Resumen: La acusada ordenó la ejecución del hecho y facilitó al autor material los materiales explosivos y las instrucciones para la fabricación y la colocación de la bomba, cuya explosión produjo la muerte de una persona. Concurrencia del animus necandi. Resulta alevoso el envío a la víctima de un artefacto explosivo especialmente preparado para ocasionarle la muerte. Los autores debieron de representarse la clara posibilidad de causar la muerte de algún otro ocupante o transeúnte. Delito de tenencia ilícita de explosivos: disponibilidad y capacidad para controlar y decidir sobre el destino de los explosivos con la consiguiente ofensa al bien jurídico tutelado. No afecta al principio de imparcialidad, ni es causa de abstención o recusación el hecho de haber dictado sentencia en la misma causa frente a otros acusados. Enunciación tardía de motivos de impugnación contraria a la buena fe procesal. Validez a lo actuado en otro Estado miembro de la Unión Europea. Prueba de inteligencia policial.
Resumen: Presunción de inocencia en relación con el principio "in dubio pro reo": principio de libre valoración de la prueba; prueba bastante y racionalmente valorada; practicada en el acto del juicio. Solo la ausencia de prueba determina la infracción del principio. Error en la valoración de la prueba: solo puede estimarse en caso de error, omisión o contradicción entre el resultado de la prueba y el relato de hechos probados que condiciona la calificación jurídica y el fallo.
Resumen: El apelante sostiene que procede la absolución por el delito de amenazas, ya que solo acusó por dicho delito el Mº Fiscal y no la acusación particular. El delito de amenazas es un delito semipúblico que requiere denuncia de la persona agraviada o de su representante legal como un requisito de procedibilidad para la puesta en marcha del proceso penal, por ello, una vez interpuesta la denuncia los hechos pueden ser perseguidos solo por el Mº. Fiscal. En el caso, se presentó denuncia que fue mantenida por la denunciante en todo momento, compareció en el procedimiento y a su instancia se practicaron pruebas no solo para acreditar las lesiones, sino también las amenazas sufridas. Los hechos quedan acreditados por la declaración de la denunciante y prueba testifical (su empleada de hogar) libre, racional y motivadamente valoradas en sentencia. Se absuelve por el delito leve de lesiones, condenado por delito de maltrato de obra, en cuanto en los hechos probados no se recogen cuáles fueron las lesiones causadas por el mordisco, no pudiendo integrarse los hechos probados por alegaciones fácticas recogidas en los fundamentos jurídicos, que, además, en el presente caso no existen en la fundamentación jurídica. La condena por delito de maltrato, con acusación por delito leve de lesiones, no vulnera el principio acusatorio al ser ambos tipos penales homogéneos, recogidos en el mismo artículo y habiéndose podido defender el denunciado con total amplitud de los hechos que los integran.
Resumen: Basándose en la declaración de los policías, confirma la condena del Juzgado de lo Penal, que estableció la responsabilidad del recurrente por el delito contra la salud pública, en un supuesto en el que se ofreció un trozo de hachís a los policías que se encontraban de servicio en funciones de prevención. La Sala descarta que los funcionarios con su actuación provocasen la realización del delito. No se aplica el tipo atenuado establecido en el art. 368.2 CP (LO 5/2010), cuya aplicación no se reclamó en la instancia (apelación per saltum). Se aplica como atenuante simple la drogadicción, al no extenderse el dictamen elaborado por el servicio de atención a los drogodependientes al grado de afectación, por la falta de colaboración del acusado y de su entorno.
Resumen: La parte demandada solicitó asistencia jurídica gratuita sin que dicha circunstancia se comunicara al juzgado que celebró el juicio en ausencia de la demandada, dictándose sentencia condenatoria. La Sala tiene en cuenta la circunstancia de que la demandada conoció el día anterior, aunque no fuera por el juzgado competente, la fecha de celebración del juicio y no compareció ni contactó con el juzgado pero valora que la misma no teníaaún asistencia letrada y que el juzgado no tuvo concocimiento del trámite iniciado por esta, que hubiera llevado a la suspensión del juicio. Valoando tales circunstancias declara la nulidad de actuaciones para la celebración de nuevo juicio con citación de todas las partes.
Resumen: Absuelve a dos acusados de un delito de abuso sexual atribuido a cada uno de ellos. Acusados que sucesivamente mantienen relaciones sexuales completas con una mujer después de haber ingerido ésta abundantes bebidas alcohólicas sin que la mujer fuese consciente de lo sucedido con uno y otro acusado. Prueba testifical de la víctima. Virtualidad acreditativa y necesidad de refuerzo o corroboración externa. Principio de duda razonable como decantador de una decisión absolutoria. Acreditación de la ausencia de consentimiento debida a la situación de aturdimiento que afectaba a la mujer. Consumo combinado de alcohol y marihuana a lo largo de toda la noche previa a los hechos. Acusados que mantienen que las relaciones sexuales fueron consentidas por la mujer y no percibieron alteraciones que pudieren viciar el consentimiento. Los acusados confirman a la mujer el hecho de haber mantenido relaciones sexuales como elemento indiciario de su actuación en la creencia de ser consentido el yacimiento. Testimonio de acompañante que coincide con la versión de los acusados en cuando al estado de la mujer. Reproducción de documentos gráfico registrados con anteorioridad a los hechos. DIálogos mantenidos a través de whatsapps que refuerzan la tesis defesiva.
