Resumen: No toda modificación de conclusiones es admisible. El objeto del proceso, delimitado por el hecho punible y la persona o personas a quienes formalmente se les atribuye, ha de permanecer invariable.No cabe una alteración subjetiva que aboque a la introducción de nuevos responsables penales o civiles, ni tampoco una mutación de identidad sustancial del hecho. La modificación de conclusiones no puede en principio variar el objeto procesal sustituyendo unos hechos por otros distintos desde el punto de vista naturalístico, es decir, hecho entendido como suceso o acontecimiento; pero sí aquellos elementos factuales no sustanciales o su valoración jurídica. Cualquiera que fuera el motivo, la acusación pública no solicitó ni provisional ni definitivamente indemnización a cargo de la recurrente. La responsabilidad civil da respuesta a una acción distinta de la penal, aunque acumulada al proceso por razones de utilidad y economía procesal, con la finalidad de satisfacer los legítimos derechos (civiles) de las víctimas. Sin embargo, las acciones civiles no pierden su naturaleza propia por el hecho de ejercitarse ante otra jurisdicción, lo que implica que en su regulación el derecho civil resarcitorio de la infracción penal cometida desplace al derecho penal. Ello da entrada a al principio de rogación previsto en el artículo 216 de la LEC,que rige en relación al ejercicio de acciones civiles. De tal manera no cabe un pronunciamiento que exceda de las peticiones formuladas por las partes.
Resumen: Respecto al ámbito del control casacional cuando se invoca la lesión al derecho fundamental a la presunción de inocencia, cumplida la doble instancia, la función revisora de la casación en este ámbito se contrae al examen de la racionalidad de la resolución realizada a partir de la motivación de la sentencia de la apelación, comprensiva de la licitud, regularidad y suficiencia de la prueba. Los elementos que conforman el delito de enaltecimiento o justificación del terrorismo, concorde pacífica jurisprudencia, los siguientes: 1º La existencia de unas acciones o palabras por las que se enaltece o justifica. Enaltecer equivale a ensalzar o hacer elogios, alabar las cualidades o méritos de alguien o de algo. Justificar quiere aquí decir que se hace aparecer como acciones lícitas y legítimas aquello que sólo es un comportamiento criminal. 2º El objeto de tal ensalzamiento o justificación puede ser alguno de estos dos: a) Cualquiera de las conductas definidas como delitos de terrorismo de los arts. 572 a 577. b) Cualquiera de las personas que hayan participado en la ejecución de tales comportamientos. Es necesario que se pondere en la resolución judicial, si la conducta desarrollada por el acusado, integra una manifestación del discurso del odio, que incita a la violencia. La jurisprudencia reciente no exige en el menosprecio a la víctimas un peligro contra los bienes jurídicos personales a consecuencia del discurso del odio.
Resumen: Delito de descubrimiento de secretos. Falta de estafa (anterior a LO 1/2015). Recurso de casación por vulneración del derecho a la presunción de inocencia: ámbito del control casacional del respeto a la presunción de inocencia. La prueba indiciaria. El derecho de defensa: el derecho a no declarar y a no declarar contra sí mismo. El contenido del derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas. La circunstancia atenuante de dilaciones indebidas (art.21.6º CP.). Recurso de casación por infracción de Ley, al amparo de lo dispuesto en el artículo 849.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: requisitos de prosperabilidad. El concepto de documento a efectos casacionales.
