Letrado reclama del ministerio lo que corresponde según normas del Colegio de Abogados, pero la administración reconoce según criterios de Justicia Gratuita. La Sala examina la figura del contador partidor, la normativa sobre justicia gratuita y la intervención pericial. Se trata de una actividad impugnable ante la Jurisdicción. La Sala concluye que los honorarios deben fijarse atendiendo a las normas colegiales, no siendo aplicable el baremo que recoge el Real Decreto 996/2003.
Resumen: La resolución del TEAC que recurre la interesada declaró inadmisible el recurso de alzada interpuesto por esta frente a la resolución del TEAR de Madrid que confirmó la decisión de la Gerencia Regional del Catastro de Madrid sobre alteración de la descripción catastral de un inmueble de titularizad de la reclamante, con incidencia sobre el Impuesto sobre Bienes Inmuebles. La cuestión litigiosa gravita en torno a la validez de la notificación y el consiguiente inicio del plazo previsto para la interposición del recurso. Frente a los argumentos de la recurrente, la sentencia rechaza que dicho plazo pudiera verse afectado por la solicitud de suspensión para designar Abogado y Procurador, teniendo presente que ello resultaba innecesario para interponer la reclamación que de hecho interpuso, sin que afectase a la constatada presentación extemporánea del recurso de alzada. Y declara además la Sala que caarece de fundamento la invocación que hace la actora de los principios de eficacia y antiformalismo que deben regir en el Procedimiento Administrativo, pues tales principios operan en otros ámbitos como la tramitación del procedimiento, la posibilidad de subsanar defectos formales etc.,pero no permiten eludir el cumplimiento de requisitos indisponibles para las partes como el respeto a los plazos de interposición de los recursos.
Resumen: Nos hallamos ante un contrato de permuta de una cosa presente por otra futura. En dicha modalidad uno de los permutantes transmite al otro la propiedad de un solar, local o vivienda, del que es dueño, mientras que el segundo, constructor, promotor o empresario de la construcción, asume la obligación de entregar a aquel, determinados locales o pisos del edificio que se compromete a construir en el solar recibido. Consecuentemente, no recibió el local en virtud de un título por el que tuviere la obligación de restituir o devolver dicho inmueble en caso de incumplimiento. No existía formalmente la obligación de devolver el solar, porque en ningún momento consta que se solicitara judicial ni extrajudicialmente la rescisión del contrato de permuta, por lo que no existió sentencia firme que acordara su resolución en la obligación de devolución del inmueble a sus antiguos propietarios. No se trata de dinero o cosa mueble fungible, sino un bien inmueble.
Resumen: Delito de prevaricación administrativa. El recurso de casación por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de obtener una resolución congruente, motivada y fundada en Derecho sobre el fondo de la pretensión deducida en el proceso. La motivación de las resoluciones judiciales: el artículo 120.3 CE. La motivación de los pronunciamientos absolutorios. El derecho a la tutela judicial efectiva y la revocación de sentencias absolutorias. La sentencia recurrida con independencia de que se comparta su valoración, motiva racionalmente, la inexistencia de pruebas de acuerdo defraudatorio entre los acusados, así como la ausencia de perjuicio para el Ayuntamiento.Ningún ataque abrupto a la racionalidad, sino una motivada y lógica exposición de su conclusión, que permite comprender perfectamente el camino lógico que ha conducido a concretar el contenido de apartado de los hechos probados. Recuérdese que la falta de racionalidad en la valoración, infractora de la tutela judicial efectiva, no es identificable con la personal discrepancia del acusador recurrente que postula su particular valoración de las pruebas en función de su lógico interés
Resumen: La sala declara inadmisible la demanda al haberse presentado fuera del plazo de tres meses establecido en el artículo 293.1.a) LOPJ. Y considera que no hay error judicial, con claridad, porque la sentencia impugnada es correcta cuando impone las costas (art. 139 LJCA), pues, aunque el recurrente junto con sus dos hermanos sucedieron a su madre fallecida en la posición procesal de recurrente, que litigaba con el beneficio de justicia gratuita, ésta es personalísima y sólo disfruta de ella quien acredite la insuficiencia de recursos para litigar. De hecho, en casos de litisconsorcio o pluralidad de actores o demandados, cabe que unos gocen y otros no, del mencionado beneficio, asociado a la situación patrimonial personal de cada uno de ellos. El recurrente acredita que en 2019 obtuvo, al parecer para otro litigio, ese beneficio de justicia gratuita, lo que es un hecho posterior a las vicisitudes de este asunto y que no pudo el Tribunal sentenciador tener en cuenta para resolver, ni afecta a la corrección de lo resuelto.
Resumen: Se desestima el recurso de apelación interpuesto confirmando el auto de la instancia por el que se acordó el archivo de los autos, al no atender , el recurrente,el requerimiento formulado para que compareciera personalmente en el Juzgado a los fines de manifestar expresamente su voluntad de interponer el recurso o ejercitar la acción pretendida, ratificando así la demanda presentada por el Letrado designado por el SOJ. Se invoca por el recurrente la vulneración de la tutela judicial efectiva del art. 24 de la CE alegando que el requerimiento de subsanación que le fue realizado,era improcedente al constar aportada la designación del turno de oficio y ser la misma suficiente. Se alude por el Tribunal al art. 22 de la LO 4/2000 destacando que al solicitarse la justicia gratuita,al inicio del expediente administrativo,no se tiene constancia de que,una vez finalizado el mismo el extranjero tenga voluntad de recurrir en vía judicial siendo por ello necesario,el otorgamiento de la correspondiente representación procesal,bien,mediante poder notarial,bien apud acta y si bien,ante los órganos unipersonales la representación la puede ostentar el abogado es en todo caso necesario,el otorgamiento expreso de la misma. Que por ello se comparte con el auto de la instancia que resulta insuficiente la solicitud de justicia gratuita para que el letrado designado ostente la representación necesaria para recurrir y,la falta de otorgamiento expreso de autorización conlleva el archivo.