Resumen: El TS estima parcialmente el recurso. No concurre alevosía en el delito de asesinato. Este se comete de forma subsiguiente a un delito de agresión sexual, por ello, el TS examina la circunstancia del artículo 139.1.4º CP y afirma que el legislador ha querido que el delito de asesinato cometido con vocación de impunidad, cuando es subsiguiente a un delito contra la libertad sexual, sea castigado con la máxima pena prevista en el Código Penal. Ha asociado la pena de prisión permanente revisable a la mayor reprochabilidad que representa la convergencia de un ataque prácticamente simultáneo a bienes jurídicos del máximo rango axiológico, la libertad sexual y la vida. De todos aquellos asesinatos cualificados por haber servido como instrumento para facilitar u ocultar un delito precedente, el legislador ha estimado que si el delito inicial es un delito contra la libertad sexual, la respuesta penal sea la más severa. La Sala es consciente de que sólo una interpretación restrictiva de ese juego de preceptos tan mal combinados, puede ofrecer respuestas ajustadas a la gravedad del hecho y que no desborden la medida de la culpabilidad. Es previsible, por tanto, que la exacerbación punitiva que ha querido el legislador sea contemplada conforme a criterios restrictivos que descarten el riesgo de afectación del principio de proporcionalidad.
Resumen: Confirma la condena impuesta por Juez de Instrucción por un delito leve de coacciones y por un delito leve de lesiones. Juicio celebrado sin la asistencia del denunciado que sostiene encontrarse en las dependencies judiciales en el momento en que se desarrolla el juicio. Propuesta de pruebas nuevas para la apelación. Supuestos tasados previstos en la ley processal. Las diligencias propuestas para acreditar que el denunciado se encontraba en la sede judicial al celebrarse el juicio en su ausencia no se encuentran en ninguno de los supuestos de producción de prueba en apelación. Pertinencia y necesidad de las ruebas propuestas. Requisitos formales y materiales para que pueda prosperar la impugnación por denegación de pruebas. Presunción de inocencia y prueba de cargo suficiente para desactivarla. Testifical de la víctima que se corrobora con el parte de asistencia médica.
Resumen: La construcción del reproche penal por estafa parte de la exigencia de un engaño que el sujeto activo despliega de manera adecuada para que el destinatario del mismo, impulsado precisamente por esa incorrecta e inducida persuasión, realice voluntariamente un acto de disposición patrimonial que le perjudica. La actividad del acusado presenta aspectos externos que resultaban conformes con una voluntad inicial de cumplimiento, rechazando la inferencia de que el acusado engañara a sus clientes y que persiguiera enriquecerse con las aportaciones económicas de los inversores a cambio de ofrecer unas contraprestaciones fantasiosas y que sabía que no atendería.Las conclusiones resultan adecuadas a las reglas de experiencia mercantil, sin que pueda acogerse, como el recurso pretende, que las circunstancias que rodearon el aval bancario otorgado para la devolución del dinero invertido muestren o evidencien la realidad de un engaño ni que se desviaran fondos para otras cuestiones que no fueran las propias de su actividad mercantil. No existe predeterminación del fallo cuando la sentencia excluye que los negocios del recurrente tuvieran una intención captatoria. Las cuestiones que el recurrente estima que han quedado incontestadas no se refieren a una pretensión estricta, sino que constituyen puntos fácticos sobre los que se construyó la acusación. La ausencia de mención no puede significar otra cosa que el hecho concreto no ha quedado acreditado.
Resumen: En el Acuerdo de Pleno de 16/12/2008 declaramos que "la persona que ha sido juzgado por unos hechos y con posterioridad acude al juicio de otro imputado para declarar sobre esos mismo hechos, declara en el plenario como testigo y, por tanto, su testimonio debe ser valorado en términos racionales para determinar su credibilidad". Pero precisando ese Acuerdo, en la STS 881/2012, de 28 de septiembre, se analizó si la declaración del copartícipe que ya ha sido juzgado tiene la naturaleza de prueba testifical o de declaración de coacusado. Esta Sala consideró que lo determinante era si el sujeto en cuestión había participado en los hechos porque, en tal caso, los intereses y sentimientos derivados de la coparticipación eran muy relevantes para valorar su credibilidad, por tal razón concluyó declarando que aun cuando una mera concepción formal de la condición de coimputado conllevaría que la exigencia de la mínima corroboración de su declaración sólo fuese aplicable a quien fuese juzgado simultáneamente en el mismo proceso, esto es, a quien tiene la condición formal de coacusado, hemos de extender esta garantía de la mínima corroboración de la declaración incriminatoria también a los supuestos en los que tal declaración se presta por quien fue acusado de los mismos hechos en un proceso distinto y que, por esta razón, comparece como testigo en un proceso posterior en el que se juzga a otra persona por su participación en la totalidad o parte de estos hechos, como ocurre en el caso.
