• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: PABLO LLARENA CONDE
  • Nº Recurso: 3405/2018
  • Fecha: 25/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El TS absuelve al recurrente por falta de prueba de cargo al negar validez al testimonio de la víctima (hermana del acusado) prestado en sede de instrucción. En el caso concreto, afirma que la madurez del testigo para ejercer por sí mismo el derecho de renunciar a declarar es susceptible de ponderación judicial (con independencia de la edad) a cuyo efecto debe acudirse a parámetros de observación que permiten valorar el grado de madurez del testigo para que pueda ejercer personalmente la dispensa de declarar en cada caso concreto. Asimismo, advierte de la necesidad de nombrar un defensor que, en nombre del testigo menor, le represente en su opción de dispensarse de declarar recogida en el artículo 416 de la LECRIM, cuando se aprecie en ambos progenitores un conflicto con respecto a los intereses del menor representado. En este sentido, el artículo 26 de la Ley 4/2015, sobre el Estatuto de la Víctima niega que esa representación pueda ejercerse por el Ministerio Fiscal, debiendo nombrarse un defensor judicial. En caso de incumplirse las previsiones referidas, debe declararse la nulidad e imposibilidad de que se incorpore el testimonio sumarial. Imposibilidad que se hace extensiva a los testimonios recabados en sede sumarial como prueba testifical preconstituida, máxime cuando tampoco en ella se permitió ejercer el derecho de dispensa.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Zaragoza
  • Ponente: ALFONSO BALLESTIN MIGUEL
  • Nº Recurso: 567/2019
  • Fecha: 25/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Condena al acusado como autor de un delito de incendio en concurso medial con un concurso de homicidio en grado de tentativa, de tres delitos de lesiones dolosas y de un delito de quebrantamiento de medida cautelar. Acusado que desoyendo la prohibición de acercarse a la persona y domicilio de quien había sido su pareja sentimental, prende fuego a la vivienda en que reside con dos hijos menores de edad, causando, además, lesiones a los dos hijos de la ex pareja y a otro menor residente en el inmueble, además de daños cuantiosos. Prueba indirecta de la autoría de los hechos. Delito de incendio como delito de peligro para la vida o integridad física de las personas. No obstante admite la calificación de un homicidio intentado Autónomo, al constar que el autor obró con ánimo de acabar con la vida de su ex pareja y con conciencia de que con ella residían sus hijos menores de edad, cuya vida también fue puesta en riesgo. Forma concursal que concurrente entre el delito de incendio y el homicidio intentado. Concurso medial. Delitos de lesiones en concurso real con el delito de incendio. Agravante de haber actuado el autor por motivaciones de género y sentimiento de dominación respecto de quien había sido su pareja. No se aprecia la agravante de parentesco al no constar convivencia entre el agrasor y su víctima. Individualización penológica. Reglas de punición del concurso medial entre los delitos de incendio y homicidio intentado. Resarcimiento por daños y perjuicios producidos.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO DEL MORAL GARCIA
  • Nº Recurso: 2592/2018
  • Fecha: 25/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La presunción de inocencia, además de constituir criterio informador del ordenamiento procesal penal, es ante todo un derecho fundamental en cuya virtud una persona acusada de una infracción no puede ser considerada culpable hasta que así se declare en Sentencia. Una prueba testifical, aunque sea única y aunque emane de la víctima, puede ser apta para desactivar la presunción de inocencia. La Jurisprudencia exige, para la aplicación de la atenuante analógica de dilaciones indebidas, que se analice el caso concreto, siendo necesario fijarse en el perjuicio efectivo que para el acusado haya podido suponer el retraso en el pronunciamiento judicial. La doctrina de esta Sala exige distinguir situaciones, huyendo del simple automatismo cuando se quiere aplicar la agravación a parientes que no son los estrictamente mencionados en el precepto (tíos) o asimilados (relaciones afectivas con el progenitor)
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Pontevedra
  • Ponente: MANUEL ALMENAR BELENGUER
  • Nº Recurso: 332/2019