Resumen: La existencia de una posible contradicción ha de ser advertida y puesta en conocimiento del órgano de enjuiciar para la subsanación, cuando fue posible, esto es al tiempo de la audiencia previa a la conformación del objeto del veredicto. La intervención de las partes en la conformación del Objeto del Veredicto es esencial hasta el punto de que no es admisible que éstas no objeten deficiencias en su redacción en el momento procesal idóneo para su corrección y que posteriormente pretendan la nulidad del juicio por las deficiencias que no fueron puestas de manifiesto en tiempo oportuno.Dada la trascendencia del trámite que señala el objeto del veredicto, el Legislador no ha excluido a las partes, muy al contrario, les ha otorgado una importante intervención, haciéndoles igualmente responsables de su contenido, en cuanto tiene conferido el derecho a participar en su redacción definitiva mediante la oportuna audiencia.Las partes asumen junto con el Magistrado Presidente ante el Jurado, una función de colaboración para incluir en el objeto del veredicto todos los elementos que pueden influir en la decisión que ha de tomar el Jurado al declarar los hechos probados de dicho veredicto.Esta función se debe cumplir, pidiendo inclusiones y exclusiones en el objeto del veredicto, lo que supone que también pueden pedir aclaraciones en la redacción para evitar contradicciones.La reiteración de una frase en dos apartados de la proposición es un mero error material no causante de indefensión.
Resumen: Confirma la condena impuesta por Juez Penal a la acusada como autora de dos delitos de quebrantamiento de condena. Acusada que dirige un mensaje de texto a quien había sido su pareja sentimental en fecha en que tenía vigente una orden de prohibición de comunicación con él, y en otra ocasión acudió a un establecimiento en que se encontraba la pareja actual de este último, respecto de quien la acusada tenia vigente una orden de alejamiento. Presunción de inocencia y valoración de las pruebas de cargo por parte del juez de primer grado. Facultades revisorias del tribunal de apelación y aspectos que debe comprender la revisión de los hechos impugnados por la defensa de la acusada. Recurso de la acusación que pretende un incremento de la condena para acoger la agravante específica de tratarse la persona protegida por la orden quebrantada de quien habia estado ligado con la acusada por relación análoga a la de matrimonio. Prohibición legal de agravar la condena en apelación a partir de una valoración errónea de las pruebas. El delito de quebrantamiento de condena no es susceptible de generar daños morales para las personas protegidas por la orden vulnerada y en el caso concreto ese daño moral no fluye del relato de hechos probados.
Resumen: La facultad del Tribunal, valorando razonada y razonablemente la pertinencia de las pruebas en el momento de la proposición y su necesidad en el momento de la práctica, a los efectos de evitar diligencias inútiles así como indebidas dilaciones, no vulnera el derecho constitucional a la prueba, sin perjuicio de la posibilidad de revisar en casación la razonabilidad de la decisión del Tribunal, en orden a evitar cualquier supuesto que pudiere generar efectiva indefensión a la parte proponente de la prueba. A los efectos de esta revisión es determinante que la parte recurrente argumente de modo convincente, que la resolución final del proceso a quo podría haberle sido favorable en caso de haberse aceptado y practicado las pruebas objeto de controversia. El prevalimiento típico exige una relación de superioridad del sujeto activo con respecto al pasivo que debe ser aprovechada por el primero para la realización del acto atentatorio a la libertad sexual. En tanto que el primero puede ser constatado de forma objetiva, el segundo, el aprovechamiento de la situación, ha de ser inferido de forma racional por el órgano jurisdiccional y debe expresarlo en la sentencia. La atenuante de confesión supone un reconocimiento de la vigencia de la norma y un aquietamiento a las previsiones de penalidad previstas en el ordenamiento para su conducta. Además del elemento cronológico, se exige de ella que sea sustancialmente veraz, aunque no una coincidencia total con el hecho probado.