  • Fecha: 25/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La cuestión se circunscribe a la admisión o no de prueba por parte del solicitante del beneficio de justicia gratuita cuando le ha sido denegada por la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita y con aportación de documentos que debió de haber aportado con anterioridad. Aplicando la ley de asistencia jurídica gratuita el peticionario ha de probar que su situación empeoró durante la tramitación de su petición incluso durante la primera y la segunda instancia para su concesión para un posible recurso de casación. La prueba sí ha acreditado que elemento determinante de su empeoramiento de su situación económica coincidió con el concurso voluntario de la sociedad de la que recibía elevados ingresos, tras un fallido acuerdo de refinanciación.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Albacete
  • Ponente: ALMUDENA DE LA ROSA MARQUEÑO
  • Nº Recurso: 442/2019
  • Fecha: 25/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Colisión contra la fachada de una vivienda por conducir tras haber ingerido alcohol, lo que le influía en la conducción, mermando sus capacidades. Revisada la causa, la valoración de la prueba efectuada en la sentencia se considera acertada, estimando la Sala la concurrencia de prueba suficiente para acreditar que, pese a no haberse hecho la prueba de alcoholemia por los motivos que constan detallados en el atestado, el acusado conducía el vehículo bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Además, no hay duda que la médico constató que el estado inconsciente que presentaba el acusado, en los términos que aclara en su declaración (obnubilado o durmiendo, con reacción a un mínimo estímulo) era debido a la ingesta de alcohol y no a las lesiones sufridas en el accidente, las cuales fueron leves.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: VICENTE MAGRO SERVET
  • Nº Recurso: 3078/2018
  • Fecha: 22/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Sólo puede concederse al atestado valor de auténtico elemento probatorio si es reiterado y ratificado en el juicio oral, normalmente mediante la declaración testifical de los Agentes de Policía firmantes del mismo. La cadena de custodia no es un fin en sí mismo, sino que tiene un valor instrumental. Lo único que garantiza es la indemnidad de las evidencias desde que son recogidas hasta que son analizadas, lo que en caso de quiebra puede afectar a la credibilidad del análisis pero no a su validez. La irregularidad en los protocolos establecidos como garantía para la cadena de custodia no equivale a nulidad. El artículo 417 castiga la revelación de secretos o informaciones que no deban ser divulgados, y de los que la autoridad o funcionario público haya tenido conocimiento por razón de su oficio o cargo. Con ello, en el caso del art. 417 CP la información típica deberá versar sobre materias relacionadas con las funciones que el funcionario o autoridad tenga encomendadas. Cuando el daño generado al servicio público -o a un tercero- adquiera una cierta relevancia la conducta del funcionario desbordará el marco de la ilicitud administrativa para integrar un ilícito penal. Lo revelado tanto pueden ser secretos como "cualquier información"; concepto éste constituido por los hechos conocidos en atención al cargo u oficio que sin haber recibido la calificación formal de secretos son por su propia naturaleza reservados.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MANUEL MARCHENA GOMEZ
  • Nº Recurso: 3209/2018
  • Fecha: 22/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El TS recuerda su doctrina relativa al derecho a la presunción de inocencia. La idea de que las contradicciones en el testimonio que puedan prestar varios testigos han de conducir, siempre y en todo caso, a una sentencia absolutoria, por imperativo del derecho constitucional a la presunción de inocencia, no se sostiene. El juicio de autoría no exige, como presupuesto de legitimidad, que los testigos sean contestes en sus respectivas versiones acerca de cómo sucedieron los hechos objeto de enjuiciamiento. Es el Tribunal a quo ante quien se practican las pruebas quien ha de valorar esas contradicciones. Cuestión distinta es que la opción por uno u otro relato esté o no apoyada por elementos corroboradores que afiancen la inferencia probatoria proclamada por el órgano sentenciador. Asimismo, y respecto del caso concreto, afirma que esos dos testigos -el lesionado y su novia- no comparecieron en juicio. El hecho de no resucitar sus declaraciones, lejos de ser censurable, constituye un criterio del Tribunal a quo que viene impuesto por el canon constitucional del derecho a la presunción de inocencia y no puede ser reprochable la supuesta omisión del deber del Tribunal de valorar una prueba testifical que sólo constaba en las diligencias previas, inicialmente incoadas para la investigación del hecho.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Palma de Mallorca
  • Ponente: MARIA CARMEN FRIGOLA CASTILLON
  • Nº Recurso: 375/2019
  • Fecha: 22/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se impugna sentencia que declara la inadmisibilidad del recurso al recurrente contra multa de 4.500 euros como responsable de una infracción leve prevista en el artículo 97 f) de la ley 10/2005 de Puertos de Balears. No consta a lo largo del expediente, y debió incorporarlo el recurrente, la documentación relativa al nombramiento del Procurador que interpuso al recurso a efectos de determinar si, como argumenta la Administración, el recurso se encuentra o no fuera de plazo. Dicha cuestión, atendida la fecha de interposición del recurso, corresponde acreditarla al recurrente, no ya a requerimiento de este Juzgador sino anteriormente, con la interposición del recurso, habiendo tenido hasta 3 ocasiones para presentar adecuadamente la documentación: con el recurso, con el traslado para alegaciones de inadmisibilidad y a requerimiento por Providencia. Su ausencia justificó un requerimiento que, si bien ha sido cumplido, deviene ineficaz a sus intereses pues, como se ha dicho, no acredita la parte recurrente lo que alega en su escrito de oposición a la inadmisibilidad y de lo que queda constancia es de que, como se ha expuesto anteriormente, han transcurrido más de 2 meses para la interposición del recurso, lo que provoca la inadmisión del mismo por extemporaneidad en los términos del artículo 69 LJCA
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MANUEL MARCHENA GOMEZ
  • Nº Recurso: 3019/2018
  • Fecha: 22/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Valoración de la prueba indiciaria. Concepto de indicio. Se ha dicho que más que una prueba estaríamos en presencia de un sistema o mecanismo intelectual para la fijación de los hechos, ciertamente relacionado con la prueba, pero que no se configura propiamente como un verdadero medio de prueba. Supone un proceso intelectual complejo que reconstruye un hecho concreto a partir de una recolección de indicios. Se trata, al fin y al cabo, de partir de la constatación de unos hechos mediatos para concluir otros inmediatos. Los daños informáticos son atípicos cuando el resultado -en su descripción más básica- no es grave. Se trata de un concepto normativo. La gravedad lo es por el daño funcional que entorpece el sistema operativo. La agravante de abuso de confianza tiene su fundamento en la facilidad comisiva que proporciona al autor del hecho delictivo. Pero no exige que esa confianza alcance también al plano personal.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MANUEL MARCHENA GOMEZ
  • Nº Recurso: 3051/2018
  • Fecha: 22/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La prueba es adecuada cuando ha sido obtenida con respeto a los principios estructurales que informan el desarrollo de la actividad probatoria ante los órganos jurisdiccionales. Y la prueba es bastante cuando su contenido es netamente incriminatorio. Quien resulta judicialmente designado para el ejercicio de esa función asistencial, tiene la obligación legal de rendir cuentas de los gastos. Constituye el único medio para acreditar que el desempeño de la tutela se está ejerciendo en interés y beneficio de los menores. No puede recurrir a un sistema de pagos al contado del que no quede constancia documentada. De hacerlo así corre el riesgo de incurrir, no ya en un delito de apropiación indebida por el que ha sido condenado, sino también en un delito contra los derechos y deberes familiares, previsto y penado en el art. 226 del CP. El acuerdo de Pleno de 20 de octubre de 2007 continúa la interpretación mediante la cual se venía solucionando los problemas derivados de la valoración de la cuantía para construir el delito continuado y el tipo agravado. Ese acuerdo tomó como punto de inspiración el deseo de evitar, en perjuicio del reo, una doble valoración del importe de lo defraudado. A tal efecto, la regla primera del artículo 71 del código Penal quedará sin efecto cuando su aplicación fuera contraria a la prohibición de doble valoración.

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