Resumen: El TS desestima el recurso interpuesto y recuerda su doctrina relativa al castigo de la tentativa. Afirma que la conducta llevada a cabo por el recurrente no puede reputarse como tentativa inidónea. Se admite la tentativa inidónea en 3 supuestos: 1º) Tentativas irreales o imaginarias; 2º) en supuestos de delitos putativos; 3º) en casos de delitos imposibles stricto sensu. De conformidad con el factum es claro que los medios utilizados por el recurrente, "objetivamente" valorados "ex ante" y desde una perspectiva general, eran abstracta y racionalmente aptos para ocasionar el resultado típico. Asimismo, el TS afirma recuerda su doctrina relativa a la responsabilidad civil derivada del daño moral/afectación emocional y afirma que el concepto de daño moral acoge el "precio del dolor", esto es, el sufrimiento, el pesar, la amargura y la tristeza que el delito puede originar, sin necesidad de ser acreditados cuando fluye lógicamente del suceso acogido en el hecho probado, dada la naturaleza de la infracción por la que se dicta pronunciamiento condenatorio, que lesiona gravemente la dignidad de la persona.
Resumen: Naturaleza del recurso de casación. Remedio procesal dirigido a la unificación de la doctrina y a la interpretación de la ley. La generalización de la segunda instancia en el campo penal satisface la revisión de los pronunciamientos condenatorios, mientras el recurso de casación cumple una finalidad unificadora de la interpretación de la norma. La revisión en casación se limita a la revisión efectuada por el Tribunal Superior de Justicia, por lo que quedan al margen las cuestiones que no hayan sido planteadas anteriormente. El ámbito de lo revisable se limita a lo sujeto a la percepción inmediata de la prueba o a la valoración que pueda hacerse de la misma. El ámbito de la casación en este campo se limita al análisis de la estructura racional de los juicios valorativos. Contenido del análisis en casación cuando se alega vulneración del derecho a la presunción de inocencia. Existencia de prueba de cargo bastante, de base esencialmente testifical. Ánimo de matar: su inferencia no se realiza a partir de prueba directa. Es un elemento subjetivo cuya concurrencia se infiere indiciariamente. Amenazas vertidas en un único acto contra varias personas. Se trata de una cuestión nueva, no planteada en instancias inferiores y de la que, por lo tanto, no procede su análisis en casación. Alevosía: concurrencia, víctima dormida. Inexistencia de base fáctica para la apreciación de la circunstancia de alteración psíquica.
Resumen: No se considera comprendido en el tipo del art. 368 Código Penal la acción de tráfico cuando por la mínima cantidad de la droga transmitida, atendida la cantidad o la pureza de la misma, no quepa apreciar que entrañe un riesgo efectivo de futura lesión para la salud pública, por lo que la antijuridicidad de la conducta desaparece. Cuando la cantidad de droga es tan insignificante, que resulta incapaz de producir efecto nocivo alguno en la salud, carece de antijuridicidad material por falta de un verdadero riesgo para el bien jurídico protegido por el tipo. Desde el punto de vista de la antijuridicidad material lo que se requiere es que el hecho no sólo infrinja una norma sino que además produzca la lesión de un bien jurídico.
Resumen: El acusado y las otras personas que le acompañaban actuaron de manera conjunta apoyándose recíprocamente en la acción emprendida contra los vigilantes sin efectuar objeción alguna frente a la conducta protagonizada por los demás ni tratar de evitar la acción de los otros y sin desistir voluntariamente de su acción. Tal actuar pone de manifiesto no solo la participación directa de cada uno de ellos en los hechos, sino también su conformidad con la acción desplegada por sus compañeros en orden a atacar a los vigilantes con la finalidad de arrebatarles el dinero que transportaban utilizando al efecto pistolas que dispararon contra ellos. De esta manera todos partícipes ostentaban el co--dominio del hecho y, por tanto, dominaban las acciones comunes y necesarias hacia el cumplimiento del tipo penal. Al margen de circunstancias excepcionales que acrediten una efectiva lesión de especial entidad derivada de la dilación, la atenuante de dilaciones indebidas ha de acogerse (más como resumen empírico que como norma de seguimiento) atendiendo al dato concreto de que el plazo de duración total del proceso se extendiera durante más de cinco años, plazo que de por sí se consideraba, en principio, irrazonable y susceptible de atenuar la responsabilidad penal. El derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas, no es identificable con el derecho al cumplimiento de los plazos establecidos en las leyes procesales.